Envuelta en fuertes internas con los referentes más importantes del Gobierno, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, Karina Milei se muestra hiperactiva y baja línea a su tropa de cara al incipiente armado de la estrategia electoral para las elecciones presidenciales de 2027.

La hermana del Presidente nauguró personalmente con bombos y platillos una “escuela de dirigentes” violetas junto a su mano derecha en la Ciudad, Pilar Ramírez, que suena como eventual reemplazante de Patricia Bullrich como aspirante a la Jefatura de Gobierno por la lista de Milei. Y reunió anteanoche, como adelantó Infobae, a unos 70 diputados nacionales que responden a Martín Menem.

No es la primera vez que convoca a este tipo de encuentro, de índole “descontracturado”, según contaron asistentes a este medio, para restarle relevancia. Hace dos meses, la secretaria general había reunido a los representantes de LLA en el interior en otro restaurante. Pero esta vez hubo más asistentes. Y, llamativamente, estuvo Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, muy cercana a Javier Milei que de todas formas mantiene un vínculo positivo con Karina Milei y aparece como eventual candidata para el año que viene.

Petovello fue la única integrante del Gabinete invitada. Manuel Adorni, que sigue envuelto en la tormenta de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, no fue de la partida, a pesar de su cercanía con Karina Milei. Mientras prepara su Declaración Jurada, que sería presentada en los próximos días, en la Casa Rosada aseguran que los Milei de ninguna manera le soltarán la mano al jefe de Gabinete, al menos por ahora.

La Secretaria General, que envió las invitaciones para el cónclave con poca antelación (cuando promediaba la semana pasada) prepara el terreno para el armado electoral del año que viene. Y, según dicen en su entorno, no habrá lugar para que Santiago Caputo lidere la estrategia después de los roces más recientes entre las facciones enfrentadas de LLA. Pero, sobre todo, después de que las fuertes divergencias de miradas frente a los comicios de 2025 complicaran el proceso electoral.

El año pasado, los equipos del consultor experto en campaña y los “territoriales” de Karina Milei discutían sobre la conveniencia de aplicar estrategias puntuales por distritos, o bien “pintar todo el país de violeta”, como quería ella. Este año el plan de Karina Milei es hacer lo primero, pero en el karinismo aseguran que no se debe a un “triunfo” de la visión de Santiago Caputo, sino a la diferencia contextual.

“Ahora son las presidenciales, es clave ser lo más quirúrgicos posible para ayudar a la reelección del Presidente”, dijeron. El año pasado, en cambio, dicen, querían lograr tener presencia en todos los distritos.

Ayer acompañaron a Karina Milei unos 70 diputados que representan a LLA en las distintas provincias y recibieron el mensaje de seguir los lineamientos de “el Jefe”, pero en modo “social” y con “buena onda”, según dijo un participante. En un pasaje de su discurso frente a los referentes, Karina Milei les pidió a sus legisladores perdón por no responder todos los mensajes que le envían y les aseguró que está muy al tanto de lo que hacen. También hablaron Martín Menem y Sebastián Pareja, los referentes de Karina en el territorio a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

En medio de las fuertes discusiones, la hermana de Javier Milei debe fingir demencia frente a la inquieta jefa de los senadores violetas, Bullrich, que parece plantear un proyecto propio. Pero incita a su sector, asesorada por los Menem, a chocar en las redes con las bases del asesor preferido del Presidente, Santiago Caputo..

Además, la hermana presidencial activó a la Inspección General de Justicia (IGJ), que funciona bajo su influencia a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que investigue a Fundación Faro, el think tank que coordina Santiago Caputo con fines recaudatorios.

En la Casa Rosada, los máximos referentes del sector de Las Fuerzas del Cielo consideran que es una especie de “vuelto” de los Menem por la discusión por el caso de “periodistaRufus”. En el karinismo evitan responder, pero el enojo mutuo se ramifica y multiplica por los temas más diversos. Por caso, deslizan que están ofendidos por la diferencia de proporciones entre las repercusiones que tuvo en la agenda pública el caso de Adorni, protegido de Karina Milei, y el caso de ARSAT. “Ellos son los expertos en comunicación, ¿o no?”, deslizaron.

Todavía sin una fecha fija para su tratamiento en el Congreso, el Gobierno comienza a recibir los apoyos de algunas provincias para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aún no tiene garantizados los votos.

Las autoridades nacionales se fijaron como una de sus principales metas legislativas la aprobación de la reforma política, que incluye entre otras esta medida, la cual es rechazada por varios bloques del recinto, incluso algunos aliados del oficialismo.

Para intentar revertir esta situación, la cúpula de La Libertad Avanza estableció una hoja de ruta para las negociaciones que inició hace algunas semanas y que se da tanto en el plano parlamentario como en el ejecutivo.

Como viene sucediendo desde hace algún tiempo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, son los encargados de conversar sobre este tema con los gobernadores.

Los funcionarios ya lograron que algunos mandatarios locales expresaran públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, mientras que otros lo prometieron en privado y hay quienes se mantienen firmes en la negativa.

Un ejemplo del primero de esos casos es el entrerriano Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.

De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.

En el segundo grupo está el mendocino Alfredo Cornejo, quien luego de un extenso análisis, según pudo saber este medio, decidió estar a favor de eliminar las PASO a nivel nacional, pero mantenerlas en su provincia.

El dirigente radical, que no puede competir por un nuevo mandato, quiere que su sucesor sea uno de sus ministros, pero enfrenta la posibilidad de que los libertarios impulsen a Luis Petri, por lo que esta herramienta sería fundamental para dirimir las diferencias a escala local.

