POLITICA
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Lobby: qué regula y qué actividades quedan excluidas
En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
Qué establece el proyecto
La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.
Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.
En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Antecedentes legislativos
El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.
“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.
La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.
Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.
Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antecedentes internacionales
En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.
La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Diputados, proyectos, Javier Milei
POLITICA
Tal vez haya llegado el momento de insultar menos y gobernar más: esa es la única forma de derrotar al populismo
Ya sabemos que el presidente Milei es el arte de pelear. Y si es a los gritos, mejor. Y si es con insultos, mejor. En lo que va de la gestión les dijo “soviético” al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; “siniestro” al exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; “Chilindrina Trotzka” a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman; “Don Chatarrin” al dueño de Techint, Paolo Rocca.
También llamó “traidora bruta” a la vicepresidenta Victoria Villarruel; “Tinturelli” al dueño de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia; “Carmelián” al economista Carlos Melconián; “Del Pifietto” a la economista Marina Dal Pogetto; “Gaganosky” al economista Roberto Cachanosky; “Lali Depósito” a la cantante argentina Lali Espósito; y “María BCRA” a la cantante María Becerra. Y ahora el insulto escala a nivel internacional.
Primera pregunta: ¿No será que el insulto como recurso político comienza a agotarse? Al principio resultaba novedoso, porque te mostraba genuino, auténtico, real, sin filtro, sin coaching. Pero cuidado cuando el insulto se vuelve recurrente y encima te trae más problemas que soluciones.
Según un informe de FOPEA, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 se contabilizaron 16.806 insultos del presidente Milei en Twitter. Eso te da 792 insultos por mes, o si querés, 26 insultos por día, o si querés, un insulto cada 55 minutos.
Segunda pregunta: ¿Conviene pelearse con Brasil siendo Brasil el principal destino de las exportaciones argentinas, el país que más le vende a la Argentina, es decir, el principal socio comercial del país? Sinceramente lo dudo mucho.
Lo gracioso, o lo penoso, es ver al kirchnerismo rasgándose las vestiduras. Y a esto se suma Alberto Fernández, quien dijo: “Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso”, y termina diciendo: “Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón.”
¿Sabés lo que no tiene perdón? No tiene perdón haberse alineado con Putin tres semanas antes de la invasión a Ucrania. No tiene perdón haber sido socio del dictador criminal Nicolás Maduro, que destruyó a Venezuela. No tiene perdón haber metido a Argentina en los BRICS. Es decir, fuimos socios de Irán, el país que nos metió dos bombas. No tiene perdón haber ido a China a decir que admiraban al Partido Comunista Chino.
Entonces, que te critique un expresidente que convirtió la Quinta de Olivos en un prostíbulo no tiene ninguna importancia. Ahora bien, vuelvo a los insultos de Milei a Lula. ¿Por qué se pone así? ¿Qué lo lleva a ser tan duro?
Primer motivo: porque la Corte de Brasil no lo dejó ver a su amigo Jair Bolsonaro, preso. Recordemos que Lula estuvo en Argentina viendo a Cristina, ya presa, en San José 1111. Segundo motivo: la interferencia de Lula en la política argentina. Milei está convencido de que Lula se metió en la campaña del 2023 ayudando a su amigo Sergio Massa, y que ahora financió parte de la campaña anti-Argentina.
Leé también: Javier Milei endureció su postura contra Lula da Silva y acusó al gobierno de Brasil de financiar una campaña contra la Argentina
Lo que dice Milei de la campaña 2023 es rigurosamente cierto. El diario La Nación publicó el 6 de Octubre de 2023: “Estrategas enviados por Lula Da Silva ayudan a Massa e intentan impedir que Milei gane la primera vuelta en Argentina”. La Política Online informó: “Cómo trabajaron los 20 brasileños que dieron vuelta la campaña de Massa”, y que “por pedido de Lula, los coordina Edinho Silva.” Bloomberg tituló: “Massa recluta a gurús políticos de Lula para vencer a Milei.”
Por eso, acá no hay buenitos. Así como Milei abiertamente apoya a su amigo Bolsonaro, Lula juega para Cristina y en 2023 jugó y puso plata para la campaña de Sergio Massa. ¿Qué habían recomendado los brasileños en 2023? Pierna fuerte, campaña sucia. Y efectivamente lo hicieron. Esto se llama campaña recontra sucia. ¿Quién craneó esto? Los brasileños que mandó Lula. Por eso la bronca de Milei con el presidente de Brasil.
La pregunta es: ¿Sirve ahora, siendo presidente argentino, decirle “ladrón” al presidente de Brasil y escalar la pelea llevándolo a un serio conflicto diplomático? Me parece que no. Como tampoco sirve el insulto a José de Mendiguren.
