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El Gobierno frena la hemorragia política y juega al filo con el “riesgo kuka”

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El Gobierno tomó aire esta semana y a pesar de la multitudinaria marcha universitaria, logró frenar la hemorragia política que lo tenía desangrándose desde principio de año, agravado en los últimos dos meses. Los gobernadores le siguen respondiendo a Javier Milei y le facilitaron mantener intactos los resortes de poder que, por ahora, no le permiten al oficialismo avanzar, pero sí bloquear. Las encuestas muestran un panorama delicado aún para el propio Presidente, pero en mayo, al menos, dejó de caer.

La nueva dinámica experimentó su correlato en el Congreso. En términos libertarios, la casta está con Milei. Karina se hizo de acuerdos políticos para quedarse al frente de la comisión bicameral que controla a los servicios de inteligencia y la que maneja el devenir de los decretos de necesidad y urgencia. La oposición, en minoría absoluta, quedó rota antes de tiempo y tuvo que levantar la sesión especial pedida por un puñado de diputados que pretendía acorralar a Manuel Adorni.

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La inflación le dio un respiro a la Casa Rosada a pesar de que todavía arrastra alzas elevadas de precios, el dólar sigue estable y avanzan proyectos del RIGI que el Gobierno celebra aunque se pierda de que le impacte en una recaudación diezmada.

A pesar de esa foto semanal, Milei mostró un nerviosismo a destiempo, que lo llevó a volver a ser el panelista de televisión agresivo y sin filtros, aquel rol que prometió dejar durante la campaña electoral de 2025. “El Milei roto reconecta con su gente”, lo defiende un libertario. El problema es que le habla a un núcleo duro cada vez más chico y menos activo, que bordea el 20%. Es el que en las encuestas responde que “aprueba mucho” la gestión oficialista. En algunos sondeos es sólo 11%, como en el que se conoció esta semana de la Universidad de San Andrés, que se completa con los que “aprueban algo”, que alcanzó el 26%. La última medición de CEOP mostró que el 52,5% rechaza el rumbo económico y el 25,2% los escándalos de corrupción. Y ahí está el punto de partida para entender la dificultad que está teniendo el oficialismo para recuperar la popularidad perdida. El problema no es Adorni. El problema es el modelo elegido por Milei. La recuperación de imagen viene de la mano del bolsillo. No alcanza con cambiar al jefe de Gabinete que, a más de dos meses de que estallara el escándalo, sigue generando costos políticos. Lo que surge en las encuestas es un malestar persistente agravado por la situación económica.

El relato del Gobierno se concentra en el “riesgo kuka” a la espera de mejoras que no llegan. Esta semana Luis Caputo se enredó en la explicación de su creación narrativa. Es un juego de doble filo para la Casa Rosada. Milei necesita al enemigo kirchnerista en escena y fortalecido para pelear la reelección, pero a su vez, asume el riesgo económico que, según su mirada, conlleva la posibilidad del regreso de una administración peronista. “He dicho una docena de veces (y lo sigo diciendo) que PARA MÍ, el riesgo kuka es cero. Es decir, yo creo que NO hay chance alguna de que gane el kirchnerismo las próximas elecciones. El mercado no piensa igual que yo. Asigna entre un 10 y un 15 por ciento de probabilidad de que eso efectivamente SÍ ocurra. Y resulta que, el riesgo país mide lo que piensa el mercado, no el ministro de Economía o una persona en particular”, intentó explicar Caputo.

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 El ministro de Economía, Luis Caputo

Sea el mercado o no, hay empresarios que se acercan a otros actores. Paolo Rocca ya hizo pública su reunión con Mauricio Macri y algunos hombres de negocios de peso quieren ver a los ministros de Axel Kicillof. Sin ir más lejos, la semana pasada el gobernador estuvo reunido con 30 directores ejecutivos y gerentes de empresas de renombre, desde laboratorios hasta alimenticias. Fue en Escobar, donde también se vio con Eduardo Costantini. Una empresa de las más reconocidas de bebidas alcohólicas anticipó el escenario negativo: “Esta vez no nos salva ni el mundial”, le resumió uno de sus directivos a un ministro bonaerense. “Todos le preguntan si va a ser candidato”, le ponen expectativa en La Plata a los cara a cara que emprendieron con el sector empresario. También Mercado Libre acercó posiciones vía Augusto Costa, el ministro de Producción de la provincia. El territorio bonaerense representa, por población y volumen, la mayor operatoria de la empresa.

