POLITICA
Fuerte cruce entre Alejandro Álvarez y el presidente del Consejo Interuniversitario: “A ustedes les ofende la verdad”
El subsesecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron este miércoles por la noche un fuerte debate sobre el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
El debate incluyó acusaciones de “politización” del sistema universitario, cuestionamientos por el manejo presupuestario y discusiones sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “A ustedes les ofende la verdad, los datos”, lanzó el funcionario nacional durante uno de los momentos de mayor tensión del intercambio.
La discusión se produjo en el programa A Dos Voces, emitido por TN, un día después de la marcha federal universitaria realizada en distintos puntos del país. Allí, Bartolacci defendió la movilización y reclamó el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, mientras que Álvarez sostuvo que el Gobierno debe actuar bajo una “restricción presupuestaria” heredada de la gestión anterior.
El intercambio comenzó con diferencias sobre el sentido de la protesta universitaria. Bartolacci afirmó que la movilización expresó un respaldo social amplio a las universidades públicas y sostuvo que se trató de una manifestación “transversal”, no limitada a un sector político. Según señaló, la sociedad argentina valora el rol de las universidades porque “le transforma todos los días la vida a mucha gente”.
Álvarez respondió que las universidades fueron “colonizadas” por la política y buscó respaldar esa acusación mostrando durante el programa publicaciones de dirigentes opositores que apoyaron la marcha o vinculaciones con autoridades de diferentes casas de estudios. Entre ellas, exhibió una imagen de un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof en defensa de la universidad pública.
El funcionario también cuestionó al vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, por haber entregado un doctorado honoris causa a Cristina Kirchner. “La politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión”, afirmó.
Bartolacci rechazó ese planteo y acusó al oficialismo de intentar instalar sospechas sobre las universidades públicas para justificar el ajuste presupuestario. “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”, sostuvo.
El rector agregó, además, que en las marchas participan incluso personas que apoyan al presidente Javier Milei, pero que igualmente consideran necesario defender el sistema universitario. Sostuvo también que el Gobierno realiza una lectura equivocada de la protesta y de los sectores que acompañan el reclamo.
Otro de los ejes centrales del debate fue la situación presupuestaria de las universidades. Bartolacci marcó que el sistema público universitario atraviesa un escenario crítico y advirtió que “hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”.
Álvarez replicó que el Estado no puede ignorar la situación fiscal y cuestionó al CIN por “reclamar mayores recursos sin contemplar las limitaciones presupuestarias”. “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”, afirmó.
El funcionario insistió además en que la Ley de Financiamiento Universitario no podía aplicarse porque contradice disposiciones de la Ley de Administración Financiera. “Les avisamos que esa ley nacía muerta”, subrayó.
Bartolacci respondió que la iniciativa fue debatida en un contexto sin presupuesto nacional aprobado y remarcó que la norma no crea nuevas partidas, sino que actualiza fondos ya existentes para el funcionamiento de las universidades. También planteó que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso.
La tensión volvió a escalar cuando Álvarez mostró una placa con presuntos salarios de rectores universitarios y aseguró que algunos superan el sueldo del Presidente. Incluso mencionó remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales.
“Vos sabés perfectamente que ese no es mi caso”, respondió Bartolacci, que además pidió “un debate razonable” y “en serio”.
El intercambio derivó luego en acusaciones cruzadas sobre la utilización de datos vinculados al sistema universitario. “El problema es que a ustedes les ofende la verdad, los datos. Tienen una rivalidad con los datos”, afirmó Álvarez.
Bartolacci contestó que el subsecretario “tergiversa datos” y le reprochó desconocer el funcionamiento del sistema universitario argentino. “Quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores decisiones”, señaló.
En otro tramo del debate emitido por TN, el rector del CIN también vinculó el conflicto universitario con el funcionamiento institucional y advirtió que “no es un buen antecedente” que el Poder Ejecutivo no aplique una ley aprobada por el Congreso. Álvarez, por su parte, sostuvo que el Gobierno actúa para “defender los intereses de la Nación” y no los de un sector particular.
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Tensión en Diputados: el Gobierno rechaza dividir el proyecto de Malvinas y envió a una funcionaria clave a defenderlo
En un intento por avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, desembarcó este miércoles en el Congreso para defender la iniciativa oficialista ante los diputados en un plenario de comisiones. La presencia de la funcionaria se contraponía a la ausencia de otros miembros del Gobierno requeridos por los legisladores, como el canciller Pablo Quirno.
La exposición de Ibarzábal Murphy, ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó contener los reclamos de varios diputados que habían exigido la presencia de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Quirno, para precisar los detalles del proyecto en la tercera jornada informativa en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
“Este es un tema que nos convoca a todos y se trata de defender nuestra soberanía. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, planteó la titular de Legal y Técnica al comienzo de su exposición, lo que suscitó críticas por lo bajo, y no tanto, por parte de los bloques críticos. En ese momento, según pudo constatar , se elevó notoriamente la tensión en la sala.
Acto seguido, la funcionaria admitió que la iniciativa no está exenta de “fallas técnicas” y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. En ese sentido, anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que establece el proyecto y que estará integrado por representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei.
