POLITICA
El Gobierno presentó su política nuclear: disciplina fiscal, exportaciones y el rol del sector privado
El gobierno de Javier Milei presentó sus primeros lineamientos formales de política nuclear y fijó cuatro objetivos para reordenar el sector: generar divisas con exportaciones de alto valor agregado, asegurar energía con bajas emisiones, preservar la capacidad tecnológica nacional y consolidar el liderazgo regional, según un documento de 54 páginas elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares al que accedió Infobae. Fue difundido el 7 de junio, en el 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El texto no funciona como un plan operativo con cronogramas ni partidas presupuestarias. Es un marco doctrinario que define qué debe esperarse del sector, por qué el Estado lo sostiene y con qué lógica se tomarán las decisiones.
Ese marco parte de un diagnóstico técnico de las capacidades instaladas y culmina con críticas hacia las gestiones anteriores. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, sostiene el documento, que añade que la capacidad de diseño, operación, fabricación y producción “está consolidada”, pero no ocurrió lo mismo con el andamiaje institucional, comercial y de gestión que permita convertirla en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país.
Falencias y dominios
El documento afirma que la Argentina integra el grupo de 15 países que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear. También recuerda que opera tres centrales de potencia, exporta reactores de investigación, produce radioisótopos médicos y forma cuadros técnicos con reconocimiento internacional.
La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en mayo de 1950. Ocho años después, el país ya operaba el primer reactor de investigación de América Latina, construido localmente, y desde entonces acumuló capacidades en operación de reactores, fabricación de elementos combustibles, producción de radioisótopos médicos y exportación de reactores de investigación.
Sobre esa trayectoria, los lineamientos formulan una crítica política e institucional. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, dice el documento, que resume la asimetría en otra frase: “Argentina ha producido sostenidamente ciencia y técnica nuclear de nivel internacional, pero no ha logrado convertir esa producción en industria de escala equivalente”.
La nueva arquitectura oficial comenzó el 9 de diciembre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares en la órbita del Ministerio de Economía. Según el comunicado difundido entonces por el Palacio de Hacienda, la estructura fue diseñada para supervisar y coordinar el sector con el objetivo de aportar dinamismo y mayor eficacia a la política pública vinculada a la actividad. El titular del flamante organismo es Federico Ramos Nápoli.
De acuerdo con ese mismo comunicado, la Casa Rosada buscó potenciar una tradición de “75 años de historia” y aprovechar recursos como el uranio para posicionar al país como proveedor estratégico internacional de ese mineral. Seis meses después, los lineamientos identificaron tres rasgos que, a juicio de la secretaría, distinguen a la actividad nuclear del resto de las industrias.
El primero es la densidad tecnológica acumulada: un sector nuclear completo integra física aplicada, ingeniería de materiales, química de procesos, sistemas de control e ingeniería de seguridad.
La segunda es la barrera de entrada elevada: construir capacidad nuclear desde cero requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares y plazos de entre 15 y 25 años. Los países que disponen de recursos financieros pero carecen de trayectoria nuclear no pueden adquirir ese acceso mediante compra simple; quedan estructuralmente condicionados a depender de los pocos que sí poseen las capacidades. Argentina ya está del lado favorable de esa barrera.
La tercera es el carácter de infraestructura crítica de seguridad nacional: la operación nuclear involucra materiales fisionables y compromisos de no proliferación, es decir, no concentrar uranio 235 a nivel militar —esto es, al noventa por ciento para fabricar armas atómicas—, una responsabilidad que el país cumple desde la creación de la CNEA y que únicamente el Estado puede asumir, lo que hace imposible la delegación pura al mercado.
A esas tres características se agrega la posición geopolítica favorable de Argentina: está fuera de las zonas de conflicto que afectan al sector nuclear global, no mantiene tensiones con potencias nucleares y combina capacidad técnica acumulada con estabilidad geopolítica, “una combinación que pocos países del mundo presentan simultáneamente”, según el texto.
Las nueve potencias nucleares que poseen armamento atómico de destrucción masiva son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en su informe 2026 asegura que estos estados poseen un inventario global de aproximadamente 12.187 ojivas nucleares. Rusia y Estados Unidos concentran casi el noventa por ciento de ese arsenal.
