POLITICA
El Gobierno llegó a un acuerdo con la Ciudad para cancelar la deuda por la coparticipación de 2025

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llegó este lunes a un acuerdo con Nación para cancelar $800 mil millones de deuda coparticipable de la Ciudad de Buenos Aires. El convenio no incluyó el pago de la deuda generada durante la gestión de Alberto Fernández.
“Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”, manifestó Macri a través de un mensaje en sus redes.
Según explicaron en Uspallata, el acuerdo consiste en la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses. La operación permitirá cancelar la deuda acumulada durante el último año en materia de Coparticipación Federal de Impuestos, que ascendía a los $800 mil millones.
En septiembre de 2024, el Gobierno porteño había acordado con el Ministerio de Economía un mecanismo de pago por goteo semanal para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de la Nación dictado en 2022. Sin embargo, desde julio del año pasado las transferencias se ralentizaron y la deuda comenzó a acumularse. Ese fue el monto cancelado por Nación este lunes.
El conflicto por la coparticipación entre CABA y Nación
El conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y Nación por la coparticipación data de 2020. En aquel entonces, el Gobierno de Alberto Fernández recortó a través del Decreto 735/2020 la coparticipación de la capital del 3,5% al 2,32% para transferir fondos a la provincia de Buenos Aires en medio de un fuerte reclamo salarial de los policías bonaerenses.
Luego, la aprobación de la Ley 27.606 en el Congreso llevó la coparticipación porteña al 1,4% básico más un monto fijo para Seguridad. Eso desencadenó un conflicto entre Nación y el Gobierno porteño, que recurrió a la Corte Suprema.
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A finales de 2022, el máximo tribunal dictó una medida cautelar para recomponer el coeficiente de 2,95% que correspondía a CABA, una medida que la administración del Frente de Todos nunca cumplió.
En ese contexto, el Gobierno porteño todavía reclama la deuda pendiente de 6 mil millones de dólares acumulados durante el periodo 2020-2023, la cual no fue incluida en el acuerdo firmado este lunes.
Jorge Macri, Ciudad de Buenos Aires, Coparticipación
POLITICA
El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.
Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.
En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.
El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.
Cruces de estrategias
“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.
En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.
En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.
En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.
Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.
El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.
POLITICA
El gobernador de Neuquén salió sorteado en el narcotest provincial y mostró el resultado negativo

NEUQUÉN.- El gobernador Rolando Figueroa se sometió este viernes a un narcotest sorpresivo y obligatorio para los funcionarios públicos de la provincia. Compartió en sus redes sociales el resultado negativo de la muestra y aseguró que los políticos deben “predicar con el ejemplo”.
El mandatario provincial fue seleccionado para someterse al control toxicológico obligatorio para todos los integrantes del sector público neuquino, como lo fija una ley provincial aprobada en 2025 y reglamentada en febrero de este año.
En un video que compartió en su perfil oficial de redes sociales, Figueroa mostró el momento en que le comunicaban los resultados negativos que arrojó la muestra de orina. Los profesionales a cargo del test aclararon que la finalidad del análisis es comprobar la presencia de sustancias, como marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos y metadona.
“Para nosotros es muy importante poder cumplir con esta ley”, dijo el gobernador. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”.
En septiembre de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos para los miembros de los tres poderes del Estado.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor y dos en contra, de diputados del Frente de Izquierda (FIT), y se redactó a partir de la unificación de dos proyectos similares que habían presentado distintos bloques políticos. En febrero de este año, la norma fue reglamentada a través de un decreto firmado por Figueroa y, luego, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva y de forma trimestral, mediante un sorteo administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), que garantiza la imparcialidad de la selección. Cada tres meses, se presenta un listado de funcionarios seleccionados que comprende a un 12,5% del total de la planta.
Los funcionarios que se sometan al control y obtengan resultados positivos tendrán derecho a pedir una contraprueba que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Si un funcionario se niega a presentar sus muestras, su resultado será considerado positivo, lo que derivará en su suspensión y posterior expulsión del cargo.
La norma indica que los exámenes deben desarrollarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad. En este caso, el gobernador Figueroa decidió hacer públicos sus resultados en un llamado a “predicar con el ejemplo” por parte de las autoridades.
Para Figueroa, que impulsó uno de los dos proyectos que derivaron en esta ley, la iniciativa “está en línea con la política pública que llevamos adelante en el gobierno de la provincia, en la lucha contra el narcotráfico”. Una norma similar fue aprobada en 2023 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
Réplicas en otros poderes
Tras la aprobación de la ley, otras jurisdicciones, como la Municipalidad de Neuquén, también adhirieron a la normativa. Así, los integrantes del gabinete municipal y hasta el defensor del Pueblo deberán someterse al test junto al intendente, que ya estaba incluido en la normativa provincial.
En otros poderes del Estado, como la Legislatura, la implementación de los controles toxicológicos se demoró por la falta de consenso sobre los protocolos para llevar adelante los tests.
En agosto de este año, finalmente se aprobó un protocolo que establece controles trimestrales, que se realizan in situ y con el costo a cargo de cada diputado provincial.
Entre las voces que cuestionaron la implementación de la medida se contó la de la diputada Julieta Ocampo (FIT), quien criticó las sanciones de expulsión directa sin un abordaje integral de tratamiento hacia los consumos problemáticos.
pic.twitter.com/1wwPFn5Isz,October 16, 2026,Sofía Sandoval,Conforme a
POLITICA
Video: así un grupo de manifestantes rompió bancos y veredas para tirar piedras durante la Marcha Federal Universitaria

Un grupo de manifestantes con caras tapadas vandalizaron los bancos y veredas en las inmediaciones del Congreso de la Nación y mantuvieron enfrentamientos con los efectivos policiales en medio de la Marcha Universitaria.
Los incidentes comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas comenzó a romper veredas y a tirar piedras a los agentes. Como respuesta, los oficiales utilizaron el camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Inmediatamente a través de las redes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra “los mismos violentos de siempre” y sentenció: “Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó la funcionaria.
En las imágenes, se puede ver cómo un manifestante destruía con una maza uno de los bancos de la Plaza del Congreso, mientras que otro tomaba los pedazos para luego utilizarlos como proyectiles. Algunos manifestantes también arrancaron cordones de las veredas.
A su vez, una persona encapuchada volvió a lanzar una granada de gas lacrimógeno a los efectivos, que buscaban contener la protesta con el camión hidrante. Los cruces continuaron por más de cuarenta minutos y se reportaron oficiales de la Policía y la Gendarmería heridos por las piedras de los manifestantes.
“La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”, aseguró un joven participante de la movilización a TN. Y agregó: “El pueblo se cansó, estamos hartos”. En la previa de la movilización, el Gobierno había desplegado un gran operativo policial para contener la movilización de estudiantes, gremios y organizaciones sociales.
Pese a los incidentes, la comunidad universitaria continuó con el acto central, donde exigió la derogación del DNU de Javier Milei de desregulación económica y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Horas antes, la oposición no había logrado reunir el quórum para tratar el decreto presidencial.
A su vez, el documento universitario cuestionó el Presupuesto 2027 y advirtió que las casas de estudio están en riesgo de no poder sostener sus actividades el próximo año. Los organizadores acusaron al gobierno de Javier Milei de poner en riesgo la democracia por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenan su aplicación. “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, advirtieron.
Al finalizar el acto, el grueso de los manifestantes comenzaron a desconcentrar de la Plaza, mientras que un grupo de encapuchados continuó los enfrentamientos con la Policía.
Protesta, Marcha universitaria
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