POLITICA
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Lobby: qué regula y qué actividades quedan excluidas
En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
Qué establece el proyecto
La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.
Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.
En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Antecedentes legislativos
El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.
“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.
La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.
Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.
Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antecedentes internacionales
En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.
La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Diputados, proyectos, Javier Milei
POLITICA
Ante la visita del Papa, Kicillof busca capitalizar la prédica de “justicia social” y se focaliza en el conurbano
LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof buscará capitalizar la visita del Papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. Enfatizará la sintonía discursiva entre el mensaje que traerá el sumo pontífice y la agenda de la justicia social del peronismo frente a la política económica de Javier Milei.
De acuerdo a la visión del Gobierno bonaerense, el punto de mayor contraposición con la narrativa libertaria será la visita al Cottolengo Don Orione, situado en la localidad de Claypole, en Almirante Brown, una de las primeras actividades de León XIV al llegar al país, el lunes 9 de noviembre a la mañana.
Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.
Así lo deslizaron a dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.
Kicillof ya comenzó a citar la encíclica de León XIV Dilexit Magnifica Humanitas y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.
“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.
“Estamos preparado el dispositivo para el evento de Luján -anunció Carlos Bianco, ministro de Gobierno-. Pero también para el traslado al Cottolongo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.
Procesión inédita
Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El Gobierno provincial busca que Robert Francis Prevost se traslade siete cuadras en un Papa Móvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.
“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.
El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.
En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad máxima de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de los discapacitados, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.
En la última encíclica Dilexit Magnifica Humanitas, Robert Francis Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.
El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.
El director de Discapacidad del Cottolengo Don Orione, Fernando Montero, afirmó que la visita del pontífice al lugar será “un mensaje fuerte debido a que el Papa viene a ver a las personas con discapacidad y a los trabajadores porque son invisibilizados: todos van a estar viendo eso”.
Montero remarcó: “Viene al Cottolengo por su Encíclica, porque toda persona es importante y no se puede excluir a nadie y la discapacidad sufre mucho eso”. Don Orione es una institución de 90 años de antigüedad, que atiende a unas 400 personas discapacitadas.
Es un hogar cristiano, ubicado en Lacaze 3963, con centro de educación terapéutico que subsiste con la facturación de las obras sociales y aportes de los sistemas subsidiarios Incluir salud, PAMI (de Nación) e IOMA, de la provincia de Buenos Aires. “El problema que hay con el nomenclador nos afecta directamente”, destacó el director de discapacidad del Cottolengo.
“En el gobierno nacional se jactan de que hay superávit fiscal pero ajustan en discapacidad. Decir que los discapacitados tienen registros truchos da mucha bronca”, expresó Montero. En el mundo el 16% de la población tiene alguna discapacidad “y en Argentina está registrado ”un 5% porque viven una situación de vulnerabilidad o el Estado no llega”, informó Montero.
Kicillof tendrá en esta visita de León XIV al Gran Buenos Aires el punto de mayor coincidencia en contra de las políticas de Milei. Pero no será la única coincidencia discursiva: “El Papa que va a venir hizo una Encíclica sobre la Inteligencia Artificial”, expresó Kicillof al marcar otro punto de diferencia con la Casa Rosada.
El Presidente y el Gobernador están invitados a recibir al Papa en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre, donde se espera un saludo protocolar. En esa oportunidad también estará invitada la vicepresidenta Victoria Villaruel. Y el intendente local, Leandro Botto, que es referente de La Cámpora y activo militante por la postulación de Cristina Kirchner.
María José Lucesole,Axel Kicillof,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
Morosidad: la oposición busca un dictamen único para tratar un proyecto con refinanciación y quitas de intereses
El Congreso de la Nación se prepara para que este martes por la tarde se defina en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor qué proyectos irán al recinto para intentar encontrar una solución a la crisis de morosidad que afecta a miles de familias.
El oficialismo y la oposición se medirán cada uno con sus proyectos en busca del dictamen que les permita avanzar en el recinto. Quien parece tener el número más simple es La Libertad Avanza, ya que el plenario reúne a 62 diputados y LLA junto al PRO y la UCR —si es que van todos juntos—, con lo que alcanza las 32 firmas necesarias, mientras que el resto de los bloques juntarían 30.
Aunque no ha sido presentado, se espera que, al igual que lo que sucedió con discapacidad, el oficialismo presente un proyecto en el que no apunta a una solución para los más de 6 millones que acumulan deudas impagas, sino que busque establecer algunos lineamientos respecto del tema de cara al futuro, como por ejemplo la tan mentada educación financiera.
Por el lado de los bloques de la oposición, por estas horas se trabaja contrarreloj para intentar encontrar puntos de contacto que les permitan tener un dictamen único.
