La emergencia en discapacidad es uno de los focos de mayor tensión para el Gobierno en el Congreso. Si bien el oficialismo anunció que trabaja en un proyecto “superador” de la prórroga impulsada por los bloques opositores, que contemple los “innegociables” que exigen los aliados que acompañaron la iniciativa el año pasado, la ley de Presupuesto enviada a Diputados anoche avanza en sentido contrario. “La estocada final”, así lo describen desde el sector de prestadores.

En concreto, propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

El Poder Ejecutivo plantea en el Presupuesto que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

La jugada del Gobierno generó sorpresa entre los aliados de Pro, la UCR e Innovación Federal y podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.

No es la única modificación que introduce el Presupuesto. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

Hasta ahora, la oposición dialoguista miraba de reojo las intenciones del oficialismo, que intenta hacer propio el proyecto de discapacidad para imprimirle su impronta y matizar cualquier golpe político en el Congreso. En las conversaciones con LLA, sin embargo, los aliados habían dejado en claro cuáles eran sus principales exigencias: el pago de las compensaciones de emergencia a los prestadores y el compromiso de no modificar la fórmula del nomenclador. Ninguno de esos dos puntos parece cumplirse en el presupuesto.

La maniobra no tardó en tener consecuencias y derivó en una reunión a primera hora de la mañana entre LLA y Pro. “Es solucionable”, aclara un diputado libertario, en un intento por morigerar el impacto de la medida. Otros, en cambio, se jactan de que los cambios no son tales y sostienen que se compensan con partidas voluminosas para el área de Discapacidad.

La incertidumbre también alcanza al bloque de Provincias Unidas, que conduce Gisella Scaglia. Desde la bancada alertan sobre los riesgos que podrían producirse si cae la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre.

Una de las principales alertas está puesta en la situación jurídica de las medidas contempladas en la ley 24.901, como la regularización de deudas y las compensaciones a prestadores: no está claro si seguirían vigentes o si requerirían una nueva base normativa.

También preocupa el nomenclador, cuyo aumento podría quedar sujeto a la discrecionalidad del Gobierno al no existir una regla de actualización.

Frente a este escenario, los bloques esperan con cautela la comisión informativa de este mediodía, en la que expondrán representantes de las principales asociaciones y cámaras de prestadores del país. Se prevé que den cuenta del cuadro que atraviesa el sector, golpeado en gran medida por el incumplimiento del pago de las compensaciones de emergencia a las prestadoras. Una deuda que supera los $340.000 millones, según indicaron fuentes parlamentarias a .

“Entendemos que la emergencia va a finalizar cuando tengamos el cronograma de pagos”, señalaron desde las filas de Pro. La advertencia no es casual. Antes de la sesión en la que el oficialismo cedió ante la presión de Unión por la Patria y aportó al quorum, dejando expuesta a la bancada amarilla, que se limitó a reclamarle al Gobierno respuestas sobre esta cuestión.

“Innegociables”

A fines de contener al partido amarillo, el oficialismo ya le habría hecho llegar un compromiso de pago.

Entre los “innegociables” de Pro figuraba además la actualización automática y mensual de los aranceles del nomenclador, ya sea mediante el IPC, como rige actualmente, u otro mecanismo que evite cualquier desajuste.

Asimismo, piden acelerar los plazos de pago a los prestadores -que actualmente pueden superar los 90 días-, fortalecer y ampliar los mecanismos de auditoría de las pensiones, y mejorar el proceso de alta de usuarios en el programa Incluir Salud.

La encargada de tomar nota por parte del oficialismo es Laura Rodríguez Machado. La diputada se ocupó de tender puentes con los aliados, a quienes ya les habrían enviado respuestas a algunas de sus demandas y trasladado sus exigencias al Ejecutivo. La última palabra, en tanto, la tenía el Ministerio de Economía.

Un escenario que quedó expuesto durante la comisión informativa encabezada hace dos semanas por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien se mostró incómodo ante las consultas por el pago de las compensaciones de emergencia correspondientes a 2024. “Tienen que preguntarle a Economía”, respondió el funcionario al dar por terminado el encuentro.

Un argumento similar recibieron los jefes de bloque de la oposición dialoguista durante una reunión con el número dos de Vilches, Gianfranco Scigliano, lo que encendió las alarmas de Pro y la UCR.

La situación aumentó la presión sobre el oficialismo, que la semana pasada se reunió con representantes de las áreas de Discapacidad y Economía. En las filas libertarias ya anticipaban que el Presupuesto iba a explicitar la postura de la cartera que conduce Luis Caputo y que su contenido sería clave para determinar si la fórmula de actualización vigente del nomenclador seguiría en pie.

Mientras tanto, los prestadores aseguran que el Gobierno no se comunicó con ellos para incorporarlos a una mesa de trabajo que tenga en cuenta sus necesidades al momento de redactar un nuevo despacho.

Fuentes conocedoras del sistema prestacional ratifican que el principal incumplimiento de la emergencia a nivel nacional, radica en las compensaciones de emergencia. Para acceder a esos pagos, explican, presentaron meses atrás toda la documentación requerida ante las tres áreas que intervienen en el proceso: PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Algunos, incluso, debieron acogerse a una moratoria de ARCA, ya que para percibir las compensaciones no pueden mantener deudas con el Estado, una condición que establece la propia ley de emergencia.

Pese a haber iniciado los trámites, los prestadores denuncian que no recibieron ningún cronograma de pagos ni detalles sobre el monto que finalmente se les acreditará.

Algunos diputados involucrados en el tema hablan de un reconocimiento equivalente al 30% de lo facturado en ese período. Sin embargo, ese desfasaje, que aún permanece impago, tampoco se incorporaría a la base prestacional para actualizaciones futuras.

En los hechos, funcionaría como un “bono de pago único”, que no modifica el valor de referencia sobre el que se calcula el nomenclador. Es decir, aunque esa base haya sido actualizada por inflación, el ajuste seguiría aplicándose sobre un valor por debajo, alertan desde el sector.

Fuentes del sector estiman que en algunos casos la brecha alcanza el 60% respecto de los valores de referencia. Para dimensionar la situación, ponen como ejemplo los $5000 diarios destinados a cubrir el desayuno, almuerzo y merienda de cada chico en centros educativos. Para los beneficiarios celíacos, el valor es el mismo, pese al mayor costo de su alimentación.

Desde el oficialismo admiten que reclamos como estos se repetirán durante la comisión informativa, previa al 23, cuando está previsto que se llegue a un dictamen. “Nos van a tirar con todo”, se cubren. A ese escenario se suman ahora los cambios incluidos en el proyecto de presupuesto, que vuelven a tensionar el vínculo con los aliados.