POLITICA
El Gobierno terminó de redactar el proyecto por Malvinas y prevé enviarlo hoy al Congreso
El Gobierno terminó de redactar el paquete de Malvinas y prevé enviarlo hoy a la Cámara de Diputados. La Casa Rosada completó el cierre técnico de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional después de varios días de trabajo sobre un texto amplio que reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad.
La iniciativa será cargada esta mañana en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo previo a su remisión al Congreso. Cerca de quienes participaron de la elaboración aseguran que el objetivo es concretar el envío durante la jornada y que el proyecto está estructurado en alrededor de seis títulos.
El cierre se extendió hasta las últimas horas por la complejidad del articulado. Durante la madrugada todavía se trabajaba sobre la redacción definitiva y en el Gobierno remarcan que la prioridad fue terminar el texto antes de apurar el trámite político. La mesa política había informado oficialmente el martes que el proyecto ingresaría esta semana a Diputados.
El proceso estuvo atravesado por diferencias internas sobre los tiempos de presentación. En sectores del oficialismo esperaban recibir la iniciativa antes y durante los últimos días circularon distintas fechas para su envío. Cerca del equipo que trabajó sobre el articulado rechazan, sin embargo, que el lunes haya sido alguna vez el plazo técnico fijado para terminarlo.
La discusión por los tiempos había comenzado incluso antes. Durante la sesión en la que la oposición avanzó con los emplazamientos por endeudamiento familiar y Discapacidad se evaluó la posibilidad de incorporar Malvinas sobre tablas, pero Milei terminó descartando esa alternativa. La decisión fue no llevar al recinto un proyecto que todavía no estaba cerrado.
Parte del armado parlamentario tampoco tuvo acceso anticipado a la versión final. Cerca de la negociación legislativa reconocen que esperaron el texto para comenzar a trabajar sobre la letra concreta, mientras la redacción quedó concentrada durante los últimos días en un núcleo reducido.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue anunciada por Milei el 3 de septiembre. El esquema oficial contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructura crítica y marcos específicos para la protección aeroespacial y marítima. Esos ejes fueron anticipados por la Casa Rosada cuando presentó formalmente la iniciativa.
El Gobierno oficializó este miércoles la disolución de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Iosfa a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa”.
Según la normativa, “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”.
En esa dirección, el decreto establece que, “en función de ello, identificará al personal del Iosfa que resulte necesario para el adecuado cumplimiento del objeto de la OSFA con el fin de formalizar su transferencia, conforme el régimen jurídico aplicable a la situación de revista del personal”.
La medida publicada en el Boletín Oficial tuvo lugar luego de que, a principios de octubre, el gobierno de Javier Milei anunciara que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones, a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que, por falta de pago, mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.
Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.
Ese anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la OSFA se agudizó. En septiembre, había renunciado el administrador de la estructura residual del antiguo Iosfa, coronel retirado Ariel Guzmán, quien trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.
Otro de los elementos que emergen de la decisión del Ejecutivo es que el administrador del Iosfa deberá evaluar “la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la OSFA y dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia”.
En el documento también se hace alusión a la situación de las diversas fuerzas a partir de la nueva reglamentación. “El personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el Iosfa deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”, consignó el Poder Ejecutivo.
Finalmente, la resolución que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y de los principales ministros del Gabinete alude al paso siguiente una vez concretada la supresión del Iosfa. “Concluida la liquidación, los compromisos y obligaciones pendientes derivados de la situación del personal que no hubiera sido transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa. El personal de planta permanente con estabilidad que a esa fecha se encuentre en situación de disponibilidad continuará en ella en el ámbito de dicho Ministerio hasta su reubicación o baja, conforme la normativa aplicable”, finaliza el decreto.
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POLITICA
El Ministerio de Seguridad creó un programa para priorizar la captura de prófugos con mayor peligrosidad
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridades operativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.
La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.
De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.
El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.
La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.
El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.
El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.
En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.
La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.
La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: la nueva revisión del acuerdo con el FMI y la salida de Bolsonaro desde Misiones
El gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles por la madrugada que el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, a bordo de un avión Gulfstream G400 junto a su familia, según pudo saber de fuentes oficiales.
De acuerdo a la versión de la Casa Rosada, Bolsonaro junto a su esposa Fernanda y sus dos hijas ingresaron a territorio nacional por la noche e inmediatamente partieron vía aérea hacia Guayaquil, Ecuador. Desde el Gobierno dijeron que no saltó en la frontera ningún pedido de captura ni impedimento legal para que ingresen al país, más allá de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Morais, ayer rechazó la posibilidad de que Bolsonaro viajara al exterior y ordenó retirarle el pasaporte brasileño. Medios de ese país, no obstante, informaron que el excandidato tiene documentación europea.
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