POLITICA
El Gobierno frenó la caída de su imagen, pero el 71% de la gente considera que Adorni debería renunciar
Una encuesta realizada por Opina Argentina reveló que el Gobierno logró frenar en el mes de mayo la caída de su imagen, pero reveló que hay un 71% de los encuestados que consideran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería renunciar.
El estudio se conoció en medio de una nueva caída en el Índice de Confianza del Gobierno que publicó la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y con avances en la causa judicial que investiga al ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como vocero presidencial.
El relevamiento se realizó sobre 3.714 casos de habitantes mayores de 18 años de todo el país, con una metodología online y un margen de error de ±1,6% a un nivel de confianza del 95%. La muestra contempló nueve regiones, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la Patagonia, con peso poblacional proporcional.
La pregunta sobre Adorni fue formulada a raíz de las polémicas por sus viajes al exterior y la evolución de su patrimonio, incluyendo la remodelación de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. Ante la consulta de si el jefe de Gabinete debería abandonar el cargo, el 71% respondió afirmativamente, el 23% se opuso y el 6% restante no supo o no tuvo opinión formada.
La demanda de renuncia trasciende a la oposición. Entre quienes votaron a Javier Milei en las elecciones generales de 2023, el 42% considera que Adorni debería dejar el cargo, frente a un 49% que se pronunció en contra. Entre los votantes de Cambiemos —que en 2023 respaldaron a Patricia Bullrich—, ese porcentaje asciende al 59%. En el extremo opuesto, el 97% de los votantes de Sergio Massa se manifestó a favor de la renuncia.
La encuesta también midió la imagen general del funcionario: el informe señala que la imagen negativa de Adorni alcanzó al 72% de los consultados, una cifra que lo coloca en los últimos lugares del ranking de dirigentes evaluados por la consultora.
Más allá de la controversia en torno al jefe de Gabinete, el mismo sondeo registró una interrupción en la tendencia de declive que el oficialismo venía acumulando durante los cuatro meses previos. La imagen positiva del presidente Milei subió 4 puntos porcentuales respecto de abril y se ubicó en 39%, aunque ese guarismo todavía se encuentra por debajo del pico de 48% que el mandatario registró tras la victoria legislativa de octubre de 2025. Su imagen negativa se sitúa en 61%.
La brecha de género en la valoración del presidente es pronunciada: entre los hombres, el 43% lo evalúa positivamente frente al 57% que lo hace de forma negativa. Entre las mujeres, la imagen positiva cae al 34% y la negativa trepa al 65%, según los datos del informe.
En cuanto a la evaluación del estado del país, el 60% de los encuestados considera que la Argentina está peor que el año anterior, el 27% cree que está mejor y el 12% la ve igual. Las perspectivas a futuro son también mayoritariamente pesimistas: el 55% estima que el país estará peor dentro de un año, mientras que el 35% proyecta una mejora. El informe señala que ambos indicadores muestran una leve mejoría respecto de los registros de abril.
En el plano de la posición política, el 47% de los consultados se declara opositor al gobierno de Milei, el 34% lo apoya y el 19% se ubica en una posición intermedia. El dato opositor se mantiene estable respecto del mes anterior, mientras que el apoyo al oficialismo subió seis puntos en relación con el piso de 28% registrado en marzo de 2026.
En el ranking de imagen de dirigentes, los mejor valorados son el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la diputada nacional Myriam Bregman, ambos con 43% de imagen positiva. Detrás aparece la exministra de Seguridad Patricia Bullrich con 42%, seguida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio Milei, empatados en 39%.
Más abajo en la tabla se ubican el expresidente Mauricio Macri con 37% de valoración positiva, el ministro de Economía Luis Caputo con 34% y el excandidato presidencial Sergio Massa con 33%. La vicepresidenta Victoria Villarruel registra 26% de imagen positiva frente a un 70% negativa. Adorni, con 25% positiva y 72% negativa, es el funcionario peor valorado entre los dirigentes políticos relevados. El pastor y empresario Dante Gebel cierra el listado con apenas 7% de imagen positiva, aunque el 40% de los encuestados no tiene opinión formada sobre él.
De cara a las elecciones legislativas de 2027, el escenario que proyecta la encuesta muestra un empate técnico entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Si los comicios fueran ese día, el partido gobernante obtendría el 35% de los votos, contra el 34% del peronismo encabezado por Cristina Kirchner, Kicillof y Sergio Massa. El Frente de Izquierda, liderado por Bregman, aparece como tercera fuerza con 9%, seguido por una opción de centro articulada en torno a Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, con 6%.
