A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Ese período terminó ayer y la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.

El Gobierno anunció, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.

Explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

Con tan solo siete semanas restantes de actividad, el Gobierno se fijó la misión de lograr aprobar en el Congreso no solo la eliminación de las PASO, sino también el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas que todavía esperan su tratamiento, y el objetivo es lograrlo antes de que finalice el periodo normal para evitar tener que convocar a extraordinarias, aunque todo dependerá del apoyo de los aliados.

Este martes será un día clave para el oficialismo en el camino para conseguir esa meta, ya que comenzará a analizar el respaldo que tienen los principales proyectos y el avance de las negociaciones con las provincias.

Por un lado, a partir de las 13:00, volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, después de dos semanas sin verse debido a distintos problemas de agenda, para planificar la estrategia parlamentaria.

“Esta vez, a priori, no se invitó a ningún ministro, vamos a ser los de siempre. La idea es hablar de Soberanía Nacional, del Presupuesto y de la sesión del 15. Y después saldrán, como siempre, algunos temas de gestión o de política”, anticipó a Infobae uno de los integrantes de este grupo.

La referencia es al intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para debatir iniciativas vinculadas con discapacidad y la morosidad, además del Decreto 70/2023 que volvió a la agenda a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que, primero, habilitaron el artículo que estableció la venta ilimitada de tierras a extranjeros y, después, dictaron una cautelar para frenarlo.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viene trabajando desde hace varios días para impedir que el kirchnerismo llegue al número necesario para que comience la discusión en el recinto.

Una de las movidas que hizo fue la de convocar a otra sesión para el 21 de octubre en la que se van a tratar todos estos mismos temas, pero con textos que fueron elaborados por el Poder Ejecutivo o sus aliados.

Al mismo tiempo, la cúpula libertaria empieza a poner a prueba los principios de acuerdo con los gobernadores: mientras negocian los términos para las elecciones del año que viene, les reclaman que acompañen en el Congreso la eliminación de las PASO y el Presupuesto.

En Balcarce 50 consideran que la primera de esa medida tendría que ser sancionada completamente antes de que termine el periodo ordinario, incluso por las presiones de la Cámara Electoral Nacional, que ya advirtió que necesitará tiempo para adaptar el sistema a todos los cambios que plantea la denominada reforma política.

En cuanto a la ley general de ingresos y gastos, los cálculos del oficialismo es que la propuesta tenga dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV, y llevarlo a votación el 17. De esa manera, si no hay ningún imprevisto en el medio, habría tiempo para que la iniciativa pase al Senado y se apruebe antes del verano.

Este martes, irá a la Cámara baja a explicar y defender el texto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch.

Según pudo saber este medio, el diputado oficialista tiene previsto responder el pedido que hicieron algunos bloques aliados para que el Ejecutivo especifique de dónde sacará el dinero para hacer frente a las partidas para el proyecto de discapacidad que redactó el Ministerio de Salud.

En algunas conversaciones informales, Guberman ya les aseguró a los representantes de esos bloques que “la plata siempre estuvo“, ya que surge del superávit con el que cuenta la administración nacional.

“Yo le cuestioné eso. Si hubiera estado todo, ¿cómo se explica el escándalo que hubo en su momento? La propia Patricia Bullrich dijo que sintió que la estaban tomando de boluda”, cuestionó un legislador que no siempre vota en sintonía con La Libertad Avanza.

En el círculo más íntimo de la secretaria general, Karina Milei, creen que no hubo malas intenciones ni picardías de quienes, dentro del propio Gobierno, estaban en contra de las negociaciones con los otros espacios.

“Lo habíamos redactado hace tiempo, mucho antes de que comenzaran esas conversaciones, y simplemente nos olvidamos de cambiar esa parte del texto. Yo confío en que no pasó nada más que eso”, argumenta una persona de peso dentro del partidos

Además de la hermana del Presidente, Menem y Bullrich, de la mesa política participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

En el encuentro se van a poner en consideración los avances en el vínculo con las provincias que viene llevando principalmente “El Colo”, que esta semana podría recibir a más gobernadores en su oficina.

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El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.

El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.

Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.

Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.

La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.

En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.

Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.

Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.

Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.