POLITICA
Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”
El subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron este miércoles por la noche un fuerte debate sobre el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El debate incluyó acusaciones de “politización” del sistema universitario, cuestionamientos por el manejo presupuestario y discusiones sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “A ustedes les ofende la verdad, los datos”, lanzó el funcionario nacional durante uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.
La discusión se produjo en el programa A Dos Voces, emitido por TN, un día después de la marcha federal universitaria realizada en distintos puntos del país. Allí, Bartolacci defendió la movilización y reclamó el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, mientras que Álvarez sostuvo que el Gobierno debe actuar bajo una “restricción presupuestaria” heredada de la gestión anterior.
El intercambio comenzó con diferencias sobre el sentido de la protesta universitaria. Bartolacci afirmó que la movilización expresó un respaldo social amplio a las universidades públicas y sostuvo que se trató de una manifestación “transversal”, no limitada a un sector político. Según señaló, la sociedad argentina valora el rol de las universidades porque “le transforma todos los días la vida a mucha gente”.
Álvarez respondió que las universidades fueron “colonizadas” por la política y buscó respaldar esa acusación mostrando durante el programa publicaciones de dirigentes opositores que apoyaron la marcha o vinculaciones con autoridades de diferentes casas de estudios. Entre ellas, exhibió una imagen de un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof en defensa de la universidad pública.
El funcionario también cuestionó al vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, por haber entregado un doctorado honoris causa a Cristina Kirchner. “La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, afirmó.
Bartolacci rechazó ese planteo y acusó al oficialismo de intentar instalar sospechas sobre las universidades públicas para justificar el ajuste presupuestario. “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”, sostuvo.
El rector agregó, además, que en las marchas participan incluso personas que apoyan al presidente Javier Milei, pero que igualmente consideran necesario defender el sistema universitario. Sostuvo también que el Gobierno realiza una lectura equivocada de la protesta y de los sectores que acompañan el reclamo.
Otro de los ejes centrales del debate fue la situación presupuestaria de las universidades. Bartolacci marcó que el sistema público universitario atraviesa un escenario crítico y advirtió que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”.
Álvarez replicó que el Estado no puede ignorar la situación fiscal y cuestionó al CIN por “reclamar mayores recursos sin contemplar las limitaciones presupuestarias”. “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”, afirmó.
El funcionario insistió además en que la Ley de Financiamiento Universitario no podía aplicarse porque contradice disposiciones de la Ley de Administración Financiera. “Les avisamos que esa ley nacía muerta”, subrayó.
Bartolacci respondió que la iniciativa fue debatida en un contexto sin presupuesto nacional aprobado y remarcó que la norma no crea nuevas partidas, sino que actualiza fondos ya existentes para el funcionamiento de las universidades. También planteó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso.
La tensión volvió a escalar cuando Álvarez mostró una placa con presuntos salarios de rectores universitarios y aseguró que algunos superan el sueldo del Presidente. Incluso mencionó remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales.
“Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso”, respondió Bartolacci, que además pidió “un debate razonable” y “en serio”.
El intercambio derivó luego en acusaciones cruzadas sobre la utilización de datos vinculados al sistema universitario. “El problema es que a ustedes les ofende la verdad, los datos. Tienen una rivalidad con los datos”, afirmó Álvarez.
Bartolacci contestó que el subsecretario “tergiversa datos” y le reprochó desconocer el funcionamiento del sistema universitario argentino. “Quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores decisiones”, señaló.
En otro tramo del debate emitido por TN, el rector del CIN también vinculó el conflicto universitario con el funcionamiento institucional y advirtió que “no es un buen antecedente” que el Poder Ejecutivo no aplique una ley aprobada por el Congreso. Álvarez, por su parte, sostuvo que el Gobierno actúa para “defender los intereses de la Nación” y no los de un sector particular.
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POLITICA
El ministerio de Mujeres bonaerense alertó por la legitimación de discursos de odio y nuevas dinámicas de violencia
El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.
