“Milei tiene una desconexión con la realidad”.

“La verdad, enoja que nieguen lo que pasa”.

“Si le cierran los numeritos, se olvida de la gente que se está cayendo del mapa”.

“Las ideas están buenas, pero Argentina no es sólo la macro”.

“Noto bastante insensibilidad en este gobierno”.

“No piensan en la gente laburante”.

Ninguna de esas frases viscerales salió de la boca de un líder opositor, ni de una unidad básica peronista, ni de una reunión sindical, ni de manifestantes de marchas antilibertarias. Todo lo contrario: las pronunciaron ciudadanos que votaron a Javier Milei en la segunda vuelta de 2023. Son personas que se autodescriben como “desencantados”, que atraviesan “serias dificultades” en sus billeteras, que contrajeron “deudas demasiado pesadas” y que sienten una contundente “apatía” cívica. “Con total sinceridad, salvo que el panorama mejore mucho, no me da ganas de votar el año que viene. Y no alcanza si mejora un poquito. Tiene que mejorar mucho”, se escuchó entre las paredes de la cámara Gesell en la que un grupo de investigadores lideraba un focus group que trataba de bucear en las profundidades de los pensamientos de quienes jamás abrazarían conceptos progresistas pero que a la vez exponen una ruptura de confianza especialmente ligada al bolsillo.

El estudio, organizado por la consultora TresPuntoZero de Shila Vilker, describe que el paso del apoyo a la frustración no supone necesariamente dejar de reconocer la baja de la inflación, la estabilidad del dólar o la acumulación de reservas en el Banco Central; supone quedarse sin paciencia mientras se espera que los eventuales beneficios del modelo violeta lleguen a la vida cotidiana. Ese universo constituye, según admiten cada vez con menos rodeos en la Casa Rosada, el territorio electoral en disputa para 2027. Es un botín político más que jugoso y para nada abstracto: la propia Vilker estimó que los que se distanciaron del Presidente representan al menos el 20% de los que lo acompañaron en el balotaje. Un ejército tan disperso como desilusionado y sin conducción que puede definir si La Libertad Avanza consigue prolongar su estadía en el poder.

¿Cómo reaccionan en Balcarce 50 ante conclusiones como estas? Con una mezcla de negación, irritación y sospechas. Para los más intransigentes, buena parte de las investigaciones que exhiben un deterioro del humor social forman parte de una operación coordinada entre sectores del Círculo Rojo, empresarios, dirigentes opositores y medios de comunicación para instalar un clima de derrota anticipada. El Presidente se zambulló esta semana en una polémica que, lejos de ayudarlo, terminó amplificando el problema: calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que la gente no llega a fin de mes y volvió a discutir públicamente los resultados de una encuesta que lo incomodó especialmente.

El relevamiento que estuvo en boca de todos, difundido por Zentrix, reveló que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan hasta aproximadamente el día 20. Claudio Montiel, su director, explicó durante una entrevista en Infobae en Vivo que semejante resultado no significa que las familias dejen de alimentarse durante los últimos diez días, como ironizó Milei, sino que deben endeudarse, recurrir a tarjetas, solicitar préstamos o consumir ahorros para seguir adelante. “Cuando no alcanza el ingreso disponible, uno compromete ingresos futuros”, aclaró.

La controversia dejó huellas indelebles. El monitoreo de conversación digital de Ad Hoc detectó que los dichos presidenciales generaron el mayor pico de menciones del mes, dispararon las críticas hacia su gestión y llevaron la negatividad asociada a su figura al 56%, cinco puntos por encima del promedio de octubre.

