POLITICA
Fopea, Fundar y otras entidades denuncian que la ley de lobby de Milei puede derivar en “supervisión estatal permanente”

Organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento con disidencias sobre aspectos centrales de la ley de lobby que el gobierno de Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados, y que expondrán mañana cuando el tema se debata en un plenario de comisiones en el Congreso.
La iniciativa, denominada formalmente Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, busca -según la Casa Rosada- regular la influencia de distintos actores sobre decisiones gubernamentales y legislativas, y generar así un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y con reglas claras que sumen calidad institucional en la Argentina.
No obstante, parte de esos argumentos fueron utilizados por entidades como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fundar, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otras, para poner reparos sobre el proyecto, al que definieron como ley “de participación vigilada”.
En el documento que ya hicieron público, y al que accedió , advirtieron que si el texto de esta iniciativa sale como lo mandó el Poder Ejecutivo, podría aumentar la supervisión estatal, sobre todo respecto de entidades críticas del Gobierno, como así también afectarse la libertad de expresión.
En el escrito, desde las organizaciones disidentes plantean que la ley de lobby libertaria derivará en que actividades normales en democracia -como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público- queden sujetas a “supervisión estatal permanente”.
Además, denuncian que la obligación de inscripción previa y de reportes periódicos, y las sanciones administrativas o penales que prevé el proyecto, “pueden generar barreras burocráticas importantes”, especialmente para las organizaciones pequeñas o con menos recursos para afrontar los nuevos requisitos. Ponen como ejemplo que esto aumentará los costos administrativos y la necesidad de contar con asesoramiento legal. Y en ese sentido refieren que la equiparación entre entidades de distinto porte es “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”.
Bajo esa misma postura, también expresan que las multas contempladas como infracciones pueden ser “insignificantes” para empresas internacionales pero “impagables” para ONGs locales, por lo que denuncian “asimetría en la severidad”.
Asimismo, estas organizaciones se quejan de que el texto de la ley equipara la “participación social” a la hora de construir políticas públicas con el lobby comercial.
“Debe observarse con estricta sospecha toda iniciativa que -aún cuando los fines proclamados sean legítimos- derive en una limitación ilegítima del derecho”, señalan estas entidades y añaden que factores del texto como la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación o cierta “amplitud” en conceptos que quedan librados a la reglamentación posterior que haga el Poder Ejecutivo pueden implicar «riesgos de implementación selectiva» o incluso la “utilización arbitraria y discriminatoria de la ley contra actores críticos”.
Según las entidades firmantes, si esta iniciativa sale aprobada tal cual la mandó el Gobierno, organizaciones que tienen como función controlar al poder podrían quedar sometidas a “mayores niveles de monitoreo y fiscalización” por parte del mismo poder que controlan, algo que “afectaría su independencia y capacidad de acción”.
“Uno de los aspectos más delicados del proyecto es su posible impacto sobre la libertad de expresión, el periodismo y la circulación democrática de información en asuntos de interés público”, advierten.
En el texto, sin embargo, el proyecto oficial incluye a las actividades periodísticas dentro de las no alcanzadas por la ley de lobby.
No obstante, estas organizaciones aseguran que esa excepción aparece “redactada de manera ambigua” y “condicionada”. Entonces, consideran que ese punto es “particularmente problemático” para el periodismo de investigación, porque “en muchos casos habrá una dimensión de incidencia pública que los pondrá al alcance de las sanciones, con el riesgo que esto puede implicar también para el resguardo de las fuentes”.
Fopea y el resto de las organizaciones firmantes refieren que el proyecto del Gobierno no distingue entre incidencia ciudadana e interés comercial, algo que podría afectar “de manera significativa” el trabajo de organizaciones de DDHH y comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, periodistas, iglesias, entre otras.
También puntualizan en que una parte del articulado de la ley oficialista «asocia de forma espuria a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros». Por tanto, reclaman que esto puede generar un riesgo “reputacional y político”, y una “estigmatización” contra organizaciones críticas del Gobierno.
Las entidades plantean en el texto que las sanciones que contempla la normativa para los gestores de intereses son “excesivas e ilegítimas”, y observan por el contrario que son laxas sobre funcionarios y legisladores.
