POLITICA
Proponen medidas para fomentar el voto de los argentinos en el exterior ante la baja inscripción y participación
De 1,8 millones de argentinos residentes en el exterior, casi medio millón estuvo habilitado para votar en las elecciones presidenciales de 2023 y apenas poco más de 50.000 acudieron a las urnas de los respectivos consulados. Frente a este escenario, la Fundación Libertad y Progreso elaboró una serie de propuestas para facilitar e incentivar el voto en el exterior, en un “análisis preliminar”.
Las medidas que sugiere la institución dirigida por Agustín Etchebarne se enfocan en la comunicación y concientización mediante campañas segmentadas, la reducción de costos de los trámites junto con beneficios a futuro, y la simplificación y digitalización de los procesos.
En rigor, las propuestas apuntan, primero, a incentivar el cambio de domicilio en el DNI al exterior –único requisito para la inscripción automática en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (RERE), que permite votar fuera del país– y, luego, a fomentar la participación.
Algunas propuestas serían de simple aplicación y solo dependerían de la voluntad de organismos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Cancillería, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los consulados, mientras que otras requerirían decretos del Poder Ejecutivo o la intervención del Congreso. Entre las propuestas, se encuentran:
La Fundación estima que hoy casi 2 millones de argentinos residen en el exterior, de los cuales más de 1,6 millones serían mayores de 16 años y, por ende, estarían en condiciones de votar. En 2025, el RERE no alcanzó el medio millón de inscriptos. Y en las elecciones del año pasado votaron apenas 27.381, una cifra considerablemente menor que en las de 2023 al tratarse de comicios legislativos.
Etchebarne, director general de la Fundación, planteó a que su objetivo es que “los argentinos que están en el exterior tengan mayor facilidad para mostrar dónde están y que tengan mayor posibilidad de votar”. “Hay 1,8 millones de argentinos afuera, que tienen derecho a votar, pero que no pueden ejercerlo si no lo saben. Hay un tema de campaña de difusión”, expresó.
Desde la institución comentaron esta iniciativa a integrantes del Gobierno para lograr un mayor compromiso del Estado en el fomento del voto exterior.
Claves del voto exterior
El voto en el exterior fue establecido por ley y reglamentado por decreto durante el menemismo. El gobierno de Mauricio Macri estableció la inscripción automática (en caso de tener domicilio en el exterior) y el voto por correo postal. La gestión de Alberto Fernández derogó el decreto que había habilitado esta última modalidad, mientras el presidente Javier Milei restituyó la posibilidad de ejercer el voto mediante correo postal.
El voto de los argentinos en el exterior es optativo a partir de los 16 años y puede ejercerse de forma presencial en la sede consular o por correo postal. Para votar por correspondencia hay que inscribirse desde 150 días hasta 120 días antes de la elección general.
Quienes votan desde el exterior solo pueden participar en elecciones nacionales. En concreto, elegir fórmula presidencial, diputados y senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur. No pueden votar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) ni en elecciones provinciales o municipales, pero sí en las generales nacionales y en el balotaje presidencial.
Es obligatorio figurar en el RERE, cuya inscripción es automática. Aquí está la clave: si es automática, ¿por qué solo figura cerca del 25% de quienes emigraron? Porque la inscripción depende de tener registrado un domicilio fuera de la Argentina en el DNI (al menos 180 días antes de la elección general), y muchos no lo hacen.
Según la Fundación Libertad y Progreso, el problema de fondo es el temor de los argentinos en el exterior a perder derechos al registrar formalmente su domicilio fuera del país, sobre todo en materia de cobertura de salud, jubilaciones, pensiones y programas sociales. Al no registrar ese domicilio, quedan fuera del RERE y no pueden votar en el exterior.
Sin embargo, la participación de los inscriptos también es baja. En la última década, entre los habilitados para votar, solo lo hizo entre el 3,8% y el 12,8% según datos de la Fundación, que lo atribuyó a la falta de información en la materia.
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POLITICA
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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POLITICA
“Erosiona el debate público”: ADEPA lamentó y rechazó los insultos de Milei a periodistas y editores de medios
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, rechazaron la nueva serie de graves insultos y agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios.
Entre los destinatarios de los agravios presidenciales están el director del diario , Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.
En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.
La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico.
Pero dijo que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.
ADEPA recordó también que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones sobre quienes ejercen el poder, y que el derecho a réplica no habilita los ataques personales.
FOPEA, por su parte, difundió en X un relevamiento con las expresiones del Presidente, organizado por día. Según el detalle de la entidad, el 5 de octubre Milei llamó “otra mierda humana” a Van der Kooy, y “Mierdanecio”, “Mandrilesio”, “estúpido” e “imbécil” a Novaresio.
A Sylvestre lo trató de “mierdas humanas, mentirosos” y a Jesica Bossi de “defensora de ladrones, asesinos y violadores”. A Pagni lo describió como “la versión de mierda de Lucas Adams” y como “una de las plumas esclavas de la mierda humana de Fernán Saguier”.
“La reiteración en un período tan breve y la virulencia de las expresiones muestran una dinámica que excede una controversia puntual con un periodista o un medio determinado”, advirtió FOPEA.
La entidad también alertó que funcionarios del Poder Ejecutivo se sumaron a los ataques. Según FOPEA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda la independencia profesional de Morales Solá, mientras que el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo participaron de los cuestionamientos contra Novaresio y Duffard.
“El periodismo puede y debe ser cuestionado y refutado con datos y argumentos. Los periodistas no son infalibles y FOPEA no ejerce defensa corporativa alguna. Pero la crítica no es el insulto”, sostuvo la organización.
Agregó que, cuando el agravio proviene del poder del Estado, “la asimetría y su efecto intimidatorio se multiplican, incluso por el hostigamiento de terceros en las redes sociales”.
“La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó FOPEA. La entidad reiteró su pedido al Presidente y a los funcionarios del Gobierno para que “abandonen el insulto como herramienta de comunicación y contribuyan a una conversación pública respetuosa y plural”.
En abril pasado, ADEPA ya había rechazado agresiones verbales desde las cuentas de Milei contra Pagni, Liotti, Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove. En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en Tucumán, la entidad advirtió que las críticas presidenciales deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio en la sociedad.
Por los ataques a Duffard, Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra Milei, una postura que FOPEA y ADEPA respaldaron.
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El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.
El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.
Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.
El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.
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