POLITICA
Fopea, Fundar y otras entidades denuncian que la ley de lobby de Milei puede derivar en “supervisión estatal permanente”
Organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento con disidencias sobre aspectos centrales de la ley de lobby que el gobierno de Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados, y que expondrán mañana cuando el tema se debata en un plenario de comisiones en el Congreso.
La iniciativa, denominada formalmente Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, busca -según la Casa Rosada- regular la influencia de distintos actores sobre decisiones gubernamentales y legislativas, y generar así un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y con reglas claras que sumen calidad institucional en la Argentina.
No obstante, parte de esos argumentos fueron utilizados por entidades como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fundar, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otras, para poner reparos sobre el proyecto, al que definieron como ley “de participación vigilada”.
En el documento que ya hicieron público, y al que accedió , advirtieron que si el texto de esta iniciativa sale como lo mandó el Poder Ejecutivo, podría aumentar la supervisión estatal, sobre todo respecto de entidades críticas del Gobierno, como así también afectarse la libertad de expresión.
En el escrito, desde las organizaciones disidentes plantean que la ley de lobby libertaria derivará en que actividades normales en democracia -como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público- queden sujetas a “supervisión estatal permanente”.
Además, denuncian que la obligación de inscripción previa y de reportes periódicos, y las sanciones administrativas o penales que prevé el proyecto, “pueden generar barreras burocráticas importantes”, especialmente para las organizaciones pequeñas o con menos recursos para afrontar los nuevos requisitos. Ponen como ejemplo que esto aumentará los costos administrativos y la necesidad de contar con asesoramiento legal. Y en ese sentido refieren que la equiparación entre entidades de distinto porte es “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”.
Bajo esa misma postura, también expresan que las multas contempladas como infracciones pueden ser “insignificantes” para empresas internacionales pero “impagables” para ONGs locales, por lo que denuncian “asimetría en la severidad”.
Asimismo, estas organizaciones se quejan de que el texto de la ley equipara la “participación social” a la hora de construir políticas públicas con el lobby comercial.
“Debe observarse con estricta sospecha toda iniciativa que -aún cuando los fines proclamados sean legítimos- derive en una limitación ilegítima del derecho”, señalan estas entidades y añaden que factores del texto como la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación o cierta “amplitud” en conceptos que quedan librados a la reglamentación posterior que haga el Poder Ejecutivo pueden implicar «riesgos de implementación selectiva» o incluso la “utilización arbitraria y discriminatoria de la ley contra actores críticos”.
Según las entidades firmantes, si esta iniciativa sale aprobada tal cual la mandó el Gobierno, organizaciones que tienen como función controlar al poder podrían quedar sometidas a “mayores niveles de monitoreo y fiscalización” por parte del mismo poder que controlan, algo que “afectaría su independencia y capacidad de acción”.
“Uno de los aspectos más delicados del proyecto es su posible impacto sobre la libertad de expresión, el periodismo y la circulación democrática de información en asuntos de interés público”, advierten.
En el texto, sin embargo, el proyecto oficial incluye a las actividades periodísticas dentro de las no alcanzadas por la ley de lobby.
No obstante, estas organizaciones aseguran que esa excepción aparece “redactada de manera ambigua” y “condicionada”. Entonces, consideran que ese punto es “particularmente problemático” para el periodismo de investigación, porque “en muchos casos habrá una dimensión de incidencia pública que los pondrá al alcance de las sanciones, con el riesgo que esto puede implicar también para el resguardo de las fuentes”.
Fopea y el resto de las organizaciones firmantes refieren que el proyecto del Gobierno no distingue entre incidencia ciudadana e interés comercial, algo que podría afectar “de manera significativa” el trabajo de organizaciones de DDHH y comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, periodistas, iglesias, entre otras.
También puntualizan en que una parte del articulado de la ley oficialista «asocia de forma espuria a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros». Por tanto, reclaman que esto puede generar un riesgo “reputacional y político”, y una “estigmatización” contra organizaciones críticas del Gobierno.
Las entidades plantean en el texto que las sanciones que contempla la normativa para los gestores de intereses son “excesivas e ilegítimas”, y observan por el contrario que son laxas sobre funcionarios y legisladores.
El documento de estas organizaciones también cuestiona la conformación de un Registro público de gestores, ya que asegura que así el Estado gozará de “cierto grado de discrecionalidad” para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción. “Esto podría utilizarse para demorar o bloquear intervenciones importantes y sensibles al paso del tiempo y limitar la participación de determinados actores”, enfatizan.
A su vez, puntualizan en que la obligación a las organizaciones inscriptas de presentar reportes trimestrales puede, en el caso de aquellas que controlan al Estado, obligarlas a revelar información que afecte “su independencia y capacidad de control sobre el poder público”, como así también que queden sometidas a “presión o persecución política”.