El documento de estas organizaciones también cuestiona la conformación de un Registro público de gestores, ya que asegura que así el Estado gozará de “cierto grado de discrecionalidad” para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción. “Esto podría utilizarse para demorar o bloquear intervenciones importantes y sensibles al paso del tiempo y limitar la participación de determinados actores”, enfatizan.
A su vez, puntualizan en que la obligación a las organizaciones inscriptas de presentar reportes trimestrales puede, en el caso de aquellas que controlan al Estado, obligarlas a revelar información que afecte “su independencia y capacidad de control sobre el poder público”, como así también que queden sometidas a “presión o persecución política”.
Al mismo tiempo, acusan que el proyecto del Ejecutivo va en contra de jurisprudencia internacional en la materia y que los conceptos de lobby y lobby extranjero son “extremadamente vagos”.
Mañana, las organizaciones se expresarán en sintonía con este documento en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que comenzará a las 14 en la Cámara baja.
ley de lobby,Javier Milei,Paula Rossi,Cámara de Diputados,Conforme a,,¿Impacta en la causa AFA? La Casación convalidó la aplicación retroactiva de la ley de inocencia fiscal y sobreseyó a un acusado de evasión,,Mensajes a Milei. Macri dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura,Cámara de Diputados,,Directivo de Gentech. Martín Menem, tras la muerte de su amigo y socio: «Me golpea profundamente»,,En homenaje al Indio Solari. Presentan un proyecto para declarar el 5 de junio como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas
POLITICA
La fiscalía pone en duda las explicaciones patrimoniales de Adorni y pide peritar sus billeteras cripto

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas para verificar las explicaciones que presentó Manuel Adorni sobre el origen de una parte central de su patrimonio, con especial foco en las operaciones con Bitcoin que el exjefe de Gabinete utilizó para justificar casi US$600.000.
La defensa informó la existencia de ocho direcciones de Bitcoin con las que Adorni habría operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según esa presentación, la liquidación de esas tenencias le permitió obtener US$591.544,61, monto con el que buscó explicar los US$565.000 en efectivo que había declarado bajo el concepto de “venta de activos”.
Pollicita decidió ahora comprobar técnicamente esa explicación. Para eso, dispuso convocar al abogado de Adorni, Matías Ledesma, para que se presente en la Fiscalía junto con el perito de parte, el sobre cerrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil.
Noticia que está siendo actualizada.-
Manuel Adorni, Gerardo Pollicita
POLITICA
Las fichas que debe mover Jorge Macri antes de la campaña porteña de 2027: unificación electoral, acuerdo con Milei y Presupuesto

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tiene varias definiciones pendientes rumbo a la campaña electoral de 2027. A los desafíos diarios de gestión, que tampoco escapan a la lógica de los comicios, se suman tres frentes a resolver: la fecha de las elecciones locales, la negociación con La Libertad Avanza (LLA) para sellar un acuerdo y el conflicto con su primo, Mauricio Macri, con quien mantiene un enfrentamiento puertas adentro.
Jorge Macri ya anunció que buscará la reelección. El expresidente, incómodo con su premura, duda de su proyecto y no descarta la posibilidad de impulsar otros candidatos para disputar los próximos comicios en la ciudad de Buenos Aires. Además, pretende ser él, y no el jefe de gobierno, quien cierre el pacto con LLA.
“Mauricio tendrá la última palabra en Nación y en Ciudad”, dijo a un hombre de máxima confianza del exmandatario. ¿Será Jorge el candidato? “No le pusimos nombre y apellido a nada. Está todo abierto, falta. No descarto nada”, especuló.
En cambio, en Uspallata, sede del gobierno porteño, ratificaron la candidatura del alcalde: “Jorge tiene buena imagen e intención de voto, ¿por qué lo cambiarías?”. La última encuesta de Aresco ubica la imagen positiva del alcalde en 53,6%. Tras la derrota en las elecciones intermedias del año pasado, estaba en torno al 41%.
Admiten, sin embargo, que el acuerdo “se cerrará todo junto con el Pro nacional”, incluida la Capital. El partido lo conduce Mauricio Macri, y sus emisarios son quienes negocian con LLA cada 15 días en la Casa Rosada: Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del partido.
Antes de la definición del entendimiento electoral con los libertarios, “se debe definir la pelea de los primos”, opinó una fuente cercana a armadores de Pro.
