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El Gobierno prepara una reforma judicial para achicar Comodoro Py y reforzar los juzgados federales en las fronteras

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El Gobierno diseña una reforma judicial para ampliar la cantidad y los recursos de los juzgados federales ubicados en zonas de frontera y reducir estructuras en Comodoro Py, la Cámara Federal de Casación Penal y tribunales del interior del país. En la Casa Rosada aseguran que el proyecto será enviado al Congreso en septiembre y que el objetivo central será redistribuir capacidades dentro de la Justicia federal.

“Es una reforma grande, que se va a mandar al Congreso cuando esté terminado”, expresan en Nación. El esquema todavía está en elaboración y no están definidos todos los tribunales que quedarán alcanzados, pero en Balcarce 50 hablan de “redireccionar” recursos judiciales hacia las jurisdicciones que consideran más críticas, especialmente aquellas atravesadas por narcotráfico y delitos transnacionales.

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Uno de los ejes será reforzar los juzgados federales de primera instancia en las fronteras. La evaluación oficial es que existen jurisdicciones con una carga de trabajo vinculada al narcotráfico, contrabando y crimen organizado que tienen estructuras insuficientes, mientras otras instancias mantienen cargos que el Ejecutivo considera que pueden reducirse o reorganizarse.

El propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había expuesto públicamente ese diagnóstico. Mencionó como ejemplo que una jueza federal de La Pampa debe subrogar actualmente el Juzgado Federal de Tartagal, en Salta, y calificó como “catastrófico” el nivel de vacantes de la Justicia federal del interior, especialmente en zonas de frontera atravesadas por el narcotráfico.

La contracara será una reducción de cargos y estructuras en otros sectores de la Justicia federal. En la Casa Rosada analizan achicar la integración de algunas cámaras federales provinciales y trasladar parte de esos recursos a órganos de primera instancia. Por ahora no precisan cuáles serán las jurisdicciones alcanzadas ni la cantidad final de cargos que se eliminarán o transformarán.

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Juan Bautista Mahiques aclaró que el Presidente no tiene una imposición constitucional para designar a la magistrada Michelli luego de la aprobación en el Senado (Foto: NA).

El plan incluye además a Comodoro Py. Mahiques confirmó que el Gobierno estudia reducir de 12 a ocho los juzgados federales de primera instancia que funcionan allí. La estructura actual de doce juzgados terminó de conformarse mediante la Ley 24.091, que en 1992 creó los juzgados 7 a 12 sobre los seis que ya existían.

También está bajo análisis achicar la Cámara Federal de Casación Penal de 13 a nueve jueces. Hoy la ley establece expresamente una integración de trece magistrados, distribuidos en cuatro salas de tres miembros y una presidencia, por lo que modificar esa estructura requiere pasar por el Congreso.

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La revisión podría alcanzar además cargos vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Casación Nacional y la Cámara del Crimen, entre otras dependencias. El criterio que transmite Justicia es evitar cubrir automáticamente estructuras que después pretende reducir y utilizar esos cargos presupuestarios para fortalecer otras jurisdicciones. Mahiques ya había anticipado públicamente que esos sectores formaban parte del análisis.

La reforma se presentará después de que el oficialismo avance con los pliegos para la Cámara Federal porteña. El Ejecutivo propuso a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para dos vocalías de la Sala I y el Senado los votara esta semana. En el Gobierno apuntan a cerrar primero esa negociación antes de abrir la discusión por la reorganización de los tribunales.

Ese movimiento forma parte de una agenda más amplia para cubrir vacantes. El Gobierno informó que ya envió 203 pliegos judiciales al Senado, con prioridad en juzgados de primera instancia y cámaras. El criterio coincide con la línea que Mahiques había fijado desde su llegada al Ministerio: completar primero las estructuras operativas con mayores niveles de vacancia antes de avanzar sobre los cargos de máxima jerarquía.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saluda a Juan Bautista Mahiques, luego de su jura como ministro de Justicia, en un acto en Casa Rosada (Foto: NA - Juan Foglia).
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saluda a Juan Bautista Mahiques, luego de su jura como ministro de Justicia, en un acto en Casa Rosada (Foto: NA – Juan Foglia).

