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El Gobierno pierde margen para suspender las PASO: crecen las dudas de los aliados y la UCR vuelve a mirar 2027

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Hace menos de un mes, el Gobierno tenía todo listo para avanzar con la suspensión de las PASO en el Congreso en septiembre, con la posibilidad de acordar listas colectoras, el sistema que permite que los gobernadores aliados enganchen sus listas de legisladores en la del presidente Javier Milei, quien buscará su reelección en 2027. Sin embargo, algunos mandatarios provinciales empezaron a mostrar ciertas dudas. “Falta confianza”, advirtieron a Infobae quienes, además, adelantan que se tratará de una negociación hasta último momento.

La derrota del oficialismo con la Ley de Tierras abrió un nuevo capítulo en el vínculo con los gobernadores. Algunos de los aliados le bajaron el pulgar, incluso siendo una medida que apoyaban y que beneficiaba a sus territorios. “Cuando las cosas están mal explicadas, las cosas salen mal”, dijo Juan Pablo Valdés a este medio, quien responsabilizó a La Libertad Avanza por la mala comunicación. El canciller Pablo Quirno aseguró que un extranjero podría comprar un municipio o una provincia. Eso, sumado al rechazo social de la mano de figuras del espectáculo como Tini y Emilia Mernes, generó una situación incómoda para los mandatarios provinciales.

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Pero antes de lo que sucedió en el Senado con la Ley de Tierras, el Gobierno había iniciado una etapa de acercamiento con los aliados, sobre todo con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. En esos días, la suspensión de las PASO era prácticamente un hecho, ya que contaban con el apoyo de la UCR y el PRO. ¿Qué es lo que cambió? Un sector del radicalismo comenzó a poner en duda su apoyo al proyecto que, entre otras cosas, los dejaría sin una herramienta clave para dirimir liderazgos, sobre todo si surgiera un candidato a presidente que pudiera representar a la centroderecha.

El Gobierno profundizará un vínculo con los gobernadores del norte y la cordillera

Al no tener un candidato definido a presidente, la implementación de las colectoras aparecía como la solución al dilema que viven los gobernadores radicales en sus provincias: un alto nivel de apoyo a la figura de Milei, un electorado compartido y la ausencia de una figura que irrumpa y lidere una alternativa a La Libertad Avanza. Pero algo sucedió en los últimos días que hizo que un sector de la UCR se ilusione con la posibilidad de pelear por la Presidencia.

“El tema se enfrió”, reconocen algunos correligionarios sobre la suspensión de las PASO. Otros son más tajantes y consideran que el Gobierno perdió tiempo con la salida de Manuel Adorni, más el operativo frustrado para recibir a la Selección argentina y la impericia para aprobar la Ley de Tierras. “Tenían que haber avanzado cuando estaban los votos y se colgaron”, describen. Esa nueva mirada no implica que eventualmente apoyen la reforma electoral, pero sí aclaran que el Gobierno no tendrá la negociación tan fácil como se creía.

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En la Casa Rosada saben que cuentan con el apoyo del PRO, más aún después de las paces que hicieron Karina Milei y Mauricio Macri para conformar una mesa política para avanzar en una alianza electoral. Tanto Rogelio Frigerio como Ignacio “Nacho” Torres mantienen su apoyo para suspender las internas, según dijeron a Infobae. Junto con el partido amarillo, el radicalismo referenciado con Alfredo Cornejo y los gobernadores del norte y la cordillera, La Libertad Avanza planea aceitar el vínculo para llegar a un acuerdo de cara a 2027.