Por el contrario, la fecha de la elección local parece resuelta. Altas fuentes del gobierno porteño aseguraron a que la Ciudad votaría junto con las presidenciales, el 24 de octubre de 2027, al menos “de momento”. Esta decisión revela cierta sintonía con LLA.
A aquella fecha se sumarían las PASO locales, que Pro no planea derogar. Las nacionales, en cambio, siguen en duda, dado que el Gobierno pretende eliminarlas o suspenderlas en el Congreso a través de la reforma política, cuyo tratamiento el oficialismo no logra destrabar.
La unificación marcaría un contraste con las legislativas de 2025, cuando Pro desdobló los comicios. En mayo del año pasado, el macrismo tuvo la peor elección de su historia en el distrito: terminó tercero, detrás de LLA y del peronismo. Luego, en las nacionales de octubre, Pro y LLA compitieron en alianza y ganaron por amplio margen en la Ciudad. El año pasado, asimismo, no hubo PASO a nivel local ni nacional.
La alianza electoral con LLA aparece como “trabada” para algunos en Pro. De hecho, todavía se sorprenden por los dardos que siguen lanzando los libertarios. Hace dos semanas, por las horas en las que los referentes del macrismo conversaban en la Casa Rosada, la legisladora porteña Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la Ciudad, publicó un video en redes en el que cuestionaba al gobierno local por el “abandono” y la “desidia” en la zona sur.
Aun así, en LLA no descartan una alianza. Entretanto, Jorge Macri se muestra abiertamente a favor de sellarla. Una de las variantes que circulan es una fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez, que incluso De Andreis, uno de los nombres que suenan para disputar la Jefatura de Gobierno, consideró viable.
¿En qué lugar quedaría Clara Muzzio? La vicejefa de gobierno aseguró a que no buscará continuar en el cargo porque aspira a competir por la jefatura de gobierno en 2031.
En su entorno explicaron que no quiere repetir la experiencia de Diego Santilli, con quien Muzzio se alinea. El jefe de Gabinete de Javier Milei fue vicejefe de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en sus dos mandatos. La Constitución porteña no permite ocupar los dos cargos por más de dos períodos seguidos: ser vice dos veces y después jefe sería un tercer mandato consecutivo.
Cargos y presupuesto
Más allá de las grandes definiciones electorales, Jorge Macri tiene que resolver en las próximas semanas dos cuestiones esenciales de gestión: designar a un nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano y enviar el Presupuesto 2027 a la Legislatura.
El nombramiento está en plena deliberación, luego de la reciente salida de Ezequiel Sabor. El exfuncionario había llegado a la Secretaría de Gobierno en julio de 2025, tras la fuerte derrota electoral de Pro.
Las versiones sobre su renuncia son tantas como las fuentes consultadas: algunos dicen que estaba “incómodo” en el gobierno porteño; otros, que se va al sector privado; y los demás, que prefiere dedicarse al armado político para las próximas elecciones.
Cerca de él, atribuyeron la salida a un “desgaste personal y laboral por la gestión” y sostuvieron que la dedicación al partido de cara a 2027 “le va a sacar tiempo”. Agregaron que “habló con Jorge Macri y decidió dar un paso al costado”.
Sabor se concentrará ahora en el armado de Pro y volverá al Banco Ciudad, donde tiene un puesto como director.
El reemplazante en la Secretaría de Gobierno debería designarse “en los próximos días” y hay varios candidatos. “Es un cargo clave para la campaña. Va a ser de Pro y cercano a Jorge”, definió una de las personas involucradas en la selección.
Por su parte, el Presupuesto 2027 ingresará a la Legislatura el 30 de septiembre. Fuentes de Perú 160 –la sede legislativa porteña– indicaron que las reuniones de comisión serán en octubre y la votación, en noviembre o diciembre. Pro no impulsa otros proyectos importantes para lo que resta del año.
La fuente consultada advirtió que la discusión presupuestaria y la negociación política con LLA podrían superponerse. Los libertarios votaron en contra en 2024 y a favor en 2025. El presupuesto significará el último debate de gestión que se dará previo a la campaña electoral de 2027.
duda de su proyecto,publicó un video en redes,pic.twitter.com/4bFNEdGog1,September 10, 2026,consideró viable,en 2024,en 2025,Denise Chmois,Jorge Macri,Elecciones 2027,Conforme a
POLITICA
Mario Lugones resiste en Salud a pesar de los frentes abiertos y la interna libertaria

Mario Lugones cumplirá esta semana dos años al frente del Ministerio de Salud. Veinticuatro meses en los que se acumularon diversos frentes, de los cuales el funcionario libertario salió hasta ahora ileso.