La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.
Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.
El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.
La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.
El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.
La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.
La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.
Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.
En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.
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POLITICA
En un acto en Washington por el atentado a la AMIA, EE.UU. destacó a la Argentina como un aliado contra el terrorismo y el antisemitismo
WASHINGTON.- En un acto desarrollado en esta capital por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas, funcionarios del gobierno de Donald Trump destacaron a la Argentina como un aliado contra el terrorismo internacional y un “socio fundamental” para combatir el antisemitismo.
El evento, desarrollado en la sede del Instituto de la Paz Donald J. Trump, contó con la presencia del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y de su director ejecutivo, Daniel Pomerantz, sobreviviente del ataque, quienes en sus discursos recordaron a las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.
Luego de la presentación del embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, se pronunciaron tres funcionarios del gobierno norteamericano, quienes ratificaron el estrecho vínculo de la administración Trump con la del presidente Javier Milei.
“La memoria de las víctimas sigue resonando, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. El recuerdo de la AMIA continúa guiando nuestra labor en la actualidad. Estados Unidos y la Argentina trabajan conjuntamente para hacer frente al terrorismo, desmantelar las redes terroristas —incluyendo las redes jihadistas, los grupos narcoterroristas y el terrorismo de extrema izquierda— y reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló Gregory LoGerfo, coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, que lidera el secretario Marco Rubio.
El funcionario, quien la semana pasada había recordado los ataques contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA en un evento en la embajada argentina en Washington, remarcó que la administración Trump tiene un “compromiso compartido con la seguridad, la justicia y la memoria”.
“Mi responsabilidad consiste en asegurar que la memoria se traduzca en acciones concretas, en colaboración con nuestros socios. Esto implica tres prioridades fundamentales. En primer lugar, la búsqueda de justicia. Debemos llevar a los responsables ante la Justicia. En ese sentido, Estados Unidos respalda dichos esfuerzos y trabaja para negar refugios seguros a los terroristas y a quienes los apoyan. El terrorismo no conoce fronteras ni prescripción”, dijo LoGerfo.
En segundo lugar, destacó el desmantelamiento de las redes terroristas con la ampliación de la cooperación en materia de investigaciones, intercambio de inteligencia y medidas para combatir la financiación del terrorismo. “Juntos, trabajamos para exponer y desarticular las redes financieras y logísticas de Hezbollah en la región, lo cual incluye la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Argentina y su formidable agencia nacional antiterrorista”, indicó.
LoGerfo sumó en su descripción el aumento de la presión sobre las organizaciones terroristas y sus vecinos, y señaló que la Argentina “es un líder” por su designación de Hezbollah como organización terrorista en 2019; de Hamas, en 2024, y de la Guardia Revolucionaria Islámica, a principios de este año.
“Estas acciones aíslan a los terroristas y les niegan los recursos que necesitan para operar hoy en día”, destacó el funcionario del Departamento de Estado.
El Instituto de la Paz Donald J. Trump, frente a la sede del Departamento de Estado, es el edificio en el que estuvo Milei en febrero pasado, junto a otros mandatarios, la sesión inaugural del Consejo de la Paz que lanzó el líder republicano para la reconstrucción de la Franja de Gaza.
Por su parte, el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, y que la semana pasada fue recibido en la Casa Rosada por Milei, señaló que “no a pesar de su historia, sino precisamente gracias a ella, la Argentina, bajo un liderazgo estratégico, se erige hoy como un referente moral para el mundo“.
“Ya sea trabajando juntos para combatir el antisemitismo mediante directrices globales, o bien construyendo y apoyando a la Argentina, Estados Unidos no tiene actualmente un socio más importante en esta lucha que la Argentina”, resaltó Kaploun, que añadió que 32 años después del ataque a la AMIA, Estados Unidos permanece “junto a la Argentina en la búsqueda de justicia”.
