POLITICA
El Gobierno estrenó su polémico decreto de designación de jueces
El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
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El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno. Durante el mensaje, el mandatario explicará los principales lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso con el objetivo de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y redefinir su rol dentro del esquema institucional.
La decisión de utilizar la cadena nacional busca darle centralidad política a una reforma que la Casa Rosada considera uno de los pilares de su programa económico. Según anticipó el Gobierno, la iniciativa apunta a fortalecer la independencia del Banco Central, establecer límites permanentes al financiamiento del Tesoro y fijar como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que “la estabilidad monetaria constituye un requisito indispensable para el crecimiento económico sostenido y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos”. También señaló que “la experiencia argentina demuestra que la utilización del Banco Central para financiar déficits fiscales generó inflación, pérdida del valor de la moneda y reiteradas crisis económicas”.
El texto propone modificar la normativa vigente para impedir que el Banco Central pueda asistir de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. De esa manera, el Gobierno busca incorporar restricciones de carácter permanente sobre una de las herramientas que, según su diagnóstico, contribuyó a los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.
Otro de los cambios previstos redefine los objetivos de la autoridad monetaria. La iniciativa establece que la preservación del valor de la moneda será la función prioritaria del organismo, por encima de otros fines contemplados en la legislación actual. De acuerdo con la explicación oficial, esa modificación busca consolidar un marco institucional orientado a garantizar la estabilidad monetaria.
El proyecto también incorpora cambios vinculados con el gobierno del Banco Central. Entre ellos figuran nuevas condiciones para la designación y permanencia de sus autoridades, además de criterios específicos para una eventual remoción. La intención del Ejecutivo es reforzar la autonomía de la entidad respecto del Poder Ejecutivo y establecer mecanismos que limiten la posibilidad de modificar su conducción por razones ajenas a las previstas en la ley.
La presentación de Milei se producirá luego de varios días en los que distintos funcionarios adelantaron el contenido de la iniciativa. Desde el Gobierno remarcaron que la reforma forma parte de un conjunto de cambios destinados a consolidar el programa económico y otorgar previsibilidad al funcionamiento de la política monetaria.
En ese marco, el Presidente explicará por qué el Ejecutivo considera necesaria una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cuáles son los principales cambios que propone incorporar. El mensaje también servirá para exponer los argumentos oficiales antes del inicio del debate parlamentario.
Una vez presentado formalmente, el proyecto comenzará su recorrido legislativo en el Congreso, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.
Entre los aspectos que incluye la iniciativa aparecen las limitaciones al financiamiento del sector público, la redefinición del mandato de la autoridad monetaria y las modificaciones relacionadas con el funcionamiento interno del organismo. El Gobierno sostiene que esos cambios permitirán consolidar un esquema institucional que preserve la independencia del Banco Central y reduzca la posibilidad de utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.
LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America,Buenos Aires
POLITICA
Día decisivo en la causa AFA en EE.UU.: las claves del proceso judicial y la declaración que podría acelerar la investigación
La investigación sobre los supuestos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administró millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), tendrá este jueves un capítulo clave en Estados Unidos.
Para hoy está citado ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida un testigo cuya identidad no trascendió para declarar bajo juramento frente a los fiscales, que le harán diferentes preguntas.
La instancia es un paso de trascendencia dentro de la pesquisa preliminar que la Justicia de Estados Unidos abrió por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal en torno a la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, compañía que administró los fondos de la AFA a través de bancos y empresas en USA.
La citación no está dirigida al presidente de AFA, ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sino que apunta a un tercero cuyo nombre está resguardado. Al menos así lo sostuvo la propia AFA en un comunicado oficial.
Al testigo, que se le requerirá comparecer ante el gran jurado, podría pedírsele eventualmente aportar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.
La pesquisa preliminar en Estados Unidos se concentra en supuestas operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA. En el centro de la investigación aparecerían Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen vínculos comerciales con la entidad.
Gillette figura como responsable de TourProdEnter LLC, la sociedad registrada en Miami que —de acuerdo con la investigación— habría operado como representante comercial de la AFA en Estados Unidos y recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias en ese país por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina. Los fiscales habrían puesto el foco, en una primera etapa, en el destino de unos 40 millones de dólares de ese total que se habría desviado a un grupo de firmas supuestamente fantasmas.
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Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.
Por ahora, se confeccionó una investigación preliminar, a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, para determinar si el uso de esas cuentas y sociedades en Estados Unidos pudo dar lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.
Qué es el gran jurado y cómo es el proceso judicial en EE.UU.
El gran jurado (grand jury) es una figura propia del sistema judicial estadounidense, sin equivalente directo en la Argentina. Se trata de un grupo de ciudadanos convocados para evaluar, junto a los fiscales, si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.