Caputo está convencido de que el crecimiento va a llegar gracias al crédito y comenzarán entonces los mejores 18 meses. Se lo dijo en un almuerzo hace unos días a un hombre de la política, con quien ahora está en veredas opuestas, pero con quien mantiene lazos de amistad, del mundo de los ex macristas. Ni en ese sector del centro ni en el peronismo coinciden con el diagnóstico oficial.

En su informe de esta semana, la consultora económica 1816 remarcó que el Gobierno está pateando los problemas para adelante. “La decisión de YPF de ajustar los precios de los combustibles apenas un 1% y mantener buffer por otros 45 días debería contribuir a consolidar la desinflación en el muy corto plazo, aunque a costa de una inflación más persistente en los meses siguientes (si es que el petróleo no ajusta a niveles preguerra)”, analizó. El Gobierno hace intervencionismo. No sólo volvió a congelar los precios de los combustibles sino que fijó un sendero gradualista para la suba del transporte público.

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Karina con mano de hierro

El Gobierno cerró la semana sin demasiados sobresaltos, más allá de las intervenciones públicas del Presidente. Otra vez se llevó la marca Milei. El caso Adorni baja la espuma en la opinión pública, deja de tener interés a pesar de las constantes novedades sobre sus gastos. Las encuestas muestran que más del 70% considera que debe renunciar. Cerca del funcionario están convencidos de que el juez Ariel Lijo no lo va a llamar a indagatoria en el corto plazo. Operadores del Gobierno en la Justicia dicen tener garantizado el timing del llamado. “No va a pasar”, son optimistas. “Podrá pedirlo el fiscal, pero para que se concrete falta mucho”, agregan y recuerdan el momento político que vivió el clan Menem cuando la causa Andis parecía tenerlos acorralados. No sólo sobrevivieron, sino que ganaron cada vez más poder. Todo lo que tenga la bendición de Karina tendrá asegurada la protección oficial. No la tenía Diego Spagnuolo, no la tenía José Luis Espert. El devenir judicial dependerá también del clima político y social.

Karina Milei y Manuel Adorni

Con mano de hierro, Karina Milei le devolvió la jugada a Patricia Bullrich y mandó a tratar la reforma electoral de su autoría, completa, tal como la diseñó. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza había negociado con los aliados separar el proyecto de Ficha Limpia, para no empastar el debate. Para los amigables del PRO y la UCR, esa iniciativa no será la moneda de cambio para la eliminación de las primarias. El debate comenzó esta semana tal como pretendía la hermana presidencial. Pero Bullrich no se quedó quieta y decidió alargar la discusión con la convocatoria a expertos. La realidad es que no tiene los votos y lo que busca es ganar tiempo para volver a la mesa política e insistir con su idea de abrir la negociación.

¿Sin debates presidenciales?

Con el inicio del debate, aparecieron detalles que van mucho más allá de la eliminación o no de una instancia de votación como son las PASO. Detrás quedó escondida una solapada artimaña para eliminar los debates presidenciales obligatorios, que se rigen por una ley específica, la 27.337. “La obligatoriedad fijada en el artículo anterior comprende a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la ley 26.571”, dice esa norma. Si se eliminan las PASO se eliminan los debates, que están atados a los candidatos que queden después de las primarias. La intención del Gobierno es eliminar los debates. De hecho había un artículo específico en el texto original que no pasó la mesa política. Tampoco pasó la intención de Karina Milei de prohibir las alianzas electorales y eliminar la paridad de género. Todo eso se sacó ante el rechazo de antemano que iba a tener la iniciativa.

