La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, recibió este martes a familiares de víctimas de delitos horas antes de que comenzara el tratamiento formal del proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil porteño al nuevo marco legal establecido a nivel nacional. La jornada combinó escucha directa con afectados por la inseguridad y un primer paso institucional hacia una reforma que definirá cómo la Ciudad aplicará las reglas penales vigentes para adolescentes de entre 14 y 18 años.

El proyecto, impulsado por Ramírez, busca alinear la normativa porteña con el Régimen Penal Juvenil nacional sancionado por el Gobierno nacional, que fijó la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La iniciativa establece reglas procesales específicas para ese rango etario, contempla medidas alternativas a la privación de libertad, incorpora mecanismos de seguimiento y amplía los derechos de las víctimas dentro del proceso judicial. La adecuación resulta necesaria para que la ley federal pueda aplicarse de manera efectiva en el ámbito de la Ciudad.

La urgencia del debate quedó subrayada por el antecedente concreto de la jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un joven de 14 años acusado de un delito. Ese episodio puso de manifiesto la tensión entre el marco normativo federal y su implementación en la jurisdicción porteña, y otorgó al proyecto un carácter que trasciende lo meramente técnico para convertirse en una disputa sobre la capacidad del sistema judicial de dar respuestas a quienes sufrieron un crimen.

“El Gobierno nacional estableció la responsabilidad penal desde los 14 años y ahora la Ciudad tiene que adecuar su legislación para que ese régimen pueda aplicarse. No podemos volver a tener situaciones como la de una jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un delincuente de 14 años. Las víctimas necesitan respuestas y quien comete un delito tiene que responder ante la Justicia”, sostuvo Ramírez durante el encuentro.

Del lado de las organizaciones, participó María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación (ODV), junto a familiares de víctimas de distintos hechos de inseguridad. Durante la reunión, la legisladora escuchó sus experiencias y recorrió con ellos las dificultades que atravesaron a lo largo de los procesos judiciales: el acceso a la información, los plazos de la Justicia, el acompañamiento por parte del Estado y las herramientas necesarias para garantizar la participación y los derechos de quienes padecieron un delito.

Concluido ese encuentro, se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña la reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que legisladores y funcionarios abordaron en detalle el proyecto de adecuación. Esa instancia marcó el inicio formal del tratamiento parlamentario de una reforma que, de aprobarse, modificará las reglas bajo las cuales la Ciudad juzga a sus adolescentes en conflicto con la ley.

A horas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó -sin resolución de fondo- sin vigencia el artículo 154 del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, senadores kirchneristas y justicialistas presentaron un proyecto para restituir de forma inmediata la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales (26.737), que ponía un límite de 15% para manos extranjeras.

La iniciativa fue rubricada por la plana mayor del bloque: su jefe, el formoseño José Mayans, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) y el titular de la bancada Justicia Social Federal -dos integrantes-, el puntano Fernando Salino. “El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”, argumentaron los legisladores.

El movimiento no sorprende. Sí resulta llamativo que, a sabiendas de una medida cautelar que podía ser frenada -o no- una vez que lo agarrara la Corte Suprema -como ocurrió-, el bloque kirchnerista no haya planteado esta cuestión cuando se aprobó en la Cámara alta, semanas atrás, la fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es decir: en medio de un momento de debilidad mileísta, el peronismo no aprovechó y se quedó con una victoria hoy efímera. Ahora, busca remendar eso y, de paso, criticar al máximo tribunal de Justicia de la Nación.

Vale recordar que, en la previa de una sesión muy compleja y de derrota casi total para La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, el oficialismo tuvo que quitar por completo el capítulo de venta de tierras a extranjeros. Y, durante el cónclave en el recinto, se cayeron también las modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, lo que significó la vigencia de las prohibiciones -por décadas- impulsadas años atrás por Máximo Kirchner.

La otra duda que queda es que, si bien se refiere a un solo artículo, la Cámara alta ya rechazó por completo el DNU 70/23 y el tema se encuentra en cómoda siesta en Diputados. De hecho, estas normas tienen un tratamiento particular a través de la bicameral de Trámite Legislativo. “Es necesario destacar que la ley 26.737 no proscribía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables y concordantes con la legislación comparada de países centrales como los Estados Unidos, Brasil, Francia o Australia”, fundamentaron los senadores.

Mayans, di Tullio y Salino agregaron: “Es precisamente ante la falta de una definición judicial sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma que este Congreso de la Nación debe asumir de manera urgente e impostergable su rol institucional como garante del dominio público y de la legalidad constitucional. No corresponde al Poder Judicial legislar sobre la conveniencia política del régimen de propiedad de las tierras, pero es responsabilidad insoslayable de este Poder Legislativo reparar la vulnerabilidad a la que ha quedado el territorio nacional”.

La norma a la que refieren las filas cristinistas y filo K establecía que personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% de ese cupo extranjero. Además, se limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo -o una superficie equivalente, según la ubicación- la tierra a poseer por un mismo titular extranjero.

Más allá de las novedades de las últimas horas, lo cierto es que la Cámara alta se encuentra sin actividad la corriente semana y se espera no demasiada para la próxima, debido a viajes diversos de legisladores por el mundo. La sumatoria de millas suele dilatar los tiempos parlamentarios. Además, se añadiría otro inconveniente: avisar con tiempo posibles ausencias para que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilite con justificación cambios en las comisiones. Tiempo atrás se hartó y cerró esa canilla.

Llegó octubre. En la política y en los mercados crecen las dudas sobre la sustentabilidad del programa económico y el Gobierno se juega sus últimas cartas del año preelectoral. Con ese ánimo, la mesa política proyectó, el martes por la tarde, el sprint final del período legislativo. El balance del encuentro fue escueto: el Ejecutivo ya sacó varios proyectos relevantes y ahora solo restaría surfear el debate sobre la morosidad, empujar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y sacar adelante la “ley de leyes”, el Presupuesto. El oficialismo, además, dejó de procrastinar la reforma electoral. Diego Santilli se mostró confiado para cosechar los votos, aunque otros en el Gobierno comenzaron a barajar un 2027 más áspero, con las PASO en el calendario. Con ese horizonte, el gabinete se dispuso a hacer las valijas para ir a buscar unos días de oxigeno en París.

En ese mismo instante, sin embargo, en el Palacio de Tribunales se gestaba un plot twist. En su acuerdo, los tres jueces de la Corte Suprema firmaron más de 400 fallos, entre ellos uno que había llegado al máximo tribunal en mayo de 2024: el amparo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que la Cámara Federal de esa ciudad había hecho lugar meses atrás anulando el artículo 154 del DNU 70/2023. Esa norma -el “mega decreto” de Javier Milei, influenciado por Federico Sturzenegger, que por entonces ni siquiera era ministro- derogaba la Ley de Tierras y liberaba la venta de campos a extranjeros sin tope alguno.

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz resolvieron por unanimidad revocar esa sentencia de Cámara. No se expidieron sobre la cuestión de fondo pero alegaron falta de legitimación del centro de excombatientes para promover una acción colectiva: para los tres jueces, el amparo estuvo mal encuadrado desde el inicio y nunca debió tramitarse como tal.

A primera vista, el fallo benefició al Gobierno. Milei lo entendió así: primero replicó un mensaje en X del empresario Martín Varsavsky festejando la sentencia y luego, en su participación virtual en el 62° Coloquio IDEA, subrayó que “lo que decide la Corte es lo que decide la Corte”.

La consecuencia política del fallo hoy tiene derivaciones impredecibles. Milei y su comitiva no habían abordado todavía el avión Tango cuando distintos bloques de Diputados ya se estaban organizando para derogar todo el DNU 70/2023. La narrativa es perfecta para la oposición más dura: hay que voltear el primer DNU de Milei para salvar a la Nación.

Plot twist

Sin que estuviera previsto, el Gobierno se ve empujado a defender aquel mamotreto de 366 artículos de diciembre de 2023, que había sido la primera acción política disruptiva de Milei. El contexto resulta mucho más incómodo. Con su giro malvinero, Milei había ganado terreno en la agenda nacionalista, pero bastó una trifulca infantil ayer en la Cámara baja para que Juan Grabois volviera a tildar al Gobierno de vendepatria. Lo más riesgoso es que, en un momento de alta sensibilidad económica, la oposición podría asestar a la Casa Rosada una derrota con un tema sensible. Al mejor estilo 2025.

La duda ahora es si la oposición dura en Diputados -desde el PJ hasta la izquierda pasando por diputados como Maximiliano Ferraro o Esteban Paulón– podrá juntar efectivamente los votos para derogar el DNU 70/2023.

Martin Menem -que se quedó en Argentina e improvisó un viaje a La Rioja por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto– empezó a pergeñar la resistencia. Buscará una diagonal con los diputados dialoguistas a través de la cajoneada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La idea es incluir en esa norma (que tiene media sanción del Senado) nuevos artículos para regular la extranjerización de la tierra. Es decir, canalizar la cuestión allí y vaciar de voluntades la derogación completa del DNU del 2023. El plan implicaría fijar nuevos topes a la extranjerización en un proyecto que, en su redacción original, buscaba la liberalización total. Se verá como cae la idea en Sturzenegger y, sobre todo, en Milei.

La otra pregunta que quedó flotando en el aire es por qué la Corte trató este tema ahora. La agenda de casos que se trata cada martes está en cabeza del titular del máximo tribunal, que en este caso es Rosatti. Pero cualquiera de los otros miembros puede proponer temas o frenarlos. Es decir, el fallo fue corporativo: más allá de quién lo impulsó, ninguno lo frenó y los tres lo firmaron, sin desconocer sus efectos políticos.

En el considerando 9, los cortesanos recordaron que el 70/2023 nunca fue tratado en Diputados a la luz del control parlamentario de los DNU previsto por la Constitución Nacional. Fue una forma sutil de decirle a la política que se haga cargo de sus propios temas. Y, de paso, de recordarle el poder que tiene el máximo tribunal para manejar los tiempos y mover el avispero.

Serrucho o caída

El fallo de la Corte sumó un frente inesperado en un momento en donde el Gobierno necesita previsibilidad política. Tras el desplome de la actividad en julio, el crecimiento de la pobreza del primer semestre y la escalada del riesgo país, el temor del ala política del Gobierno es que la economía abandone la lógica del serrucho para mostrar una caída consolidada. “La mayor preocupación está puesta en el EMAE de agosto. La política y los mercados nos están midiendo el aceite. Esperamos que dé para arriba, no queremos que se verifique una recesión”, reconoció un importante colaborador del ala política.

La posibilidad de una recesión técnica asomó en el último informe del JP Morgan sobre la Argentina. El banco más grande de los Estados Unidos, que siempre había sido auspicioso sobre el programa económico libertario, recortó dramáticamente sus expectativas, con natural impacto en banqueros e inversores.

Pero para Milei no habrá recesión, ni hay correcciones que hacer, ni la suba del riesgo país, que viene en una escalada casi ininterrumpida desde mediados de julio, tiene algo que ver con las dudas que los datos flojos de la economía real le imprimen a la sostenibilidad del modelo ortodoxo actual.

El ala política jamás manifestara sus inquietudes en voz alta, pero espera que medidas mínimas ayuden a la reactivación. “Javier ya habilitó que se vayan reanudando obras de infraestructura. Y también se va a dejar que los gobernadores tomen deuda para hacer su obra pública. (Axel) Kicillof incluido”, deslizó un colaborador oficial.

La otra preocupación que circuló en la Casa Rosada tuvo que ver con las declaraciones que dejó el Presidente en sus últimas entrevistas. En la sede de gobierno hicieron especial hincapié en que Milei no puso en duda la confiabilidad del INDEC cuando dijo que “los indicadores están arrojando cualquier cosa” en alusión a los datos desestacionalizados (más allá de que hay voces técnicas en el Gobierno que desaconsejan insistir con la “tendencia-ciclo” con la que machaca el jefe de Estado). “No se entendió lo que quiso decir”, justificaron al primer mandatario en Balcarce 50. Y se ocuparon especialmente de dotar de sentido la cifra de “30.000 terroristas” deportados en los últimos dos años. Adrian Ravier busco una pirueta discursiva: “Son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera. O, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”.

Ningún intento por dotar de sentido a la palabra presidencial y al revoleo de cifras en el que está enfrascado Milei le puede seguir el ritmo. Anoche en IDEA soltó: “Si no hubiéramos enfrentado el intento de siete golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal y la gente tratando de hacer actos terroristas en la calle, la inflación estaría empezando con cero”.

Milei encuentra, rumiando conspiraciones en su contra, la explicación a todos los problemas. “No es que miente, él se arma esa historia en su cabeza”, admitió un colaborador que trabaja en la Casa Rosada.

Más allá de sus cavilaciones, el Presidente apeló a una narrativa que se perfila como una estrategia de campaña: la polarización, ya no por orientación económica, sino bajo la lógica del bien y el mal; la prosperidad y el terror. Milei habla del kirchnerismo como un “tren fantasma” y Toto Caputo describe a Kicillof como el “anticristo”. A quienes piden una corrección del dólar los llama “momias”. Son los vientos de Halloween.

La retórica oficial encierra un dilema: si el Gobierno sube prematuramente a Kicillof al ring por conveniencia electoral, también aumenta -bajo su propia lógica- el riesgo político en el mercado. Al gobernador bonaerense también le sirve que Milei lo ubique como su rival principal. Si la polarización entre ellos se consolida y ambos mantienen un piso alto, complican la proliferación de candidatos en sus respectivos espectros.

Patricia Bullrich mira con especial atención esta dinámica y la potencialidad de Milei en las encuestas. Los pedidos de la mesa política para que ella no saque los trapitos al sol tienen poco efecto. Ayer mismo metió el dedo en la llaga sobre el fallo de la Corte. “Hay un tema de aprendizaje. Si nosotros teníamos un DNU y ese decreto aún estaba en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada con el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo sobre el debate que atraveso los meses posteriores al Mundial.

Puertas adentro, la senadora intensifica cada vez más los cuestionamientos al rumbo económico. Ya no reclama medidas: pide una corrección más de fondo y un golpe de timón para atender la reactivación. “Yo hoy no tengo claro cómo sigue esto. Si en el Gobierno todo sigue igual, no sé cuál va a ser la capacidad de reelección de Javier”, le dijo a su mesa chica en las últimas horas. Hay quienes la escucharon, incluso, reclamar cambios en el equipo económico. “Ella cree que este es el equipo de la estabilización. Que están amesetados por formación”, dijo un importante referente de su entorno a Infobae.

En la gestión hay roces concretos. El debate por los fondos para Discapacidad todavía no está saldado. En los últimos días, hubo varios intercambios entre el equipo de Caputo, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y los colaboradores de Martín Menem. Participaron, además, diputadas como Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, que negociaron con PRO el dictamen de un nuevo proyecto de Discapacidad para evitar la prórroga de la emergencia que impulsa la oposición. Fuentes parlamentarias reconocieron que en el Palacio de Hacienda no están conformes con ese dictamen que logró LLA la semana pasada, debido a su costo fiscal. Tampoco cayó simpático el texto en el Ministerio de Salud -que conduce Mario Lugones– por el impacto que el nuevo nomenclador tendría en las cuentas de las obras sociales.

Lejos de los problemas domésticos, Milei y parte del gabinete transitan su estadía en París. En la ciudad de las luces, cada uno activará sus armas de seducción. Karina Milei continuará desplegando su nueva faceta de brazos abiertos con los gobernadores. “Se la ve tratando de hacer cierres políticos que ahora son más difíciles de hacer. La duda sobre la reelección de Milei crece en todos los actores”, advirtieron en el bullrichismo.

Santilli, por su parte, se tiene fe para cosechar los apoyos que faltan para suspender las PASO y avanzar con el Presupuesto. “Después del viaje habrá más claridad. Esto es ‘El Colo in Paris’”, bromearon en el ala karinista en alusión a la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins. Fuera de programa, el jefe de gabinete ahora tiene que trabajar también en el blindaje del DNU fundacional de Milei. Se verá que piden los gobernadores a cambio. Y si el champagne, el vino y los canapés aceleran entendimientos políticos que hasta acá no maduraron.

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