El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, del Partido de la Gente, salió al cruce de las críticas que recibió tras sus declaraciones en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile y ratificó cada una de sus palabras. “Mi publicación fue muy clara y no necesita demasiadas interpretaciones”, sostuvo el legislador en diálogo con Infobae.

El contexto en el que Olivares Avendaño eligió pronunciarse no fue menor. Sus dichos del martes 8 de septiembre llegaron en el marco de un debate parlamentario que ya cargaba con semanas de un ida y vuelta entre Santiago y Buenos Aires, disparada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se había referido al Estrecho de Magallanes como un espacio de “soberanía”.

Fue en ese escenario que el diputado, también presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, tomó el micrófono durante una sesión en la Cámara chilena y trazó el paralelo que causó revuelo durante las últimas horas.

Al ser consultado por este medio, Olivares Avendaño fue explícito sobre la intención que lo motivó. Según explicó, la equiparación entre las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes no buscó cuestionar la reivindicación histórica de Argentina sobre el archipiélago, sino fijar un criterio uniforme para hablar de soberanía territorial. “Si vamos a hablar de soberanía, hablemos con claridad y con los mismos estándares para todos”, afirmó.

En esa línea, el legislador reconoció que Argentina “tiene derecho a sostener” su posición sobre las Malvinas “por las vías diplomáticas que estime pertinentes”, aunque aclaró que “una reivindicación no cambia por sí sola la realidad existente ni convierte automáticamente un territorio en propio”. Y del mismo modo, indicó, ese mismo razonamiento debe aplicarse cuando se habla de territorio chileno.

Para respaldar la posición de Chile sobre el Estrecho, Olivares Avendaño recordó que Chile tomó posesión efectiva del Estrecho de Magallanes en 1843 y que, con posterioridad, ambos países establecieron sus límites mediante tratados internacionales. “Nuestra soberanía sobre el Estrecho no puede transformarse en una controversia cada cierto tiempo dependiendo de una declaración política o de un mapa que alguien decida exhibir”, subrayó, en una referencia directa al detonante de la crisis con Buenos Aires.

Más allá de la firmeza en la defensa del territorio, el diputado fue cuidadoso en separar esa postura de cualquier lectura que pudiera interpretarse como una confrontación con el pueblo argentino. “Yo respeto profundamente al pueblo argentino. Somos países vecinos, tenemos una frontera gigantesca, compartimos historia, cultura, comercio y miles de familias a ambos lados de la cordillera”, afirmó Olivares Avendaño en declaraciones a Infobae.

Sin embargo, esa cercanía no implica, a su criterio, que Chile deba guardar silencio cuando está en juego su soberanía. “La amistad entre países no significa que Chile tenga que guardar silencio cuando se trata de defender su territorio, su historia o su soberanía”, precisó el legislador. Y fue más lejos: “Como diputado de la República de Chile, en esto no voy a tener complejos”.

En esa misma dirección, Olivares Avendaño aclaró que la disputa sobre las Malvinas es un asunto entre Argentina y el Reino Unido, y que Chile no tiene por qué convertirse en protagonista de esa controversia.

Las palabras del diputado resonaron de forma particular porque se produjeron en un momento en que el gobierno de José Antonio Kast mantenía una postura diferente. El propio mandatario había respaldado los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes durante su visita a Santiago del presidente Javier Milei, y ambos mandatarios acordaron por escrito, el 3 de septiembre, que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo”.

Ante ese escenario, Olivares Avendaño cerró su explicación sin matices. “Chile debe relacionarse con Argentina desde la amistad, la cooperación y el respeto, pero nunca desde la subordinación ni desde el temor a decir aquello que corresponde decir”, señaló. Y reiteró que, como representante electo de los chilenos, su mandato es defender a Chile, sin vacilaciones, en aquellas materias en las que la soberanía nacional está en juego. “Sostengo cada palabra de lo que publiqué”, completó.

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Hoy se conocerá el veredicto del juicio por el caso Sueños Compartidos. El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py resolverá si condena a los nueve acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas sociales, entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido y José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones.

La audiencia comenzará a las 9:30 y los acusados podrán hablar por última vez ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Después de ese momento, el tribunal definirá el horario en el que dará a conocer el veredicto. El juicio oral lleva seis meses y llega ahora a su etapa decisiva.

El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.

Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.

Qué pasó con los fondos de Sueños Compartidos

La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.

La acusación sostiene que unos $206 millones fueron desviados. Parte de ese dinero, según la investigación, habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que eran los apoderados del programa.

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Las obras se llevaron adelante en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, muchas casas no llegaron a construirse y también hubo trabajadores que no cobraron sus salarios o a quienes no se les hicieron los aportes correspondientes.

Quiénes están acusados

Además de los hermanos Schoklender, entre los principales acusados están Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obras Públicas. También están imputados exfuncionarios nacionales y autoridades vinculadas con el área de vivienda de Santiago del Estero.

La investigación apunta a determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en el manejo y destino de los fondos. El programa dependía de contrataciones de obra pública para levantar viviendas y hospitales en diferentes provincias.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según el fiscal Velasco, los hermanos Schoklender accedieron a obras mediante contrataciones directas y luego parte de los fondos habría sido desviada.

Qué dijeron las defensas

Las defensas pidieron la absolución de todos los acusados. Uno de sus principales argumentos fue que la causa está prescripta y que, por ese motivo, no corresponde una condena.

El tribunal deberá analizar ahora los argumentos de las partes y determinar si los hechos investigados quedaron probados. También tendrá que establecer, en caso de una condena, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados.

El expediente tiene además un segundo tramo por presunto lavado de dinero. Esa investigación apunta al supuesto recorrido de parte de los fondos que fueron desviados y a su llegada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.

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