El Gobierno apelará el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que anuló el decreto 366/2025 de Javier Milei que había entregado a la Dirección de Migraciones la competencia para otorgar la ciudadanía argentina y se la había quitado a los jueces.

La apelación llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión de apelar fue confirmada a por diferentes fuentes del Poder Ejecutivo, que calificaron de “delirio” el fallo de la Cámara Electoral y anticiparon que seguirán “avanzando en el diseño de la reglamentación, indistintamente de cuál sea el resultado de la instancia que garantice la ciudadanía”. Se refieren a las otras modificaciones que dispuso el decreto, como limitar la residencia precaria a 90 días en vez de 180 como era antes.

La apelación será realizada por el área de Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Alejandra Monteoliva.

Por ahora, el fallo de la Cámara Nacional Electoral está vigente; es decir, la implementación del decreto se mantiene suspendida por la declaración de inconstitucionalidad.

Cuando el Gobierno presente el recurso extraordinario, la Cámara Electoral deberá decidir si concede el recurso y, de esa manera, el reclamo llega a la Corte Suprema.

Si la Cámara Nacional concede el recurso al Gobierno, el decreto vuelve a estar vigente hasta que la Corte Suprema resuelva el caso.

Si la CNE no concede el recurso, el Gobierno igual puede ir a la Corte con un recurso de queja.

La decisión judicial de la CNE conocida este martes considera que la norma fue dictada en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional.

La CNE, máxima autoridad judicial en materia electoral, sostuvo que, como la ciudadanía involucra el otorgamiento de derechos políticos a los solicitantes, la norma anulada regula aspectos que alteran cuestiones electorales que le están vedadas al Poder Ejecutivo.

Entre sus puntos centrales, el decreto de Javier Milei reforzó el control migratorio, exigió seguro de salud para extranjeros, limitó el acceso gratuito a la salud y a la educación universitaria para quienes no fueran residentes permanentes y estableció impedimentos más estrictos para el ingreso y la permanencia de extranjeros con antecedentes.

El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y el artículo 99, inciso 3, en particular, le prohíbe expresamente dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”.

El decreto fue dictado el 28 de mayo de 2025 y fue firmado por el líder libertario. La norma trasladó a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización, una atribución que desde 1869 estuvo en manos de los jueces federales.

El fallo, firmado este martes por los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, fue motivado por la apelación de Liping Yang, un comerciante chino radicado desde hace 11 años en Oro Verde, Entre Ríos, a quien un juzgado federal le había rechazado la carta de ciudadanía por tener una orden de expulsión dictada por la Corte Suprema que, sin embargo, nunca se efectivizó.

El DNU 366/2025 modificó también la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional.

En materia de ciudadanía, trasladó la facultad de otorgar alidad de los jueces federales a la Dirección Nacional de Migraciones y exigió que los dos años de residencia previa fueran no solo continuos, sino también legales y sin salidas del país.

La Cámara entendió que, al modificar quién decide sobre la ciudadanía —condición que habilita el ejercicio de los derechos políticos—, el decreto invadió esa zona vedada.

El fallo fue más allá: examinó los propios fundamentos del DNU y concluyó que las razones esgrimidas por el Gobierno —la sobrecarga de recursos judiciales, la necesidad de mayor control— constituían argumentos de “oportunidad, mérito o conveniencia” propios de una decisión legislativa ordinaria, no la situación de urgencia excepcional que la Constitución exige para saltear al Congreso.

En ese sentido, citó antecedentes de la propia Corte Suprema sobre los límites a las facultades legislativas del Ejecutivo.

El tribunal también recordó que esta era la primera vez que se le planteaba la cuestión y que jueces de primera instancia ya habían declarado la inconstitucionalidad del decreto en casos similares, lo que tornaba necesario unificar el criterio para todo el fuero electoral del país.

Con el aval del dictamen fiscal, la Cámara tuvo por acreditado que Yang ingresó al país en septiembre de 2015, no registra antecedentes penales aquí ni en China, abrió un supermercado, tributa en Argentina y vive en Oro Verde junto a su esposa e hijos.

