POLITICA
La declaración jurada de Adorni profundiza las dudas y complica la estrategia política de Milei
Comenzaba el Mundial. La pelota empezaba a rodar en el estadio Azteca, en el debut de México frente a Sudáfrica, y parecía soplar un aire fresco capaz de desviar la atención hacia otro lado. Todo indicaba que la semana terminaba de manera ideal para el Gobierno. Pero siempre hay un pero.
El Indec informó que la inflación de mayo fue de 2,1%; el riesgo país descendió a 443 puntos, su nivel más bajo desde 2018 (el viernes bajó un poco más hasta los 433), y las acciones registraron fuertes subas.
Sin embargo, hubo dos notas disonantes. Manuel Adorni presentó su declaración jurada, pero no logró despejar las sospechas sobre su patrimonio. Desde la Justicia dejaron trascender que consideran que la presentación no resulta suficiente y que deberá acreditar en el expediente cada uno de los movimientos que declaró ante ARCA.
A eso se sumó una crítica de Patricia Bullrich, quien sostuvo que la conducta del funcionario no había sido un error sino una grave omisión ética, lo que generó malestar en Karina Milei. En paralelo, el PRO difundió un comunicado reclamando al Gobierno que cuide el cambio.
Como viene ocurriendo desde hace meses, la política volvió a opacar a la economía. Lo que para Javier Milei debía ser una jornada de euforia terminó atravesado por el caso Adorni.
Las olas cruzan el barco
Durante el Mundial, el Gobierno intentará sostener el impulso político y mantener activo al Congreso.
Hay previstas al menos dos sesiones. Una en el Senado la próxima semana, donde el oficialismo todavía no logra reunir los apoyos necesarios para avanzar con la derogación de las PASO. La otra será el 24 de junio en Diputados, con el objetivo de impulsar el denominado super-RIGI.
Milei necesita ordenar rápidamente sus alianzas y despejar incertidumbres dentro de su propio espacio. Karina Milei concentra buena parte del armado nacional, pero alrededor del Presidente aparecen focos de tensión que quizás no puedan disputarle el liderazgo de la centroderecha, aunque sí generarle desgaste político.
Mauricio Macri parece alimentar una aspiración de regreso. Todavía no la explicita, pero tampoco la descarta. Mientras tanto, sus cuestionamientos al Gobierno son cada vez más frecuentes. El PRO, que busca posicionarse como una alternativa dentro del mismo electorado, aprovechó el caso Adorni para marcar diferencias. Por eso el comunicado posterior a la declaración jurada sostuvo que la omisión del jefe de Gabinete constituye “una falta grave” y pidió “no frenar el cambio”. Además, esta semana Macri afirmó que “la calidad del ajuste es baja”.
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Por otro lado, Bullrich respondió a una ironía de Macri y aseguró que “no está lanzada” electoralmente y que forma parte del proyecto de Milei. La ministra es observada como una dirigente de fino instinto político. En Balcarce 50 le celebraron recientemente su cumpleaños, aunque persisten algunas desconfianzas.
El lunes pasado, Karina Milei organizó una cena con diputados de La Libertad Avanza. También participaron Martín Menem y Sandra Pettovello. Durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia insistió en la necesidad de trabajar en equipo por la reelección de Milei.
La presencia de Pettovello alimentó distintas especulaciones. Una de ellas apunta a que podría convertirse en la próxima jefa de Gabinete, en reemplazo de Adorni. El funcionario manifestó que le gustaría continuar en el cargo, aunque la decisión final depende exclusivamente del Presidente. También circula otra hipótesis: que Pettovello pueda integrar una futura fórmula presidencial junto a Milei en 2027.
En el intento de recuperar iniciativa parlamentaria reapareció el debate sobre las PASO. Diego Santilli trabaja para reunir apoyos que permitan eliminarlas, aunque los números todavía no alcanzan. Bullrich propuso una alternativa: derogar las primarias y rehabilitar las colectoras para facilitar acuerdos electorales entre distintos espacios. La idea sigue bajo análisis.
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En medio de ese escenario, el caso Adorni volvió a elevar la tensión política. El jefe de Gabinete expresó su voluntad de continuar cuando anunció que concurrirá al Senado en julio. Victoria Villarruel le recordó mediante una nota formal que debería presentarse este mismo mes, ya que no lo hace desde que asumió en noviembre de 2025.