Exportar tecnología y no subsidiar proyectos inviables
Los “Lineamientos Política Nuclear Argentina 2026” establecen que la política de la Secretaría de Asuntos Nucleares “se ordena en torno a cuatro metas con jerarquía explícita”. Cuando dos entran en tensión, prevalece la de mayor rango.
El primero y más alto es la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado. El documento señala que Argentina debe constituirse como un actor clave en la cadena de suministros global de tecnología nuclear, priorizando segmentos donde la oferta mundial está concentrada en pocos proveedores y la demanda proyectada excede la capacidad instalada disponible. Quedan expresamente excluidas de este objetivo la exportación de uranio sin procesamiento —“segmento de bajo margen donde Argentina no presenta ventajas comparativas estructurales”— y los proyectos cuya viabilidad dependa de subsidios cruzados con recursos públicos.
El segundo objetivo es la seguridad energética con bajas emisiones. Las líneas de acción son tres: operar las centrales existentes —Atucha I, Embalse y Atucha II— en condiciones óptimas de disponibilidad técnica y costo operativo; evaluar caso por caso la incorporación de nueva capacidad de generación nuclear bajo el mismo estándar comparativo aplicable a cualquier otra alternativa; y participar de forma informada en el desarrollo global de reactores modulares pequeños, sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica argentina no respalde. El texto descarta explícitamente como meta la maximización de la participación nuclear en la matriz eléctrica como fin en sí mismo.
La tercera meta es preservar y desarrollar la capacidad tecnológica nacional mediante la consolidación y modernización del sistema de formación nuclear especializada y su incorporación progresiva a universidades nacionales con tradición en ingeniería.
El cuarto objetivo es el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico: consolidar a Argentina como referencia técnica e institucional del sector nuclear en América Latina y el Caribe, y traducir su pertenencia al grupo de países con capacidad nuclear plena en ventajas concretas de inserción internacional, alianzas estratégicas y participación en los foros multilaterales donde se definen las reglas del sector.
El liderazgo regional, establece el documento, se construye mediante oferta de valor sostenida en el tiempo, no mediante imposición de modelos ni dependencias asimétricas. A nivel global, Argentina ofrece su trayectoria de uso pacífico y cumplimiento riguroso de los regímenes de no proliferación como activo de credibilidad institucional.
El precio del uranio, la IA y la geopolítica
Los lineamientos sitúan esta política en una “cuarta fase” del sector nuclear global iniciada alrededor de 2020. El texto repasa la secuencia marcada por el accidente de Chernobyl en 1986, la hibernación posterior a Fukushima entre 2011 y 2020 y la recesión que llevó el precio del uranio a USD 18 por libra en 2016; diez años después, afirma, ese valor casi se triplicó y hay cerca de 70 unidades adicionales en construcción en el mundo.
El primer factor que explica la oportunidad, según el documento, es la reestructuración de las matrices energéticas. La transición hacia bajas emisiones requiere generación firme y despachable, y la energía nuclear aparece allí como la única opción industrialmente probada a escala global para ese segmento.
El segundo factor es el aumento de la demanda eléctrica asociada a centros de cómputo vinculados con inteligencia artificial. El texto sostiene que esas cargas requieren suministro continuo y altos estándares de confiabilidad, un perfil que se alinea con la generación nuclear y, en particular, con los reactores modulares pequeños aún en proceso de maduración comercial.
El tercero es el reposicionamiento geopolítico de las cadenas del ciclo del combustible. El documento describe una transición desde un mercado optimizado por costo hacia otro segmentado por confiabilidad geopolítica, y señala que capacidades críticas como la conversión y el enriquecimiento estaban concentradas en pocos proveedores, algunos hoy afectados por tensiones políticas que empujan a las economías occidentales a buscar diversificación.
Aunque no los menciona de manera expresa, el propio texto permite identificar a actores como la empresa rusa Rosatom y a Kazajistán por su peso en el abastecimiento global y por el impacto geopolítico derivado de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. En menor medida, la descripción también remite a la concentración de oferta en China.
El documento agrega dos señales financieras e institucionales del cambio global: el Banco Mundial levantó su prohibición de financiar proyectos nucleares y la Corporación Andina de Fomento estrechó vínculos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que depende de Naciones Unidas y está conducido por el diplomático argentino Rafael Grossi.
