POLITICA
El Gobierno evalúa modificar el máximo tribunal penal del país
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte Suprema, que tiene la función de revisar las condenas de funcionarios y exfuncionarios por corrupción, podría pasar de 13 a 9 miembros.
Así se lo propusieron sus actuales integrantes al Gobierno, que se mostraron a favor de dejar sin cubrir la cuatro vacantes que tiene y seguir funcionando con los nueve jueces que la ocupan actualmente.
Esta iniciativa se dio a pesar de que ya se realizaron en el Consejo de la Magistratura los concursos para elegir a los reemplazantes y hay candidatos seleccionados que esperan ascender.
La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la última reunión que mantuvieron los jueces con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.
Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.
Mahiques, según revelaron a fuentes judiciales y del Gobierno- les dijo que lo hablaran entre ellos y que, si había consenso, se podía avanzar. “En principio, el ministro está abierto a esa posibilidad; no está acá para nombrar jueces porque sí”, dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia.
En la cartera argumentan que la cantidad de jueces que integran cada tribunal no es uniforme, ya que depende de lo que establezca la ley específica para cada fuero y la carga que tengan.
El argumento del Gobierno a favor del planteo de cambiar la conformación fue más allá: “Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?”.
En esa reunión, los jueces de Casación explicaron al ministro que ocurre lo mismo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, que tiene actualmente tres del total de cinco jueces.
También les dijeron que con nueve jueces estaban bien y que no era necesario cubrir las vacantes que dejaron la salida de los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Ana María Figueroa, jubilados, y Juan Carlos Gemignani, quien recientemente renunció al tribunal.
Hablaron de las estadísticas que revelan que la productividad de las diferentes salas es buena y que no está afectada por las vacantes, según reconstruyeron fuentes del tribunal de Casación. Todos los argumentos iban en línea con dejar sin integrar el tribunal.
Los jueces funcionan en salas de tres jueces cada uno, que se reparten las diferentes causas que deben revisar. Cuando en una sala hay una o dos vacantes, se sortea a un juez de otra sala. Por eso es que todos los jueces están trabajando en diversas causas y así se lo explicaron al ministro.
El otro argumento que se comentó, ya fuera de la reunión y en conversaciones posteriores de pasillo entre los magistrados, es que los jueces, de este modo, ya funcionan como lo prevé el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.
Este sistema manda que la Cámara de Casación tiene la forma de un “colegio de jueces”, donde cada magistrado es sorteado para cada caso. Los camaristas señalaron que al actuar como subrogantes, funcionan prácticamente con la misma modalidad que el colegio de jueces.
Tras la reunión, en el comunicado oficial dijeron que el Gobierno y la Cámara de Casación “ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.
Ninguno de los magistrados se arroga la paternidad de la idea de no cubrir las cuatro vacantes, que circuló entre los jueces y que llegó a tomar incluso la forma de proyecto de ley. Hay dos borradores.
Es que para que la Cámara Federal de Casación pase de tener 13 a 9 jueces, se debe reformar la ley orgánica para la justicia nacional y federal.
Hay dos proyectos que empezaron a circular en los tribunales de Comodoro Py y hasta en el Palacio de Justicia, dijeron fuentes judiciales. En la Cámara de Casación negaron el detalle de los proyectos, que otras fuentes dijeron haber tenido en sus manos.
Claro que para aprobarlos es necesario un acuerdo político que requiere que un sector de los aliados del Gobierno lo apoye. Un esfuerzo demasiado grande con un alto costo. El otro problema surge porque el Consejo de la Magistratura ya realizó el concurso para cubrir las vacantes.
Los mejor posicionados son Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal. Obtuvo 166,75 puntos en el concurso, compuesto de 86,75 en el examen de oposición y 80 puntos por antecedentes.
Le siguieron el juez José Michilini, con 95,95 puntos por antecedentes y 70 en el examen de oposición, lo que hace un total de 165,95 puntos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, con 154,5 puntos (84,5 en antecedentes y 70 en el examen de oposición).
Deben celebrarse audiencias personales entre los primeros 20 candidatos y seguramente cambiarán de nuevo los lugares.
Además, rige el cupo de género: en este caso debe haber tres ternas y una lista complementaria. En cada terna debe haber una mujer, con lo que la candidata que está décima, por ejemplo, Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal y candidata por la lista Compromiso Judicial, tiene opciones de integrar una terna.
Lo mismo ocurre con la siguiente candidata mujer, la defensora oficial Pamela Bisserier. El requisito es que deben tener al menos 50 puntos en el examen de oposición.
La lista de mérito está integrada, además, por el juez Fernando Machado Pelloni, Marcelo Ferrante, Fernando Bellido y Mariano Pérez Roller.
