POLITICA
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria federal ante la falta de cupos en las cárceles
Por segunda vez, el Gobierno oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal tras constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y que la demanda de ingresos sigue en aumento. Pese a que destacaron la inauguración de la Unidad N° 36 de Coronda, Santa Fe, reconocieron que aún no se logró solucionar la problemática.
Por medio de la publicación de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprobó la extensión de “la ‘emergencia en materia penitenciaria’ declarada por la Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MJ, por el término de dos años desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por la Resolución N° RESOL-2024-254-APN-MSG».
Esta categorización ya había sido prorrogada en 2022 y 2024. De la misma manera, indicaron que actualmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja a 12.248 personas. Esto representaría un 106% de su capacidad operativa, que es de 10.932 plazas.
Bajo el punto de vista de las autoridades, esta situación afectaría la gestión de la custodia y la reinserción social de los internos. Asimismo, detallaron que el 61,83% de los alojados corresponde a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso.
En línea con los datos recabados, entre el 11 de diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2026, ingresaron 15.041 personas privadas de la libertad al sistema federal. De este total, 4.695 se encontraban a disposición de la Justicia Federal, 9.675 de la Justicia Nacional, 418 de la Justicia Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y 253 de otros tribunales provinciales.
Pese a que la capacidad máxima ya fue superada, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que hay otras 2.657 personas detenidas por la Justicia Federal y 2.416 por causas ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están a la espera de ingresar al sistema.
Por este motivo, en la resolución las autoridades destacaron que la cifra de plazas disponibles resulta insuficiente para recibir nuevos detenidos y advirtieron que el Servicio Penitenciario Federal aún se encuentra a cargo de la custodia de 5.983 personas implicadas en causas de la Justicia Ordinaria porteña, lo que representa el 48,85% de la población alojada.
Desde el Gobierno, atribuyeron este desbalance, en parte, a que no se concretó el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, consideraron que la continuidad de esa estructura organizativa limitaría la capacidad de alojamiento para detenidos con causas federales.
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Entre las estrategias para abordar la problemática, el Ministerio de Seguridad Nacional resaltó la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que desde abril de 2024 incorporó a 1.291 personas y actualmente supervisa 1.503 arrestos domiciliarios. De la misma forma, informaron que se distribuyeron 310 dispositivos electrónicos en 23 convenios con provincias.
En cuanto a infraestructura, la gestión actual recordó la inauguración de la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) y la habilitación de la Unidad Residencial IV del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. Aunque estas contribuyeron a ampliar la capacidad, reconocieron que no era suficiente.
Además, indicaron que se encuentra en marcha la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, con un avance del 72,37%, y la relocalización del Complejo Penitenciario Federal Devoto al partido bonaerense de Marcos Paz. No obstante, la segunda obra que permanece inconclusa tras haber sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020.
A raíz de esto, las autoridades resaltaron que, de concretarse la construcción de la cárcel de Marcos Paz, se sumarían un total de 700 plazas en el sistema federal. Por este motivo, destacaron que permitiría un “flujo de ingresos y egresos de detenidos al sistema”.
POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.
Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras su visita a Ecuador, el Presidente ya está en Colombia para la asunción de Abelardo De la Espriella
Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto:
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«No sirve de nada tener equilibrio fiscal si no hay un equilibrio social», la advertencia de uno de los jefes de la CGT al Gobierno
Marina DevitaBio completa
POLITICA
Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” el Gobierno puede endeudar el país.
Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.
Sobre la ley, expresó: “La fueron cambiando, no sé si quedó un 10% [de lo que era]. Quedó un gobierno que no escucha. Quieren anotarse triunfos sobre temas como esas leyes ómnibus que al final lo que provocan es que sectores más amplios se vayan dando cuenta de que hay que defender la soberanía, que no pueden rematar el país favoreciendo intereses extranjeros. Creo que se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre”.
Además, se refirió a la microeconomía y a la mora de los argentinos, que subió por 19 meses consecutivos y llegó a alcanzar al 12,8% de las familias, según datos que surgen de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu). “El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno. La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba”, completó Kicillof.
Mientras se debatía el proyecto el jueves en la Cámara alta, la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.
La iniciativa de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.
Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.
Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Ese fue el segundo apartado que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas, después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Así, la iniciativa quedó reducida a tan sólo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad. Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
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