POLITICA
El Gobierno presentó su política nuclear: disciplina fiscal, exportaciones y el rol del sector privado
El gobierno de Javier Milei presentó sus primeros lineamientos formales de política nuclear y fijó cuatro objetivos para reordenar el sector: generar divisas con exportaciones de alto valor agregado, asegurar energía con bajas emisiones, preservar la capacidad tecnológica nacional y consolidar el liderazgo regional, según un documento de 54 páginas elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares al que accedió Infobae. Fue difundido el 7 de junio, en el 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El texto no funciona como un plan operativo con cronogramas ni partidas presupuestarias. Es un marco doctrinario que define qué debe esperarse del sector, por qué el Estado lo sostiene y con qué lógica se tomarán las decisiones.
Ese marco parte de un diagnóstico técnico de las capacidades instaladas y culmina con críticas hacia las gestiones anteriores. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, sostiene el documento, que añade que la capacidad de diseño, operación, fabricación y producción “está consolidada”, pero no ocurrió lo mismo con el andamiaje institucional, comercial y de gestión que permita convertirla en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país.
Falencias y dominios
El documento afirma que la Argentina integra el grupo de 15 países que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear. También recuerda que opera tres centrales de potencia, exporta reactores de investigación, produce radioisótopos médicos y forma cuadros técnicos con reconocimiento internacional.
La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en mayo de 1950. Ocho años después, el país ya operaba el primer reactor de investigación de América Latina, construido localmente, y desde entonces acumuló capacidades en operación de reactores, fabricación de elementos combustibles, producción de radioisótopos médicos y exportación de reactores de investigación.
Sobre esa trayectoria, los lineamientos formulan una crítica política e institucional. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, dice el documento, que resume la asimetría en otra frase: “Argentina ha producido sostenidamente ciencia y técnica nuclear de nivel internacional, pero no ha logrado convertir esa producción en industria de escala equivalente”.
La nueva arquitectura oficial comenzó el 9 de diciembre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares en la órbita del Ministerio de Economía. Según el comunicado difundido entonces por el Palacio de Hacienda, la estructura fue diseñada para supervisar y coordinar el sector con el objetivo de aportar dinamismo y mayor eficacia a la política pública vinculada a la actividad. El titular del flamante organismo es Federico Ramos Nápoli.
De acuerdo con ese mismo comunicado, la Casa Rosada buscó potenciar una tradición de “75 años de historia” y aprovechar recursos como el uranio para posicionar al país como proveedor estratégico internacional de ese mineral. Seis meses después, los lineamientos identificaron tres rasgos que, a juicio de la secretaría, distinguen a la actividad nuclear del resto de las industrias.
El primero es la densidad tecnológica acumulada: un sector nuclear completo integra física aplicada, ingeniería de materiales, química de procesos, sistemas de control e ingeniería de seguridad.
La segunda es la barrera de entrada elevada: construir capacidad nuclear desde cero requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares y plazos de entre 15 y 25 años. Los países que disponen de recursos financieros pero carecen de trayectoria nuclear no pueden adquirir ese acceso mediante compra simple; quedan estructuralmente condicionados a depender de los pocos que sí poseen las capacidades. Argentina ya está del lado favorable de esa barrera.
La tercera es el carácter de infraestructura crítica de seguridad nacional: la operación nuclear involucra materiales fisionables y compromisos de no proliferación, es decir, no concentrar uranio 235 a nivel militar —esto es, al noventa por ciento para fabricar armas atómicas—, una responsabilidad que el país cumple desde la creación de la CNEA y que únicamente el Estado puede asumir, lo que hace imposible la delegación pura al mercado.
A esas tres características se agrega la posición geopolítica favorable de Argentina: está fuera de las zonas de conflicto que afectan al sector nuclear global, no mantiene tensiones con potencias nucleares y combina capacidad técnica acumulada con estabilidad geopolítica, “una combinación que pocos países del mundo presentan simultáneamente”, según el texto.
Las nueve potencias nucleares que poseen armamento atómico de destrucción masiva son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en su informe 2026 asegura que estos estados poseen un inventario global de aproximadamente 12.187 ojivas nucleares. Rusia y Estados Unidos concentran casi el noventa por ciento de ese arsenal.
Exportar tecnología y no subsidiar proyectos inviables
Los “Lineamientos Política Nuclear Argentina 2026” establecen que la política de la Secretaría de Asuntos Nucleares “se ordena en torno a cuatro metas con jerarquía explícita”. Cuando dos entran en tensión, prevalece la de mayor rango.