Esto es el insulto como política de estado. Yo estoy de acuerdo con que personajes como De Mendiguren le hicieron mucho daño a la Argentina. ¿Cuál fue la gran estafa que hizo De Mendiguren como ministro de Producción de Duhalde en 2002? La pesificación asimétrica. Primer paso: devaluar. Salieron del 1 a 1 y el dólar pasó a valer $3. Segundo paso: la pesificación.
Carlos, un ahorrista, tenía US$100.000 en el banco. Llega la crisis y De Mendiguren dijo: “No te devolvemos los dólares, te damos 140.000 pesos, $1,40 por cada dólar.” Tercer paso: el regalo a las empresas. Una gran empresa debía US$100.000 al banco, y el estado, Duhalde y De Mendiguren, le dice a la empresa: “Tu deuda ya no es US$100.000, ahora debés 100.000 pesos, 1 peso por dólar.” O sea, jodiste al ahorrista y salvaste a la empresa. Eso se llama transferencia de recursos. Eso fue la pesificación asimétrica. Le arrancaron más de US$30.000 millones del bolsillo a los argentinos. Fue un robo.
En cualquier país serio del mundo, De Mendiguren no puede volver a ser político. ¿Qué pasó acá? Fue ministro, fue diputado nacional, fue presidente del BICE, fue secretario de Industria de Massa, siempre bajo el paraguas protector del kirchnerismo, siendo además un eterno lobbysta de la UIA y del proteccionismo textil.
Entonces, acá no nos vas a encontrar defendiendo políticas tan dañinas como las de José Ignacio de Mendiguren. La pregunta es: ¿Sirve el insulto? ¿Sirve el dedo? ¿Sirve el agravio? ¿Sirve marcar al otro? ¿Está bueno?
Pensemos: ¿a la sociedad le sigue cayendo simpático que Milei descalifique a todo aquel que piensa distinto?
Respuesta: las formas caen bien sí y solo sí la economía funciona. Si la clase media está mejor, a Milei se le perdona todo, o casi todo. Ahora bien, aquel que no llega a fin de mes o que necesita un segundo o tercer trabajo mira los insultos de reojo.
El razonamiento es: dejá de insultar y ponete a trabajar.
Tal vez haya llegado el momento de insultar menos y gobernar más. Menos épica, menos insultos, menos ruido y más resultados. Porque gobernar bien es la única forma de derrotar al populismo.
Opiniones libres; hechos sagrados.
Javier Milei, insulto, Lula Da Silva, Brasil
POLITICA
Jaldo fijó por decreto la fecha de las elecciones en Tucumán: serán el 9 de mayo de 2027 con Ficha Limpia
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó este lunes el decreto que fija las elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, en una conferencia de prensa encabezada junto al vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La convocatoria incluye, por primera vez en la historia de la provincia, la aplicación de la Ficha Limpia como requisito para candidatos y funcionarios.
El mandatario precisó que en esos comicios la ciudadanía elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y los 93 delegados comunales del territorio tucumano. Los mandatos de la gestión actual finalizan el 30 de octubre de 2027, fecha a partir de la cual asumirán las nuevas autoridades.
Jaldo descartó que la convocatoria implique un adelantamiento de los plazos y argumentó que la decisión replica el cronograma aplicado en los dos últimos ciclos electorales provinciales. “No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral. Lo único que estamos haciendo hoy es darle continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio”, afirmó el gobernador durante el anuncio.
La definición del calendario con casi diez meses de antelación responde, según explicó Acevedo, a una exigencia de los propios mecanismos legales del sistema electoral. Los partidos políticos deberán adecuar sus estructuras internas a la normativa vigente antes de octubre de 2026, y los plazos para la conformación de alianzas vencerían alrededor de marzo de 2027. “Si nosotros vamos más adelante, lo pegamos”, advirtió el vicegobernador para justificar la anticipación.
El decreto incorpora la Ficha Limpia como condición de elegibilidad, una medida que el propio Jaldo presentó como el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, el Ministerio de Gobierno y Justicia, y la Fiscalía de Estado. “Por primera vez en Tucumán, aquellos que quieran ser candidatos a cualquier cargo o ser funcionarios de la provincia van a tener que tener determinados requisitos, es decir, no tener cuentas pendientes con la justicia”, declaró. La exigencia abarca antecedentes tanto judiciales como policiales.
Jaldo vinculó la incorporación de esa norma a compromisos asumidos previamente con distintos sectores. “Era todo un pedido de la comunidad, y está dentro de los puntos que habíamos firmado con la Iglesia”, señaló. El gobernador también enumeró otros avances de la reforma política en curso: la eliminación de los partidos municipales redujo el universo de fuerzas de más de 300 a aproximadamente 70 partidos provinciales.
