El Tribunal Oral Federal N° 4 difundirá este mediodía el veredicto del Caso Skanska, la constructora sueca acusada de direccionar licitaciones y pagar coimas a funcionarios públicos durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner.

La Fiscalía pidió penas de entre cuatro y cinco años de cárcel para los principales acusados, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. Además de inhabilitarlos de manera perpetua para ejercer cargos públicos y decomisos millonarios.

El tribunal de Comodoro Py informará cuál será la sentencia para ambos exfuncionarios, que escucharán la decisión judicial de manera virtual desde sus lugares de detención. De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde la cárcel de Ezeiza, respectivamente.

Las claves de Skanska, el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo

El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista. En el expediente se investigó el supuesto pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004. Según la Justicia hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y pagarles coimas a exfuncionarios públicos fue acusada, además, de esconder este esquema a través de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía en la que un exejecutivo, Javier Azcárate, dijo en diálogo con el exsíndico dela empresa, Claudio Corizzo, que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras. La causa judicial involucró tanto a exfuncionarios kirchneristas como a directivos de Skanska.

El juez federal, Sebastián Casanello, argumentó al elevar el caso a juicio, en 2019: “La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento».

El magistrado planteó: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”.

Casanello advirtió: “Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno».

Julio De Vido, José López, skanska

Facundo Leal, extitular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y de ORSNA en el Gobierno de Javier Milei, declarará este lunes a las 10 ante la justicia federal de San Isidro en la causa que lo investiga por presuntas coimas durante su paso por la función pública.

El exfuncionario se encuentra detenido con prisión preventiva desde el 29 de mayo luego de que en un allanamiento a su departamento se hallaran más de dos millones de dólares en efectivo, drogas y equipos de inteligencia.

Hasta el momento, no está claro si el imputado accederá a responder preguntas del tribunal o si presentará un escrito para hacer su descargo ante las acusaciones.

La citación a declaración indagatoria había sido solicitada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga presuntas maniobras de corrupción en contrataciones realizadas dentro de la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional.

Leal presidió Arsat desde 2022, durante la gestión del Frente de Todos, hasta 2025, con un paso de año y medio durante la administración de La Libertad Avanza. Luego, en junio del año pasado, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tras la llegada de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte -hoy ocupada por Mariano Plencovich-. Durante los cinco años que estuvo en la función pública, Leal multiplicó por 13 su patrimonio, un incremento del 1270%.

Los allanamientos a las propiedades del exfuncionario en CABA y en Mendoza se desataron a partir de una denuncia del propio Gobierno por un robo de equipamiento tecnológico ubicado en un depósito de ARSAT. En ese contexto, el operativo encontró más de US$650.000 en efectivo, además de pesos argentinos y divisas extranjeras de distintos países por un total de US$ 2,4 millones. También secuestraron cocaína, ketamina, pastillas de MDMA y otras drogas sintéticas, junto con 19 dispositivos profesionales de espionaje.

A partir de la investigación, la Justicia encontró indicios de posible corrupción en los contratos del organismo con la empresa de logística ALS. La hipótesis está fundamentada en las menciones del exfuncionario en mensajes de Whatsapp de otros imputados en la causa por presuntos retornos, como el subgerente de compras de ARSAT Gerardo Boschin o Diego Padilla, de la empresa ALS.

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La causa está en manos del juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, mientras que la tenencia de estupefacientes es investigada en un segundo expediente a cargo de Daniel Rafecas. De acuerdo a la defensa de Leal, los estupefacientes no estaban destinados a comercialización, sino a consumo personal.

Por otro lado, el exfuncionario entregó su celular, pero se rehusó a dar la clave de acceso. En la Justicia hay mucha expectativa por el contenido del dispositivo, que podría contener evidencia clave para el destino de la causa.

ARSAT