El primero y más alto es la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado. El documento señala que Argentina debe constituirse como un actor clave en la cadena de suministros global de tecnología nuclear, priorizando segmentos donde la oferta mundial está concentrada en pocos proveedores y la demanda proyectada excede la capacidad instalada disponible. Quedan expresamente excluidas de este objetivo la exportación de uranio sin procesamiento —“segmento de bajo margen donde Argentina no presenta ventajas comparativas estructurales”— y los proyectos cuya viabilidad dependa de subsidios cruzados con recursos públicos.
El segundo objetivo es la seguridad energética con bajas emisiones. Las líneas de acción son tres: operar las centrales existentes —Atucha I, Embalse y Atucha II— en condiciones óptimas de disponibilidad técnica y costo operativo; evaluar caso por caso la incorporación de nueva capacidad de generación nuclear bajo el mismo estándar comparativo aplicable a cualquier otra alternativa; y participar de forma informada en el desarrollo global de reactores modulares pequeños, sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica argentina no respalde. El texto descarta explícitamente como meta la maximización de la participación nuclear en la matriz eléctrica como fin en sí mismo.
La tercera meta es preservar y desarrollar la capacidad tecnológica nacional mediante la consolidación y modernización del sistema de formación nuclear especializada y su incorporación progresiva a universidades nacionales con tradición en ingeniería.
El cuarto objetivo es el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico: consolidar a Argentina como referencia técnica e institucional del sector nuclear en América Latina y el Caribe, y traducir su pertenencia al grupo de países con capacidad nuclear plena en ventajas concretas de inserción internacional, alianzas estratégicas y participación en los foros multilaterales donde se definen las reglas del sector.
El liderazgo regional, establece el documento, se construye mediante oferta de valor sostenida en el tiempo, no mediante imposición de modelos ni dependencias asimétricas. A nivel global, Argentina ofrece su trayectoria de uso pacífico y cumplimiento riguroso de los regímenes de no proliferación como activo de credibilidad institucional.
El precio del uranio, la IA y la geopolítica
Los lineamientos sitúan esta política en una “cuarta fase” del sector nuclear global iniciada alrededor de 2020. El texto repasa la secuencia marcada por el accidente de Chernobyl en 1986, la hibernación posterior a Fukushima entre 2011 y 2020 y la recesión que llevó el precio del uranio a USD 18 por libra en 2016; diez años después, afirma, ese valor casi se triplicó y hay cerca de 70 unidades adicionales en construcción en el mundo.
El primer factor que explica la oportunidad, según el documento, es la reestructuración de las matrices energéticas. La transición hacia bajas emisiones requiere generación firme y despachable, y la energía nuclear aparece allí como la única opción industrialmente probada a escala global para ese segmento.
El segundo factor es el aumento de la demanda eléctrica asociada a centros de cómputo vinculados con inteligencia artificial. El texto sostiene que esas cargas requieren suministro continuo y altos estándares de confiabilidad, un perfil que se alinea con la generación nuclear y, en particular, con los reactores modulares pequeños aún en proceso de maduración comercial.
El tercero es el reposicionamiento geopolítico de las cadenas del ciclo del combustible. El documento describe una transición desde un mercado optimizado por costo hacia otro segmentado por confiabilidad geopolítica, y señala que capacidades críticas como la conversión y el enriquecimiento estaban concentradas en pocos proveedores, algunos hoy afectados por tensiones políticas que empujan a las economías occidentales a buscar diversificación.
Aunque no los menciona de manera expresa, el propio texto permite identificar a actores como la empresa rusa Rosatom y a Kazajistán por su peso en el abastecimiento global y por el impacto geopolítico derivado de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. En menor medida, la descripción también remite a la concentración de oferta en China.
El documento agrega dos señales financieras e institucionales del cambio global: el Banco Mundial levantó su prohibición de financiar proyectos nucleares y la Corporación Andina de Fomento estrechó vínculos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que depende de Naciones Unidas y está conducido por el diplomático argentino Rafael Grossi.
Ingresos claros
La estrategia oficial promueve una convergencia progresiva hacia esquemas de articulación público-privada similares al de CONUAR S.A., una empresa con capital mayoritariamente privado y participación minoritaria de la CNEA que opera desde hace más de cuatro décadas. La conformación accionaria propuesta prevé al socio privado como aportante mayoritario del capital y a la CNEA como socio minoritario que aporta tecnología y personal capacitado.
Los seis principios rectores del documento refuerzan esa lógica. El primero establece que la validación de proyectos debe basarse en criterios comerciales y afirma: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.
El segundo sostiene que la autonomía nuclear se demuestra con entregas efectivas y no con declaraciones públicas. “Argentina dejó de necesitar esa retórica en el momento en que adquirió capacidad técnica real”, señala el texto.