En ese marco, la Corte Suprema quedó relegada de la agenda inmediata. Pese a que Milei reconoció públicamente que estudia nombres para cubrir los dos lugares vacantes, en Balcarce 50 descartan impulsar nuevas postulaciones en esta etapa. “Antes de todo eso, se va a avanzar con los juzgados electorales. Falta mucho”, expresan en Nación.

La misma cautela alcanza a la Procuración General de la Nación. En el Gobierno ponen en duda avanzar en el corto plazo con un candidato para reemplazar definitivamente al procurador interino Eduardo Casal. Tanto la Corte como la Procuración necesitan acuerdos políticos más exigentes en el Senado y, según la hoja de ruta oficial, quedaron detrás de la cobertura de los juzgados electorales y de la reorganización judicial.

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El orden de prioridades marca además una diferencia con el programa original de La Libertad Avanza. El plan presentado antes de llegar al Gobierno incluía expresamente completar la Corte Suprema y la Procuración, cubrir las vacantes federales y promover la “independencia económica absoluta” del Poder Judicial. La administración de Milei mantiene el objetivo de cubrir tribunales, pero actualmente descarta avanzar con una reforma sobre la autonomía económica de la Justicia.

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La reorganización se combinará con la implementación del sistema acusatorio federal, que cambia la distribución del trabajo entre jueces y fiscales. El esquema ya rige en nueve distritos federales y el cronograma oficial prevé que llegue a Posadas el 24 de agosto, a La Plata el 21 de septiembre y a Córdoba el 8 de marzo de 2027; para los fueros Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires está programado para el 15 de febrero de 2027.

En Balcarce 50 presentan así el proyecto de septiembre como una reasignación de la estructura judicial antes que como una ampliación general del sistema: menos cargos en tribunales que consideran sobredimensionados y más recursos de primera instancia en las fronteras y zonas atravesadas por el narcotráfico. El detalle final -qué cámaras se achicarán, qué juzgados se reforzarán y cómo se transferirán los cargos- todavía está en elaboración y deberá quedar plasmado en la iniciativa que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso.

Gobierno, juzgados federales, Comodoro Py

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¿Crece el enojo de Milei con Bullrich?: en Casa Rosada creen que cruzó un límite – Nexofin

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El Gobierno endureció su postura frente a Patricia Bullrich después de una serie de cuestionamientos públicos sobre el rumbo económico y distintas decisiones de la gestión de Javier Milei. En la Casa Rosada consideran que la senadora cruzó un límite al difundir una fotografía junto a dirigentes de su entorno y advierten que el encuentro dejó en evidencia su intención de construir un espacio político propio dentro de La Libertad Avanza.

En las últimas semanas, Bullrich marcó diferencias con el oficialismo en varios temas. Cuestionó el ajuste en Discapacidad incluido en el Presupuesto 2027, hizo reparos a la estrategia legislativa tras el traspié con la Ley de Tierras y tomó distancia de los dichos del Presidente sobre “quemar periodistas en la hoguera”.

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Javier Milei volvió a criticar a los periodistas en la Universidad Di Tella: “Seres cargados de maldad”

También insistió en que los resultados de la recuperación económica deben llegar a todos los sectores. Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la suspensión de los embargos a las pymes hasta mayo de 2027, la senadora recordó que venía reclamando esa medida desde hacía tiempo y pidió nuevas iniciativas para acompañar a la industria.

Sin embargo, el episodio que más incomodó al entorno presidencial fue la reunión que Bullrich encabezó con una docena de dirigentes en sus oficinas de Palermo. Del encuentro participaron diputados nacionales de La Libertad Avanza que la acompañan desde su etapa en el PRO, como Silvana Giúdici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Martín Matzkin. También estuvieron presentes legisladores porteños, su exjefe de campaña Gerardo Milman y el exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, entre otros.

La difusión de la imagen encendió las alarmas en Balcarce 50. En el oficialismo interpretaron que la expresidenta del PRO buscó exhibir una estructura política propia, integrada por dirigentes que actualmente forman parte de La Libertad Avanza, pero que mantienen un vínculo directo con la senadora.

