POLITICA
Villarruel volvió a apuntar contra Petri y sumó a Bullrich en las críticas a su gestión en el Gobierno
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a apuntar contra el ahora diputado y exministro de Defensa Luis Petri por su gestión al frente de la cartera nacional y sumó también un comentario respecto de la administración de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. La funcionaria respondió en las últimas horas una serie de publicaciones de usuarios de X en las que avivó la interna que se vive desde hace meses dentro de La Libertad Avanza (LLA).
“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso», acusó en primer lugar Villarruel.
Esto va en línea con lo que ya había dicho hacía pocos días, cuando acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento» por la cartera de Defensa. La titular del Senado incluso demandó al diputado provincial y le impuso una “mordaza legal” para que no pueda hacer referencia a ella en público.
Otro de los comentarios contra Petri fue en alusión a los debates presidenciales de 2023, en donde Villarruel se enfrentó al entonces candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en Pro.
“Era un playmobil en el debate”, calificó la vice, en respuesta a un posteo que la elogiaba.
Sin nombrar directamente a Bullrich, la vicepresidenta apuntó también contra la administración de la Policía Federal Argentina (PFA) —que, hasta el pasado 1 de diciembre, dependía de la actual senadora nacional de LLA— y criticó un programa que promocionó el Gobierno.
“Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015. En síntesis, el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal», escribió.
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) había sido un lanzamiento muy promocionado por el Gobierno y por el mismo Milei, que invitaba a estudiar la carrera de investigador en la PFA, en una suerte de espejo a las tareas realizadas por el FBI norteamericano.
Según la página oficial de la Policía Federal, la carrera de investigador “abre una nueva etapa dentro de la PFA” que está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.
En sus numerosos posteos contra funcionarios del gobierno de Javier Milei, Villarruel también aprovechó para nombrar al actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Ante la exhortación de un usuario sobre qué hizo ella cuando “los kirchneristas desmantelaron el Ministerio de Defensa”, la titular de la Cámara alta respondió: “Luché contra ellos, a diferencia de Petri que les votaba todo. O de Scioli que era parte de su gobierno“.
“Correrme cuando nadie de LLA luchó contra ellos desde el 2003 es de ignorantes”, añadió en X.
El miércoles, Petri hizo referencia a Villarruel a través de un posteo en X. “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!“, escribió el legislador.
La primera denuncia presentada por Villarruel contra Petri por tratarla de “golpista” fue desestimada por inexistencia de delito. En su presentación la Vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del noticiero de la señal A24.
Luego del revés de la Justicia, la titular del Senado volvió a cargar contra el legislador libertario, acusándolo de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. Además, adjuntó el artículo 213 bis del Código Penal que hace referencia a la “coerción ideológica”.
Pese a la insistencia de Villarruel, el juzgado federal criminal correccional federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, concluyó que los hechos señalados no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.
Finalmente, la titular del Senado volvió a demandar a Petri y se aprobó la “mordaza legal”. Después de la última apertura de sesiones ordinarias, Petri había apuntado contra Villarruel aduciendo que la mandamás de la Cámara alta era “funcional a la oposición” por su actitud en el discurso que brindó Milei en el Congreso.
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POLITICA
La tensión con Bullrich cumple un mes en ascenso y desarma otro intento oficialista para recrear expectativas
En apenas un mes, Patricia Bullrich marcó posiciones en un par de temas realmente sensibles, y suficientes para marcar un pico en la interna libertaria. Primero fue la carga directa sobre Manuel Adorni frente a la investigación por el patrimonio del funcionario y, ahora, el rechazo a la increíble -también, tosca– movida del Gobierno para frenar el pliego de una jueza por su parentesco con un periodista. La decisión de la ex ministra no sólo sacudió el frente doméstico, sino que además desarmó un nuevo intento oficialista para recrear expectativa política después de meses desgastantes.
El Gobierno se vio envuelto así en otra historia autogenerada y de impacto creciente con el correr de los días. Quedó a la vista de todos que el único argumento para frenar el pliego de María Verónica Michelli es su condición de cuñada del reconocido periodista Hugo Alconada Mon. Y a la vez, resultó evidente el desmanejo del Ejecutivo: el listado de pliegos fue revisado por Juan Bautista Mahiques y su equipo. El ministro responde a Karina Milei, que ordenó la marcha atrás con el tema, al punto de generar malestar en el propio bloque violeta y fastidio entre socios y aliados, que decidieron no desandar el camino.