Los gobernadores de la UCR lograron aceitar buen vínculo con las autoridades partidarias, quienes aseguran que trabajan para construir una alternativa de cara al 2027

Pero hay un calendario que apremia. El Gobierno quiere que el futuro de las PASO se resuelva en el Congreso en el mes de septiembre para cumplir con la exigencia de la Cámara Nacional Electoral, que requiere un cronograma para octubre. Los libertarios confían en que no habrá inconvenientes. Si bien reconocen el desacierto con la Ley de Tierras, mencionan como ejemplo de buena sintonía con los aliados el dictamen que se logró en Diputados para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

“¿Por qué lo vamos a apoyar ahora? Falta mucho”, dicen los dirigentes vinculados en las negociaciones electorales. Son los mismos que mencionan la necesidad de aprobar el proyecto de Zonas Frías, que reduce los subsidios al gas, para avanzar con Zonas Cálidas, que creará una especie de “semáforo” de tarifas, por zona geográfica, según la temperatura. Es por eso que el Gobierno tiene como objetivo acelerar esas conversaciones y en los próximos días tendrán reuniones con mandatarios de la UCR. “Hay plafón para avanzar en acuerdos”, confían.

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¿La UCR va a tener candidato a presidente?

La última reunión de “Radicales, estamos a tiempo”, el espacio que congrega a dirigentes históricos como Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y Mario Negri, entre otros, planteó la necesidad de que la UCR tenga un candidato a presidente, para no repetir el fracaso de la estrategia electoral de 2023. Además, defendieron las PASO que, según su mirada, “el intento de eliminación es una trampa para favorecer el protagonismo kirchnerista en 2027”.

Lo que pareció una exigencia casi imposible de cumplir se convirtió en una esperanza con algunos brotes verdes. Entre las autoridades partidarias evitan dar un nombre, pero reconocen que “trabajan para construir una alternativa” y hasta insisten en que, para eso, las PASO son indispensables. “Vamos a trabajar para tener candidatos en todos lados”, insisten.

La mayor frustración que viven los radicales es que no logran hacer pie a nivel nacional, pese a las buenas gestiones en varios municipios del interior y en las cinco provincias que gobiernan. Entre los militantes surgen los nombres de Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo como los principales exponentes para pelear por la Presidencia, aunque en sus entornos no muestran ningún signo de interés para dar esa pelea, por lo menos por ahora. Solo el gobernador correntino se animó a hablar de un candidato presidencial correligionario: “Podríamos tener al hombre que pueda representar los intereses de los argentinos”.

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El futuro de Milei

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La primera presidencia de Javier Milei podrá ser recordada por muchas cosas: por retomar una senda de crecimiento luego de 12 años de estancamiento, por bajar la pobreza, la inflación, o por romper con el déficit fiscal. Podrá ser recordada por salvarnos de ser Venezuela, o por un período irrepetible de República (nunca los poderes han sido tan independientes). Pero quiero argumentar en estas líneas que probablemente no termine siendo recordada por lo que ocurrió durante su gestión -una tarea más bien de bombero al que lo obligó la herencia que recibió-, sino por haber plantado las bases del retorno del país a la prosperidad.

El triángulo de equilibrio fiscal, libertad económica y respeto de los derechos de propiedad son los basamentos conceptuales de la nueva Argentina. Pero los conceptos son una cosa y la realidad es otra. El equilibrio fiscal es fácil prometerlo, pero la ejecución es una tarea durísima: lo pone al ministro de Economía en la incómoda tarea cotidiana de decir que no, y a los desreguladores a ir a las cloacas de la normativa para librar una guerra de zapa contra los intereses creados.

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Pero lo que este gobierno tiene, de sobra, es capacidad para transformar ideas en realidades. Y más allá del equilibrio fiscal y del programa de desregulación que se discuten mucho en la prensa, el Presidente ha impulsado una serie de reformas estructurales que son la llave para convertir a Argentina en un país desarrollado. Por momentos, quedan tapadas por el ruido y pasan desapercibidas, pero son lo realmente importante. “No confíes en tus ojos, te engañan”, le dice Obi wan Kenobi a Luke Skywaker. Miremos, entonces, esas cosas que tenemos enfrente, pero que todavía no hemos visto.