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Debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa

La Cámara Nacional Electoral ya comenzó a convocar a los apoderados de los partidos y a especialistas en el tema para hablar de la reforma. El articulado deja a merced del poder económico las campañas electorales. El límite de aportes privados pasa del 2% al 35%. “Un salto violento y burdo, que cambia totalmente la lógica del sistema”, alertó Luciano Burket, apoderado del partido socialista, en la red social X. De aprobarse, no habrá tope de gastos de publicidad y plazos. Algo así como la campaña permanente en manos de los millonarios. Burket agrega que el único contrapeso es la presentación de un informe semanal de aportes al juzgado electoral sin topes ni necesidad de explicar el origen de los fondos. No habrá más aportes estatales ni espacios en medios para las campañas y se elimina la plataforma de declaraciones juradas de aportantes. Ningún tipo de control.

Macri piensa más en el amor que en el poder

El macrismo quería resistir, pero Macri el viernes se quitó la única herramienta de negociación que le quedaba con Milei: dejar latente su candidatura presidencial para asustar. Se bajó. Lo hizo en el acto de PRO en Vicente López. En un discurso de 9 minutos y 34 segundos anunció que está enamorado. Apenas arrancó le gritaron Mauricio 2027. Contestó así: “Estamos en el 2026, no quiero cantitos. Hoy los amigos de la prensa están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer. Vamos a hablar de política, pero la verdad es que un país que está más interesado por el amor que por el poder tiene futuro, tiene mucho futuro”. Confirmado su romance con Dolores Teuly ya eligió su camino. La mayor parte del discurso lo dedicó a criticar a Kicillof, dijo que le da lástima que el peronismo elija al gobernador como su candidato presidencial y les deseó que consigan un postulante mejor por el bien de “todos nosotros”. ¿Acaso cree que Milei pierde? Es más, le tiró al PJ un salvavidas interesante en la búsqueda de hablarle al mercado. Propuso, parafraseando a Nicolás Dujovne, que el Gobierno mande el pliego de Santiago Bausili al Senado para darle permanencia en el Banco Central. Sería para el peronismo el Alfonso Prat Gay o el Martín Redrado de Néstor Kirchner en sus inicios en la Casa Rosada. Lejos de mostrarse candidato presidencial, Macri sólo anunció que apuntará a mostrar sus diferencias con Milei y marcarle las críticas. Es extraño porque el ex presidente había comenzado a mejorar en las encuestas a partir de su posicionamiento como alternativa del establishment. Pasó de tener debajo de 5% de intención de voto a arañar los 8 puntos. “¿Cuándo se subió?”, se atajan en el entorno de Macri sobre sus palabras. “Lo subieron. Y lo quieren subir pero nosotros no estamos en ninguna pelea presidencial”, aclaran. Respira tranquilo Milei. Macri dijo que el PRO está “para cuidar el cambio y completarlo” y agregó: “Compartimos la agenda con el Gobierno, el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad”.

Mauricio Macri

Gobernadores en su doble juego

Por ahora, nadie saca los pies del plato. Macri seguirá apoyando y los gobernadores demostraron que están dispuestos a seguir dándole cobertura a Milei. El Gobierno no logra avanzar con sus proyectos, pero sí mantiene influencia para bloquear. Aportan bastante las desinteligencias en la oposición. Sólo en el Senado hubo esta semana un llamado de atención para la Casa Rosada. Lo impulsó Eduardo “Wado” de Pedro. Un sustito sin costo para gobernadores siempre dispuestos a salvar al Gobierno en momentos clave. El senador aprovechó una distracción oficialista y coló un proyecto para impedir la privatización de Aysa, que arrancó esta semana. Es una moción de preferencia, es decir, que en la próxima sesión debería tratarse, pero más allá de los tiempos, lo más destacado es que ganó la votación por 35 a 33 y contó con el apoyo de José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz); Julieta Corroza (Neuquén); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Alejandra Vigo y Camau Espínola (Provincias Unidas); Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza (Convicción Federal) y la salteña Flavia Royón. Son parte de los 44 que ostentaba Bullrich.

