POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.

La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.

La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.

Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.

El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.

Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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POLITICA
Vialidad: piden apartar al perito de Cristina Kirchner por su vínculo con Lázaro Báez

Los fiscales del juicio Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron formalmente el apartamiento de uno de los peritos tasadores designados por la expresidenta Cristina Kirchner para intervenir en el proceso del decomiso de bienes, tras detectar que el profesional mantenía vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.
Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria de Río Gallegos. Su nombre surgió en una escucha telefónica realizada en el marco de otra causa judicial, en la que se investiga si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Según los elementos reunidos en esa investigación, Pejkovic -el perito designado por la expresidenta- habría administrado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus principales hombres de confianza.
Luciani y Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 -a cargo de la ejecución de Vialidad y del decomiso- que el profesional declare qué tipo de vínculo tiene con Báez, con su familia, con sus empresas y su entorno. Pidieron que, mientras tanto, sea excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario.
“La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”, argumentaron los fiscales.
“No puede omitirse considerar, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso (junto a la Sra. Fernández) y cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho”, agregaron.
El nexo surgió en el marco de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate. Fue a partir de un intercambio de información entre ambas fiscalías que Luciani y Mola advirtieron los vínculos del tasador con el entorno de Báez.
Ya en su presentación del 10 de noviembre, los fiscales habían advertido sobre la existencia de un “posible conflicto de intereses” que podía comprometer la objetividad del perito, dado que el valor que se les asigne a las propiedades incidirá directamente sobre el alcance de la ejecución del decomiso que deben afrontar Báez y la expresidenta.
Además del apartamiento del perito, Luciani y Mola solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe sobre el grado de avance de las tasaciones, ordenadas hace un año por el tribunal y de cuya conclusión depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado es de casi $685.000 millones.
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Córdoba: Luis Juez y Gabriel Bornoroni chicanearon a Rodrigo de Loredo y crece la tensión por el armado opositor para 2027

La carrera hacia las elecciones de 2027 empezó a dejar al descubierto las diferencias entre los principales referentes de la oposición en Córdoba. Esta vez, el motivo fue un video de Luis Juez y Gabriel Bornoroni, en el que se burlaron de Rodrigo de Loredo con una puesta en escena que no cayó bien en las filas del radicalismo.
Los dirigentes aparecieron juntos a bordo de un Fiat 600, en una referencia irónica a la campaña que lleva adelante el diputado de la UCR con un DeLorean, el automóvil popularizado por la película “Volver al futuro”. En el video, además, le reservaron a De Loredo un lugar en la parte trasera del vehículo, un gesto que sumó tensión a la humorada.
La reacción en el radicalismo fue de malestar. Más allá de la chicana personal, distintos sectores interpretaron la escena como un mensaje sobre el papel que Juez y Bornoroni pretenden asignarle a la UCR en una eventual alianza opositora. La imagen del dirigente radical como acompañante reavivó las diferencias sobre quién debería encabezar un proyecto electoral común.
El episodio se produjo en medio de los movimientos de los distintos espacios para posicionarse de cara a 2027, cuando la oposición buscará disputar el poder al peronismo cordobés, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas.
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Tras un acuerdo con Kicillof, Máximo Kirchner asumió la presidencia del Congreso del PJ

En medio de la interna peronista, el diputado Máximo Kirchner asumió este sábado la presidencia del Congreso del PJ bonaerense, tras un acuerdo entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof. El pacto, por ahora limitado al reparto de cargos, llega días después del acto que encabezó Sergio Massa en el teatro Otamendi de San Fernando, donde confluyeron en una misma foto política distintos sectores del PJ.
Aunque los puestos fueron sometidos a votación, las designaciones respondieron a un acuerdo previo entre ambos sectores, que quedó plasmado en la elección de los cuatro congresales: Kirchner, Kicillof, Teresa García y Verónica Magario.
La misma lógica se trasladó al reparto de las cuatro vicepresidencias. La primera quedó en manos del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, alineado con la expresidenta Cristina Kirchner; la segunda, del ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco; y la tercera, de otra funcionaria de confianza del gobernador, su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. La cuarta fue para el intendente de Pilar, Federico Achaval.
El esquema se completó con la designación del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como secretario general, y de su par de Ezeiza, Gastón Granados, como prosecretario general.
Además de los 64 cargos repartidos entre La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador, a lo largo del encuentro realizado este sábado en La Plata también se fijó la composición del comité de disciplina, la junta electoral y la comisión fiscalizadora.
Estas últimas dos tienen un rol clave en el proceso electoral de cara a la definición de candidaturas dentro del espacio, en momentos en que el oficialismo intenta avanzar para el año que viene con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En ese contexto, Máximo Kirchner también se refirió en una entrevista radial a la elección de candidatos dentro del peronismo. “Nosotros sostenemos que los candidatos los debe elegir el afiliado justicialista o quien quiera participar de una elección interna’”, señaló.
“Hoy el candidato del peronismo, del movimiento nacional y popular democrático en la Argentina lo elige el Poder Judicial. Porque si Cristina estuviera en libertad no hay quién le gane”, sentenció luego.
Kirchner ya se había manifestado en términos similares ayer, durante la presentación de Porvenir en el centro cultural C, donde también estuvo presente la camporista Daniela Vilar. En ese marco, lanzó críticas hacia sectores del peronismo por su postura frente a los incentivos a las grandes inversiones (RIGI) y llamó a construir un espacio opositor que tenga como eje la “recuperación de la soberanía económica”.
Además, respondió a quienes le reprochan su tono confrontativo con una advertencia: “Y algunos dicen: ‘ahí estás otra vez armando quilombo’. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”.
Sin embargo, el gobernador bonaerense buscó bajarle el tono a la disputa con el sector que conduce Máximo Kirchner y, en un gesto conciliatorio, reivindicó este viernes la figura de la expresidenta Cristina Kirchner durante un acto por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio, del que también participaron intendentes de La Cámpora, pese al fuego cruzado entre ambos espacios.
La señal de Kicillof llega días después de que Sergio Massa intentara enviar un mensaje de “unidad” tanto hacia el interior del peronismo como a la Casa Rosada, con un encuentro en San Fernando que reunió a dirigentes de distintos sectores federales, incluidos referentes de La Cámpora, pero al que no asistió el gobernador bonaerense.
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