“No tenemos nada para ganar cuando nos ponemos a batallar contra algunas aristas de la realidad. Al pedo nos metimos en esa discusión. En mi despacho tengo una decena de encuestas que dicen más o menos lo mismo”, concede un miembro habitual de la Mesa Política. ¿Informes de los que no reniega LLA? El funcionario cita tres casi de memoria. AtlasIntel, firma internacional que realiza trabajos junto a Bloomberg, registró que el 71% considera mala la situación económica del país, el 75% evalúa negativamente el mercado laboral y el 60% tiene una percepción desfavorable de las finanzas familiares. Proyección, por su parte, registró que el 71,4% asegura que su bolsillo empeoró o sigue igual de mal, el 51,3% identifica los bajos ingresos como su principal preocupación y el 60,3% considera que las políticas oficiales perjudicaron su economía familiar. En paralelo, D’Alessio IROL y Berensztein llegaron a otra conclusión molesta: el 66% considera que la economía está peor que hace un año y el 58% anticipa que seguirá deteriorándose. Leídos en conjunto, los números parecen contar una historia para mirar de cerca pese a que el propio mandatario recibe este tipo de conclusiones y las relativiza como una “falacia ad populum”.

Hay un contrapeso fundamental para comprender la resistencia electoral libertaria: incluso los relevamientos más críticos siguen mostrando a Milei competitivo frente a figuras como Axel Kicillof. Los trabajos nacionales que reciben en la Olivos en general todavía ubican al oficialismo por encima del peronismo en intención de voto y al Presidente adelante del gobernador bonaerense en escenarios diferentes, incluido un hipotético balotaje. Así, los rechazos no se convierten automáticamente en respaldo a sus adversarios.

La economía real, sin embargo, acaba de aportar otro dolor de cabeza. El Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC registró en agosto una mejora insignificante del 0,1% respecto de julio y una caída interanual del 1,7%. El rebote que buena parte del mercado esperaba no apareció. Hay más: la industria continúa atravesando un período de debilidad y la construcción tampoco consigue desplegar un crecimiento sostenido. La expansión que exhiben algunas actividades vinculadas con la energía, la minería y el agro no alcanza para generar un efecto multiplicador sobre el resto de los sectores productivos. Es uno de los grandes desafíos del programa económico: transformar los buenos resultados de algunas variables en una recuperación que también involucre al empleo, los salarios y el consumo.

Un análisis de las últimas horas de C-P Consultora advierte que la contracción de la demanda agregada no logra ser compensada por los sectores primarios y proyecta una caída del 2,3% en el tercer trimestre con una estimación de crecimiento para todo 2026 reducida a apenas el 0,6%. El escenario de recesión técnica solo se podría evitar si la actividad económica anota una mejora inédita del 8,5% mensual en septiembre. Una utopía.

En ese contexto, en el gabinete se escucha cada vez con más atención a Luis “Toto” Caputo cuando insiste en que ya no quedan demasiados conejos para sacar de la galera. El ministro considera que el equilibrio fiscal y la disciplina monetaria son pilares innegociables de su programa y advierte sobre los riesgos de aplicar medidas que reactiven la economía a costa de acelerar nuevamente la inflación. Resiste con ese guión la presión de quienes, como Patricia Bullrich, empiezan a plantear que hacen falta retoques para recuperar el consumo, mejorar los ingresos y llegar al año electoral con algo más que promesas. Y contraataca, al mismo tiempo, pidiéndole al ala política que acelere acuerdos con los gobernadores para ganar gobernabilidad y alejar los fantasmas de futuras turbulencias.

La nueva grieta del Gobierno ya no pasa solamente por “El Jefe” versus “El Mago del Kremlin” o por halcones versus dialoguistas. Pasa por una discusión más profunda sobre cómo reaccionar cuando la realidad deja de acomodarse al relato. Milei y el equipo económico responden endureciendo las certezas; una parte cada vez más influyente del dispositivo proselitista responde negociando con esa realidad. De ahí salen dos categorías de oficialistas: los que pregonan el “dogmatismo ideológico” y los que defienden el “pragmatismo forzado”.

Eso sí: semejante división no respeta necesariamente los viejos bandos de la interna libertaria. No hay dos ejércitos perfectamente alineados. Hay una pelea que atraviesa distintos despachos, intereses y estrategias de supervivencia. Un ejemplo: la misma Karina que avaló las más recientes concesiones legislativas se resiste a acelerar los acuerdos electorales en las provincias.