El martes, Santilli recibió en su oficina a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes también le aseguraron al funcionario que acompañarán la reforma política, aunque solamente el último lo dijo abiertamente en las redes sociales.

El patagónico, en cambio, se limitó a comentar en su cuenta de X que durante el encuentro se acordó “seguir avanzando en distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país”.

“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga. Cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia”, escribió.

Por último, figuras como el santafesino Maximiliano Pullaro condicionan los votos de sus legisladores a que haya algunos cambios en el texto -proponen la suspensión y no la eliminación definitiva-, mientras que otras como el Tucumano Osvaldo Jaldo no dan el brazo a torcer y defienden la continuidad de las primarias.

En paralelo, el titular de la Cámata de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hacen sus propias gestiones en los respectivos recintos.

La ex ministra de Seguridad, que tuvo algunos percances en la última sesión, cuando no consiguió sancionar la iniciativa para reforzar la propiedad privada, encabezó el mismo martes una reunión con las bancadas aliadas.

La senadora pretendía convocar a otro debate para este miércoles para aprobar el proyecto que quedó pendiente, pero al no tener asegurado el apoyo tampoco para ese texto, optó por esperar y seguir negociando.

La dirigente intenta recuperar el control legislativo con la ayuda del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que lleva adelante las conversaciones en representación del Poder Ejecutivo.

Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada en la antesala del Mundial de Fútbol, evento que podría frenar la actividad parlamentaria.

El Gobierno espera la llegada formal de los pliegos judiciales aprobados por el Senado para comenzar a firmar las designaciones de jueces. En el Ejecutivo aseguran que el Congreso todavía no envió las comunicaciones correspondientes y remarcan que, hasta que eso ocurra, no puede avanzar con los decretos de nombramiento.

En la Casa Rosada sostienen que los tiempos de firma se definirán políticamente una vez que los expedientes lleguen a la secretaría de Legal y Técnica. “No hay urgencia, se van a ir firmando a medida que lleguen”, expresan en el oficialismo. Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirman que los pliegos todavía no fueron comunicados a Nación y explican que el trámite requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.

El proceso quedó abierto después de la sesión en la que la Cámara alta aprobó 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que Javier Milei había pedido retirar. El Senado le dio acuerdo pese al rechazo de la Casa Rosada, pero sin el decreto presidencial la magistrada no puede asumir el cargo.

En el Gobierno mantienen la postura de que Milei no planea firmar la designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por descontado que el Presidente mantendrá demorado ese decreto, aun cuando llegue la comunicación formal del Senado. En Balcarce 50 sostienen además que el tribunal para el que fue propuesta todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.

La lectura oficial es que el acuerdo del Senado no obliga al Presidente a firmar de inmediato el nombramiento. En despachos del Ejecutivo mencionan como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego había sido aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín, pero cuyo decreto de designación no fue firmado por Cristina Kirchner. El postulante terminó renunciando a la candidatura. “Con un poco de presión, cede”, agregan.

Mientras tanto, la Casa Rosada busca sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales. En el Ejecutivo preparan nuevos envíos al Senado y siguen con atención la discusión de otros pliegos que ya están en trámite en la Comisión de Acuerdos. El oficialismo quiere avanzar con cargos menos conflictivos y dejar para más adelante los expedientes federales de mayor sensibilidad política.

La Comisión de Acuerdos del Senado abrió esta semana una nueva etapa con siete candidatos. Entre ellos figuran Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan, y seis postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Víctor Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Pisacco, Diego Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.

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El nombre que concentra mayor tensión es Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. El peronismo, gremios y abogados laboralistas cuestionan su continuidad por fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la UOM. Patricia Bullrich salió a defenderlo durante la audiencia pública y anticipó que La Libertad Avanza acompañará su pliego.

En el Senado, además, siguen sin dictamen otros nombres observados. Entre ellos aparecen los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. También permanece trabado el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y Justicia Legítima.

La Casa Rosada también mira el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles. El temario incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles, entre ellos el Juzgado Federal 2 de La Plata, el Juzgado Federal 1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En despachos oficiales advierten que los cargos federales más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La estrategia oficial es avanzar primero con tandas menos expuestas y ordenar después los expedientes que requieren acuerdos más amplios con bloques dialoguistas, gobernadores y sectores judiciales.

La agenda judicial tendrá además un capítulo internacional en los próximos días. Está confirmado el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París para exponer ante el GAFI las políticas de la Argentina contra el lavado de dinero. Integrará una comitiva de la que también participarán el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sebastián Casanello, el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la UIF, Matías Álvarez, el coordinador nacional antilavado, Agustín Flah, y funcionarios del Banco Central y ARCA, entre otros organismos.

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El capítulo judicial se cruza con la agenda legislativa de junio. El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para el jueves, en la que buscará ordenar poroteos, nuevos envíos y prioridades en Diputados y el Senado. La Casa Rosada quiere avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, Inocencia Fiscal, desregulación, cambios en competencia y otros proyectos que todavía siguen en revisión.

El Ejecutivo acelera en paralelo el proyecto de juicio por jurados. En Nación sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que lo trabajan los equipos técnicos de Legal y Técnica. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el Gobierno tiene en carpeta desde hace meses y que busca enviar al Congreso en el corto plazo.

La reforma de juicio por jurados ya había estado incluida en la primera versión de la Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria. El borrador establecía el sistema en la justicia federal para delitos con pena máxima mayor a cinco años de prisión o reclusión, con jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria y un juez encargado de dirigir el debate.

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