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El Gobierno está tirando demasiado de la cuerda con los gobernadores. El ajustazo que se publicó en el Boletín Oficial esta semana les arrancó $320.000 millones, el 70% de lo que corresponde al fondo que financia los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, todos los presupuestos quedaron desfasados con una inflación que ya superó en cuatro meses lo que se había determinado para todo el año y el recorte se expande a programas que impactan en cada distrito, como la baja de $8.929 millones del Fondo de Compensación Salarial Docente o en el programa de fortalecimiento de hospitales provinciales. Hay otros 971 mil millones menos para obras viales, de hábitat y saneamiento hídrico. En el medio mandó pliegos de jueces para las provincias para negociar.

El Gobierno socializa el ajuste y así y todo logra mantener bajo control el freno a las iniciativas opositoras. Lo hace básicamente a fuerza de controlar las comisiones. Esta semana Karina Mile ubicó a Sebastián Pareja al frente de la bicameral de control de la SIDE. Deberá auditar a Santiago Caputo. El kirchnerismo en el Senado abandonó la reunión porque sólo les designaron un representante, cuando son aún la primera minoría. El Gobierno terminó acordando con los aliados del PRO y el senador Martín Goerling se quedó con la vicepresidencia. La bicameral de trámite legislativo, que controla por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia también quedó en manos libertarias con la senadora María Belén Monte de Oca.

El miércoles, un día después de la marcha universitaria, la oposición debió bajar la sesión especial pedida para acorralar a Adorni. “Nosotros no nos podemos dejar conducir por un grupo minoritario”, se atajan en el peronismo, que creen que el jefe de Gabinete ya deja de ser tema prioritario y que deberían ir con un temario distinto.

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El malestar social y la calle no se traduce en la política de palacio. Milei irá mañana a una universidad privada. No dicen a cuál para generar sorpresa entre los alumnos, argumentan en la Casa Rosada. También evitan protestas. Otro gesto más de su desapego a cumplir la ley de financiamiento universitario.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Se viene además un súper miércoles con guerra de sesiones. El oficialismo convocó para tratar el proyecto Hojarasca y quiere avanzar con las modificaciones al esquema de subsidios al gas por zona fría. Los cordobeses anunciaron su oposición. También fueron a la marcha universitaria o expresaron su apoyo, pero no estuvieron para darle número a la sesión por Adorni que se levantó. Martín Menem se adelantó y convocó para las 10 de la mañana, una hora antes del pedido opositor, que ahora sí firmó Unión por la Patria para debatir una citación a Sandra Pettovello y Caputo por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, proyectos sobre licencias parentales, la creación del Programa Remediar y mejoras en las prestaciones del PAMI. Trabajo para la diputada Laura Rodríguez Machado, la guardiana del quórum del oficialismo en la cámara Baja. Si Menem logra el número, estirará el debate para hacer caer la sesión de los opositores.

La interna en el Gobierno no se aplaca. Al desafío de Bullrich contestó Karina, pero la deja correr como candidata libertaria en la ciudad de Buenos Aires. El viernes la senadora, que arrinconó a Adorni con su declaración jurada, que aun no presentó, volvió a mostrarse con Pilar Ramírez, alter ego de la Secretaria General, en una actividad con vecinos porteños. ¿Karina la deja correr o la encierra en el distrito porteño para cerrarle el paso a ser la alternativa presidencial a Milei?

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Senado: el oficialismo intentará sancionar este jueves la ley de Inocencia Fiscal II

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El Senado se prepara para sesionar este jueves con una agenda económica de fuerte contenido político, en la que el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas sensibles para el Gobierno y para distintos sectores productivos: el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II y el nuevo régimen de biocombustibles.

La concreción de la sesión, llamada para las 11, fue definida esta tarde en reunión de jefes de bloque, Sin embargo, su realización es todo un albur ya que algunas ausencias en el oficialismo y en la oposición dialoguista, a lo que se suman los severos cuestionamientos de varios senadores a proyectos como el de biocombustibles, abren un interrogante sobre si la reunión dará inicio y, en caso de hacerlo, hasta dónde se extenderá.