Arranquemos con la Ley Bases porque contenía una reforma clave que explica todo el boom energético que vino después: la liberación de las exportaciones que derivó en la eliminación del llamado “barril criollo”. El kirchnerismo había transformado los precios de exportación de energía en una decisión política. El resultado fue que, durante años, aun sabiendo de los recursos que teníamos, nadie invertía un peso. Una cosa es el riesgo de los mercados, pero mucho peor es el riesgo de un político. Removida esa restricción, reafirmados los derechos de propiedad y mejorado el marco fiscal, la producción de petróleo llegará este año a casi un millón de barriles diarios, récord histórico, y 90% por encima del valor del 2020. Para 2035 las exportaciones de energía se estiman en 47.000 millones de dólares, Argentina camina a convertirse en un jugador de clase mundial en energía. ¡Y pensar que con el kirchnerismo ¡importábamos energía!

La ley de Glaciares, que intentamos en la Ley Bases pero que tuvo que esperar dos años, hizo lo suyo con el potencial minero de Argentina. Es difícil entender como alguien pensó que le haría bien a Argentina prohibirle una explotación que le permitiría duplicar sus exportaciones, trayendo empleo y riqueza a todo el país. Chile exporta US$60.000 millones de recursos mineros, una referencia obvia para el potencial minero del país. Pero cuando el presidente Milei llegó Argentina exportaba solo 4000 (para 2026 estimamos ya 10.000). ¿Cómo sería nuestro país si no nos hubiéramos prohibido 60.000 millones de exportaciones anuales los últimos 30 años? Por suerte ya fue. Con exportaciones esperadas de 42.000 millones de dólares para el año 2035, Argentina emerge también como un gigante en esta arena.

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En lo que hace al agro reconfiguramos el marco de propiedad intelectual para las semillas, para que puedan llegar a nuestro país las innovaciones en genética que se usan en el mundo. Hoy, un algodón en Brasil rinde tres veces más que en Chaco. En frutillas, una semilla californiana permite multiplicar la producción 5 veces. La productividad de nuestra soja viaja hace décadas a 60% de la velocidad del resto del mundo. Solo en soja y trigo ese atraso tecnológico nos venía costando 4000 millones de dólares anuales. Con un nuevo régimen de fiscalización que ya implementamos y el consenso que construimos en torno a una nueva ley de semillas abrimos la puerta para equiparar esas productividades. También se ampliaron significativamente los mercados para la carne argentina en el mundo. Dos ejemplos valen como muestra. Se quintuplicó la cuota de acceso al mercado norteamericano de carne vacuna, y se abrió y amplió el mercado japonés para nuestra carne aviar y bovina.

Siempre se habla del costo de la logística en nuestro país. Más allá de las múltiples desregulaciones en el sector de transporte (los bitrenes por sí solos bajaron el costo del camión entre un 20% y 30%), se acaba de completar la licitación de nuestra red troncal de rutas (9000 km.), a las que próximamente se sumarán concesiones y ampliaciones en otros 6000 km. en tramos todavía no concesionados (toca las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 158, 228 y 237). Y, finalmente, se están evaluando las dobles manos en segmentos de alto tránsito que se venían reclamando hace décadas (por ejemplo, en las rutas 3, 5 y 7, además de la Autopista 0017 en el conurbano).

La licitación del Belgrano Cargas también ya se lanzó, y puede configurar un cambio trascendental en la logística del país. Siendo muy conservadores permitiría una baja del 40% en los fletes de 1000 km., y del 60% en fletes de 500 km. Implementada con un sistema de open-access, evitará el fracaso de las concesiones de los años 90, que focalizaron la operación en un mono-productor que nunca amplió la actividad a toda la economía de su región. Ahora cualquier empresa de logística podrá usar las vías en lo que seguramente será un ecosistema sumamente dinámico.

