POLITICA
La Justicia de EE.UU. da un paso clave en la investigación sobre la AFA, que podría demorar meses antes de presentar cargos
La investigación penal que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará el jueves en una nueva etapa procesal, con la declaración de un testigo, aunque la pesquisa se extenderá con más testigos y podría insumir meses antes de formalizar cargos, indicaron fuentes con conocimiento directo de estos procesos judiciales norteamericanos a .
El testigo, cuya identidad permanece en reserva estricta y que sería el primero de al menos seis por citar, deberá presentarse el 30 ante un gran jurado (“grand jury”) federal en Miami para declarar bajo juramento. Y deberá entregar la documentación que posea sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero y hombre fuerte de la entidad, Pablo Toviggino; el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero, en una pesquisa por presunto lavado de activos y otros posibles delitos financieros.
La convocatoria representa el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense que comenzó diez meses atrás, según reconstruyó . A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el gran jurado es el órgano que analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe “causa probable” suficiente para emitir una acusación penal formal (“indictment”) contra una o más personas.
La comparecencia fue ordenada mediante una “subpoena” —la citación compulsiva prevista por la legislación estadounidense— emitida a pedido de Michael Berger, el litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida que encabeza la pesquisa junto con Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y Christopher Ting.
La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas, en tanto que desde el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o desmentir detalles sobre la investigación ante la consulta de .
La audiencia se desarrollará a partir de las 9, a puertas cerradas, en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, sede de la Corte Federal, en el centro de Miami. Y no sólo obliga al testigo a comparecer, sino a entregar “todos los registros” vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Faroni que la AFA contrató para recaudar su dinero alrededor del mundo.
El testigo deberá presentar, además, “toda comunicación” que haya mantenido con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, y el requerimiento, cabe aclarar, no detalla, ni limita, el tipo de documentación que podrá aportar, por lo que comprende tanto registros físicos como información almacenada en formato electrónico.
“Primera mano”
La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con el mayor grado de detalle posible las comunicaciones y la documentación relacionadas con TourProdEnter LLC y las cuatro personas mencionadas en la citación, según indicaron las fuentes consultadas por , para establecer cómo interactuaban durante la ejecución del contrato con la AFA y el recorrido de los fondos administrados por esa compañía.
La identidad del convocado permanece bajo reserva, una práctica habitual en esta etapa de las investigaciones federales estadounidenses. Pero fuentes con conocimiento del expediente indicaron a que se trata de un testigo con información de primera mano sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su vínculo con la conducción de la AFA.
La aparición de Lucero (51) en esa citación limita el universo de posibles convocados. Es uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo con la investigación judicial local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, que luego pasó a llamarse Real Central. En 2022, le cedió las acciones a la madre de Pantano, la jubilada Ana Lucía Conte.
Según los documentos que analizó , Lucero apareció en el radar de Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco, dueño Odeama SL, la sociedad española que fue la precursora de TourProdEnter.
Las otras tres personas aludidas en la citación son los protagonistas del vínculo entre la AFA y TourProdEnter: Tapia y Toviggino, quienes firmaron el primer contrato (luego extendido hasta 2030), y Javier Faroni, quien viajó esta semana a Europa luego de presenciar varios partidos del Mundial, según dijo una persona de su entorno. “Está negociando la venta del club Peruggia. Tiene dos ofertas pero hasta ahora las rechazó”, confirmó a una persona al tanto de las negociaciones.
La citación tampoco implica, por sí misma, que el convocado sea investigado o vaya a ser acusado, aunque deberá permanecer a disposición de la Justicia hasta que un juez o un funcionario judicial lo autoricen a retirarse del edificio de manera explícita.
La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa.
El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que en 2021 firmó con la AFA un contrato de representación. Desde entonces recaudó y administró al menos US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), partidos amistosos y premios deportivos que ingresaron y circularon por sus cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circunstancia que habilitó la jurisdicción estadounidense.