Ingresos claros
La estrategia oficial promueve una convergencia progresiva hacia esquemas de articulación público-privada similares al de CONUAR S.A., una empresa con capital mayoritariamente privado y participación minoritaria de la CNEA que opera desde hace más de cuatro décadas. La conformación accionaria propuesta prevé al socio privado como aportante mayoritario del capital y a la CNEA como socio minoritario que aporta tecnología y personal capacitado.
Los seis principios rectores del documento refuerzan esa lógica. El primero establece que la validación de proyectos debe basarse en criterios comerciales y afirma: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.
El segundo sostiene que la autonomía nuclear se demuestra con entregas efectivas y no con declaraciones públicas. “Argentina dejó de necesitar esa retórica en el momento en que adquirió capacidad técnica real”, señala el texto.
El tercer principio indica que la continuidad institucional sin resultados verificables es inercia y no virtud. El cuarto fija que el sector existe para producir, abastecer y exportar, y relega la investigación a un papel legítimo pero subordinado a esa finalidad productiva.
El quinto reconoce al sector privado como socio del Estado en la ejecución sectorial. El sexto impone disciplina fiscal y eficiencia operativa como condiciones obligatorias y no como preferencias programáticas: “La importancia estratégica eleva el estándar de exigencia al que cada proyecto debe responder, dado que las áreas estratégicas requieren mayor rigor en la asignación de recursos y no menor”, sostiene el informe, que explicita que el Gobierno busca que la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en proyectos actuales y futuros le genere ingresos claros en lugar de gastos.
POLITICA
Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado
El presidente Javier Milei recibió por la tarde en la Casa Rosada a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que luego fue invitada a participar de una reunión de Gabinete ampliado.
Del encuentro con el Presidente, que se extendió por más de una hora, también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, según informó la Oficina del Presidente en su cuenta de X.
La foto oficial del encuentro se hizo en el despacho presidencial, con la emblemática motosierra que Milei tiene exhibida sobre la mesa. La reunión se dio horas después de que Georgieva y Caputo ofrecieran una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Hacienda, donde la titular del FMI descartó que la Argentina necesite un nuevo programa de financiamiento con el organismo.
Allí, la jefa del FMI respaldó el plan económico del Gobierno y destacó que en la actualidad “todos los indicadores muestran una escena más saludable” que en diciembre de 2023.
“No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando”, remarcó la jefa del Fondo. También afirmó que la Argentina “no necesitará financiamiento adicional” a los US$20.000 millones que Milei y Caputo ya negociaron.
“Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a cobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo. El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, enfatizó la directora del Fondo.
La agenda oficial de Giorgieva se completará este lunes con una exposición ante estudiantes universitarios en el Palacio Libertad programada para las 16.30. Luego, la funcionaria búlgara viajará el martes a Neuquén para visitar Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de la petrolera estatal YPF, Horacio Marín.
Leer más: La jefa del FMI le dio un fuerte respaldo al plan de Milei y afirmó que la Argentina “no necesitará financiamiento adicional”
Antes de llegar a Economía, Georgieva hizo un posteo en la red social X en el que marcó su intención de “interactuar con personas de toda la Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país”.
“Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero”, indicó la jefa del FMI.
Kristalina Georgieva, Javier Milei
POLITICA
El canciller de Lula recibió al embajador argentino en Brasilia y le transmitió el “repudio” de su gobierno
BRASILIA.- La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil, abierta el sábado por los agravios del presidente Javier Milei a Lula da Silva, suma nuevos capítulos. El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibió el domingo por la tarde al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, le transmitió el “repudio” de su gobierno por los dichos del mandatario argentino en San Pablo y le exigió explicaciones.
Ese mismo domingo, y también por determinación de Vieira, Brasil llamó a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Bitelli llegó a Brasilia este lunes y espera una conversación con el canciller que podría ocurrir esta tarde, según confirmó a una fuente calificada.
En la cancillería no descartan que, además de ese encuentro, el propio Lula converse directamente con él. El llamado a consultas de un embajador es, en sí mismo, un gesto de descontento que Brasil no había utilizado con la Argentina en las últimas décadas.
Vieira relató que durante el encuentro con Raimondi, sucedido el domingo, le transmitió “el desagrado del gobierno brasileño” con el discurso de Milei en San Pablo y le pidió además al embajador argentino que le transmitiera al gobierno argentino ese mensaje y pidiera explicaciones por lo sucedido.
Del lado argentino, la orden que bajó a la embajada en Brasilia es de “silencio total”: ni Raimondi ni nadie de la delegación hará declaraciones por ahora.