Al mismo tiempo, acusan que el proyecto del Ejecutivo va en contra de jurisprudencia internacional en la materia y que los conceptos de lobby y lobby extranjero son “extremadamente vagos”.
Mañana, las organizaciones se expresarán en sintonía con este documento en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que comenzará a las 14 en la Cámara baja.
ley de lobby,Javier Milei,Paula Rossi,Cámara de Diputados,Conforme a,,¿Impacta en la causa AFA? La Casación convalidó la aplicación retroactiva de la ley de inocencia fiscal y sobreseyó a un acusado de evasión,,Mensajes a Milei. Macri dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura,Cámara de Diputados,,Directivo de Gentech. Martín Menem, tras la muerte de su amigo y socio: «Me golpea profundamente»,,En homenaje al Indio Solari. Presentan un proyecto para declarar el 5 de junio como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas
POLITICA
El Gobierno admite que no hubo acuerdo interno por Discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de un veto de Milei
El Gobierno reconoce que no logró cerrar un acuerdo interno por la nueva ley de Discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de que Javier Milei vete total o parcialmente el proyecto si su aprobación compromete el esquema presupuestario. La Casa Rosada admite que persisten las diferencias entre el equipo económico y la conducción de La Libertad Avanza en Diputados, pese a las reuniones que se realizaron durante las últimas semanas para unificar posiciones.
“No se acordó nada”, aseguran en Nación. En el oficialismo advierten que el Presidente no convalidará automáticamente las modificaciones que impulsen los legisladores oficialistas si generan obligaciones fiscales que el Ejecutivo considere incompatibles con el equilibrio de las cuentas públicas. “Si sale una ley que afecte el presupuesto, se vetará”, agregan.
La definición contrasta con la estrategia que prepara la conducción de Diputados. La Libertad Avanza prevé llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 de octubre con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, que participaron de la negociación del dictamen de mayoría. En el bloque de LLA consideran que retroceder sobre el texto acordado puede poner en riesgo los respaldos y facilitar una nueva ofensiva opositora para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad.
En otro sector de la Casa Rosada reconocen que la decisión política es avanzar con la votación sin reabrir una discusión que pueda desordenar los acuerdos parlamentarios. “Discapacidad es un tema sensible y se va a votar el miércoles como salió del recinto. No hay margen para complicarlo”, sostienen en esas filas. La referencia apunta al contenido central del dictamen, aunque los aliados todavía negocian precisiones sobre determinados artículos y las partidas destinadas a financiar las prestaciones.
La disputa se originó después de que el bloque libertario impulsara un proyecto que no había sido convalidado integralmente por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La iniciativa consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, frente a las 36 del dictamen opositor. El texto mantiene mecanismos de protección y prestaciones que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo proponía modificar o eliminar.
La diferencia llevó al Gobierno a organizar una reunión específica el 29 de septiembre. Participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de revisar los aspectos jurídicos, presupuestarios y parlamentarios de la iniciativa. Aunque desde el sector político transmitieron entonces que las conversaciones avanzaban, las consultas realizadas durante los últimos días confirman que todavía no existe una posición unificada.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso públicamente esa contradicción el 13 de octubre durante el debate del Presupuesto en Diputados. Ante las preguntas de la oposición sobre cuál de los dos textos representaba la posición oficial, reconoció que el Poder Ejecutivo pretendía una solución diferente de la impulsada por los bloques. “Nosotros, desde el Ejecutivo, hubiéramos querido otra cosa”, sostuvo, y dejó la definición legislativa en manos del Congreso.
POLITICA
En lo que va de la gestión Milei, se invirtieron USD 445 millones en insumos para armamentos, equipos militares y de seguridad
Pese al ajuste en múltiples dependencias del Estado, el área de Defensa y Seguridad no fueron alcanzados por la motosierra. Javier Milei decidió bajo su gestión reequipar y modernizar las Fuerzas Armadas, reconstruir la deteriorada operatividad militar y, a la vez, consolidar alianzas geopolíticas.
Desde que asumió, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) inició la mayor renovación militar en décadas, con la adquisición de cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.
Desde la Casa Rosada justificaron estas adquisiciones en la intención de reposicionar a la Argentina en el plano internacional, y como parte del realineamiento del Presidente hacia Occidente.
“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro de Defensa, Carlos Presti, al destacar en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.
Con Milei en el poder, también aumentaron las compras para el área de Seguridad, con la adquisición de pistolas de calibre 9mm y semiautomáticas, escopetas y chalecos antibalas, entre otros insumos para las fuerzas federales bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva.
