POLITICA
El Gobierno insistirá con una nueva Ley de Financiamiento Universitario pese al acuerdo con rectores

El Gobierno planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario más allá del acuerdo que negocia con los rectores para recomponer salarios y reforzar partidas durante 2026. En la Casa Rosada sostienen que la oportunidad para volver a discutir el esquema será durante el tratamiento del Presupuesto 2027, como ya intentaron hacerlo durante la votación de las asignaciones de 2026.
La lógica del Ejecutivo parte de un escenario judicial abierto: si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei quedará obligada a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que el oficialismo cuestiona por no identificar una fuente específica de financiamiento. En Balcarce 50 advierten que ese eventual fallo se daría en un contexto de ajuste fiscal, menor margen de recaudación e intención de sostener el superávit.
Las universidades, por ahora, no retirarán la demanda judicial. En el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el acuerdo económico en negociación no implica desistir del reclamo ante la Corte. El expediente sigue bajo análisis del máximo tribunal después de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario contra la cautelar que había favorecido a las casas de estudio.
El acuerdo entre el Gobierno y el CIN está previsto para este martes por la tarde, aunque en despachos oficiales aclaran que todavía no hay una definición cerrada. En Nación sostienen que siguen las conversaciones sobre los términos finales del acta, el alcance de la recomposición y la forma legal de dejar constancia del entendimiento sin que implique retirar el reclamo judicial.
Según fuentes universitarias, la propuesta contempla un incremento de la masa salarial del 24,33%. El esquema prevé una suba del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre. La actualización incluye la recomposición del desfasaje de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora adicional del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo.
El acta también prevé convocar a la negociación paritaria con docentes y no docentes con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario. Ese punto es uno de los reclamos centrales de los gremios universitarios, que vienen cuestionando la falta de una instancia regular de negociación salarial.
Leé también: El Gobierno tiene casi listos los pliegos para privatizar el Belgrano Cargas: quiere adjudicarlo antes de 2027
Lo mismo aplica para una actualización de un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026 y para un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios durante este año y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.
En el Ejecutivo buscan presentar el entendimiento como una salida para descomprimir el conflicto universitario sin resignar el planteo de fondo contra la ley aprobada por el Congreso. En la Casa Rosada sostienen que la norma vigente impacta sobre el gasto sin precisar los recursos necesarios y que, por eso, debe discutirse dentro del marco general del Presupuesto.
El antecedente más cercano fue la propuesta alternativa que el Gobierno había trabajado durante el verano. En ese texto, el Ejecutivo planteaba no insistir con la derogación total del financiamiento educativo, sino introducir modificaciones: un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, una actualización salarial escalonada, una revisión en junio para compensar eventuales diferencias con el IPC y el reconocimiento de aumentos en becas.
Esa vía no prosperó en el Congreso, pero ahora vuelve a aparecer como referencia para la discusión del Presupuesto 2027. En el Gobierno entienden que el debate presupuestario permite ordenar el costo fiscal de las universidades junto con el resto de las prioridades del Estado, en lugar de tramitar una ley específica por fuera del cálculo general de recursos y gastos.
Leé también: Milei prepara nuevos viajes a las provincias: busca ampliar la militancia y consolidar a LLA para 2027
La discusión también está atravesada por la última reestructuración presupuestaria. El Gobierno aplicó hace menos de un mes un recorte cercano a $2,5 billones, con impacto en educación, universidades, obras, subsidios y otros programas. En despachos oficiales comparan ese monto con el costo fiscal de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que calculan en un nivel similar.
La decisión administrativa incluyó recortes en programas de la Secretaría de Educación, suspensión de transferencias de capital para infraestructura universitaria y bajas en partidas educativas. En Balcarce 50 lo enmarcan dentro del objetivo de cumplir las metas fiscales pactadas y preservar el resultado financiero del sector público.
Gobierno, universidades
POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas

Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Malvinas,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Nuevos crujidos con Bullrich por la reforma electoral y las teorías sobre los dardos de un gobernador cercano

Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.
Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.
“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.
Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.

El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.
En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.

Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.
Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.
En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.
“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.
0k4a3281_delfina.corbera.pi.jpg,20260712_zip_p265_011.jpg,press
POLITICA2 días agoLa Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur
ECONOMIA3 días ago"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
POLITICA1 día agoTras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa