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Pero nada de todo esto podría realmente potenciarse en serio sin mercados donde colocar nuestros productos. Argentina avanzó en apertura comercial en esta gestión más que en las últimas décadas. Tuvo que llegar Milei para que el tratado con la Unión Europea, que se aprobó con los votos decisivos de Italia, entrara en vigencia luego de 25 años de franela. Si en un día nuestros productores de miel, huevos y arroz arrasaron con los cupos libres de aranceles del Mercosur, vaya uno a saber hasta dónde puede llevarnos el acuerdo. A este se sumaron el tratado con EFTA y Singapur. El acuerdo con los Estados Unidos, también producto de un inteligente replanteo geopolítico del Presidente, avanza en su ejecución en todos sus frentes y ha permitido un acceso preferencial al mercado norteamericano, en lo que el Economist clasificó como el tratado más favorable que EE.UU. firmó con ningún país.

Pasando al funcionamiento de las empresas, no podemos dejar de mencionar la sanción de la Ley de Modernización Laboral, un intento por reconfigurar el mercado del trabajo, que permite los convenios por empresa (de los cuales pronto veremos los primeros casos) y mayor representatividad en los convenios colectivos, y que busca bajar la litigiosidad laboral en un mercado que desde el Covid se había flexibilizado de hecho vía monotributización.

También se implementó la mayor reforma del mercado de capitales desde la sanción de la Ley de Mercado de Capitales en 2012, porque se eliminó la necesidad de autorizaciones para la emisión de acciones, bonos o fondos comunes de inversión, dando libertad plena para un mercado que previamente se había hundido por el peso de su propia regulación. Escuchamos todos los días de pymes a las que esta nueva ventana les está dando un acceso al financiamiento impensado antes de la reforma. Un proyecto a punto de enviarse al Congreso profundizará la libertad de financiamiento estableciendo un registro nacional de garantías que agilizará la gestión privada de las garantías revolucionando el crédito prendario. La aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que recupera la independencia para la institución, refuerza a su vez el marco de estabilidad macroeconómica logrado.

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Resta mencionar tres iniciativas centrales que ya están en el Congreso: el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que ya tiene la aprobación de Diputados, y que permitiría el salto más grande en décadas para impulsar nuestra industria de punta y nuestro complejo de ciencia y tecnología. La ley de sociedades que da un marco de gran libertad para la gestión empresarial y que propone el primer marco realista en el mundo, con la necesaria supervisión humana, para las empresas que usan aplicaciones de IA. Ambos elementos serían clave para convertir a nuestro país en un hub de innovación e inversiones. Si queremos que Buenos Aires se parezca en algo a Dubái o a San Francisco estas dos iniciativas son vitales. Por último, el proyecto que define los derechos de propiedad sobre los bonos de carbono, con dictamen en el Senado, también reportará ingresos potenciales de miles de millones de dólares para los productores argentinos.

También deberíamos mencionar que lento, pero a paso seguro, avanza el programa de privatizaciones del Gobierno. Para fines del primer mandato del Presidente, el Estado se habrá retirado de la gestión de prácticamente todos sus activos en energía (excepto YPF), habrá concesionado la Hidrovía, las rutas, los trenes y la empresa de aguas del área metropolitana. Con un poco de viento a favor hasta nos sacamos de encima a Intercargo. Y no habrá progreso más grande en reducción de la corrupción que poder desprenderse de estas empresas.

A esto se suman cambios estratégicos en gestación que ni dimensionamos. Los gobernadores del norte están impulsando legislación que permita destrabar la navegación en los ríos, que reduciría los costos en casi 10% para todas las actividades productivas de esa región. También podemos mencionar las ampliaciones en la red de gasoductos en el centro del país, recientemente anunciado por la empresa TGN, que redefinirán la competitividad de la industria en Córdoba y Santa Fe, con potencial de bajar el precio de la energía a un tercio durante una parte importante del año. Ni hablar de que Bahía Blanca avanza para convertirse en un hub de petroquímica y fertilizantes de clase mundial. Todo esto confirma algo que siempre dijo el Presidente: la infraestructura tiene que desarrollarla el sector privado, no el viejo y corrupto régimen de obra pública, donde hasta una cosa tan sencilla como comprar caños terminaba saliendo el doble de lo que verdaderamente costaba.