“No tiene mucho sentido comentar la protesta, es un instrumento diplomático que tienen los gobiernos”, evaluó una fuente argentina ante , y consideró “nada fuera de lo esperable” la reacción brasileña. En el Gobierno, además, advierten que no habrá un pedido de disculpas oficial por los dichos del Presidente hacia la cabeza de su principal socio del Mercosur.
Una nota oficial de Itamaraty, difundida el domingo por la noche, calificó la crisis abierta por la visita de Milei a San Pablo para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro como una situación “sin precedentes”. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, nunca un presidente extranjero llegó a territorio brasileño para agredir al jefe de Estado, a las instituciones democráticas -incluido el Poder Judicial- y al pueblo brasileño. La nota agregó que resulta “especialmente lamentable” que el hecho involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación, y que es, además, su principal socio comercial.
El canciller Vieira calificó como “inaceptables” las declaraciones de Milei. Definió la visita del mandatario argentino como “una interferencia en asuntos domésticos, en asuntos nacionales”, agravada -según dijo en una entrevista con el canal Globo- por el hecho de que el mandatario argentino, en un viaje privado, terminara involucrado en “una cuestión político-partidaria”.
“No conozco ningún precedente con este nivel de gravedad, de la forma en que ocurrió”, dijo el canciller de Lula, categórico.
El gobierno brasileño descarta, por ahora, medidas más duras, como el retiro de la representación diplomática brasileña en Argentina: “No vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño a hacer este tipo de manifestaciones?”, planteó.
Extraoficialmente, en la cancillería tienen una respuesta a la pregunta levantada por Vieira: leen la actitud de Milei y sus funcionarios como una ruptura con la tradición diplomática argentina hacia sus vecinos, y como un complemento a la posición de Donald Trump de injerencia en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre.
El origen de todo esto se remonta al sábado, cuando Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en la convención del Partido Liberal. En un discurso de unos 25 minutos, el presidente argentino llamó “ladrón” y “presidiario” a Lula -sin nombrarlo-, además de advertir sobre el “riesgo Lula” para la economía brasileña.
Arriba del escenario lo acompañaron el canciller argentino, Pablo Quirno, y el cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler. Quirno, ubicado junto a la hermana del presidente, Karina Milei, celebró cada arremetida contra los “zurdos de mierda” y el “socialismo”, algo que en Brasilia también leen como un respaldo institucional, y no solo personal, al tono del discurso.
Milei también cargó contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien acusó de haberle bloqueado, días antes, el pedido para visitar a Jair Bolsonaro -condenado a 27 años de prisión por liderar el intento de golpe de Estado que buscó impedir la asunción de Lula en 2023- y a quien calificó de “basura calva”.
En el gobierno de Lula también hubo nuevas reacciones. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, tildó a Milei de “payaso” y rechazó las críticas del presidente argentino a la economía brasileña, al sostener que el riesgo país, la deuda y la inflación de la Argentina son mayores que las de Brasil.
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Reelecciones indefinidas: Kicillof las respaldó y el peronismo busca un camino para que intendentes vayan por otro mandato
Un sector del peronismo impulsa una avanzada para habilitar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires. El debate se instaló durante los últimos días tras las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien manifestó su respaldo a la discusión, aunque dejó en claro que la definición debe pasar por la Legislatura provincial. Fue entonces cuando la presidenta del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario, defendió la posición del mandatario provincial y señaló a la oposición como parte responsable del freno al tratamiento del tema. Entre las alternativas que se analizan, apareció la opción de que los Concejos Deliberantes de cada municipio definan la habilitación de las candidaturas.
“Lo hemos dicho varias veces. Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, dijo Kicillof y distinguió la situación de los intendentes: “Es muy infrecuente que, a nivel de gobiernos locales, no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y que son cercanos. Si se mandan alguna o están en alguna situación, los conoce el pueblo”.
En el Senado bonaerense, el peronismo cuenta con quórum propio, lo que en los papeles facilitaría el tratamiento de una reforma. Desde el sector identificado con el kirchnerismo prevalece la expectativa de que sea Kicillof quien envíe un proyecto de ley propio para habilitar el debate. La estrategia y los tiempos dependen de la discusión interna del peronismo, donde conviven posturas divergentes respecto al alcance y el momento de la reforma, entre otras diferencias.
