De 1,8 millones de argentinos residentes en el exterior, casi medio millón estuvo habilitado para votar en las elecciones presidenciales de 2023 y apenas poco más de 50.000 acudieron a las urnas de los respectivos consulados. Frente a este escenario, la Fundación Libertad y Progreso elaboró una serie de propuestas para facilitar e incentivar el voto en el exterior, en un “análisis preliminar”.

Las medidas que sugiere la institución dirigida por Agustín Etchebarne se enfocan en la comunicación y concientización mediante campañas segmentadas, la reducción de costos de los trámites junto con beneficios a futuro, y la simplificación y digitalización de los procesos.

En rigor, las propuestas apuntan, primero, a incentivar el cambio de domicilio en el DNI al exterior –único requisito para la inscripción automática en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (RERE), que permite votar fuera del país– y, luego, a fomentar la participación.

Algunas propuestas serían de simple aplicación y solo dependerían de la voluntad de organismos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Cancillería, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los consulados, mientras que otras requerirían decretos del Poder Ejecutivo o la intervención del Congreso. Entre las propuestas, se encuentran:

La Fundación estima que hoy casi 2 millones de argentinos residen en el exterior, de los cuales más de 1,6 millones serían mayores de 16 años y, por ende, estarían en condiciones de votar. En 2025, el RERE no alcanzó el medio millón de inscriptos. Y en las elecciones del año pasado votaron apenas 27.381, una cifra considerablemente menor que en las de 2023 al tratarse de comicios legislativos.

Etchebarne, director general de la Fundación, planteó a que su objetivo es que “los argentinos que están en el exterior tengan mayor facilidad para mostrar dónde están y que tengan mayor posibilidad de votar”. “Hay 1,8 millones de argentinos afuera, que tienen derecho a votar, pero que no pueden ejercerlo si no lo saben. Hay un tema de campaña de difusión”, expresó.

Desde la institución comentaron esta iniciativa a integrantes del Gobierno para lograr un mayor compromiso del Estado en el fomento del voto exterior.

Claves del voto exterior

El voto en el exterior fue establecido por ley y reglamentado por decreto durante el menemismo. El gobierno de Mauricio Macri estableció la inscripción automática (en caso de tener domicilio en el exterior) y el voto por correo postal. La gestión de Alberto Fernández derogó el decreto que había habilitado esta última modalidad, mientras el presidente Javier Milei restituyó la posibilidad de ejercer el voto mediante correo postal.

El voto de los argentinos en el exterior es optativo a partir de los 16 años y puede ejercerse de forma presencial en la sede consular o por correo postal. Para votar por correspondencia hay que inscribirse desde 150 días hasta 120 días antes de la elección general.

Quienes votan desde el exterior solo pueden participar en elecciones nacionales. En concreto, elegir fórmula presidencial, diputados y senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur. No pueden votar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) ni en elecciones provinciales o municipales, pero sí en las generales nacionales y en el balotaje presidencial.

Es obligatorio figurar en el RERE, cuya inscripción es automática. Aquí está la clave: si es automática, ¿por qué solo figura cerca del 25% de quienes emigraron? Porque la inscripción depende de tener registrado un domicilio fuera de la Argentina en el DNI (al menos 180 días antes de la elección general), y muchos no lo hacen.

Según la Fundación Libertad y Progreso, el problema de fondo es el temor de los argentinos en el exterior a perder derechos al registrar formalmente su domicilio fuera del país, sobre todo en materia de cobertura de salud, jubilaciones, pensiones y programas sociales. Al no registrar ese domicilio, quedan fuera del RERE y no pueden votar en el exterior.

Sin embargo, la participación de los inscriptos también es baja. En la última década, entre los habilitados para votar, solo lo hizo entre el 3,8% y el 12,8% según datos de la Fundación, que lo atribuyó a la falta de información en la materia.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La pequeña localidad de Pilo Lil, ubicada en la cordillera de Neuquén a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes sobre la Ruta Provincial 23, quedó envuelta en un grave escándalo de violencia política e institucional. El episodio involucró al actual presidente de la Comisión de Fomento, Andrés Avelino Infante, y a su antecesor, Eliseo Díaz, quien estuvo al frente de la comuna durante 12 años.

El altercado ocurrió el viernes pasado dentro del salón comedor del Parador Turístico comunal, en momentos en que se desarrollaba una mesa de trabajo con funcionarios provinciales.

El conflicto se desató a raíz del uso de un vehículo oficial de la institución. De acuerdo con la denuncia formal presentada por Infante, Díaz se presentó para solicitar un camión comunal para trasladar fardos de pasto destinados a sus animales. Cuando le exigieron la presentación de una nota formal para justificar la salida del rodado y la rendición de cuentas del combustible, la conversación escaló a una acalorada discusión de casi 20 minutos con gritos, insultos y empujones.

Por su parte, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, ofreció una versión contrapuesta: afirmó que su marido había gestionado el vehículo el día anterior y que el enojo surgió al regresar el viernes y constatar que el camión no estaba disponible. Asimismo, sostuvo que fue el propio Infante quien inició la agresión física al tomar a Díaz del pecho.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando, según la denuncia de Infante, el exjefe comunal lanzó amenazas de muerte (“Te voy a matar, me tenés podrido”) y extrajo de su cintura un cuchillo. Infante relató que su esposa, Raquel Fantini, debió interponerse de espaldas entre ambos como “escudo humano” para evitar el ataque.

Toda la secuencia fue filmada por Eliana Rivera, coordinadora regional del gobierno provincial que participaba del encuentro. Ese registro audiovisual se transformó en la prueba central entregada a las autoridades judiciales y al Ministerio de Seguridad.

En su descargo, Díaz reconoció haber blandido un cuchillo tipo “verijero” (de 10 a 12 centímetros), pero argumentó que lo hizo únicamente para defenderse al considerar que le habían hecho “una cama” y que pretendían agredirlo entre tres personas. Su esposa, sin embargo, negó enfáticamente la presencia o exhibición de cualquier arma blanca y aseveró que el encuentro se limitó a un cruce a golpes de puño.

Tras la alerta dada por la coordinadora provincial, efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes intervinieron en el lugar. Díaz se dirigió primero al destacamento local y luego continuó viaje hacia Junín de los Andes: fue interceptado en el trayecto por la Policía y quedó demorado.

Como consecuencia de las actuaciones iniciales, la Justicia dictó una medida perimetral de restricción por cuatro meses contra el exfuncionario.

La situación sumó tensión horas después, cuando Infante radicó una segunda denuncia penal contra el hijo mayor de Díaz por presentarse en la sede comunal a formular nuevas amenazas.

La causa se tramita actualmente en la Fiscalía de Junín de los Andes, donde se peritan las imágenes grabadas y las cámaras de seguridad del sector.