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Si liberar los ríos baja los costos totales el 10%, si los bitrenes bajan el costo del transporte terrestre 20%, si la integración de gasoductos baja el precio del gas a un tercio, si la importación de maquinaria usada permite comprarla a un sexto, si los trenes reducen el costo de transporte entre un 40 y 60%, empieza a quedar claro la magnitud de las oportunidades que vienen. No por nada Argentina vive un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones que no se veía desde fines del siglo XIX. Es consistente con un gobierno que ya acumula 17.600 desregulaciones. Por eso tampoco asombra que 2024 y 2025 haya sido el bienio con mayor aumento de productividad desde los 80, según estimaciones privadas.

La mayor libertad y estabilidad hace que se sumen iniciativas sorprendentes todos los días: un puente sobre Bernardo de Irigoyen para sacar la producción sojera de Santa Catarina, Brasil, por Misiones, la explosión de destinos de exportación de la yerba mate, la hidrovía del Río Negro, el riego en la Patagonia, la maricultura… podríamos seguir. La Argentina próspera hacia la que caminamos será muy diferente a la actual. Cuatro millones de argentinos dejarán el conurbano y migrarán hacia las oportunidades laborales y una mejor calidad de vida que les ofrecerá el interior. Las ciudades capitales de provincias se poblarán de progreso, rascacielos y conectividad.

Dentro de 30 años seguramente se discuta qué funcionó mejor, qué funcionó peor y qué podría haberse hecho distinto. Habrá habido aciertos y errores. Pero si este proceso se consolida, la presidencia de Javier Milei será recordada, no tanto por cómo transformó su presente, sino por cómo le dio al país la oportunidad de un futuro.

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Ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei.



Federico Sturzenegger,LA NACION,Política

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Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”

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El tablero del recinto quedó detenido antes de que comenzara el debate: la oposición reunió 121 diputados y no alcanzó los 129 necesarios para abrir la sesión en la Cámara de Diputados. La convocatoria buscaba tratar el DNU 70/2023, la morosidad y la emergencia en discapacidad, pero las ocho bancas que faltaron para el quórum dejaron esos asuntos fuera de discusión. Desde la oposición, la jornada fue leída como otra señal de los acuerdos que el Gobierno teje con sectores provinciales.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada puso nombres y contexto a esa interpretación. En una entrevista con Infobae Al Amanecer, vinculó las ausencias con negociaciones entre gobernadores y el oficialismo, y cuestionó a los legisladores que no llegaron al recinto. “Es una vergüenza que, con argumentos que desconocemos, no aparezcan a trabajar”, afirmó.

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Ocho ausencias dejaron sin debate al DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad

La diferencia numérica marcó toda la sesión. Con 121 legisladores presentes, la oposición quedó a ocho votos de habilitar el debate, una distancia que Strada consideró difícil de explicar frente a la agenda prevista. “No hay margen para nadie”, sostuvo al referirse a las ausencias, incluidas las de diputados de su propio espacio político.

La diputada planteó que el temario reunía problemas con impacto directo en los distritos y que la falta de quórum impidió que esas demandas llegaran al recinto. “Hay provincias que están muy mal”, dijo, al mencionar a Santa Fe como uno de los casos durante su intervención televisiva.

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Para Strada, el problema no se limitó a la sesión caída. También cuestionó que algunos de los legisladores ausentes no hubieran participado de las actividades parlamentarias que se realizaron durante la semana, entre ellas reuniones con funcionarios en la Cámara baja. “No vienen para discutir”, afirmó.

En ese marco, cuestionó el tratamiento de un dictamen relacionado con la Ley de Tierras que el Gobierno incorporó a un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La legisladora pidió que el alcance de esa iniciativa se discuta de manera abierta y advirtió sobre su contenido. “Discutamos a ver qué quiere hacer el Gobierno”, planteó, antes de definirla como una “trampa”.