También está entre los posicionados, Jorge Gorini, que condenó a Cristina Kirchner, Diego Amarante, juez en lo Penal Económico, que proceso a Claudio Tapia y trabajó 15 años en la Casación.
A ninguno de los concursantes le hace gracia la idea de que no se cubran las vacantes, después de participar en esta selección que arrancó en 2022 y que aún resta concluir.
“La única razón que se me ocurre es favorecer la concentración de poder en pocas manos”, dijo uno de los concursantes indignado por esta iniciativa.
Otro señaló que las estadísticas no respaldan esta idea y otro mencionó que “no se entiende cuál sería la ventaja para la sociedad de tener menos jueces, pero pagando lo mismo en sueldos. Menos gente trabajando y ni siquiera hay un ahorro”, en alusión a una versión, confirmada en la Casación, que los magistrados propusieron mantener el presupuesto y repartirlo no entre 13, sino entre 9 camaristas.
Los perfiles de algunos de los concursantes que están mejor posicionados no son del agrado del Gobierno y eso podría ser uno de los argumentos determinantes en la Casa Rosada para apoyar la idea de reducir la cantidad de cargos en el tribunal.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Encontraron un cadáver en uno de los departamentos decomisados a Daniel Muñoz, exsecretario de Kirchner
La Policía santacruceña halló el cadáver de Aníbal Cepeda, un hombre de 71 años que era buscado desde el 20 de abril, en un complejo de departamentos en Río Gallegos.
La propiedad en la que encontraron el cuerpo había sido decomisada a Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner, en el marco de una causa de lavado de activos. Era custodiada por Gendarmería.
En el marco para dar con el paradero de Cepeda, y tras los datos aportados por un hombre capturado durante la madrugada del domingo, la investigación judicial apuntó a uno de los inmuebles ubicados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera de Río Gallegos, informó el medio local La Opinión Austral.
Tras el hallazgo del cuerpo de un hombre, que luego se indicó que posiblemente se trataba del anciano buscado (aunque resta la confirmación oficial de la autopsia), en el lugar trabajó personal policial de la DDI, de Criminalística y Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que mantiene la custodia permanente sobre esos departamentos.
Los inmuebles forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Muñoz, fallecido en 2016. Esas propiedades estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Noticia en desarrollo
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Cristian Ritondo aseguró que, tras la estabilización de la economía, el siguiente paso del proyecto que comparte el PRO con el gobierno de Javier Milei debe ser el bienestar de la población. “Después de la normalización económica tiene que venir el bienestar”, afirmó el presidente del bloque de Diputados Nacionales del PRO en una entrevista con el programa Infobae al Mediodía. El dirigente bonaerense defendió así un proceso de ajuste que reconoció como doloroso, aunque necesario.
Ritondo fue enfático al trazar una línea entre el apoyo legislativo del PRO al gobierno de La Libertad Avanza y una adhesión incondicional. “Nosotros no ayudamos a La Libertad Avanza o a Milei, votamos porque creemos en el camino”, precisó. Esa distinción le permitió al diputado defender las medidas económicas del ministro Luis Caputo —a quien llamó “Toto”— sin resignar la identidad de su fuerza política. “Las cosas que votamos en el Congreso las votamos porque las habríamos propuesto nosotros”, añadió.
La autocrítica también tuvo lugar en sus declaraciones. Ritondo reconoció que el PRO intentó aplicar una política económica similar durante la gestión de Mauricio Macri, pero con una velocidad diferente y peores resultados: “Nosotros intentamos hacer esto con gradualismo y nos fue mal”. La admisión no fue un mea culpa aislado, sino el argumento central con el que el legislador justificó su respaldo a la estrategia de shock que lleva adelante el actual gobierno.
Consultado por las denuncias de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, Ritondo eludió un pronunciamiento directo y derivó la responsabilidad hacia el presidente. “El que decide si tiene que estar en el gobierno es el presidente”, dijo, y aclaró: “Lo que tenemos es lo que nos alimentan ustedes (en alusión a os periodistas), de declaraciones en Comodoro Py; nosotros no podemos juzgarlo ni hacer el rol de ustedes”.
Sobre la obligación de dar explicaciones, fue escueto: “Uno tiene que dar todas las respuestas que pueda, lo más rápido posible”, aunque precisó que esa carga recae sobre el propio funcionario: “No tengo que responder por él, el que tiene que responder es Adorni”.
Luego retomó la defensa de la gestión Milei y para explicar el punto de partida de esa gestión, Ritondo apuntó al legado de la administración anterior. Recordó que Alberto Fernández “estuvo 28 meses sin aumentarle el presupuesto al área de discapacidad” y que durante el último año “nos metieron leyes para romper el déficit fiscal a rolete”. “Para olvidarnos del pasado tenemos que ser conscientes de cómo se recibió este país”, sostuvo. En ese marco, defendió el rumbo actual como el único viable: “No desconozco la realidad, este es el mejor camino”.