Una eventual sesión en el Senado con el tema todavía abierto podría transformarse en un escenario especialmente incómodo para el oficialismo.
Además, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica solicitaron una sesión especial en Diputados para interpelar a Adorni e impulsar una moción de censura. Se trata de un mecanismo constitucional que podría derivar en su remoción con el aval de ambas cámaras. La iniciativa difícilmente prospere porque no cuenta con los votos necesarios. Sin embargo, la sola discusión del tema representa un desafío político para el Gobierno.
Adorni ante la Justicia y los números de la economía
La estrategia de defensa de Adorni fue clara. Eso no implica necesariamente que resulte convincente.
Con asesoramiento de contadores, rectificó declaraciones ante ARCA y sostuvo que poseía cerca de medio millón de dólares ahorrados que no había declarado oportunamente. Su planteo busca demostrar que esos fondos no provienen de una dádiva ni de un enriquecimiento ilícito, sino de ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas que nunca fueron informadas.
“No soy chorro”, repitió en una entrevista al intentar defenderse públicamente.
Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa. El funcionario deberá demostrar que todo lo informado ante ARCA es correcto. En ámbitos judiciales consideran que los números presentan inconsistencias y sospechan que las declaraciones podrían constituir un dibujo contable.
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Cuando la Justicia le requiera explicaciones detalladas sobre su patrimonio, deberá acreditar la trazabilidad de cada operación y justificar, entre otros puntos, el origen y las ganancias obtenidas mediante inversiones en criptoactivos.
Si logra demostrarlo, la causa por enriquecimiento ilícito podría cerrarse. Si no lo consigue, podría ser citado a declaración indagatoria.
Milei, por ahora, lo sostiene en el cargo. Sin embargo, dentro del Gobierno hay funcionarios que se preguntan cuánto costo político puede generar la continuidad de una situación judicial tan compleja. Incluso si logra justificar su patrimonio, el proceso podría seguir afectando a la administración.
Mientras tanto, los datos económicos continúan siendo el principal argumento del oficialismo.
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El mejor indicador de la semana fue la inflación de mayo. El IPC se ubicó en 2,1%, por debajo del 3,4% de marzo y del 2,6% de abril. También resultó inferior al promedio proyectado por el REM del Banco Central. El resultado había sido anticipado por la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que registró el mismo nivel.
El otro dato destacado fue la caída del riesgo país a 443 puntos, uno de los valores más bajos de la gestión Milei. El descenso se produjo después de que S&P mejorara la calificación de la deuda argentina.
Además, el Gobierno comenzó a convocar a 446 gremios y empresas para renegociar convenios colectivos considerados obsoletos. También destacó una reducción de la pobreza infantil, que pasó del 52,7% en 2024 al 42,3% este año. A la vez, Vaca Muerta y la minería acumulan exportaciones por 8200 millones de dólares en lo que va del año, una cifra similar a la generada por el agro.
Las señales negativas llegaron desde la industria y la construcción. Ambos sectores habían mostrado mejoras en marzo, pero en abril registraron una caída interanual de 2,8% y también retrocesos en la comparación mensual.
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“La economía crece”, sostiene el ministro de Economía, Luis Caputo, quien propone observar la serie tendencia-ciclo para analizar la evolución de la actividad. Sin embargo, algunos sectores continúan exhibiendo comportamientos irregulares.
El REM también contiene otro dato alentador para el Gobierno: las proyecciones indican que el PBI del segundo semestre será superior al del primero. La actividad continúa expandiéndose, aunque de manera heterogénea y con beneficios concentrados en determinados sectores.
Un estudio de Empiria sobre el ranking productivo provincial sostiene que existe una transformación de la estructura productiva con impactos sectoriales y geográficos desiguales. Conviven sectores ganadores, como energía, minería y agro, principalmente localizados en la región cordillerana y la pampa húmeda, con otros rezagados, como construcción, industria y comercio, concentrados en grandes centros urbanos.
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El informe ubica a la Ciudad de Buenos Aires y a Neuquén en los primeros lugares del ranking, mientras que Formosa y La Rioja aparecen en las posiciones más rezagadas. Según el trabajo, la Ciudad lidera por su capacidad productiva, tamaño de mercado, inversión en obras públicas y nivel educativo. Neuquén se destaca por la atracción de inversiones y los proyectos vinculados al RIGI.