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Patricia Bullrich volvió a tensar la relación con Milei: “Sin gasto descontrolado ni plan platita”

“La foto es cruzar un límite, porque los diputados que están ahí sentados no son de Patricia, son del Gobierno, del Presidente, entraron por La Libertad Avanza”, señalaron desde la Casa Rosada en diálogo con TN.

Cerca de Karina Milei también consideraron que la reunión representó un “desafío a la autoridad”, porque entienden que Bullrich intentó mostrar una fuerza parlamentaria propia al margen de la conducción presidencial. En ese sentido, cuestionaron la participación de legisladores nacionales y porteños en un encuentro que no tuvo carácter institucional.

El malestar también comenzó a extenderse entre otros integrantes de la mesa política del Gobierno. Una fuente con despacho en Balcarce 50 advirtió que la senadora está exponiendo demasiado sus diferencias y que su comportamiento empieza a generar incomodidad dentro del Gabinete.

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En ese contexto, algunas declaraciones recientes de funcionarios fueron interpretadas como mensajes dirigidos a Bullrich. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que La Libertad Avanza no tiene dos candidatos presidenciales y remarcó que el único postulante del espacio es Javier Milei.

“Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, sostuvo durante un encuentro con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

En una línea similar, Caputo cuestionó que “cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente”. Aunque el ministro de Economía no mencionó directamente a ningún dirigente, dos fuentes del oficialismo vincularon sus palabras con las recientes diferencias públicas de la senadora. “Empieza a haber hartazgo porque esto no funciona”, señalaron.

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En medio de la interna con Javier Milei, Patricia Bullrich reunió a dirigentes y legisladores aliados

Pese al malestar, el Presidente mantiene la decisión de evitar una confrontación directa con Bullrich. En el Gobierno reconocen que la senadora conserva capacidad de negociación con los bloques aliados del Senado, donde el oficialismo necesita conseguir apoyos para avanzar con su agenda legislativa.

Además, dentro de la Casa Rosada advierten que enfrentarla abiertamente podría profundizar el conflicto y terminar fortaleciendo su posición política. “La pondría en la otra vereda y le subiría el precio”, consideraron desde uno de los despachos oficiales.

Entre las alternativas que circulan aparece la posibilidad de acercar a Bullrich mediante una eventual candidatura a vicepresidenta, con el objetivo de mantenerla dentro del esquema de poder libertario. Sin embargo, la propuesta no genera consenso y algunos funcionarios rechazan esa posibilidad, con comparaciones sobre el camino que tomó Victoria Villarruel, hoy distanciada del Presidente.

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Por el momento, Milei no tiene previsto tomar ninguna decisión inmediata. La visita del papa León XIV funcionará como una suerte de tregua dentro del oficialismo, que buscará dejar las disputas internas en segundo plano durante los próximos días.

“Esta semana la política se pone de costado para estar todos juntos y recibirlo, después hay que ver qué sucede”, resumieron desde la Casa Rosada.

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Una fiscal de Comodoro Py pidió investigar si hubo algún delito en el escape de Flavio Bolsonaro

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La fiscal Paloma Ochoa firmó un requerimiento en el que pidió que se investigue si se cometió algún delito durante el trasbordo en el país del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro. Esa solicitud está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien determinará si lo impulsa y, en caso de que lo haga, podrá definir qué medidas de prueba realizar.

Capuchetti ya realizó unos primeros movimientos en la investigación la semana pasada, cuando el caso estalló. Pidió al Gobierno que informe si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

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La trama del trasbordo de Bolsonaro en la Argentina habría involucrado al asesor presidencial Santiago Caputo. Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú. Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Caputo. Se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.

Camioneta donde viajaba Santiago Caputo

Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo. Consultado por , Caputo negó haber estado en ese control: “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”. Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: “Misterio”.

Tal como informó , la jueza Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba la semana pasada a pedido de la fiscal Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de la decisión que tomó este miércoles al presentar el requerimiento de instrucción. Después de eso, resta saber cuál es el delito puntual que la fiscalía busca investigar y quiénes serían los investigados.