El tercer principio indica que la continuidad institucional sin resultados verificables es inercia y no virtud. El cuarto fija que el sector existe para producir, abastecer y exportar, y relega la investigación a un papel legítimo pero subordinado a esa finalidad productiva.
El quinto reconoce al sector privado como socio del Estado en la ejecución sectorial. El sexto impone disciplina fiscal y eficiencia operativa como condiciones obligatorias y no como preferencias programáticas: “La importancia estratégica eleva el estándar de exigencia al que cada proyecto debe responder, dado que las áreas estratégicas requieren mayor rigor en la asignación de recursos y no menor”, sostiene el informe, que explicita que el Gobierno busca que la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en proyectos actuales y futuros le genere ingresos claros en lugar de gastos.
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
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POLITICA
El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas – Nexofin
El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.
El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.
Andy Burnham y Donald Trump
Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.
El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.
Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.
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POLITICA
Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse
La renegociación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la reforma laboral avanza a fuego lento, pero hay un convenio que, curiosamente, ya comenzó a rediscutirse entre sindicalistas y empresarios pero es el único que el Gobierno no quería que se renovara.
Se trata del convenio colectivo de trabajo de la actividad metalúrgica, que quedó afuera de las intimaciones que hizo en junio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien 800 convenios con el fin de adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
¿Por qué se excluyó de la convocatoria oficial a la UOM, el principal gremio industrial de la Argentina? Es que el sindicato metalúrgico está intervenido por la Justicia desde que su titular, Abel Furlán, fue desplazado por irregularidades en la elección en la Seccional Zárate-Campana y Trabajo cree que una decisión tan decisiva como renegociar un nuevo convenio colectivo tiene que ser instrumentada por sindicalistas legitimados por sus afiliados y no por un interventor judicial.
La decisión causó tensiones entre Cordero y Alberto Biglieri, el interventor de la UOM desde el 22 de mayo pasado, porque éste, apenas asumió, designó una comisión de 5 dirigentes metalúrgicos para pilotear la negociación salarial del sector, que estaba rezagada en la rama metalmecánica y paralizada durante los últimos 2 años en la rama siderúrgica. Sin embargo, todo se complicó cuando la Secretaría de Trabajo emitió un dictamen en el que puso en duda las facultades de Biglieri para designar representantes paritarios.
El interventor de la UOM, flamante ganador de las elecciones de este martes para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, finalmente logró que se convalidara la comisión salarial gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que estableció que Biglieri “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” previstas cuando lo nombraron, y allí figuran las paritarias.
De esa manera, Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), los dirigentes de la UOM que Biglieri puso al frente de la negociación salarial (todos opositores a Furlán), avanzaron en las tratativas con las cámaras empresariales y a mediados de agosto firmaron los aumentos para las dos ramas metalúrgicas.
Ahora, esos sindicalistas se reunieron este miércoles en la sede de la UOM Capital en Villa Lugano, donde uno de los puntos centrales, además de la pelea para normalizar la vida institucional del gremio, fue el análisis de las primeras conversaciones con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), una de las cámaras del sector, dirigidas a actualizar el convenio colectivo de trabajo 260/75, cuyas cláusulas, a la luz de la reforma laboral, que le puso límites a la ultractividad, vencerán en diciembre.
En principio, la idea es pedir a Trabajo una extensión de la vigencia del convenio de manera de tener más tiempo para negociaciones bilaterales que no serán sencillas porque hay puntos que se mantienen desde 1975.
Ya hay borradores con posibles cambios que se están intercambiando entre las partes, aunque la comisión paritaria de 5 miembros decidió armar una mesa más amplia a la que invitarán a dirigentes de otras de las 53 seccionales de la UOM de todo el país.
Para los dirigentes metalúrgicos, según se acordó este miércoles, la prioridad pasa por modificar el artículo 4 del convenio para sumar actividades surgidas de las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos. También se apunta a negociar cambios en el artículo 6, que regula el régimen de categorías y define los requisitos teóricos y prácticos para clasificar a los trabajadores según sus funciones y nivel de especialización.
El otro artículo en revisión es el número 7, donde figura la nómina básica de oficios reconocidos dentro de la industria metalúrgica y que buscan actualizar en función de las modificaciones que se produjeron en la actividad.
Las negociaciones entre las partes recién comienzan y tanto sindicalistas como empresarios descuentan que la Secretaría de Trabajo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, avalará lo que se acuerde para que la UOM no sea el único sindicato que quede excluido de la renegociación de los convenios colectivos.
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