Julia Strada consideró inadmisible que sectores del peronismo hayan votado la reforma laboral del presidente Javier Milei - RS Fotos

Strada apuntó a los acuerdos entre gobernadores y el oficialismo

La dirigente de UxP dirigió una de sus críticas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la conducta de los diputados vinculados a su espacio. Según Strada, esas definiciones no fueron circunstanciales y respondieron a una relación política que ya venía consolidándose. “Jaldo cruzó el charco hace tiempo”, dijo.

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A partir de ese señalamiento, la diputada sostuvo que hubo negociaciones para evitar la presencia de esos legisladores en votaciones que consideró relevantes. “Preferir arreglar con el Gobierno que defender a la gente”, insistió al describir el sentido que, a su entender, tuvieron las ausencias en la Cámara de Diputados.

La discusión también remitió a votaciones previas, entre ellas la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Strada cuestionó a los sectores que acompañaron esa iniciativa y los interpeló desde la identidad peronista. “Es una vergüenza que cualquiera que se dice peronista haya votado la reforma laboral de Milei”, sostuvo.

Al desarrollar esa crítica, la legisladora advirtió sobre los cambios en las condiciones de contratación y señaló el avance de esquemas de facturación para trabajadores que antes estaban bajo relación de dependencia. “Que todo el mundo sea monotributista es parte de esta reforma laboral”, afirmó.

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La diputada opositora afirmó que el Poder Ejecutivo carece de intención de financiar a las universidades públicas - Jaime Olivos

La movilización por universidades y discapacidad atravesó el reclamo parlamentario

La sesión frustrada ocurrió en medio de reclamos sociales por el financiamiento de las universidades públicas y por la emergencia en discapacidad. Strada vinculó esas movilizaciones con las dificultades de quienes participaron de las protestas y con el esfuerzo sostenido de estudiantes y familias. “El esfuerzo de la sociedad es enorme”, declaró.

Sobre la situación de las universidades, la diputada sostuvo que el Poder Ejecutivo no cambiará su posición sin una presión política e institucional mayor. Al referirse a Milei y a integrantes de su administración, afirmó que existe “ninguna intención de financiar la universidad pública”.

Para la legisladora, el Congreso conserva una herramienta frente a ese escenario, aun con las limitaciones que expuso la falta de quórum. “Nuestra herramienta es que funcione mínimamente la República Argentina”, expresó, al cuestionar el incumplimiento de fallos judiciales y la ausencia de sanciones.

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La crítica institucional incluyó la composición de la Corte Suprema de Justicia. Strada describió una “crisis institucional” y advirtió sobre el funcionamiento del tribunal, que actualmente cuenta con tres integrantes. “Tenemos una Corte sin conformar en su mayoría”, afirmó.

También consideró que las protestas por la universidad y la discapacidad expresan una base social que continúa activa. “Ayer volvimos a demostrar que llenamos la plaza”, dijo durante la entrevista, al referirse a la movilización realizada el día anterior.

La referente parlamentaria denunció una crisis institucional ante el funcionamiento de la Corte Suprema con tres integrantes - Gaston Taylor

La diputada pidió construir una alternativa para las elecciones

De cara al futuro político, Strada sostuvo que el oficialismo no modificará por sí solo sus decisiones sobre el financiamiento universitario ni sobre discapacidad. “Hay que cambiar el Gobierno”, afirmó, y propuso que la oposición impulse las leyes que estén a su alcance hasta las elecciones de 2027.

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La diputada reconoció, a la vez, que las diferencias dentro del campo opositor pueden favorecer al Gobierno nacional. Sin precisar qué partidos deberían formar parte de una futura alianza, Strada planteó la necesidad de reunir a sectores amplios frente a la gestión de Milei.