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Ochoa había pedido imágenes del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Iguazú desde donde la familia Bolsonaro partió a Estados Unidos, además del plan de vuelo y la lista de pasajeros y el personal de Migraciones que intervinieron en esta trama.

El avión que aguardaba por BolsonaroMARCOS PIN – AFP

La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno. Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El diputado Esteban Paulon también realizó otra denuncia relacionada. Ambas ingresaron al juzgado de Capuchetti.

Mientras la investigación del caso Bolsonaro comenzó a moverse en Comodoro Py, en Misiones se dirigió a la inversa. Precisamente, el fiscal federal de esa provincia, Fabián Martínez, pidió desestimar la denuncia para que se investigue si hubo delito en el ingreso al país de Bolsonaro. Lo hizo luego de recibir informes que le señalaron que no existió ningún impedimento para que el excandidato presidencial brasileño ingresara a la Argentina y viajara a Estados Unidos, según informaron fuentes judiciales.

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La decisión del fiscal Martínez será analizada por un fiscal de revisión. Se trata del expediente que inició a raíz de la denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.

Funcionarios de la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales. En paralelo, nadie esbozó comentarios sobre una posible participación del asesor Caputo.

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Andrés Malamud advirtió que atarse a un solo socio condena a América Latina: “Cuanto más vínculos tenés, más oportunidades surgen”

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Andrés Malamud planteó en el 16° Foro ABECEB que América Latina carece de la escala individual para fijar precios de sus recursos estratégicos y que, sin integración regional, la región está condenada a seguir siendo proveedora de materias primas. “La pregunta es cómo creamos la OPEP del litio, la OPEP del cobre, la OPEP de las tierras raras en América Latina”, afirmó el investigador durante el panel “América Latina: ¿proveedor de recursos o plataforma estratégica?”.

El debate, que reunió a Malamud con Ricardo Sennes, director de Prospectiva Public Affairs Latam, y fue moderado por Rosendo Grobocopatel, giró en torno a si el actual contexto geopolítico global representa una oportunidad real para que la región dé un salto cualitativo o si, en cambio, perpetúa su rol histórico de exportadora de commodities sin agregar valor.

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Malamud fue directo al comparar la situación regional con el origen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): así como Arabia Saudita necesitó construir un cartel para incidir en el precio del petróleo, ningún país latinoamericano puede solo determinar el valor del litio, el cobre o las tierras raras. Entre Argentina, Bolivia y Chile concentran entre el 80 y el 85 % de las reservas mundiales de litio, pero la ausencia de coordinación política hace que esa ventaja no se traduzca en poder de negociación.

El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa señaló que el problema no es solo económico. Apuntó que las principales actividades económicas de la región son ilegales —el narcotráfico y la minería ilegal del oro— y que eso erosiona la base sobre la que debería construirse cualquier proyecto de integración productiva. “El crimen no paga impuestos”, dijo, y advirtió que mientras el 45% de Argentina y el 70% de Perú operan en la informalidad, hablar de plataformas estratégicas regionales resulta prematuro.

De izquierda a derecha: Ricardo Sennes, director de Prospectiva Public Affairs Latam; Rosendo Grobocopatel, y Andrés Malamud (Adrián Escandar)

Desde una perspectiva más optimista sobre las posibilidades concretas, Sennes destacó que Brasil, Colombia y Argentina se ubican entre los cinco países del mundo con mayor tiempo de conexión a internet por habitante, y que esa penetración digital ya generó empresas de escala regional como Nubank y Mercado Libre. Para el consultor brasileño, ese capital social podría permitir un salto que no pase necesariamente por la industrialización tradicional.

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“Tenemos un espacio que tal vez permita un salto que no es ese salto lineal de pasar de las commodities a la industrialización básica”, sostuvo Sennes. Propuso avanzar con una lógica de integración selectiva: en lugar de construir grandes marcos institucionales regionales —parlamentos, tribunales, monedas comunes—, enfocarse en sectores con economía política favorable, como los servicios digitales, las cadenas de valor del agronegocio y la minería. Citó como modelo la regulación gradual que Brasil aplicó al sector fintech, donde el peso regulatorio fue creciendo en proporción al impacto sistémico del negocio.

