POLITICA
El Gobierno evalúa modificar el máximo tribunal penal del país
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte Suprema, que tiene la función de revisar las condenas de funcionarios y exfuncionarios por corrupción, podría pasar de 13 a 9 miembros.
Así se lo propusieron sus actuales integrantes al Gobierno, que se mostraron a favor de dejar sin cubrir la cuatro vacantes que tiene y seguir funcionando con los nueve jueces que la ocupan actualmente.
Esta iniciativa se dio a pesar de que ya se realizaron en el Consejo de la Magistratura los concursos para elegir a los reemplazantes y hay candidatos seleccionados que esperan ascender.
La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la última reunión que mantuvieron los jueces con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.
Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.
Mahiques, según revelaron a fuentes judiciales y del Gobierno- les dijo que lo hablaran entre ellos y que, si había consenso, se podía avanzar. “En principio, el ministro está abierto a esa posibilidad; no está acá para nombrar jueces porque sí”, dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia.
En la cartera argumentan que la cantidad de jueces que integran cada tribunal no es uniforme, ya que depende de lo que establezca la ley específica para cada fuero y la carga que tengan.
El argumento del Gobierno a favor del planteo de cambiar la conformación fue más allá: “Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?”.
En esa reunión, los jueces de Casación explicaron al ministro que ocurre lo mismo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, que tiene actualmente tres del total de cinco jueces.
También les dijeron que con nueve jueces estaban bien y que no era necesario cubrir las vacantes que dejaron la salida de los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Ana María Figueroa, jubilados, y Juan Carlos Gemignani, quien recientemente renunció al tribunal.
Hablaron de las estadísticas que revelan que la productividad de las diferentes salas es buena y que no está afectada por las vacantes, según reconstruyeron fuentes del tribunal de Casación. Todos los argumentos iban en línea con dejar sin integrar el tribunal.
Los jueces funcionan en salas de tres jueces cada uno, que se reparten las diferentes causas que deben revisar. Cuando en una sala hay una o dos vacantes, se sortea a un juez de otra sala. Por eso es que todos los jueces están trabajando en diversas causas y así se lo explicaron al ministro.
El otro argumento que se comentó, ya fuera de la reunión y en conversaciones posteriores de pasillo entre los magistrados, es que los jueces, de este modo, ya funcionan como lo prevé el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.
Este sistema manda que la Cámara de Casación tiene la forma de un “colegio de jueces”, donde cada magistrado es sorteado para cada caso. Los camaristas señalaron que al actuar como subrogantes, funcionan prácticamente con la misma modalidad que el colegio de jueces.
Tras la reunión, en el comunicado oficial dijeron que el Gobierno y la Cámara de Casación “ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.
Ninguno de los magistrados se arroga la paternidad de la idea de no cubrir las cuatro vacantes, que circuló entre los jueces y que llegó a tomar incluso la forma de proyecto de ley. Hay dos borradores.
Es que para que la Cámara Federal de Casación pase de tener 13 a 9 jueces, se debe reformar la ley orgánica para la justicia nacional y federal.
Hay dos proyectos que empezaron a circular en los tribunales de Comodoro Py y hasta en el Palacio de Justicia, dijeron fuentes judiciales. En la Cámara de Casación negaron el detalle de los proyectos, que otras fuentes dijeron haber tenido en sus manos.
Claro que para aprobarlos es necesario un acuerdo político que requiere que un sector de los aliados del Gobierno lo apoye. Un esfuerzo demasiado grande con un alto costo. El otro problema surge porque el Consejo de la Magistratura ya realizó el concurso para cubrir las vacantes.
Los mejor posicionados son Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal. Obtuvo 166,75 puntos en el concurso, compuesto de 86,75 en el examen de oposición y 80 puntos por antecedentes.
Le siguieron el juez José Michilini, con 95,95 puntos por antecedentes y 70 en el examen de oposición, lo que hace un total de 165,95 puntos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, con 154,5 puntos (84,5 en antecedentes y 70 en el examen de oposición).
Deben celebrarse audiencias personales entre los primeros 20 candidatos y seguramente cambiarán de nuevo los lugares.
Además, rige el cupo de género: en este caso debe haber tres ternas y una lista complementaria. En cada terna debe haber una mujer, con lo que la candidata que está décima, por ejemplo, Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal y candidata por la lista Compromiso Judicial, tiene opciones de integrar una terna.
Lo mismo ocurre con la siguiente candidata mujer, la defensora oficial Pamela Bisserier. El requisito es que deben tener al menos 50 puntos en el examen de oposición.