En una nueva ampliación de su indagatoria en el juicio por Sueños Compartidos, y en respuesta a la declaración de un testigo, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender sostuvo que el Movimiento Evita y uno de sus líderes, Emilio Pérsico, se hicieron cargo del programa de viviendas meses después de que él fuera apartado, en mayo de 2011.

El nombre del dirigente piquetero surgió de improviso durante la última audiencia en boca de un testigo que dijo que vio a un “tal Pérsico” en la fundación con una caja llena de plata.

“¿Saben quién es Pérsico? Es Emilio Pérsico”, dijo hoy Schoklender. “¿Y saben por qué aparecía en la Fundación con un montón de plata? Porque Cristinita, cuando se llega a la paralización de todas las obras de la Fundación, decide que le pasen todas las obras y toda la administración a Emilio Pérsico, al Movimiento Evita”, dijo.

Schoklender dijo que eso ocurrió meses después de que él dejara el manejo del programa. Fue luego de que estallaran las denuncias del caso, cuando la fallecida Hebe de Bonafini, expresidenta de la Fundación, decidió revocar todos los poderes que les había otorgado a Sergio y a su hermano Pablo, dándole un nuevo uno nuevo a su hija, María Alejandra Bonafini.

Schoklender declaró hoy por tercera vez en el juicio. Defendió su gestión y dijo que nunca pagó “un mango de coimas”, pero volvió sobre la idea de que el programa sufría un drenaje permanente de recursos a manos de la política.

Consultado sobre esto por el fiscal Diego Velazco, dijo: “Era la demanda de apoyo político que planteaba Hebe a instancias de [Oscar] Parrilli, Cristina [Kirchner], [Amado] Boudou, de toda esa runfla”.

“Cuando Hebe decía ‘necesito tanto’ -siguió Schoklender- había que buscarlo. Ese tanto podía ser para pagarle el sueldo a un exmilitante compañero revolucionario compañero de sus hijos o para apoyar la campaña política de algún candidato que le pedía a Parrilli o a Cristina”.

Schoklender está acusado de fraude al Estado por su rol de apoderado de la Fundación de las Madres, encargada de poner en marcha Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales ejecutado durante el kirchnerismo.

Hebe de Bonafini también era una de las acusadas por la fiscalía como partícipe secundaria, pero falleció en 2022. El señalamiento fiscal por los desvíos alcanza, además, a Pablo Schoklender y a funcionarios del kirchnerismo, como el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala y el exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Luis Rafael Bontempo.

Los hermanos Schoklender, en particular, están acusados de haberse apropiado del 23% del presupuesto destinado a Sueños Compartidos. Según la acusación, una de las firmas vinculadas a los hermanos y a esos desvíos fue Meldorek SA, de la que Sergio Schoklender adquirió el 90% de las acciones y con la que se compró aviones y vehículos de lujo, entre ellos una Ferrari.

La semana pasada por el juicio pasó como testigo el dueño de un corralón de materiales de Lanús que trabajó con el programa. Declaró que nunca pudo cobrar en tiempo y forma y que en algunos casos ni siquiera recibió el dinero.

En ese marco, sostuvo: “Para todos había efectivo. Lo vi a un tal Pérsico ahí, que llevó una caja llena de plata, y a mí me dieron cheques a 30, 60, 90 y 120 días. Y ahí me enojé”.

Consultado por este medio la semana pasada, el dirigente del Movimiento Evita -que no forma parte del expediente- dijo que su organización nunca trabajó en Sueños Compartidos y que solo se hizo cargo de las obras en la Ciudad de Buenos Aires, en vínculo directo con el gobierno porteño. Agregó que nunca estuvo presencialmente en las oficinas de Sueños Compartidos y que la relación con la Fundación no era buena.

Schoklender dijo hoy que el dirigente transformó el trabajo registrado del programa en “becas”, lo que “terminó paralizando todas las obras”. “Nosotros sabemos cómo son los manejos de ellos”, sostuvo. El miércoles próximo el Tribunal Oral N°5 dará inició a los alegatos, comenzando por el del fiscal Velazco.