La lógica original del Mercosur

Ante la pregunta por los caminos posibles, Malamud rechazó la idea de que el modelo europeo de integración sea el punto de partida: en realidad, es el punto de llegada. Recordó que tanto la Unión Europea (UE) como el Mercosur comenzaron encadenando sectores productivos específicos —carbón y acero en Europa, trigo, petróleo y autos en el caso del bloque sudamericano— y solo después construyeron instituciones. “Este fue siempre el camino que funcionó. No hay que inventar la rueda”, señaló.

El investigador citó al excanciller argentino Dante Caputo para explicar que la decisión original de Raúl Alfonsín y el presidente brasileño José Sarney fue respetar la función de la integración —la articulación productiva— y no copiar su forma institucional, como sí hizo la Comunidad Andina, que construyó parlamento, tribunal y universidad sin que nada funcionara. El error se repitió luego con el propio Mercosur, que derivó en instituciones vacías. El diagnóstico de Malamud fue que el bloque tuvo “siete años de oro” entre 1991 y 1998, hasta que la devaluación brasileña y la posterior irrupción de China como socio comercial diluyeron los incentivos para la integración vecinal.

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Sennes analizó la inserción internacional de Brasil en términos cualitativos, más allá del volumen comercial. Si bien China es el principal socio por exportaciones, esas ventas se concentran en grandes empresas y en commodities sin valor agregado. En cambio, las exportaciones hacia América Latina tienen un componente industrial significativamente mayor —incluyendo aviones de Embraer—, las de Estados Unidos involucran a las pequeñas y medianas empresas, y las de Europa representan la principal fuente de capital de largo plazo. “Tenemos que mantener estas cuatro o cinco relaciones más o menos equilibradas. Esto es estratégico”, afirmó.

Los expresidentes Mauricio Macri y Mariano Rajoy (España) - Adrián Escandar

Malamud complementó esa lectura con una defensa de la diversificación de vínculos como estrategia en sí misma, ilustrada con dos anécdotas concretas. La primera: Argentina es uno de los pocos países en desarrollo que exporta reactores nucleares a naciones desarrolladas —Australia y Argelia— gracias a contactos que nacieron de compartir el orden alfabético en organismos internacionales. La segunda: cuando Ucrania necesitó reconvertir a sus pilotos de aviones soviéticos a F-16 norteamericanos tras la invasión rusa, fue Portugal quien pudo hacerlo, porque décadas de asientos contiguos en foros multilaterales lo habían vinculado a Rumanía, que operaba ambos modelos. Para Malamud, los dos casos ilustran el mismo principio: “Cuanto más vínculos tenés, más oportunidades surgen. Si vos te atás a un solo socio, estás condenado”, advirtió.

Al cierre del panel, ambos expertos coincidieron en que el potencial humano de la región existe, pero que las condiciones institucionales lo inhiben. Sennes señaló que Brasil tiene 32 millones de microemprendedores individuales, una cifra comparable al universo de trabajadores formales, pero que tasas de interés de entre el 14 y el 15 por ciento anuales hacen que el incentivo racional sea vender la empresa y colocar el dinero en instrumentos financieros sin riesgo. Proyectó además un déficit de 10.000 profesionales en el sector tecnológico en los próximos cinco años, en un país de 210 millones de habitantes, como consecuencia del rezago educativo.

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Malamud cerró con una defensa del potencial argentino que combinó datos con ironía. Señaló que los politólogos argentinos tienen más influencia en las agendas académicas internacionales que los brasileños, precisamente porque la falta de mercado local los empuja al exterior y eso los conecta con redes globales. “Argentina sigue teniendo un PBI per cápita superior al de Brasil. Ese progreso tiene inercia”, afirmó. Y sumó que la distancia geográfica de los focos de conflicto mundial, antes un costo, se convirtió en un activo para atraer a quienes buscan estabilidad. “No estamos condenados al éxito, pero estamos lejos de estar condenados al fracaso”, concluyó.

El 16° Foro ABECEB reunió a referentes del mundo empresarial, político y académico para analizar las transformaciones del orden económico global y sus implicancias para Argentina y la región.

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