La lista de mérito está integrada, además, por el juez Fernando Machado Pelloni, Marcelo Ferrante, Fernando Bellido y Mariano Pérez Roller.
También está entre los posicionados, Jorge Gorini, que condenó a Cristina Kirchner, Diego Amarante, juez en lo Penal Económico, que proceso a Claudio Tapia y trabajó 15 años en la Casación.
A ninguno de los concursantes le hace gracia la idea de que no se cubran las vacantes, después de participar en esta selección que arrancó en 2022 y que aún resta concluir.
“La única razón que se me ocurre es favorecer la concentración de poder en pocas manos”, dijo uno de los concursantes indignado por esta iniciativa.
Otro señaló que las estadísticas no respaldan esta idea y otro mencionó que “no se entiende cuál sería la ventaja para la sociedad de tener menos jueces, pero pagando lo mismo en sueldos. Menos gente trabajando y ni siquiera hay un ahorro”, en alusión a una versión, confirmada en la Casación, que los magistrados propusieron mantener el presupuesto y repartirlo no entre 13, sino entre 9 camaristas.
Los perfiles de algunos de los concursantes que están mejor posicionados no son del agrado del Gobierno y eso podría ser uno de los argumentos determinantes en la Casa Rosada para apoyar la idea de reducir la cantidad de cargos en el tribunal.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Tras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa
Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir una reunión formal este lunes en la Casa Rosada, después de una semana marcada por las tensiones en torno a los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. El encuentro de Gabinete está previsto para las 10 y, hasta ahora, ambos mantienen su asistencia.
Bullrich no volvió a hablar con Milei sobre el conflicto desde que hizo públicas sus diferencias con el Gobierno. La senadora tiene previsto participar de la reunión, mientras en Balcarce 50 sostienen que el encuentro sigue programado pese al viaje presidencial a Estados Unidos
El clima interno continúa tenso. Funcionarios cercanos al Presidente cuestionan la decisión de la exministra de exponer públicamente los problemas de coordinación y aseguran que Milei busca evitar una confrontación abierta. La estrategia oficial fue bajar el tono frente a cada declaración y no responder directamente.
En la Casa Rosada rechazan además que exista una estrategia acordada para que Bullrich se diferencie del Gobierno y absorba parte del malestar social. Cerca del Presidente sostienen que Milei no quiere disidencias públicas dentro del oficialismo y que los últimos movimientos de la senadora no fueron coordinados con él.
El conflicto comenzó cuando Bullrich reveló que no había sido informada sobre las modificaciones en Discapacidad que el Ejecutivo incorporó al Presupuesto 2027. La senadora había participado un día antes de la mesa política, en la que se repasaron variables económicas del proyecto, pero aseguró que esos artículos no habían sido mencionados durante la discusión.
Las críticas escalaron después. Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía, pidió que “no la tomen por tonta” y sostuvo que la falta de información afectó las negociaciones que mantenía el oficialismo con sus aliados. El viernes publicó además un video musicalizado con una canción de Lali Espósito, después de los cuestionamientos que había realizado durante toda la jornada anterior.
Milei eligió desdramatizar públicamente ese último episodio. Ante una consulta sobre el video, evitó confrontar con Bullrich y sostuvo que no tenía un problema con la elección de la artista; al contrario, reconoció: “Escuché algunas canciones y me gustaron”. Puertas adentro, sin embargo, distintos funcionarios reconocen malestar por la sucesión de diferencias que la senadora viene haciendo públicas.
POLITICA
Villa La Angostura: mapuches desalojados tenían luz, internet y otros servicios provistos por organismos públicos
Las familias que integraban la lof Melo, desalojada el 19 de agosto del predio que ocupaba en El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura, contaban con energía eléctrica, conectividad y otros recursos provistos por organismos estatales, tanto de la provincia de Neuquén como del gobierno nacional, a través de Parques Nacionales.
La comunidad mantenía un prolongado litigio judicial por las tierras que ocupaba. La propietaria del predio, María Cristina Broers, inició en 2012 una causa por desahucio y, luego de años de proceso judicial, logró recuperar una fracción de las hectáreas ubicadas en ese paraje.
Broers es titular de 624 hectáreas que, según las resoluciones judiciales vinculadas al caso, eran ocupadas por la lof Melo y la lof Kinxikew, integrada por miembros de la familia Quintriqueo. A pesar de la disputa territorial, la propietaria continuó pagando regularmente los impuestos correspondientes al inmueble.