“Estamos trabajando para llegar a eso”, respondió un referente de la oposición. “La idea es tener un único dictamen y que, en todo caso, si no hay un acuerdo total, se firme con disidencias que nos permitan seguir en conversaciones hasta el momento en que lleguemos al recinto”, agregó otro diputado de la oposición.
La oposición presentó más de 50 proyectos y camina hacia uno que tiene, en sus ejes centrales, planes de refinanciación, topes a las tasas, quitas de intereses y mayores controles sobre bancos y fintech. A esto se le sumaría una línea de crédito vía Anses para monotributistas de las escalas más bajas, beneficiarios de planes sociales y jubilados. En este caso, apuntaría a los sectores que contrajeron deudas con las tasas más elevadas.
En lo que se refiere a La Libertad Avanza, los referentes del bloque trabajan junto a sus pares del PRO y de la UCR en un texto enfocado en “transparencia, defensa del consumidor y educación financiera”.
Los legisladores libertarios se mantienen en la línea del Ejecutivo de que es un problema entre privados y que el Gobierno no tiene que intervenir para solucionarlo. En ese sentido, insisten con el concepto de educación financiera, pero, de alguna manera, reconocen que las empresas crediticias en todas sus versiones no son del todo claras en sus condiciones porque también apuntan a una mayor transparencia, es decir, a la obligatoriedad de ser más claros con las tasas finales de los créditos.
“Hay que ver cómo reaccionan los aliados porque, a diferencia de lo que sucedió en discapacidad, están pidiendo algún tipo de solución real para acompañar”, reconoció un tercer diputado que suele tener conversaciones a ambos lados de los márgenes de la grieta.
En la oposición trabajan frente a la posibilidad de que el oficialismo se lleve el dictamen de mayoría porque los más descreídos entienden que el PRO y los radicales los van a acompañar.
Unas semanas de agenda cargada
Las negociaciones se entrecruzan. Mientras el oficialismo busca contener los avances de la oposición en temas centrales como discapacidad y morosidad, en otras mesas ya se conversa sobre dos proyectos de ley: la ley de defensa de la soberanía y el Presupuesto 2027.
En el caso de la primera, La Libertad Avanza ya estableció para este miércoles 30 de septiembre al mediodía la primera de las reuniones informativas en un plenario de comisiones donde participan Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los diputados Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, todos del bloque de La Libertad Avanza.
Zentrix Endeudamiento Morosidad
POLITICA
El Gobierno descarta elevar una protesta ante Chile luego de que su ministro de Defensa defendiera la autodeterminación de los isleños
El Gobierno descartó presentar una protesta formal ante Chile por los dichos de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, quien había defendido durante el fin de semana el derecho de su país a comerciar con las Malvinas -que también denominó Falklands- y el respeto a la voluntad de los isleños.
“Es el ministro de Defensa de Chile, tiene derecho a decir lo que quiera y en todo caso habrá una conversación entre cancillerías”, sintetizaron a TN en Balcarce 50. Y remarcaron: “Mientras no haya un cambio efectivo en la política de Chile en torno a Malvinas, no ameritarán medidas. Si hubiera un cambio, ahí por supuesto el Gobierno hará lo que tenga que hacer”.
Aún así, las declaraciones no pasaron desapercibidas para el Gobierno, en medio de su reciente escalada diplomática que lleva adelante desde la cadena nacional de inicios de septiembre, donde ratificó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y anunció una batería de medidas y sanciones en contra de las empresas que participen de la explotación de recursos en el territorio disputado.
“Que un ministro de un país amigo, con la posición histórica sobre Malvinas, las mencione con la denominación inglesa, todo mal. Sumado a que reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, que nosotros no, doble agravante”, admitieron a este medio desde la Cancillería.
Sin embargo, por el momento el Gobierno no busca confrontar con la administración de José Antonio Kast, de estrechos lazos ideológicos y personales con Javier Milei. Ambos vienen de mantener un encuentro a principios de septiembre en Santiago de Chile, donde Kast ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino sobre Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones. Por su parte, Milei le expresó que valorará los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades de explotación inconsultas con la Argentina en las Islas.
Pese a esa buena sintonía, el ministerio de Defensa de Chile, Barros Tocornal, puso en duda esa posición. En una entrevista con Polar TV de Magallanes concedida este domingo, el funcionario sostuvo que Chile apoya “la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands”, pero planteó: “Hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”.
En ese sentido, Barros Tocornal también defendió el proyecto de su país de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas, una política contraria a las pretensiones argentinas.
A comienzos de septiembre, la naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno isleño para establecer una conexión entre la localidad austral del país vecino y Puerto Argentino. Según el ministro, la región de Magallanes tiene “el derecho de ejercer el comercio”, por lo que no ve inconvenientes en que esas actividades se desarrollen.
Además, se refirió a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres por las recientes sanciones impulsadas por el Gobierno de Milei a las empresas y ejecutivos que participen de esas actividades. En ese contexto, el ministro chileno dijo que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” que deberá analizarse “en su momento”.
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