El diputado también se refirió a la composición del gabinete nacional como evidencia del peso real del PRO dentro del esquema de poder. “Miro el gabinete, de 10 hay 6 que son de procedencia de nuestro partido”, señaló, y agregó: “Hay una fuerza política que formó cuadros de gobierno, que es el PRO, se formaron en la gestión nuestra y hoy son funcionarios de este gobierno”. La afirmación apunta a reivindicar el rol de su espacio más allá de los votos en el recinto.
En materia electoral, Ritondo volvió a impulsar la candidatura a gobernador de Buenos Aires de Diego Santilli. “Tiene que estar no solo el PRO sino sectores del radicalismo para hacer una alianza antipopulismo que termine con el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires“. En ese escenario, ponderó al ministro del Interior Diego Santilli como el mejor candidato disponible. “Hoy no tengo la menor duda, Diego es el mejor candidato que puede tener una alianza”, afirmó, y enumeró sus antecedentes: “Ha sido vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, hoy es ministro del Interior”.
Sobre la reforma política impulsada por el Ejecutivo —que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)— Ritondo aclaró que el PRO tiene un proyecto propio sobre el tema que es anterior al del gobierno. El mismo propone modificar y no eliminar los comicios vigentes, quitando la obligatoriedad para los electores y permitiendo que los frentes que logren candidatos de unidad directamente no compitan. “Con estos dos cambios más boleta única el costo de las primarias se reduce un montón”, explicó, y subrayó: “No es una respuesta al proyecto del gobierno, es anterior”.
Respecto de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidato a quien tenga condena en segunda instancia, reclamó tratarla de forma separada y sin demoras: “Propusimos tratarlo ahora, no necesitamos votar todo junto”.
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POLITICA
¡BOMBAZO POLÍTICO! Martín Tetaz revela las pruebas del oscuro financiamiento de las SIRA: ¿Massa financió el inicio de Milei?
En una entrevista explosiva que ya genera réplicas en todo el arco político, el economista y diputado Martín Tetaz rompió el silencio sobre lo que define como «la caja monumental de la política»: el sistema SIRA. Con declaraciones frontales, Tetaz aseguró que este mecanismo de importaciones no solo fue un foco de corrupción, sino la billetera detrás de estrategias electorales clave.
El inicio de la campaña de Milei: ¿Un plan de Massa?
La revelación más impactante de la charla apunta directamente a un acuerdo estratégico entre el exministro Sergio Massa y el actual presidente Javier Milei durante los primeros pasos de la libertad avanza.
«A mí me consta que Massa financió el arranque de la campaña de Milei», disparó Tetaz. Según el diputado, la lógica del tigrense era clara: dividir el voto de Juntos por el Cambio para llegar al balotaje. «Después Milei se cortó y le fue bien solo, pero la estrategia de dividir fue de Massa», sentenció, comparando la situación con lo ocurrido en 2019.
El «Efecto Adorni» y la interna gubernamental
Tetaz también analizó el desgaste de la figura del vocero presidencial, Manuel Adorni, tras los recientes escándalos sobre sus gastos personales y familiares. Para el economista, el Gobierno está «pecando de ingenuo» y perdiendo el control de la agenda pública.
«Veo la cola de una rata dando vuelta… hay una interna de la política o alguien tratando de generar daño por afuera. El error de Adorni está cometido y le va a tocar pagar», afirmó Tetaz, sugiriendo que el vocero ya ha perdido su rol como comunicador efectivo del ajuste.
El ultimátum económico: La inflación y el «después del Mundial»
Respecto al rumbo económico de Javier Milei, Tetaz fue contundente sobre el contrato electoral con la sociedad. Advirtió que la paciencia de los argentinos tiene una fecha límite marcada por el éxito o fracaso en la lucha contra los precios.
- El contrato único: «La sociedad aceptó no tener obras ni reformas en salud a cambio de una sola tarea: bajar la inflación».
- La advertencia: «Si termina el mundial y la inflación no empezó a bajar de manera sistemática, el programa del segundo semestre va a ser muy complejo. El votante del interior ya está empezando a perder la confianza».
¿Hay salida? Independencia y reforma
Como propuesta, Tetaz insistió en que la única solución definitiva para Argentina es la independencia absoluta del Banco Central por ley, para que la inflación deje de ser un tema de discusión política cada cuatro años. Además, llamó a reemplazar la «motosierra» por un «bisturí» para no afectar áreas sensibles como la educación universitaria y la salud.
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