De esta forma, según el Ejecutivo, se contemplaría “la coordinación de los tres poderes” en lo que refiere a los temas de seguridad nacional. Sin embargo, Ibarzábal Murphy ratificó que el Gobierno no dividirá el texto, como reclama el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, mientras que otras bancadas como Provincias Unidas ya adelantaron que irán con un dictamen propio que solo reconoce el Título I de la iniciativa, que refiere a la defensa del territorio de Malvinas.
La secretaria Legal y Técnica sostuvo que el proyecto forma parte de “una estrategia más integral” basada en tres pilares: “castigar a quienes explotan de manera ilegítima, incentivar a los involucrados para que cesen en esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse de esas amenazas externas”, según detalló.
De todas formas, desde la bancada peronista ya anticiparon que impulsarán una reformulación del Título I que reafirme su “compromiso con el reclamo de soberanía de Malvinas”, pero que incorpore modificaciones a la propuesta oficial.
Sectores de la oposición tildaron la iniciativa de “engañosa” y “difusa” y acusaron al Gobierno de intentar “monopolizar el poder” a través de una nueva “ley ómnibus”.
Facultades ampliadas
Cuestionan que solo 40 de sus 133 artículos estén directamente vinculados con Malvinas y advierten que el resto amplía las facultades del Ejecutivo para avanzar en reformas de fondo en materia de defensa, seguridad nacional e interior y política antiterrorista.
“Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
“Hay varios proyectos dentro de uno”, repitieron los legisladores de UP al tomar la palabra en el plenario. El debate quedó prácticamente concentrado en los cuestionamientos del PJ sobre distintos puntos del articulado, a los que atribuyen problemas de constitucionalidad y efectos sobre la concentración del poder y la libertad de expresión.
“Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, apuntó el diputado de UP Eduardo Valdés.
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Delfina Galarza,Congreso Nacional,Malvinas,Conforme a
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Senado: cruce de Patricia Bullrich con una fiscal que intervino en el caso del policía Chocobar
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este miércoles un fuerte cruce con la candidata a fiscal general ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal Susana Marta Pernas, quien intervino en el caso del policía Luis Chocobar y solicitó penas mayores para el agente de seguridad. “Me deja grandes dudas su actuación”, señaló la porteña, mientras que la funcionaria judicial consideró “injusto” el planteo tras 50 años de carrera.
El intercambio se produjo este mediodía, durante una reunión de la comisión de Acuerdos, que no tuvo quorum y, por ende, no pudo avanzar con la firma de dictámenes. De hecho, ni siquiera se avanzó con el reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), quien murió la semana pasada y comandaba el cuerpo legislativo encargado de analizar las propuestas judiciales. Esta situación no pasó desapercibida y generó malestar en algunos despachos de la Cámara alta.
“Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas. Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y, cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”, ratificó esta tarde Bullrich en la red social X.
A pesar de un pliego enviado desde el propio Poder Ejecutivo, la presidenta de la bancada oficialista en la Cámara alta advirtió: “Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia. Por eso, aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”. Y sentenció: “Del lado de la gente, siempre”.
Cómo fue el cruce
Bullrich pidió “entender cómo piensa un fiscal en relación a un policía que estaba paseando y ve un turista que recibe nueve puñaladas” y que, a pesar de la pena -1 año- contra el agente de seguridad, “le manchan su carrera”.
“¿A quién defiende? ¿A las víctimas? ¿Entiende el rol de la policía? ¿Quién va a defender a la sociedad si una fiscal va a la Corte e insiste en un aumento de la pena?“, preguntó la legisladora.
Por su parte, Pernas buscó ser prudente por un expediente aún en trámite, aclaró que no tiene “ningún problema con ninguna fuerza de seguridad” y que, durante su intervención, ratificó que el caso nunca fue considerado -según su visión- de “gatillo fácil”, pero que sí fue corroborado un “exceso”, lo cual fue validado por el tribunal interviniente.
“La doctrina tiene que cambiar o la Policía nunca va a tener respaldo”, arremetió Bullrich. Y le consultó: “¿Chocobar actuó como policía o delincuente?“. ”Yo no puedo decir que actuara como delincuente porque sería un homicidio por gatillo fácil y en ningún momento lo consideré“, replicó Pernas.
Además, la fiscal reiteró la imposibilidad de ”eludir» la cuestión del “exceso” en el accionar del efectivo de seguridad y advirtió: “Parecería que se quiere juzgar una posición por un caso concreto. Me parece una total injusticia”.
“Injusticia sufrió Chocobar”, lanzó la senadora, y observó: “La Cámara bajó la pena y usted la subió. Fue injustamente condenado por haber salvado la vida de una persona”. “Él no lo salvó”, manifestó -sin dudar- la fiscal.
En agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el ex policía enfrente un nuevo juicio oral, al confirmar lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal.
La decisión rechaza el recurso presentado por su abogado, Luis Jorge Cevasco, quien cuestionaba la constitucionalidad de volver a juzgar a su defendido. No obstante, el TSJ sostuvo que no se vulnera el principio que impide ser juzgado dos veces por la misma causa, dado que Chocobar no fue absuelto, sino condenado en primera instancia.
El expediente se originó tras los sucesos del 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, cuando Juan Pablo Kukoc y otro menor de edad -J.M.P.R.- intentaron robarle la cámara de fotos al turista estadounidense Frank Wolek, quien se resistió al robo, fue apuñalado y quedó malherido. Luego, el policía Chocobar salió a perseguir a los atacantes y, en ese contexto, disparó y mató al menor que había participado de los hechos.
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