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El Gobierno oficializó el ascenso judicial de Ana Juan, la esposa del juez del caso $LIBRA

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Unas horas antes del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol, el Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham.

La decisión está marcada por dos circunstancias: Juan, de largo recorrido en la Justicia de Comodoro Py, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que instruye el expediente $LIBRA, una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno. La otra es que su nombramiento quiebra, además, la lógica del oficialismo de no designar magistrados para tribunales que todavía no están constituidos.

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Ese fue el argumento utilizado para evitar el nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que llevó adelante distintas investigaciones sobre el Gobierno.

Las suspicacias alrededor de su designación, sin embargo, encuentran una trayectoria de más de tres décadas en la Justicia federal y la obtención de un cómodo primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura.

En los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeña, la esposa de Martínez de Giorgi es también “Ana Juan”, una secretaria letrada expeditiva, de carrera extensa y ascendente.

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Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Juan es desde hace largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder.

Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos salas que conforman la Cámara.

A su inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la “oficina judicial” de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha.

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Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA; su esposa, Ana Juan fue designada por el Gobierno para ocupar un juzgado en HurlinghamEnrique Garcia Medina

Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara.

Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo.

“Ella opera en el corazón del sistema”, la describía un funcionario judicial que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. “Es una judicial de toda la vida”; “lo tiene merecido hace tiempo”; “se lo ganó”, opinaban en Comodoro Py cuando su pliego había sido remitido al Congreso.

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Camino a Hurlingham

Voces judiciales de ayer y de hoy le asignan a Ana Juan un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan, sostienen o dan a entender, en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que aguarda para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023 se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

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El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar su designación es que la funcionaria fue convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para subrogar en los tribunales de Morón y Moreno que necesitan cubrir vacantes de manera urgente.

Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019. En mayo de 2023, fue enviado una vez más por Fernández y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año. Y luego, remitido por última vez en abril de este año.

Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.

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El Gobierno busca bajar la tensión con Chile por el buque que viajará a Malvinas y descarta una controversia diplomática

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El Gobierno busca bajar la tensión con Chile y descarta que exista una controversia diplomática por el buque que reabrirá la conexión comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas. En la Casa Rosada sostienen que la relación con la administración de José Antonio Kast se mantiene en buenos términos, pese a los cruces públicos entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna por las condiciones de navegación del carguero Danstar. La posición del Ejecutivo es preservar el vínculo bilateral mientras sigue los preparativos de la embarcación, que tiene previsto realizar su primer viaje en diciembre.

La interpretación política que circula en Balcarce 50 apunta principalmente hacia Londres. En sectores del Gobierno sospechan que el Reino Unido busca provocar tensiones entre la Argentina y Chile antes de que se concrete la primera navegación. Consideran que una confrontación bilateral podría favorecer los intereses británicos al desplazar la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur hacia un enfrentamiento entre dos países que mantienen una relación estratégica.

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En el Ejecutivo aseguran que la comunicación entre ambas Cancillerías es fluida y permanente, pero evitan precisar si existieron intercambios específicos sobre el viaje del Danstar. No niegan conversaciones recientes entre Quirno y Pérez Mackenna por el tema. La posición oficial es que los dos países cuentan con marcos normativos para abordar situaciones de estas características y que las diferencias expresadas públicamente no constituyen, por el momento, un conflicto diplomático.

El principal dato que manejan en la Casa Rosada está relacionado con el contenido del cargamento. En Nación sostienen que la información disponible indica que el Danstar no transportará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La evaluación coincide con la postura de la empresa chilena Easter Island, que negó cualquier participación en el abastecimiento de la explotación hidrocarburífera. Sin embargo, no se difundió una verificación oficial independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercaderías.

El buque llegó este lunes a Punta Arenas después de partir de Valparaíso el 29 de octubre y completar su navegación por los canales australes. Antes de iniciar las operaciones comerciales, ingresó a instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para realizar trabajos técnicos. El primer viaje hacia las Malvinas está previsto para el 17 de diciembre, según el cronograma difundido para la reactivación de una ruta marítima directa que dejó de funcionar en 2011. La conexión permitirá transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos de consumo hacia las islas.

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Javier Milei y José Antonio Kast en Chile (Foto: Presidencia).

