El canciller Pablo Quirno descartó este martes una ruptura diplomática con Chile tras el inicio de una rueda de negocios entre empresarios de las Islas Malvinas y proveedores de Punta Arenas, pero advirtió que el Gobierno argentino monitoreará la situación y actuará dentro de su espacio jurídico, legal y diplomático si los compromisos firmados entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast no se respetan.

En declaraciones a Radio La Red, el ministro de Relaciones Exteriores buscó contener la tensión sin escalar el conflicto con el Ejecutivo chileno. “La relación con Chile y con el Gobierno del presidente Kast, su canciller, es muy fluida, es muy intensa. Discutimos estos temas constantemente”, afirmó. Al ser consultado sobre si el Punta Arenas Business Showroom podía derivar en una situación “engañosa” para Argentina, dada la participación de proveedores de las petroleras Navitas y Rockhopper, el canciller realizó una distinción táctica: “Esto que sucede es el intendente de Punta Arenas, en todo caso, no es el Gobierno nacional”. Así, Quirno evitó elevar el evento al rango de política de Estado chilena y preservó el vínculo con Santiago.

El canciller se aferró a los compromisos asumidos en la reunión del 3 de septiembre entre Milei y Kast. “No tenemos por qué dudar de la palabra y de lo escrito por nuestros gobiernos”, sostuvo, y recordó que en ese encuentro se acordó que “todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile”.

Anticipó, además, que Argentina “actuará en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático” y subrayó que su gobierno se ha abocado a “nutrirse de mayor cantidad de herramientas para defender nuestros intereses en Malvinas”. Reafirmó que la estrategia del Gobierno es “pacífica y diplomática” y que el límite concreto es el apoyo logístico a la explotación de hidrocarburos y recursos naturales. “Vamos a seguir monitoreando la situación”, enfatizó.

El Punta Arenas Business Showroom se desarrolla este lunes y martes en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos y está organizado por la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC). La comitiva isleña, compuesta por casi 40 empresarios y funcionarios del actual gobierno ilegítimo, fue encabezada por Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, y por Mike Summers OBE, director de la Cámara de Comercio de las Malvinas y ex parlamentario, isleño de sexta generación. Ellis calificó la misión como “la mayor delegación comercial enviada de la historia” desde el archipiélago.

La delegación reúne representantes de la construcción, la pesca, el comercio minorista, la hotelería, la agricultura, los servicios portuarios, la ciencia antártica y el transporte marítimo. Se instalaron en 14 mesas con reuniones de ocho minutos por empresa, a puerta cerrada, frente a cerca de 60 firmas de la Región de Magallanes. Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas y uno de los organizadores del lado chileno, proyecta que el acuerdo generaría negocios por USD 20 millones anuales para la región y apunta a convertir a la ciudad austral en “el gran supermercado, el gran home center” para los habitantes del archipiélago.

Más allá de escalar el conflicto a nivel diplomático, hay malestar por las declaraciones que Fernando Barros Tocornal, ministro de Defensa del gobierno de Kast, concedió en una entrevista a Radio Polar de Magallanes en la que, si bien ratificó el apoyo formal de su país al reclamo argentino, señaló. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, afirmó Barros. El ministro defendió además que la resolución del conflicto debe respetar “la voluntad e interés de las personas involucradas”, alinedo con el principio de autodeterminación que sostienen los isleños y que Argentina rechaza categóricamente.

Barros también apuntó contra el Decreto 256 de 2010, la normativa argentina que exige autorización previa para los buques que se dirigen hacia las islas. “Magallanes ha sido afectada negativamente por ciertas políticas que llevan 15 años, que limitan el acceso, la oportunidad de negocios, tanto en el ámbito de bienes y de servicios a ciertas embarcaciones”, sostuvo, y anticipó que “recién ahora va a haber un cambio en esa materia”. El ministro confirmó además que Chile planea reforzar su presencia militar en la zona austral. Sobre la exploración petrolera, fue cauteloso: reconoció que esa actividad “puede ser un poco más conflictiva”, diferenciándola del comercio de bienes básicos.

Consultado esta vez por Infobae en Vivo sobre las declaraciones de Barros, Quirno sostuvo: “Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”. Y aclaró que no tiene “ninguna indicación de que no se cumpla” la palabra de Kast.

La tensión diplomática se da en un contexto que Argentina considera contradictorio. El 3 de septiembre, el mismo día en que Milei habló por cadena nacional sobre Malvinas, la naviera chilena Easter Island Naviera firmó un contrato con el gobierno isleño para operar una ruta marítima directa entre Stanley y Punta Arenas, con proyección de extenderse también a los puertos de Valparaíso y San Antonio. Esa firma ocurrió en paralelo a la reunión presidencial en la que Kast y Milei suscribieron un comunicado conjunto en el que Chile reconocía el reclamo de soberanía argentino y se comprometía a no prestar apoyo logístico al desarrollo de las islas.

El primer viaje de Easter Island Naviera está previsto para mediados de noviembre de 2026. La nueva ruta reduciría a la mitad la distancia que hoy recorren los isleños hasta Montevideo —casi 2.000 kilómetros—, su único punto de abastecimiento actual, que los propios empresarios del archipiélago describen como problemático por la inestabilidad de los tiempos de entrega.

En paralelo al encuentro comercial, el presidente Javier Milei instruyó el lunes a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para impedir la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion.

El Ejecutivo intimó formalmente al Reino Unido a detener esas operaciones en un plazo de 14 días. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X al difundir el comunicado oficial. De no cumplirse el requerimiento, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

En el mismo comunicado, la Presidencia ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la firma Thales UK Limited, a la que acusa de operar vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. Según el Gobierno, esos vuelos trasladaron integrantes de la propia delegación isleña que participó del Business Showroom. Milei instruyó además el inicio de gestiones diplomáticas por ese caso.

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