“El conjunto de las fuerzas democráticas en la Argentina tiene que poder reunir una serie de elementos para enfrentar este Gobierno”, sostuvo.

El cierre de su planteo volvió sobre la sesión que no llegó a abrirse y sobre los legisladores que no dieron quórum. “La lista es la que vimos de los que no vinieron”, afirmó, antes de dejar una definición sobre el trabajo político que, según dijo, deberá encarar cada espacio: “El peronismo tendrá que hacer su tarea y también el resto de las fuerzas políticas tendrá que hacer su tarea para armar una propuesta el año que viene”.

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Crecen las tensiones en el Gobierno por la ley de Malvinas y hay diferencias sobre los cambios al Consejo de Seguridad

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El Gobierno profundizó sus diferencias internas por el paquete de Malvinas y mantiene abiertas las negociaciones para modificar el Consejo de Seguridad que impulsa Javier Milei. En la Casa Rosada reconocen que los desacuerdos sobre la composición del organismo y las atribuciones que tendría el Congreso complican el tratamiento parlamentario. El oficialismo buscará obtener dictamen el martes 20 de octubre, pero existen dudas sobre la posibilidad de llevar la iniciativa al recinto durante la próxima semana.

La Secretaría Legal y Técnica envió nuevas propuestas de modificación durante las últimas horas, pero no consiguió el respaldo de los bloques aliados, según pudo saber TN. En La Libertad Avanza aseguran que el texto deberá volver a revisarse y reconocen que el Consejo de Seguridad Nacional es uno de los principales puntos de negociación. “Se está evaluando modificar el proyecto y lo que corresponde al Consejo de Seguridad”, expresan en el oficialismo.

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La discusión también alcanza a la integración del organismo que el Ejecutivo pretende crear para coordinar las políticas de seguridad nacional. En la mesa política circuló la posibilidad de incorporar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una alternativa que encontró resistencias y quedó descartada por ahora.

El proyecto original establece que el Consejo estará presidido por Milei y que participarán el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

En el entorno de Karina Milei también ponen en discusión la presencia de Legal y Técnica como miembro permanente del Consejo. Algunos referentes consideran que ese lugar puede revisarse durante las negociaciones parlamentarias. En otros despachos oficiales rechazan modificar la estructura para incorporar a legisladores y sostienen que se trata de un organismo del Poder Ejecutivo, por lo que su integración debe responder a las funciones de conducción y coordinación que corresponden al Presidente.

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Otro punto de desacuerdo es el alcance de la comisión bicameral que se incorporaría para supervisar las actividades del Consejo de Seguridad Nacional. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, anticipó públicamente que el Ejecutivo estaba dispuesto a incluir un mecanismo de seguimiento parlamentario. Sin embargo, durante las conversaciones también se analizó una alternativa más amplia, con facultades para autorizar determinadas decisiones antes de su ejecución. Esa posibilidad no consiguió consenso dentro del oficialismo.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, buscó bajar la tensión con el Reino Unido: «El reclamo por Malvinas es por vía diplomática y pacífica». (Foto: AFP – Luis Robayo)

La diferencia está en el grado de intervención que tendría el Congreso sobre las decisiones de seguridad nacional. Una comisión de seguimiento podría recibir información, solicitar explicaciones y controlar posteriormente las actuaciones del Ejecutivo, mientras que una bicameral con facultades de autorización previa condicionaría determinadas medidas a una aprobación legislativa. Todavía no existe una redacción consensuada sobre sus atribuciones ni sobre qué decisiones quedarían alcanzadas.

Las negociaciones también generaron diferencias entre la conducción parlamentaria y el equipo que intervino en la elaboración del proyecto. Martín Menem mantiene conversaciones con los bloques aliados para alcanzar una mayoría, mientras que en el entorno de Santiago Caputo defienden la arquitectura institucional de la iniciativa y rechazan modificaciones que alteren las atribuciones del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada buscan reducir esas diferencias antes de que el expediente vuelva a discutirse en comisión.

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