La evolución del recorrido había generado inquietud en ámbitos militares argentinos. La semana pasada, antes de confirmarse su llegada a Punta Arenas, fuentes vinculadas con el seguimiento marítimo advirtieron que el carguero había dejado de aparecer temporalmente en los sistemas públicos de localización. En ese momento circulaban especulaciones sobre la posibilidad de que adelantara su salida y comunicara el viaje con poca anticipación. La confirmación posterior de su arribo y del cronograma de diciembre modificó ese escenario.

Los cruces entre los gobiernos comenzaron a tomar dimensión pública después de las declaraciones de Quirno sobre el régimen de navegación hacia las Malvinas. El canciller argentino sostuvo que las embarcaciones deben cumplir las exigencias previstas en la legislación nacional cuando atraviesan aguas jurisdiccionales argentinas. Pérez Mackenna respondió que Chile reconoce el derecho de libre navegación establecido internacionalmente y descartó que su país deba solicitar un permiso por una operación comercial privada. La discusión gira alrededor de las obligaciones que debe cumplir el buque, sin que se haya anunciado una medida diplomática contra alguno de los dos Estados.

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Identificaron irregularidades de más de $82 millones en un registro automotor y el ex titular enfentaría acciones penales

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El Gobierno nacional identificó una serie de irregularidades vinculadas al manejo de fondos, que debían ser depositados a favor del Estado nacional, en uno de los registros automotores de Rosario, provincia de Santa Fe. La deuda total supera los 82 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 559/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el monto corresponde al dinero que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, a cargo de Alejo Uribe Escobar, tenía que girar al Ejecutivo nacional.

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De hecho, dado que Uribe Escobar había renunciado a su función antes de la conclusión del expediente, el Ministerio dispuso registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido de mantenerse en el puesto, que sería la remoción. Además, ordenó a sus áreas competentes avanzar con las medidas administrativas o judiciales necesarias para procurar el recupero de los fondos.

El procedimiento fue abierto mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad del entonces titular del registro en la provincia de Santa Fe.

La investigación se centró en la falta de depósito íntegro y oportuno de remanentes de recaudación que correspondían a la Administración Central. En particular, las actuaciones examinaron liquidaciones vinculadas con los meses de marzo, abril y mayo de 2024.

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De acuerdo con la resolución, a Uribe Escobar se le atribuyó haber retenido importes que debían transferirse al Estado nacional dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable. El régimen interno establece que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había reunido documentación sobre esas irregularidades. Luego, durante la instrucción del sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron distintas medidas de prueba.

La renuncia de Alejo Uribe Escobar fue aceptada por medio de la Resolución N° 310/2024. Durante el trámite, el exfuncionario cuestionó la continuidad del expediente y planteó nulidades. Entre sus argumentos, sostuvo que la aceptación de su renuncia impedía imponerle una sanción disciplinaria o dejar asentada una remoción de carácter virtual en su legajo.

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También afirmó que la prosecución del sumario podía ocasionarle un perjuicio moral y económico. Sin embargo, el Ministerio rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.

La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para sostener que el registro de la sanción que habría correspondido no constituye una medida punitiva en sentido estricto. Según ese criterio, se trata de una previsión de carácter preventivo ante la posibilidad de un eventual reingreso a la función.

La Sindicatura General de la Nación determinó un perjuicio fiscal de 82.557.801,47 pesos por fondos retenidos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El expediente también indicó que Uribe Escobar pudo consultar las actuaciones y acceder a las instancias previstas para ejercer su defensa. El Ministerio consideró que no se afectaron sus garantías, dado que tuvo vistas del material documental y pudo solicitar el acceso a instrumentos existentes en el registro.

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En sus descargos, el exencargado sostuvo que había sido objeto de una “persecución política”. Además, atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su postura, afectaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en general.

La instrucción administrativa analizó la prueba ofrecida por la defensa y concluyó que no se verificó esa hipótesis. El acto señaló que tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.

La resolución remarcó que el derecho de retención propio del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes ejercen funciones delegadas por el Estado, ni utilizarse como mecanismo de compensación frente a dificultades económicas.

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En una etapa previa de la investigación, la instrucción había calculado un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61, sin incluir intereses. Ese monto correspondía a los períodos que integraban de forma precisa el objeto del sumario administrativo.

Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación revisó la situación y, en su Informe Técnico N° 72/2026, fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. La cifra fue considerada de relevante significación económica conforme a los criterios previstos en una resolución del organismo de control.