El gran jurado no juzga ni condena a nadie. Su única función es determinar si la evidencia reunida por los fiscales alcanza el estándar legal conocido como “causa probable” (probable cause), el requisito mínimo para habilitar una acusación formal.
A la instancia del gran jurado se llega luego de que los fiscales reunieran documentación, movimientos bancarios y testimonios para establecer si hubo delitos vinculados al uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos. En ese marco, declara uno de los testigos clave, que tiene que hacerlo bajo juramento frente a los fiscales y a los miembros del gran jurado.
El proceso, según pudo saber TN, también le da a los investigados la posibilidad de presentar pruebas o argumentos para demostrar que no hubo delito y convencer al gran jurado de que no corresponde avanzar con un juicio.
Posteriormente, con la evidencia y los testimonios reunidos, el gran jurado resuelve si existen razones suficientes para autorizar el inicio de una causa penal. Recién si el gran jurado aprueba avanzar, se abre un proceso judicial separado, que puede demandar un tiempo prolongado y que determinará si hay o no condenas para las personas involucradas.
Si el gran jurado da luz verde para abrir la investigación penal, el expediente pasa a ser público y queda incorporado al sistema judicial estadounidense, al que cualquier persona puede acceder. Recién en esa instancia se conocerán con precisión los cargos y las personas formalmente imputadas.
AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Claudio Tapia, Javier Faroni
El gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños (CNN), el organismo creado en 1967 para la formación artística de jóvenes cantantes. En su lugar, la Secretaría de Cultura anunció la creación de un Programa de Formación Artística que, según aseguró, permitirá “dar continuidad a los objetivos culturales y pedagógicos” de la institución bajo un nuevo esquema.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La normativa sostiene que el nuevo programa no implica abandonar los objetivos que tenía el coro, sino “adecuar los instrumentos institucionales” mediante los cuales se desarrollaban.
Según explicaron desde la Secretaría de Cultura a , la decisión respondió a “irregularidades” detectadas en el funcionamiento del organismo, vinculadas a la participación de menores que percibían una remuneración de la administración pública por su actividad artística. De acuerdo con la Ley 26.390 —iniciativa que impulsó el Gobierno en el marco de la reforma laboral—, recordaron, los menores de 16 años no pueden mantener vínculos laborales ni prestar servicios remunerados para el Estado.
Sobre este punto, la Secretaría de Cultura trabajó con la Secretaría de Empleo Público para desarrollar un nuevo esquema que amplíe el alcance de la formación artística y “mitigue cualquier incompatibilidad administrativa”. El Programa de Formación Artística estará integrado, detallaron, por las líneas de acción “Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral” y “Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas”.
Para instrumentar el cambio, el decreto modificó la norma original que había creado el organismo, el Decreto 8557 de noviembre de 1967. Originalmente, la orden distinguía dos agrupaciones: por un lado, el Coro Polifónico Mixto y, por el otro, el Coro de Niños. El Decreto 687/2026 suprimió el primer artículo de ese texto, quedó bajo la denominación de Coro Polifónico Nacional y la agrupación infantil se disolvió como entidad institucional.
El área conducida por Leonardo Cifelli sostuvo que la medida forma parte de un “proceso de revisión integral” de programas y organismos públicos con el objetivo de optimizar recursos y ampliar el alcance de las políticas culturales.
El cuerpo estable del coro cuenta actualmente con 19 niños, tal como pudo confirmar , que ahora pasarán a formar parte de la nueva estructura de Formación de Excelencia. Además, el programa artístico incorporará clases magistrales con invitados especiales y referentes de los Elencos Estables de la Nación, que se sumarán al cuerpo docente que ya formaba parte de la institución.
“Esto puede alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio”, resaltaron en la resolución y añadieron: “Con el fin de favorecer una mayor participación y acceso de niños y adolescentes de todo el territorio nacional a instancias de formación y desarrollo artístico, promoviendo una distribución más amplia y federal de dichas oportunidades”.
El Coro Nacional de Niños era dirigido desde 2010 por María Isabel Sanz, quien, según pudo saber , decidió no continuar al frente de la agrupación tras la reestructuración. A lo largo de casi seis décadas, el organismo realizó presentaciones en todo el país y giras internacionales por Brasil, Dinamarca, Italia y México, interpretando repertorios a cappella, camerísticos y sinfónico-corales.
Hasta el momento, la Secretaría de Cultura no definió quién estará a cargo del nuevo programa. Desde el organismo señalaron que la estructura fue creada este jueves y que la designación de sus autoridades aún se encuentra en evaluación.
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