La provincia de Buenos Aires, en cambio, presenta debilidades en capacidad productiva y atracción de inversiones, aunque mantiene ventajas vinculadas a su tamaño de mercado y cercanía a los principales centros de consumo.
La pelota ya rueda y muchos esperan que el Mundial aporte una bocanada de aire fresco. Sin embargo, por ahora, la política sigue opacando los logros económicos que el Gobierno intenta exhibir.
Javier Milei, Manuel Adorni, La Libertad Avanza
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
Cárceles, telefonía celular, Cámara de Diputados
POLITICA
El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas – Nexofin
El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.
El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.
Andy Burnham y Donald Trump
Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.
El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.
Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.
La entrada El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas se publicó primero en Nexofin.
Andy Burnham,Donald Trump,Islas Malvinas,Sea Lion
POLITICA
Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse
La renegociación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la reforma laboral avanza a fuego lento, pero hay un convenio que, curiosamente, ya comenzó a rediscutirse entre sindicalistas y empresarios pero es el único que el Gobierno no quería que se renovara.
Se trata del convenio colectivo de trabajo de la actividad metalúrgica, que quedó afuera de las intimaciones que hizo en junio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien 800 convenios con el fin de adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
¿Por qué se excluyó de la convocatoria oficial a la UOM, el principal gremio industrial de la Argentina? Es que el sindicato metalúrgico está intervenido por la Justicia desde que su titular, Abel Furlán, fue desplazado por irregularidades en la elección en la Seccional Zárate-Campana y Trabajo cree que una decisión tan decisiva como renegociar un nuevo convenio colectivo tiene que ser instrumentada por sindicalistas legitimados por sus afiliados y no por un interventor judicial.
La decisión causó tensiones entre Cordero y Alberto Biglieri, el interventor de la UOM desde el 22 de mayo pasado, porque éste, apenas asumió, designó una comisión de 5 dirigentes metalúrgicos para pilotear la negociación salarial del sector, que estaba rezagada en la rama metalmecánica y paralizada durante los últimos 2 años en la rama siderúrgica. Sin embargo, todo se complicó cuando la Secretaría de Trabajo emitió un dictamen en el que puso en duda las facultades de Biglieri para designar representantes paritarios.
El interventor de la UOM, flamante ganador de las elecciones de este martes para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, finalmente logró que se convalidara la comisión salarial gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que estableció que Biglieri “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” previstas cuando lo nombraron, y allí figuran las paritarias.
De esa manera, Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), los dirigentes de la UOM que Biglieri puso al frente de la negociación salarial (todos opositores a Furlán), avanzaron en las tratativas con las cámaras empresariales y a mediados de agosto firmaron los aumentos para las dos ramas metalúrgicas.
Ahora, esos sindicalistas se reunieron este miércoles en la sede de la UOM Capital en Villa Lugano, donde uno de los puntos centrales, además de la pelea para normalizar la vida institucional del gremio, fue el análisis de las primeras conversaciones con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), una de las cámaras del sector, dirigidas a actualizar el convenio colectivo de trabajo 260/75, cuyas cláusulas, a la luz de la reforma laboral, que le puso límites a la ultractividad, vencerán en diciembre.
En principio, la idea es pedir a Trabajo una extensión de la vigencia del convenio de manera de tener más tiempo para negociaciones bilaterales que no serán sencillas porque hay puntos que se mantienen desde 1975.
Ya hay borradores con posibles cambios que se están intercambiando entre las partes, aunque la comisión paritaria de 5 miembros decidió armar una mesa más amplia a la que invitarán a dirigentes de otras de las 53 seccionales de la UOM de todo el país.
Para los dirigentes metalúrgicos, según se acordó este miércoles, la prioridad pasa por modificar el artículo 4 del convenio para sumar actividades surgidas de las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos. También se apunta a negociar cambios en el artículo 6, que regula el régimen de categorías y define los requisitos teóricos y prácticos para clasificar a los trabajadores según sus funciones y nivel de especialización.
El otro artículo en revisión es el número 7, donde figura la nómina básica de oficios reconocidos dentro de la industria metalúrgica y que buscan actualizar en función de las modificaciones que se produjeron en la actividad.
Las negociaciones entre las partes recién comienzan y tanto sindicalistas como empresarios descuentan que la Secretaría de Trabajo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, avalará lo que se acuerde para que la UOM no sea el único sindicato que quede excluido de la renegociación de los convenios colectivos.
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