El desalojo ejecutado en agosto alcanzó únicamente la fracción en la que residía la lof Melo, por lo que Broers recuperó el control de ese sector. En tanto, el juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para completar la medida judicial en el espacio donde permanece la otra comunidad.
Paneles solares y baterías
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo provincial, había instalado en el predio varios paneles solares destinados a proporcionar energía eléctrica a las familias de la comunidad.
Luego de que se concretara el desalojo, operarios del organismo regresaron al lugar para retirar los equipos, debido a que la comunidad ya no residía allí. Antes de hacerlo, solicitaron autorización a Broers, propietaria del predio.
De acuerdo con información a la que accedió Infobae, la mujer planteó que los equipos permanecieran instalados y manifestó su disposición a asumir los costos operativos vinculados con su funcionamiento. Sin embargo, desde el organismo rechazaron la propuesta y argumentaron que los equipos habían sido colocados exclusivamente para beneficiar a la comunidad mapuche.
El sistema no estaba compuesto únicamente por los paneles solares. El EPEN también había instalado baterías para almacenar la energía, que eran renovadas periódicamente por el organismo.
Fuentes del organismo confirmaron que los equipos de generación de energía alternativa forman parte de un programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén para asistir a comunidades mapuches, independientemente de la situación dominial de los terrenos en los que se encuentren.
Además de los sistemas de energía, distintos organismos estatales otorgan a comunidades recursos como redes de agua, financiamiento no reintegrable y otros elementos destinados a garantizar las condiciones de residencia.
“Lo grave no es que el Estado, provincial o nacional, acompañe a las comunidades mapuches, sino que lo haga sabiendo que residen en tierras que son objeto de un litigio por ocupación, como ocurrió con la lof Melo o con la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi”, señalaron a Infobae fuentes vinculadas al conflicto territorial.
La conectividad, a cargo de Parques Nacionales
La asistencia estatal no se limitaba a la provisión de energía. Parques Nacionales también había garantizado la conectividad de la comunidad mediante conexiones satelitales y había puesto a disposición distintos elementos para el abastecimiento de agua, entre ellos tanques, mangueras y bombas.
De esta manera, mientras avanzaba el proceso judicial iniciado por la propietaria del predio, las familias que residían en el lugar contaban con infraestructura y recursos aportados por organismos públicos.
La personería jurídica, en medio del conflicto territorial
A este esquema de asistencia se sumó otra decisión del gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa otorgó personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402, firmado también por Jorge Tobares, ministro de Gobierno de la provincia.
El reconocimiento administrativo se produjo pocos días después de la ejecución del desalojo parcial y mientras continúa el conflicto judicial por las tierras.
Desde el gobierno neuquino defendieron la decisión y señalaron que se trata de un trámite que corresponde ante el cumplimiento de los requisitos establecidos. El pedido de reconocimiento, según consta en los antecedentes del caso, llevaba 14 años en trámite.
La resolución, sin embargo, se produjo durante la gestión de Figueroa, quien asumió la gobernación en diciembre de 2023, y en un contexto marcado por la disputa judicial por el territorio.
El reconocimiento de la comunidad se suma así a una serie de decisiones administrativas y de asistencia estatal que alcanzaron a la lof Melo mientras se desarrollaba el litigio por la ocupación del predio.
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En una semana marcada por los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este sábado por la mañana e intentó despejar tensiones respecto del vínculo con la exministra de Seguridad. En diálogo con la prensa, se refirió al video que su excompañero en Pro publicó el viernes en sus redes sociales en el que se la ve cantar una canción de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente.
El jefe de Gabinete minimizó el impacto del spot en el que Bullrich tararea No me importa.
“Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, dijo el funcionario respecto de ese posteo en medio de tensiones internas por la discusión del Presupuesto 2027 y las críticas de la senadora por los recortes en el área de Discapacidad.
Las declaraciones de Santilli van en línea con lo expresado por el presidente Javier Milei, quien consideró una “tontería mayúscula politizar el arte” al ser consultado sobre la publicación de Bullrich.
Tras la viralización del video, el jefe de Estado le restó trascendencia al asunto y reveló que incluso escuchó temas de la artista luego de los cruces públicos. “Para mí no representa ningún problema. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, sostuvo el mandatario en un mensaje leído por la periodista Marcia Frisciotti en televisión.
Por su parte, respecto de los despidos recientes en la quinta presidencial, el ministro declaró: “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó”.
Noticia en desarrollo
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