La vicegobernadora y también titular del Senado dijo que Kicillof “propone algo de absoluta lógica” y que es “evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente”. Magario también aseveró: “Resulta difícil entender que quienes alguna vez gobernaron la provincia hayan decidido limitar la posibilidad de que sea la propia gente la que elija si un intendente debe continuar o no. Una vez más, demuestran que nunca terminaron de comprender a la provincia de Buenos Aires». El mensaje fue a la oposición. Sin embargo, en el peronismo también hay matices.
Tiempo atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo expuso: “Con un sector del peronismo estamos totalmente de acuerdo y creemos que se tiene que discutir este año lo más temprano posible”, dijo sobre cambios a la ley que limita los mandatos. “Esa ley es proscriptiva: la Constitución sólo establece límites para gobernador y vice”, reiteró.
Uno de los impulsores para trazar la estrategia para que sean los concejos deliberantes los que resuelvan es el intendente de Castelli, Francisco Echarren. El jefe comunal, perteneciente al espacio Fuerza Patria, avanza con la redacción de la primera Carta Orgánica Municipal bonaerense, que podría habilitar la autonomía municipal para definir el régimen electoral y la posibilidad de reelecciones indefinidas. Esta iniciativa cuenta con respaldo mayoritario del Concejo Deliberante y prevé la convocatoria a una convención constituyente para trazar el nuevo marco institucional para el distrito.
El debate por la reelección indefinida se da en un contexto de fuerte tensión política. Si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por otro mandato en 2027. De ese total, 51 pertenecen al peronismo, 16 son radicales, siete del PRO, cinco de partidos vecinales y uno de La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO. La actual ley, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, fijó un máximo de dos mandatos consecutivos. Una reforma aprobada en 2021 determinó que el primer período a computar sería el iniciado en 2019, permitiendo que quienes fueron reelegidos en 2023 no puedan volver a presentarse en 2027 si no hay cambios.
El oficialismo presentó en el Senado bonaerense un proyecto de Ayelén Durán que elimina las restricciones a la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, un senador de Kicillof y Magario.
La oposición, en cambio, no muestra un respaldo amplio a la reforma. El PRO y La Libertad Avanza rechazan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas y el Frente Renovador mantiene su defensa de la ley vigente. Sin embargo, algunas fuentes admiten que si el peronismo -básicamente los intendentes- consigue los votos mediante aliados, el espacio no será un obstáculo.
En el Senado bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados la fuerza libertaria dispone de 20 diputados. Ante este escenario, el peronismo podría buscar consensos con bloques aliados, como Nuevos Aires (tres diputados) o Unión y Libertad (tres senadores en la Cámara Alta), para explorar la aprobación de una eventual reforma.
La vía municipal para sortear la ley
En el terreno local, la autonomía municipal surge como alternativa ante la falta de apoyo para modificar la ley a nivel provincial. Bajo este principio, cada comuna podría establecer sus propias reglas sobre la continuidad de sus autoridades, lo que permitiría a los intendentes esquivar la restricción legal. La iniciativa sumó apoyos entre intendentes alineados con Kicillof, que buscan evitar que decenas de jefes comunales queden impedidos de presentarse en 2027. Además, de haber cambios a la actual ley —habilitando las reelecciones—, algunos intendentes que hoy empiezan a mostrar un perfil provincial y que podrían estar en la conversación para la sucesión de Kicillof en el Ejecutivo bonaerense podrían seguir al frente de su municipio. “Es un eje ordenador, ¿dónde van a ir los 80 intendentes si no pueden ir por una reelección más?”, desliza un diputado peronista que pregona los cambios a la actual normativa.
Entre los intendentes que no podrán ir por un nuevo mandato aparecen algunos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros.
El debate trasciende las fronteras del oficialismo. Algunos intendentes, como Federico Otermín de Lomas de Zamora, han planteado en público una postura favorable a la renovación de los equipos de gobierno. “Tengo una mirada a favor de la renovación. Son lugares de tanto compromiso y tarea que los proyectos, cuanto más colectivos sean, mejor”, sostuvo recientemente Otermín durante una entrevista al streaming Uno Tres Cinco. Mariel Fernández, de Moreno, también abona a la renovación dirigencial y eso incluye a intendentes. Otros, como Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Federico Achával (Pilar) o Andrés Watson (Florencio Varela), defienden la iniciativa original que permite las reelecciones consecutivas.
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