La decisión de la jefa del bloque de senadores de LLA provocó dos reacciones visibles, además de variadas especulaciones sobre su alcance y las motivaciones. La primera fue expuesta por una foto de Bullrich con Karina Milei, un recurso repetido para dar imagen componedora. Y la segunda fue una señal de Javier Milei, que retuiteó un mensaje de mínima parcial y, como tal, forzado sobre el mecanismo y las atribuciones presidenciales para la designación de jueces, que no es lo que está en discusión. Dio la impresión de desconocer todo el proceso y las facultades del Poder Legislativo.
Precisamente, el modo de manejarse del mileismo generó un costo adicional en el Senado. Allí, el oficialismo debió ceder en la pretensión de máxima -el retiro sin vueltas del pliego- y poner en marcha el procedimiento para resolver la cuestión en el recinto. En principio, en la reunión de jefes de bloques realizada este miércoles, se dio margen para que LLA revisara “una falla reglamentaria”, referencia medida de un conocedor del Senado sobre la maniobra para frenar el dictamen favorable a Michelli. Ese dictamen lleva las firmas necesarias, pero era “pisado” por el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, alineado con Karina Milei.
Los pasos formales serían completados este jueves. Existe el compromiso de darle curso al pedido de retiro del pliego, no a su análisis. Y el desenlace quedaría pendiente para la próxima sesión de la Cámara alta, prevista en principio para mediados de la semana que viene. Podrían ser tratados entonces el pedido del Gobierno y el dictamen, que cuenta con nueve firmas de distinto color: PRO, UCR, provinciales. Eso mismo marca al menos el clima previo. Los representantes de esos espacios fueron adelantando que sostendrán el apoyo. Se suma la posición de Bullrich y alguna otra fisura explícita en LLA. Y en el peronismo/kirchnerismo, al menos los más “pragmáticos” acompañarían el ascenso de la candidata al Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata.
Más allá de las especulaciones sobre el final en el Senado, quedó expuesto un nuevo desgaste político para el Gobierno. El caso, por lo demás, tiene una derivación judicial por discriminación. Y alimenta además otras internas. La de mayor arrastre y sin retorno anotó otro capítulo: Victoria Villarruel recibió a Michelli en su despacho y desde su entorno lo difundieron como un gesto de respeto a los procedimientos legales. Una manera de descalificar la intención de Olivos.
Menos ruidosos, desde otros despachos de LLA y más aún, de sus socios, se dejaba trascender el malestar por el manejo del Ejecutivo. Los señalamientos apuntaban básicamente al Ministerio de Justicia, en la órbita de la secretaría General desde la salida de Mariano Cúneo Libarona y el desplazamiento de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo y fue designado entonces en la procuración del Tesoro. Otro condimento por la interna en continuado entre Karina Milei y el asesor presidencial.
Bullrich, en cambio, expuso antes que nada su juego propio, es decir, no atada en términos de verticalidad al círculo de Olivos. Ya lo había transmitido a principios de mayo, cuando reclamó públicamente que Adorni presentara de inmediato su declaración jurada, una manera de instarlo a cerrar el tema de algún modo. Eso provocó una respuesta inmediata de Milei, que afirmó que el jefe de Gabinete no demoraría la presentación, y una muy dura reunión de la primera línea de gobierno.
La defensa cerrada del funcionario se mantuvo, aunque con recelos y miradas críticas pero reservadas en el oficialismo. Y Bullrich agregó una movida más para fijar posición -es decir, trabajar su imagen de diferenciación- al presentar su propia declaración jurada, mucho antes de que venzan los plazos formales, ya extendidos.
El rechazó al intento de frenar el pliego de Michelli marcó otro paso significativo en la misma línea. Y anota un mes de tensión creciente entre Bullrich y Olivos. Por supuesto, eso alimenta los recelos en el “mileismo” sobre el futuro electoral de la ex ministra, cuyos voceros niegan cualquier punto de coincidencia con los movimientos de Mauricio Macri y dejan abiertas las puertas a todas las especulaciones sobre el 2027.