Al referirse al debate electoral a nivel nacional, el mandatario trazó una comparación entre las discusiones en Buenos Aires y las decisiones ya adoptadas en Tucumán. Señaló que la boleta única y el sistema de acoples —ambos cuestionados desde distintos espacios del país— ya rigen en la provincia, y que en ambos casos el Partido Justicialista resultó victorioso. “A nosotros nos pusieron la boleta única, ganamos por 15 o 16 puntos en la provincia de Tucumán el año pasado. Vamos con los acoples y vamos a ganar por más todavía”, sostuvo.
Sobre la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, Jaldo no se pronunció de manera directa, pero trazó un paralelo con la lentitud del debate federal. “A nivel nacional, hablan de eliminar las PASO, pero todavía no se eliminan”, observó, para concluir que los sistemas electorales son “producto del consenso de los partidos políticos” y que cualquier reforma requiere tiempo de maduración.
Chahla, por su parte, ponderó la fijación del calendario como “el primer paso” del proceso y subrayó que garantiza igualdad de condiciones entre todas las fuerzas. Aclaró que la definición de candidaturas corresponde a una etapa posterior y que la prioridad de la actual gestión sigue centrada en la administración. “Hoy tenemos la responsabilidad institucional de seguir trabajando cada día en la gestión, y para nosotros no es época de campaña”, afirmó la intendenta.
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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), volvió a caer en julio luego del repunte registrado en junio, que había puesto fin a una serie de seis bajas consecutivas. El indicador retrocedió 6,5% respecto del mes anterior para la administración de Javier Milei.
La medición, elaborada por la UTDT a partir de un estudio de la consultora Poliarquía, se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. En junio había alcanzado 2,07 puntos, tras registrar una suba mensual del 3,9%.
Según informó la universidad, el nivel de confianza correspondiente al mes 31 de la gestión de Milei es 3,9% inferior al que registraba Mauricio Macri y 14,4% menor al de Néstor Kirchner en el mismo momento de su mandato. Por el contrario, se ubica 73,3% por encima de Alberto Fernández al igual que ocurre con los dos mandataos de Cristina Kirchner -3,4% y 14,8% respectivamente-.
“En términos interanuales, el índice disminuyó 21,0%. En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción. Las tasas de variación mensual del ICG durante 2026 fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 21,5%”, precisó el estudio.
La medición que publica la UTDT se construye a partir de cinco componentes. En julio, cuatro de ellos retrocedieron respecto de junio. La mayor caída se produjo en el ítem “Eficiencia”, que descendió 15,4% hasta ubicarse en 1,79 puntos. También bajaron “Capacidad” (-7,3%, con 2,28 puntos), “Preocupación por el interés general” (-6,9%, con 1,51 puntos) y “Evaluación general del Gobierno” (-2,5%, con 1,64 puntos). “Honestidad” fue el único componente que se mantuvo 2,45 puntos, con una leve baja de 0,4%.
Con este resultado, el promedio del ICG durante la gestión de Milei descendió a 2,37 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato. Como referencia, la universidad señaló que, en el mismo tramo de gestión, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández eran de 2,51 y 1,91 puntos, respectivamente.
Al analizar el índice por género, el informe indicó que la brecha entre hombres y mujeres se redujo durante julio debido principalmente a una fuerte caída entre los hombres, cuyo ICG descendió hasta 2,10 puntos (-11,3%). Entre las mujeres, en cambio, el indicador subió levemente hasta 1,74 puntos (+2,8%).
Por edades, el mayor nivel de confianza volvió a registrarse entre los mayores de 50 años (2,07 puntos), mientras que el descenso más pronunciado se observó entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, cuyo índice cayó 23% hasta 1,68 puntos. El segmento de entre 30 y 49 años se ubicó en 1,75 puntos (-0,7%).
En el plano geográfico, el ICG volvió a ser más elevado entre los habitantes del interior del país, con 2,09 puntos (-4,7%). En la ciudad de Buenos Aires alcanzó 1,92 puntos (-5,6%), mientras que en el Gran Buenos Aires descendió hasta 1,63 puntos (-10,9%).
Según el nivel educativo, la confianza fue mayor entre quienes poseen estudios terciarios o universitarios completos (2,03 puntos), seguida por quienes completaron el nivel secundario (1,90 puntos). El mayor deterioro correspondió al segmento con instrucción primaria, cuyo índice cayó 24,7% hasta 1,29 puntos.
Asimismo, el estudio mostró que el índice volvió a ser más alto entre quienes afirmaron no haber sido víctimas de un delito durante los últimos 12 meses (2,05 puntos) que entre quienes sí lo fueron (1,56 puntos), grupo que registró la mayor caída mensual, con un descenso del 25,9%. Por último, el mayor nivel de confianza se observó entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, con 4,15 puntos, mientras que entre quienes consideran que empeorará el indicador se ubicó en apenas 0,33 puntos.
La medición abarcó 1000 casos en 39 localidades del país. Se realizó entre el 1 y el 16 de julio de 2026.
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