Desde septiembre pasado, según reconstruyó , los fiscales y agentes del FBI analizan si durante esas transacciones pudieron violarse normas federales, entre ellas las vinculadas con el lavado de activos, el fraude financiero o las obligaciones de transparencia y reporte de operaciones sospechosas (ROS) por los bancos involucrados.
Irregularidades, la clave
Los investigadores también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa En particular, US$ 57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.
La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando el empresario Guillermo Tofoni obtuvo dos órdenes judiciales (“discoveries”) en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter LLC en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Y con ese material acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales.
Desde entonces, Berger, Gushue y Ting, junto con agentes de la oficina del FBI que en Miami lidera el agente especial Brett Skiles, comenzaron a contactar a exdirigentes, exempleados y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Entre quienes ya aportaron información figura Juan Pablo Beacon, quien durante años fue el lugarteniente de Toviggino. “Quiere garantías, tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.
Beacon es uno de los nombres que circulan desde hace días como el testigo que podría presentarse este jueves en Miami, pero no es el único. Las especulaciones también apuntan a Leandro Petersen, máximo responsable de Marketing y Comercialización de la AFA, como también al referente de la firma Socios.com, el empresario Alexandre Dreyfus.
También fueron contactadas empresas que celebraron contratos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA y realizaron transferencias hacia cuentas bancarias estadounidenses de TourProdEnter, según reveló días atrás, mientras que los investigadores amplían la pesquisa a personas vinculadas con TourProdEnter con nuevas medidas de prueba y pedidos de documentación.
Aunque la convocatoria ante el gran jurado representa un avance procesal significativo, la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar, indicaron fuentes consultadas por este diario. Pesquisas por presuntos delitos financieros transnacionales que involucran múltiples jurisdicciones, entidades bancarias y pedidos de cooperación internacional suelen demorar meses o, incluso, años antes de que los fiscales decidan si impulsan o no una acusación penal formal.
En ese sentido, el Departamento de Justicia inició en 2011 la investigación que se conocería como FIFAgate alrededor del mundo, pero sólo en mayo de 2015 se registró una gran ofensiva judicial con órdenes de arresto en Suiza. Presentó entonces los cargos contra 14 personas por asociación delictiva, fraude a gran escala y lavado de activos derivados de sobornos por más de US$ 150 millones.
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POLITICA
El gobernador de Neuquén salió sorteado en el narcotest provincial y mostró el resultado negativo
NEUQUÉN.- El gobernador Rolando Figueroa se sometió este viernes a un narcotest sorpresivo y obligatorio para los funcionarios públicos de la provincia. Compartió en sus redes sociales el resultado negativo de la muestra y aseguró que los políticos deben “predicar con el ejemplo”.
El mandatario provincial fue seleccionado para someterse al control toxicológico obligatorio para todos los integrantes del sector público neuquino, como lo fija una ley provincial aprobada en 2025 y reglamentada en febrero de este año.
En un video que compartió en su perfil oficial de redes sociales, Figueroa mostró el momento en que le comunicaban los resultados negativos que arrojó la muestra de orina. Los profesionales a cargo del test aclararon que la finalidad del análisis es comprobar la presencia de sustancias, como marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos y metadona.
“Para nosotros es muy importante poder cumplir con esta ley”, dijo el gobernador. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”.
En septiembre de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos para los miembros de los tres poderes del Estado.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor y dos en contra, de diputados del Frente de Izquierda (FIT), y se redactó a partir de la unificación de dos proyectos similares que habían presentado distintos bloques políticos. En febrero de este año, la norma fue reglamentada a través de un decreto firmado por Figueroa y, luego, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva y de forma trimestral, mediante un sorteo administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), que garantiza la imparcialidad de la selección. Cada tres meses, se presenta un listado de funcionarios seleccionados que comprende a un 12,5% del total de la planta.