De todos modos, en sentido concreto, la actitud pública de Bullrich pegó de manera directa sobre los renovados intentos del Gobierno para modificar la atención política y dar batalla en el terreno de las expectativas. Sus declaraciones -acompañada por la divulgación del ofrecimiento de la renuncia a la conducción del bloque – relegaron los gestos del Presidente y de Luis Caputo en encuentros empresariales, tendientes a mostrarse a la ofensiva y a ratificar la elección del kirchnerismo como contrincante.
El pliego de Michelli se transformó en título nacional y copó por momentos el temario del Congreso, cuando también en ese terreno el oficialismo busca reafirmar su iniciativa. De momento, también desplazó al caso Adorni. El jefe de Gabinete dejó trascender que finalmente presentaría su declaración jurada a mediados de este mes. Sería en el arranque del Mundial. De todos modos, incluso en el oficialismo existen dudas en cuanto a su efecto para cerrar el tema.
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POLITICA
Diego Santilli visitó Misiones, evitó la interna del oficialismo provincial y se reunió con la dirigencia de LLA
La tierra colorada que pisó el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en ebullición. Por primera vez en décadas, el oficialismo parece a punto de quebrarse. Por un lado está Carlos Rovira, que dirigió con puño de acero la política local durante 20 años, enfrente, el gobernador, Hugo Passalacqua y los intendentes que han desafiado su omnipotencia.
Este viernes, el ministro del Interior pudo pasar por el estrecho sendero entre el fuego y el abismo. Se reunió con ambos. Y trató con cada uno los temas que debía. El contexto se había complicado más luego de que el pasado jueves 28 de mayo, Rovira anunciara que el ministro llegaría al día siguiente. En la Gobernación nadie sabía nada. Se suscitó una minicrisis que se aclaró con un par de llamados.
Santilli habló de política con Rovira. El gobierno nacional necesita de los votos de los misioneros en el Congreso. Esa representación responde, por ahora, a “el conductor”. Luego, se encontró con Passalacqua. La agenda estuvo cargada de asuntos de gestión. Rutas, gas y conectividad fueron los temas principales.
El ministro del Interior escuchó también detalles de dos iniciativas que Rovira, en su rol de diputado provincial, impulsa con el bloque mayoritario. Uno es el de ficha limpia. El proyecto es mucho más amplio que el que se discute en Nación. Por caso, prohíbe ser candidatos a quienes tienen multas de tránsito o deben impuestos. El otro es el que pone tope a la reelección de los intendentes. Este proyecto es un tiro por elevación a los aliados de Passalacqua.
Luego, Santilli almorzó con el Gobernador. La charla fue una continuidad de las conversaciones con el resto de los mandatarios del Norte Grande mantenidas durante la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Eso es lo único que trascendió. Los voceros habituales del mandatario se cerraron y no hicieron más comentarios sobre el diálogo que mantuvieron.
Un 2027 libertario
El cierre de la jornada en Misiones fue con la dirigencia libertaria. Santilli valoró la consolidación territorial tras reunirse con Adrián Núñez y los diputados Diego Harfield, Maura Gruber y el resto del equipo legislativo.
Núñez y Hartfield son dos de las posibilidades que maneja LLA para pelear la gobernación en 2027.
A la salida de la reunión, el Ministro del Interior expresó: “El crecimiento del partido viene muy bien. La Libertad Avanza está haciendo un gran trabajo en Misiones, llevando nuestras ideas a cada rincón de la provincia por eso somos la única oposición, y ese es un desafío importante”, señaló.
Pensando en el próximo turno electoral, el ministro fijó los objetivos de máxima del oficialismo. “El año que viene aspiramos a que Javier Milei reelija y sea el primer presidente de la historia argentina contemporánea no peronista que gane una elección y sea reelecto”.
Además, dejó en claro que irán por cargos ejecutivos: “Vendrá el desafío de decidir lugares de gestión: municipios, provincia, gobernación. Ya hemos ocupado bancas y ahora viene otro paso más adelante”.
“Tenemos que resolver los problemas de la gente. En eso vamos a trabajar todos, para potenciar la gestión del Presidente y, en forma particular, de la cartera del Ministro”, acotó Núñez por su parte.
“Fue una visita muy constructiva. Hablamos de las propuestas que estamos llevando adelante en la Legislatura: ficha limpia y boleta única de papel. Es importante dejar bien en claro qué ideas representamos. Sobre todo de cara a 2027”, concluyó.
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POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
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