“No olvidamos. Nuestro presidente, nuestro secretario de Estado y todo nuestro equipo mantienen su firme compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de actos”, ahondó.
Kaploun también afirmó que en los 32 años transcurridos desde el atentado, la Argentina “se ha transformado”, y de ser un “lugar donde el terrorismo reinó alguna vez de forma suprema, pasó a ser un faro de vida judía”.
En tanto, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, afirmó que la dirección que ha tomado Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump “implica pasos decisivos y sin precedentes para combatir el antisemitismo”.
“La Argentina es, y ha sido, un socio fundamental en este esfuerzo. El antisemitismo es un fenómeno de alcance global. Por ello, exige una respuesta global para identificar, rastrear, asistir y derrotar a las redes, organizaciones y Estados que encuentran en su fomento un medio para sus fines», señaló el funcionario.
En su discurso, en tanto, Armoza remarcó el reclamo de justicia “que lleva 32 años esperando”, y advirtió que la “impunidad no es solo ausencia de castigo, es también un mensaje peligroso de que el terrorismo pueda actuar sin consecuencias”.
“La presión internacional no es un recurso secundario; cada gesto diplomático importa. Estamos en Washington para sumar una voz más en ese reclamo que debe ser global”, añadió el presidente de la AMIA.
En su presentación inicial, Oxenford señaló que la cooperación entre los gobiernos y los servicios de ambos países “es la garantía más segura de que un 18 de julio no volverá a ocurrir, ni aquí ni en ningún otro lugar”.
Una vez concluidos los discursos, hubo una ceremonia de encendido de velas en homenaje a las víctimas del atentado en Buenos Aires en 1994. Participaron diplomáticos, líderes religiosos y dirigentes de la comunidad judía, entre otros invitados.
Antes del evento en el Instituto de la Paz Donald J. Trump, en la sede de la embajada argentina en Washington se inauguró la exhibición “Recuperando la Memoria: retratos de vida”, del artista Marcos Acosta, para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA.
Guillermo Idiart,AMIA,Washington,Donald Trump,Conforme a,AMIA,,Nisman, entre la evidencia ignorada y la justicia pendiente,,Guardia revolucionaria: organización terrorista,,»El poder en las sombras». Piden la captura de la mano derecha del líder supremo iraní por el atentado contra la AMIA
POLITICA
El juez Carlos Mahiques pidió sancionar como una falta grave el intercambio de información con periodistas
El juez Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, envió una nota al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, en la que reclamó la adopción de medidas que castiguen como una falta grave el intercambio de información o “favores” entre magistrados y periodistas.
Según el documento, al que tuvo acceso TN, estas prácticas serían luego utilizadas por el periodismo como “fuentes judiciales no revelables que raramente se ajustan a la realidad”, aseguró el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Mahiques criticó lo que denominó “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”. En ese sentido, consideró que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” constituye una exigencia republicana que se ve vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.
Todo esto, aseguró Mahiques, tiene un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.
Mahiques propuso entonces que la Cámara debata “la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad” y sugirió la instalación de una vocería u organismo de prensa propio del tribunal para sistematizar y difundir sentencias y resoluciones “desde una fuente rigurosa, confiable y oficial”.
Para el camarista, hay comunicadores “epígonos”, que se dedican a habar de magistrados “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.
En la nota Mahiques también cuestionó las relaciones personales entre jueces y periodistas y abogó por incorporar a los reglamentos normas que sancionen éticamente ese tipo de intercambios.
El magistrado adelantó que evalúa tomar medidas para cualquier cosa que se diga sobre él. “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”, sostuvo al respecto.
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En esa línea, Mahiques aseguró que “los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.
El camarista, quien recientemente obtuvo la prórroga de su permanencia en el cargo gracias a un pliego enviado por el presidente Javier Milei al Senado, integra el tribunal desde un traslado administrativo aprobado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
Carlos Mahiques, periodismo, casación penal
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