El Gobierno porteño presentó ayer un proyecto para reformar el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, con una baja de la edad de responsabilidad de 18 a 14 años, multas y arrestos más elevados y la incorporación de conductas vinculadas con delitos digitales, acoso callejero y alteraciones de la seguridad pública, entre otros puntos.

En este sentido, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió la iniciativa durante una entrevista con radio La Red y sostuvo que el objetivo es que los incumplimientos a las normas de convivencia tengan consecuencias. “Son acciones que venimos realizando en la Ciudad para que aquel que no cumpla la ley tenga consecuencias, para seguir ordenando la ciudad y, en definitiva, darle una mejor calidad de vida a los porteños”, afirmó.

La propuesta deberá ser tratada y votada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó el funcionario, la reforma está estructurada en cuatro ejes: la adecuación de la edad de responsabilidad, la inclusión de nuevas contravenciones, el agravamiento de las sanciones y la eliminación de mecanismos sustitutivos de las penas.

En este punto, adelantó que ve factible su aprobación en la Legislatura porteña, y apuntó: “El debate obviamente va a ser rico, donde va a dejar las posturas muy claras. De qué lado querés estar, de aquel que cumple la ley o de aquel que no la cumple y no tiene consecuencias”.

Los puntos fundamentales

Uno de los cambios centrales apunta a que las personas de entre 14 y 17 años puedan recibir sanciones por contravenciones bajo un régimen especial. En la actualidad, el Código Contravencional establece los 18 años como edad de responsabilidad para este tipo de infracciones.

Tapia indicó que el proyecto busca equiparar ese límite con el que rige para delitos en la legislación nacional. “Aquel que cometía una contravención y era menor de 18 años no podía ser sancionado. Eso lo bajamos a 14, lo adecuamos a la ley nacional”, dijo el ministro.

Las contravenciones son infracciones de menor gravedad que los delitos penales y abarcan conductas que afectan la convivencia urbana, el espacio público o la seguridad. El ministro las definió como un marco de reglas para la vida cotidiana en la Ciudad.

El segundo eje de la iniciativa incorpora figuras que, según el Gobierno porteño, hoy no están contempladas de manera específica en el Código Contravencional. Allí se incluyen el phishing, los deepfakes y la comercialización o difusión de imágenes sin consentimiento.

El funcionario aludió al caso de la divulgación de imágenes de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires Carlos Pellegrini para describir la problemática. “Es una realidad que hoy afecta a la sociedad y no hay herramientas para poder atacarla”, sostuvo.

Tapia señaló que esos comportamientos deberían formar parte del Código Penal, cuya regulación corresponde al Congreso nacional. Sin embargo, afirmó que la iniciativa busca otorgar herramientas a los jueces de la Ciudad mientras se discuten eventuales cambios en la legislación de fondo.

La propuesta también contempla la suplantación de identidad de personas que se hagan pasar por agentes de tránsito o inspectores de control para cometer estafas. A ese listado se suman el acoso y seguimiento en la vía pública.

El tercer punto de la reforma contempla un aumento de las multas y de los días de arresto previstos para varias contravenciones. En este sentido, Tapia explicó que la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol podría llegar a $ 7 millones si la iniciativa es aprobada.

El ministro también afirmó que se prevé aplicar sanciones frente a la portación de objetos que, de acuerdo con el proyecto, puedan alterar la seguridad pública durante una movilización, como bombas molotov o palos.

“Si vas a una marcha con una bomba molotov o con un palo, también vas a ser sancionado”, advirtió. Y detalló que la conducta podría ser castigada de forma independiente de otras infracciones, como el corte de calles.

La reforma busca eliminar probation y penas en suspenso para contravenciones

La iniciativa incluye además la eliminación de las penas sustitutivas. Tapia cuestionó que una contravención pueda resolverse a través de mecanismos como la probation o una pena de ejecución en suspenso.

“Al no ser delitos y ser contravenciones, eliminamos las penas sustitutivas”, señaló. El ministro consideró que, al tratarse de infracciones menores a un delito, las sanciones deberían aplicarse de manera efectiva.

El proyecto se integra a cambios recientes impulsados por el Ejecutivo porteño sobre la actividad de los cuidacoches. Hace alrededor de un mes y medio, la Legislatura aprobó una modificación puntual que incorporó arresto para quienes extorsionen a conductores en la vía pública.

Tapia sostuvo que antes la respuesta prevista era principalmente una multa. “Siempre se hacían operativos de trapitos, pero no tenías una pena de arresto. La pena que tenías era de multa”, afirmó.

El traslado de detenidos de Devoto a Marcos Paz

Por otro lado, el ministro se refirió al convenio para trasladar a cerca de 1.800 detenidos de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz, administrado por el Servicio Penitenciario Federal.

Según indicó, el nuevo establecimiento tendrá capacidad para 2.240 personas. Las plazas disponibles permitirían, además, aliviar la situación de detenidos alojados en comisarías porteñas.

“El objetivo era cumplirle a los vecinos de Devoto, sacar la cárcel de su barrio, del centro de la ciudad”, sostuvo. El funcionario agregó que se creó un comando unificado para organizar los traslados y que el eventual uso futuro del predio de Devoto deberá ser definido por la Legislatura.

La reforma del Código Contravencional iniciará ahora su recorrido parlamentario, donde los bloques deberán definir si acompañan los cambios propuestos por el Ejecutivo porteño.

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