Por orden cronológico, desde que llegó a la cartera, en octubre de 2024, en reemplazo de Mario Russo y de la mano de Santiago Caputo, Lugones atravesó varias tormentas: el conflicto con los residentes en el Hospital Infantil Pedro Garrahan; el escándalo por las muertes por fentanilo contaminado; heredó bajo su órbita la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras las revelaciones de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas y sobreprecios; la crisis del PAMI y los recientes recortes en el área de Discapacidad dispuestos en el proyecto de ley de presupuesto 2027.
De todos esos focos de tensión, Lugones salió ileso. Además, hace constante equilibrio en un oficialismo atravesado por profundas diferencias internas. No son pocos los que explican dentro del Gobierno que, pese a las versiones que casi cíclicamente hablan de una avanzada Karina Milei por sobre las diversas áreas de Caputo, no hubo aún cambios en Salud.
“Mario es muy respetado por todos internamente”, dicen en la Casa Rosada. Distintos interlocutores suyos en el área le reconocen conocer el sistema. Lugones, dueño del Sanatorio Güemes, viene de una intensa trayectoria en el sector privado, con vínculos con pesos pesados del universo médico y también con canales abiertos con el sindicalismo, sobre todo con Luis Barrionuevo, que sería también accionista del Güemes.
En distintas terminales del Poder Ejecutivo aluden a distintas razones para explicar la continuidad de Lugones, pese a los distintos conflictos que enfrentó su cartera.
“Es un hombre del sistema”, argumentan voces oficiales. “Tiene un ministerio caliente, se le suman frentes, pero lo controla y resuelve”, dice otro de los consultados.
“Salud es un área técnica y él tiene un respeto en base a su recorrido y conoce como pocos los dos lados del mostrador”, dicen sus defensores. Por todo eso, en el Gobierno sugieren que “hay una decisión de cuidarlo” más allá de que haya llegado de la mano de Caputo, el asesor de Javier Milei.
“Habrá venido por Santiago, pero lo respaldan todos”, apuntan dos fuentes libertarias.
Lugones comulga con la política de achique y desregulación. “Mario tiene un alineamiento político e ideológico con el Presidente”, grafican personas que lo conocen muy bien. En ese marco agregan que incluso los números del ajuste en el área de Discapacidad en el marco del Presupuesto 2027, que generaron una fuerte polémica interna, “no le sorprendieron”.
Entre los puntos que convierten a Lugones en una pieza “valiosa” para el oficialismo también está el diálogo abierto con un sector con el que el Gobierno no tiene un diálogo fluido: el sindicalismo. Frecuenta a los dirigentes sociales por el reparto de fondos a las obras sociales y los costos del Programa Médico Obligatorio.
“No es un gobierno que haya tirado ministros por la ventana en la primera de cambios”, grafican en la Casa Rosada.
Lugones cumplirá esta semana dos años al frente de la cartera sanitaria. Su designación llegó tras la dimisión del primer titular del área en la administración mileísta, Mario Russo.
Sin embargo, desde fines de 2023 y hasta fines de septiembre de 2024, Lugones era mencionado como el ministro en las sombras de la cartera.
Tras la primera gran crisis que atravesó con el presupuesto del Garrahan, estalló el escándalo del fentanilo contaminado, que produjo al menos más de 90 muertes. La investigación judicial a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak puso bajo la lupa las demoras y omisiones de los organismos encargados de fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Kreplak procesó a la extitular de la ANMAT Nélida Agustina Bisio y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. Ambas estuvieron detenidas a principios de agosto y recuperaron la libertad tras ser procesadas sin prisión preventiva. Aunque se les trabó un embargo a cada una por $500.000 millones.
Durante su indagatoria, Mantecón Fumadó sostuvo que las decisiones de la ANMAT eran consultadas con el ministerio. Kreplak, por su parte, consideró que, al menos hasta el momento, no hay elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal a Lugones.
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