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La convocatoria llega después de varios días de caóticas negociaciones entre el bloque de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich (Capital), las bancadas de la oposición dialoguista y representantes de provincias, sobre todo las de la región del noroeste argentino que son productoras de bioetanol, interesadas en que avance el proyecto de ley que modifica el régimen vigente de fomento y producción de combustibles de origen agrícola.

De hecho, Bullrich decidió incluir en el temario del proyecto de biocombustibles, que es rechazado por varios senadores de la UCR y hasta por algunos miembros de la bancada oficialista, por la exigencia de los senadores de las provincias azucareras, que plantearon su negativa a bajar al recinto si el tema quedaba excluido de la sesión.

El temario previsto para este jueves incluye, además, dos convenios que convalidan el traspaso al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia penal juvenil y la competencia sobre los delitos relacionados con ése fuero.

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También se tratarán los pliegos que proponen Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico. Sus nominaciones quedaron demoradas durante casi cuatro meses por orden de la Casa Rosada, por sus supuestos vínculos con la AFA, y recién obtuvieron luz verde en la Comisión de Acuerdos diez días atrás por presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista.

El proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado por la Cámara de Diputados, apunta a ampliar el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la carga informativa de los contribuyentes, dar mayor previsibilidad frente a eventuales fiscalizaciones y facilitar la regularización de inconsistencias impositivas sin que eso implique, de manera automática, la pérdida de beneficios.

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Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen. De aprobarse la reforma, podrán adherir contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que amplía de manera significativa el universo alcanzado por el sistema simplificado.

La iniciativa también redefine el margen de acción de ARCA para impugnar declaraciones. El organismo solo podría formular observaciones cuando detecte diferencias significativas y fundadas, con un criterio vinculado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. Además, se contempla la posibilidad de rectificar declaraciones sin quedar automáticamente afuera del régimen, siempre que el contribuyente regularice la situación.

El capítulo más discutido de la propuesta se ubica justamente en sus efectos políticos y fiscales. Para el Gobierno, la norma busca consolidar una relación menos punitiva entre el fisco y los contribuyentes y alentar el ingreso de fondos al circuito formal.

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Para sus críticos, en cambio, el texto es un blanqueo encubierto, pudiendo convertirse en una herramienta demasiado amplia de alivio tributario, con beneficios para sectores de mayor capacidad económica y con un eventual impacto sobre la recaudación.

El proyecto de ley de biocombustibles, en tanto, propone reemplazar el esquema vigente por un marco de mayor competencia, con subas graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición para los distintos segmentos de la industria. La iniciativa unifica propuestas de varios bloques y fue negociada con especial atención por las provincias del noroeste.

El texto prevé elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una porción para el producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra para el derivado del maíz y un tramo abierto a la competencia. En biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% después de un período de transición.

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La reforma también introduce límites a la concentración empresarial y mecanismos de asignación de cupos. El punto más sensible está en la situación de las pymes de biodiésel, denominadas en el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen contempla una participación reservada, pero con una reducción progresiva hasta 2036.

Allí se concentra la principal polémica. Las compañías más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura demasiado rápida podría favorecer a grandes firmas integradas en una cadena productiva, capaces de producir a escala y dominar la cadena de valor.

Del otro lado, quienes defienden la reforma argumentan que el régimen actual se agotó, que la intervención estatal en precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitirá ampliar la producción y mejorar la eficiencia.

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Gustavo Ybarra,Conforme a

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El oficialismo avanzó con el dictamen de Zonas Frías en el Senado y buscará aprobarlo la semana que viene

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El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.

La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

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El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.

El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.

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La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

El oficialismo dictaminó el proyecto de Zonas Frías

El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.

Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.

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La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.

Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.

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El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.

El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.

La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.

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Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.

La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.

El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.

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La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.

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Causa AMIA: suman al juicio al hombre de confianza de Khamenei como cerebro del atentado

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El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.

El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.

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El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi; nuevo imputado en la casua Amia con pedido de captura.

El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).

La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.

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Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.

La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.

Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.

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El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.

El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.

Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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