Los funcionarios que se sometan al control y obtengan resultados positivos tendrán derecho a pedir una contraprueba que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Si un funcionario se niega a presentar sus muestras, su resultado será considerado positivo, lo que derivará en su suspensión y posterior expulsión del cargo.
La norma indica que los exámenes deben desarrollarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad. En este caso, el gobernador Figueroa decidió hacer públicos sus resultados en un llamado a “predicar con el ejemplo” por parte de las autoridades.
Para Figueroa, que impulsó uno de los dos proyectos que derivaron en esta ley, la iniciativa “está en línea con la política pública que llevamos adelante en el gobierno de la provincia, en la lucha contra el narcotráfico”. Una norma similar fue aprobada en 2023 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
Réplicas en otros poderes
Tras la aprobación de la ley, otras jurisdicciones, como la Municipalidad de Neuquén, también adhirieron a la normativa. Así, los integrantes del gabinete municipal y hasta el defensor del Pueblo deberán someterse al test junto al intendente, que ya estaba incluido en la normativa provincial.
En otros poderes del Estado, como la Legislatura, la implementación de los controles toxicológicos se demoró por la falta de consenso sobre los protocolos para llevar adelante los tests.
En agosto de este año, finalmente se aprobó un protocolo que establece controles trimestrales, que se realizan in situ y con el costo a cargo de cada diputado provincial.
Entre las voces que cuestionaron la implementación de la medida se contó la de la diputada Julieta Ocampo (FIT), quien criticó las sanciones de expulsión directa sin un abordaje integral de tratamiento hacia los consumos problemáticos.
pic.twitter.com/1wwPFn5Isz,October 16, 2026,Sofía Sandoval,Conforme a
POLITICA
Video: así un grupo de manifestantes rompió bancos y veredas para tirar piedras durante la Marcha Federal Universitaria
Un grupo de manifestantes con caras tapadas vandalizaron los bancos y veredas en las inmediaciones del Congreso de la Nación y mantuvieron enfrentamientos con los efectivos policiales en medio de la Marcha Universitaria.
Los incidentes comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas comenzó a romper veredas y a tirar piedras a los agentes. Como respuesta, los oficiales utilizaron el camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Inmediatamente a través de las redes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra “los mismos violentos de siempre” y sentenció: “Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó la funcionaria.
En las imágenes, se puede ver cómo un manifestante destruía con una maza uno de los bancos de la Plaza del Congreso, mientras que otro tomaba los pedazos para luego utilizarlos como proyectiles. Algunos manifestantes también arrancaron cordones de las veredas.
A su vez, una persona encapuchada volvió a lanzar una granada de gas lacrimógeno a los efectivos, que buscaban contener la protesta con el camión hidrante. Los cruces continuaron por más de cuarenta minutos y se reportaron oficiales de la Policía y la Gendarmería heridos por las piedras de los manifestantes.
“La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”, aseguró un joven participante de la movilización a TN. Y agregó: “El pueblo se cansó, estamos hartos”. En la previa de la movilización, el Gobierno había desplegado un gran operativo policial para contener la movilización de estudiantes, gremios y organizaciones sociales.
Pese a los incidentes, la comunidad universitaria continuó con el acto central, donde exigió la derogación del DNU de Javier Milei de desregulación económica y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Horas antes, la oposición no había logrado reunir el quórum para tratar el decreto presidencial.
A su vez, el documento universitario cuestionó el Presupuesto 2027 y advirtió que las casas de estudio están en riesgo de no poder sostener sus actividades el próximo año. Los organizadores acusaron al gobierno de Javier Milei de poner en riesgo la democracia por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenan su aplicación. “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, advirtieron.
Al finalizar el acto, el grueso de los manifestantes comenzaron a desconcentrar de la Plaza, mientras que un grupo de encapuchados continuó los enfrentamientos con la Policía.
Protesta, Marcha universitaria
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Amplio repudio empresario al fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon San Nicolás
Cámaras y asociaciones empresarias expresaron hoy su preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
Las entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a
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