Desde que asumió y hasta agosto pasado, el Ejecutivo gastó en armamentos, equipos militares y de seguridad USD 445.026.954 millones, según calculó la Unidad de Datos a partir de analizar los datos on line del Sistema de Contrataciones Electrónicas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La base recoge la información del sitio oficial de contrataciones Comprar.gob.ar, a la que Infobae sumó los acuerdos firmados con otros países para la compra de equipamiento pesado, de combate y aviones.
La cifra sumariza tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos al valor promedio de la divisa para cada año. La misma metodología se usó en todos los cálculos de este informe, para unificar y actualizar los montos.
Los insumos para armamentos incluyen desde municiones y cartuchos, hasta explosivos y pirotecnia para supervivencia. En tanto, los equipos militares y de seguridad comprenden pistolas, fusiles, chalecos antibalas, escudos antidisturbios y aeronaves.
Según el análisis por año, el gasto total en esos conceptos en 2024 fue de USD 357,8 millones; de USD 59,4 millones en 2025; y de USD 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.
Estos montos incluyen tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos a dólar por la Unidad de Datos de Infobae al valor promedio para cada año. En el análisis no se tuvieron en cuenta las adquisiciones de otros ítems como textiles, herramientas, fármacos, informática, ferretería, entre otros, o servicios de mantenimientos.
Las compras para Defensa
Específicamente para las Fuerzas Armadas, las compras de insumos para armamento y equipos militares y de seguridad ascendieron a USD 381.358.597 desde diciembre de 2023 a agosto pasado. Esta cifra no incluye sueldos de los militares, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas, ni erogaciones administrativas, o de mantenimiento de edificios o vehículos.
La adquisición más cara fue la de los 24 aviones de combate F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas) en 2024. Según la decisión administrativa del Ministerio de Defensa de abril de ese año, se acordó pagar USD 301,2 millones en cinco cuotas anuales.
Fue una adquisición a Dinamarca que concretó el ex ministro Luis Petri en abril de ese año, quien incluso viajó a ese país para cerrar el acuerdo. Son aviones caza de combate supersónico compacto y multifunción destinados a la Fuerza Aérea que, según los especialistas, podrían recuperar la capacidad perdida en 2015 con el retiro de los Mirage, aunque señalan limitaciones para Malvinas.
La llegada de los primeros 6 aviones F-16 tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025. El propio Milei, junto a autoridades de las Fuerzas Armadas, presidió el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, afirmó el mandatario durante el acto.
La segunda tanda de 6 llegó en septiembre pasado y la Fuerza Aérea Argentina estima que podría adelantarse la recepción de los 12 restantes antes de diciembre de 2027.
No fue la única compra importante de equipos militares. Este año, el Gobierno firmó una carta de oferta y aceptación con Estados Unidos para adquirir 8 vehículos blindados a rueda Stryker 8×8 por USD 20 millones destinados a modernizar la flota del Ejército, en medio de las conversaciones para tratar de ingresar a la OTAN.
El acuerdo fue formalizado en el Pentágono por Petri, con el objetivo de “estandarizar y profundizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”. Los primeros vehículos llegaron desde Estados Unidos al país el 25 de noviembre de 2025 y fueron descargados en el puerto bonaerense de Zárate.
“Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales”, los promocionó el Ministerio de Defensa en un comunicado al destacar el uso de estos vehículos de guerra.
La carta de intención firmada por Presti contempla la incorporación de más unidades a futuro, hasta un total de 235, para el transporte de infantería, comando, evacuación médica y apoyo de fuego.
Otra de las incorporaciones durante este Gobierno fue la de 4 aviones Lockheed Martin P-3 Orion de patrulla marítima de largo alcance para la Armada P-3 Orion para el control del espacio marítimo y la zona económica exclusiva argentina en el Atlántico. La adquisición a Noruega fue gestionada en octubre de 2023 por USD 60 millones.
El primero de los P-3 Orion llegó el 2 de septiembre de 2024 a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, para prestar servicios en la Escuadrilla de Exploración de la Fuerza Aeronaval N°3 con base en Trelew. En diciembre de ese año, se aprobó una adenda para su mantenimiento y servicio técnico por otros USD 2,4 millones.
El segundo P-3 Orion arribó en noviembre del año pasado, y el tercero en marzo último. Estos tres son aviones cuatrimotores P-3C para exploración y vigilancia marítima, en tanto, el cuarto, un P-3N, está especializado en tareas de búsqueda y rescate. Su arribo está previsto para el segundo semestre de 2026.
Además, se incorporaron 6 helicópteros nuevos Bell 407GXi para operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea. Fueron comprados a Canada a través de un contrato de gobierno a gobierno firmado en 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, entre la empresa Bell Textron y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con financiamiento de la Canadian Commercial Corporation (CCC) por un total de USD 32,4 millones.