El evolutivo de intención de voto muestra que LLA cedió terreno a lo largo del año: en enero de 2026 marcaba 44% y fue descendiendo hasta el 31% de abril, para luego recuperarse levemente hasta el 35% de mayo. El peronismo, en tanto, se mantuvo en un rango más estable, oscilando entre el 31% y el 35% en el mismo período.
POLITICA
La Justicia investiga si el departamento de la vecina de Cristina Kirchner se compró con plata de la UOM
La Justicia busca determinar de dónde salió el dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las hipótesis que se analiza es si los fondos utilizados para adquirir el inmueble pudieron tener origen en la UOM, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que lo confirme.
El foco está puesto en la relación entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., la empresa que firmó en 2023 un convenio con la UOM. Dos años después, en agosto de 2025, Calle compró el departamento.
La defensa de Calle aseguró que la propiedad fue adquirida “con recursos propios” y que tenía previsto destinarla a una fundación. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por TN, esa explicación no terminó de despejar las dudas de los investigadores.
“La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvo una fuente judicial. Y agregó: “No dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad”.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el que el líder mapuche Facundo Jones Huala fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por actos de sabotaje e . Según confirmó su abogado defensor, Gustavo Franquet, el cómputo de la pena se realiza desde junio de 2025, momento en que el lonko fue detenido en El Bolsón.
En juicio abreviado, el acuerdo de condena se alcanzó tras una propuesta realizada por la fiscalía de Bariloche y semanas de negociaciones entre las partes, en las que intervino activamente el propio Jones Huala.
Como parte del convenio, el Ministerio Público Fiscal dejó sin efecto los recursos y apelaciones con los que buscaba restituir al condenado al penal de máxima seguridad de Rawson, asegurando su permanencia en la Unidad 14 de Esquel. A esa cárcel chubutense fue trasladado Jones Huala a principios de julio de este año.
El punto central de la discusión radicó en la calificación legal de los hechos.
Hasta último momento, la fiscalía buscó que Jones Huala asumiera su responsabilidad bajo el artículo 210 bis del Código Penal (asociación ilícita para poner en peligro la Constitución Nacional o de estructura militar), con lo cual ofrecía una pena de 5 años y medio o la alternativa de ir a un juicio oral con una escala penal de entre 5 y 20 años de prisión.
Bajo esa acusación, la fiscalía también intentaba probar supuestas “ramificaciones internacionales” entre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Argentina.
Tanto Jones Huala como sus defensores rechazaron categóricamente esa figura. Finalmente, la acusación se readecuó al artículo 213 bis del Código Penal –que sanciona la mera pertenencia a una organización transitoria o permanente destinada a imponer sus ideas por la fuerza– conjuntamente con la apología del delito (artículo 213), acusación que dio origen a la causa a partir de la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria en una biblioteca de Bariloche.
De este modo, el dirigente mapuche asumió exclusivamente aquello que sostuvo públicamente de forma constante: que la RAM existió y que él fue integrante de la organización, sin que el acuerdo incluyera arrepentimientos, solicitudes de disculpas ni calificaciones adicionales.
Desde la Gremial de Abogados emitieron duros cuestionamientos al sistema judicial argentino y argumentaron las razones que llevaron a la aceptación de la condena.
A la hora de fundamentar la decisión de evitar el juicio oral por la imputación más grave, advirtieron sobre el riesgo de enfrentar penas considerablemente más altas: “No estábamos en condiciones de decirle, y no le dijimos: ‘Jugate 10 o 12 o 15 años de tu vida a que podés ganar el juicio’”.
A lo largo del proceso, la defensa venía denunciando la falta de imparcialidad en el fuero federal, remarcando que “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad”.
Finalmente, respecto a la postura adoptada por el líder mapuche en la causa, concluyeron: “Facundo siempre aceptó y asumió ser de la RAM, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste”.
En febrero de 2025, Jones Huala presentó su libro en una biblioteca de Bariloche y reivindicó los sabotajes mapuches. Además de subrayar que la RAM existe y “es el sector más autonomista del movimiento mapuche”, Jones Huala afirmó que reivindica la liberación nacional “e incluso la lucha armada”.
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POLITICA
Un abogado ambientalista anticipó embargos contra Sea Lion en Malvinas: “Sin financiamiento no hay proyecto”
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.
El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La cautelar que frenó el avance de Sea Lion
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Embargos, bancos y mercados internacionales
El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.
El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.
La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.
Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.
La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.
El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto
Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.
“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.
Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.
El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata
Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.
“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.
El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.
Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.
Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.
Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.
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