La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes en primera clase que, de acuerdo con una fuente judicial, fueron pagados en efectivo.

Hasta ahora solo existía la sospecha de que Adorni había visitado el Caribe durante sus vacaciones de aquel verano. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.

Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel.

Para obtener una foto lo más precisa posible de sus gasts, el fiscal pidió la semana pasada levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo. Eso le entregará a Pollicita informes sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, préstamos, deudas y más datos.

En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100 mil dólares y la postergación de los 200 mil dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Esos dos movimientos explicarían a trazo grueso cómo el jefe de Gabinete pudo comprar dos inmuebles desde que está en la función pública, hace menos de tres años, pero sería insuficientes para explicar la totalidad de sus gastos, según la visión de uno de los investigadores.

Los viajes de Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.

Noticia en desarrollo

Con la licitación para la explotación y dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay entrando en la recta final, el consorcio belga Deme, en conjunto con empresas de Estados Unidos, decidió blanquear lo que decía en privado.

Para representantes de esa compañía, su competidora Jan de Nul, que maneja la Hidrovía desde 1995, “esconde” la participación de capitales y socios chinos, en su intento por retener por otros 25 años el control de la vía troncal, de 1300 kilómetros de extensión, por la que pasa el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, entre ellos soja, granos y minerales raros, codiciados por Washington.

La cuestión no quedó sólo en la retórica: según pudo saber , el jueves pasado, representantes norteamericanos del consorcio que encabeza la dragadora Deme estuvieron en la embajada de Estados Unidos con el embajador Peter Lamelas para transmitirle su preocupación. La licitación de la Hidrovía está bajo la órbita controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a través de su director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que maneja su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.

“Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, experto en esquemas offshore, lavado de dinero y delitos ambientales y asesor de Deme, en declaraciones que la compañía hizo llegar a .

“El riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal durante 25 años: la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego.”, agregó el experto, en línea con la política de competencia con China que emana desde la administración Trump.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Lamelas afirmó en la defensa de su pliego ante el Senado norteamericano, que “hablaría con los gobernadores” para que limiten la influencia “maligna” del gigante asiático y sus proyectos regionales. Aunque el alineamiento con Washington es total, algunos proyectos previos- como la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años- siguen adelante, en este caso con promesa de pronto financiamiento de la banca china.

A través del decreto 5/2026, el Gobierno limitó en enero pasado la participación de empresas sancionadas por organismos multilaterales por distintos incumplimientos, otra manera de limitar el acceso de China –la mayoría de sus empresas tienen participación estatal- a las obras de infraestructura en el país. La empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación por la Hidrovía en sus fases premilinares. Para Deme, China busca intervenir, ahora de manera indirecta.

El gigante asiático gobernado por Xi Jinping se sostiene, sin embargo, como uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, con la soja como producto principal, y está vigente el swap de monedas, que maneja el Banco Central, por unos U$S 5000 millones.

Un paso más dio Esteban Bovo, ex diputado por el Estado de Florida, vinculado al consorcio que lidera Deme y cuya esposa Vivian, es asesora del secretario de Estado, Marco Rubio. “La presencia de importantes inversionistas estadounidenses asumiendo un riesgo de 25 años en la Vía Navegable Troncal sin garantía estatal es una clara muestra de confianza en la economía argentina y en la visión de Milei”, dijo Bovo, y agregó: “Milei debe enviar un mensaje contundente: más allá de la retórica, los inversionistas estadounidenses son bienvenidos en Argentina”, sostuvo.

Luego de meses de demora, el Gobierno inició la licitación de la vía troncal. El primer paso fue la selección de los candidatos, en la quedó en el camino el consorcio brasileño DTA. Deme (asociada con la dragadora norteamericana Great Lakes, de las más importantes del mundo, y la también estadounidense Clear Street) y Jan de Nul están en carrera para el segundo paso, con el análisis que desde el Gobierno están haciendo de su propuesta técnica y metodológica. En una tercera instancia, se evaluará la propuesta financiera de cada empresa, incluido el cobro de peaje, que deja ganancias por unos U$S 200 millones por año. “Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, destacó Arreseygor cuando quedaron en pie las dos empresas belgas.

Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos por las denuncias de Deme. “Hay que ir y ganar por precio y calidad de oferta. Si ganan, ganan y si pierden, pierden”, afirmaron influyentes funcionarios con diálogo directo con la dirección de Puertos, que hizo silencio. Agregaron que se trató de una licitación internacional, con pliegos aprobados por ONU, y destacaron que “no hay mucho más que inventar”. Una manera de rechazar las quejas de la competidora belga, a quien el propio Arreseygor vinculó el año pasado con el expresidente Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

El año pasado, el funcionario los acusó a ambos en el Congreso de “boicotear” una licitación que fue anulada, luego de que Deme se presentara en soledad para los trabajos de dragado de la Hidrovía. En aquel momento, Dietrich desmintió las acusaciones y le pidió a Arreseygor que “recapacite, tome en cuenta las sugerencias y haga un próximo llamado de licitación competitiva”. Un año después, la licitación está en marcha, pero la polémica aún no cesa.