El primero de esos Bell 407GXi llegó en octubre de 2023 y se destinó para la IV Brigada de la Fuerza Aérea, ubicada en la provincia de Mendoza. Otros dos llegaron en marzo de 2025 y fueron para el Ejército. En diciembre de ese mismo año llegaron otros dos más, también para la Fuerza Aérea. El último arribó a nuestro país en septiembre pasado, para uso del Ejército.
La modernización terrestre se completó con la compra de 48 camiones nuevos Unimog U4000, por USD 8,16 millones. Fueron provistos por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina para el área logística del Ejército, luego de una licitación donde ese evaluaron distintos modelos de procedencia internacional. La eleción de los Unimog se basó en su capacidad de operar en terrenos extremos de montaña, barro, nieve, ríos o zonas rocosas.
El gasto para el área de Seguridad
En cuanto al área de Seguridad, bajo la conducción primero de Patricia Bullrich y luego de la actual ministra Monteoliva, el gasto en armamento, insumos y equipos con ese destino, ascendió a USD 63.668.358 en los 2 años y 8 meses del gobierno libertario analizados. Esta cifra incluye los valores expresados en dólares y los consignados en pesos, convertidos al tipo de cambio promedio de cada año.
No se consideraron en el cálculo sueldos, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, ni erogaciones administrativas o de mantenimiento de edificios o vehículos.
La compra más costosa en dólares en el área de Seguridad fue en 2024: 7.200 pistolas semi automáticas, 800 pistolas calibre 9mm, y 2.000 escopetas semiautomáticas por USD 8,3 millones en total.
En pesos, la adquisición más onerosa también fue en 2024 cuando el Ministerio de Seguridad adquirió 19.700 chalecos antibalas por $14.763 millones, 810 escudos antidisturbios por $201 millones, y 3,3 millones de municiones por $4.286 millones.
Comparación con gobierno anteriores
El gasto total en armamento y equipos militares y de seguridad en los dos años y ocho meses del gobierno de Milei supera al gasto total en este rubro durante la gestión de Alberto Fernández, y a lo erogado en el mandato de Mauricio Macri, aún considerando que el libertario no cumplió su tercer año mandato.
Según calculó Infobae, en el gobierno de Fernández, la cifra ascendió a USD 428,7 millones, incluyendo las compras en pesos convertidas al valor dólar promedio de cada año de su mandato. Esta cifra incluye USD 76,6 millones por la provisión de aviones IA-63 Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), destinados a la Fuerza Aérea, en una contratación directa interadministrativa de mayo de 2021.
En el gobierno de Macri, la cifra total fue muy inferior: USD 72 millones. Su compra más costosa fueron, en abril de 2019, 3 aviones Pampa III por $901,7 millones, equivalentes a USD 18,1 millones, tomando el valor promedio del dólar de ese año.
Visualizaciones: Daniela Czibener
Chequeo de datos: Desiré Santander
La influencer Candela Arizaga volvió el domingo al país pero, a pesar de estar citada por la Justicia para este lunes, no se presentará ante la Violencia de Violencia Doméstica (OVD) para una nueva pericia, en el marco de la causa contra su pareja, Facundo Moyano, por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Así lo confirmó a TN su abogado, Roberto Herrera, que también adelantó que durante la semana presentará un escrito para que se levante la restricción contra Moyano.
La defensa de Arizaga presentó ante la fiscalía el informe psicológico elaborado por su profesional tratante y pidió que se reconsidere la necesidad la convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta
El argumento principal apunta a que Arizaga ya prestó declaración con anterioridad y que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en el expediente.
La citación había sido dispuesta para profundizar distintos aspectos de la investigación y determinar si Arizaga pudo haber sido objeto de algún tipo de presión. La convocatoria se produjo después de que trascendiera un encuentro de la pareja en Madrid.
El caso se tramita por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Sobre Moyano rige una medida cautelar que restringe el acercamiento y el contacto en el país.
Arizaga, según la defensa, no impulsó la acción penal y expresó su intención de que esa medida sea revisada. La fiscalía a cargo de la investigación deberá analizar ahora el pedido presentado y resolver si mantiene la entrevista prevista o si accede a dejarla sin efecto.
Facundo Moyano y Candela Arizaga contaron qué hicieron en Madrid
Facundo Moyano y Candela Arizaga se mostraron juntos en España. Antes de que se confirmara oficialmente la reconciliación entre ellos, el exdiputado había tenido una comunicación con Moria Casán en la que le contó detalles sobre los días que pasa junto a la modelo.
Según relató la conductora en La mañana con Moria (eltrece), la pareja aprovechó su estadía en la capital española para recorrer la ciudad y hacer compras.
Además, Moyano le había enviado a la diva una foto que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó el dirigente a la presentadora.
Además, Moyano le había enviado a la diva una foto que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó el dirigente a la presentadora.
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