La resolución señaló que existían períodos adicionales con deuda, aunque algunos no formaban parte del objeto específico que motivó la apertura del sumario.

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Con base en esa determinación, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial.

La medida también establece que la vía administrativa no quedó agotada. Uribe Escobar podrá optar por presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.

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El peronismo se reunió en San Fernando y dejó un mensaje para Kicillof: “Unidad por encima de las aspiraciones individuales”

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El peronismo federal, el Frente Renovador y dirigentes de distintas vertientes del justicialismo se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei en 2027. Sin Axel Kicillof ni representantes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) entre los participantes, el encuentro dejó un mensaje que también apunta a la interna del PJ: “La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales”. Una consigna similar se repitió en los actos que se realizaron por el Día de la Militancia en distintas provincias.

La convocatoria fue el resultado de varios meses de negociaciones encabezadas principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, que buscan acercar a sectores del peronismo que habían tomado caminos diferentes y ampliar las alianzas hacia otras fuerzas políticas. El objetivo es consolidar un armado nacional con representación territorial y legislativa, en un escenario en el que Kicillof ya manifestó su intención de competir por la Presidencia y otros dirigentes también comenzaron a posicionarse.

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Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas para construir una propuesta política común. Aunque inicialmente desde la organización habían asegurado que Kicillof no había sido convocado, Massa dio otra versión sobre su ausencia. “Entiendo que el MDF había sido invitado y después hubo alguna desinteligencia respecto de si había oradores o no”, explicó.

El líder del FR buscó restarle importancia al desencuentro con el espacio del gobernador. “Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”, afirmó. Kicillof reunirá el sábado a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, según pudo saber TN.

Una convocatoria con peso territorial

Entre los presentes estuvieron Massa, escoltado por Gerardo Zamora y Natalia de la Sota; Olmos, Sergio Uñac, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini. También participaron el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, el exgobernador Juan Manuel Urtubey y dirigentes sindicales, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato de la CGT.

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La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, anfitrión del encuentro. Además, asistieron referentes de La Cámpora como Mayra Mendoza, Teresa García, Julián Álvarez y Mariano Recalde.

Máximo Kirchner celebró el Día de la Militancia junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (Foto: La Cámpora).

La presencia de distintos dirigentes con aspiraciones presidenciales también puso sobre la mesa la discusión por las candidaturas. Massa evitó confirmar si buscará competir en 2027 y recordó que actualmente no ocupa cargos públicos, aunque conduce el Frente Renovador. “Soy un militante político”, afirmó, y mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota como referentes con “vocación de liderar la Argentina que viene”.

En ese escenario, defendió la continuidad de las PASO, que el Gobierno de Milei busca eliminar. “Tenemos la vocación de que se siga sosteniendo la regla electoral en la que venía la Argentina”, señaló. Sin embargo, admitió que, si el oficialismo consigue modificar el sistema, el peronismo deberá encontrar otra manera de ordenar sus diferencias.

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La reunión comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, continuó con una intervención del streamer El Peroncho y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas actuales de la Argentina y su futuro.

Distintos actos en el país

La conmemoración tuvo otras expresiones políticas fuera de San Fernando. En Formosa, Gildo Insfrán encabezó un acto en el Estadio Cincuentenario y llamó a recuperar el gobierno nacional en las próximas elecciones. “En el 2027 tenemos que volver a ser gobierno nacional”, expresó el mandatario, que convocó a la militancia a recorrer los barrios, escuchar y convencer a los ciudadanos. “Desde Formosa demostramos que la UNIDAD es la herramienta para lograrlo”, remarcó.

En La Pampa, Máximo Kirchner participó de una actividad por el Día de la Militancia junto al gobernador Sergio Ziliotto, en la localidad de Telén, y compartió en sus redes sociales videos de vecinos pampeanos que conversaron por teléfono con Cristina Kirchner.

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En paralelo, La Cámpora concentró a su militancia frente al domicilio de la expresidenta, en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, bajo la consigna “Luche y vuelve”. Pese a la demora en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo mantiene en pie la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.

Las distintas convocatorias dejaron planteado el principal desafío del justicialismo para el año próximo: transformar los llamados a la unidad en un acuerdo electoral, mientras sus dirigentes mantienen abiertas las diferencias por el liderazgo y las candidaturas presidenciales.

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