Por eso, las últimas sesiones del Congreso ofrecieron una postal bastante más reveladora que las fotografías con sonrisas forzadas de los integrantes de la Mesa Política. Mientras el primer mandatario se empeñaba desde España en polemizar con los datos que cuestionan el bienestar de las familias, sus legisladores negociaban hasta el último minuto modificaciones que meses atrás hubieran sido consideradas una rendición ante el enemigo. El resultado fue sorprendente: el nuevo texto sobre discapacidad consiguió la media sanción con 237 votos a favor, apenas 9 en contra y 4 abstenciones, una mayoría con pocos precedentes en la actualidad. El extraordinario resultado escondió una trama de idas y vueltas frenéticos que desarmó buena parte de las pretensiones originales del Ejecutivo.

La Libertad Avanza aceptó preservar la actualización inflacionaria de prestaciones, garantizar coberturas de salud para diferentes categorías de pensionados, reconocer la compatibilidad de esas prestaciones con el empleo formal y establecer mecanismos para cancelar las deudas con los principales prestadores del sistema de atención. Además, incorporó garantías de financiamiento a través de partidas del Tesoro que terminaron de aceitar los sufragios. Dentro del Poder Ejecutivo persisten resistencias al volumen de las concesiones por el alcance presupuestario del texto consensuado: la mayoría abrumadora los obliga a revisar decisiones numéricas que parecían talladas en piedra.

A la ecuación se sumó un protagonista con peso político y religioso: la Iglesia. Representantes del Episcopado mantuvieron conversaciones con diputados de distintos espacios, incluidos los libertarios, para reclamar soluciones antes de la llegada de León XIV a la Argentina. El Papa tiene previsto visitar una institución que atiende a personas con discapacidad y su presencia proyecta una luz incómoda sobre uno de los capítulos más controvertidos del ajuste.

Aunque el proyecto destinado a aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas quedó empantanado, hubo otra victoria parlamentaria con sabor a concesión. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobada por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, pero para conseguirlo el oficialismo debió aceptar la restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros que Milei había intentado derogar mediante el megadecreto 70/2023. En definitiva, una iniciativa presentada como bandera de la libertad económica incorporó disposiciones sancionadas durante el kirchnerismo. Una paradoja que sonrojó a los doctrinarios del ecosistema violeta.

¿Nació entonces una nueva era de moderación libertaria? “No tan rápido”, se ríen en la Rosada. Los dirigentes que celebraron los acuerdos deberán convencer a sus compañeros de banca de que no se trató simplemente de una maniobra para evitar derrotas más costosas. La próxima prueba se avizora delicada: la eliminación o suspensión de las primarias implica una articulación a múltiples bandas que por ahora viene compleja.

El Senado, que tiene la responsabilidad de empezar a definir el futuro de la reforma electoral, tiene un desafío aritmético brutal: La Libertad Avanza dispone de 21 bancas propias pero necesita 37 votos para aprobar una iniciativa de esas características. “Hoy, dependiendo del día, debemos estar en 31 pese a que Diego Santilli dice que los apoyos ya están”, descree una de las principales espadas legislativas de la cámara alta.

Los dialoguistas de LLA sostienen que sus aliados del interior necesitan gestos concretos ya que no van a modificar las reglas electorales sobre la base de promesas que después puedan evaporarse cuando llegue el momento de distribuir candidaturas. Los duros, en cambio, advierten que cerrar ahora las alianzas puede significar resignar posibilidades de competir por gobernaciones y legislaturas locales.

Hay desconfianzas que enredan aún más el panorama. Mientras en Nación debaten la conveniencia de separar los acuerdos parlamentarios de las definiciones electorales de 2027, los caciques provinciales sospechan que esa diferenciación es apenas una excusa para ganar tiempo y permitir que los candidatos propios de Karina consigan mayor instalación territorial. Es que lo que para los Milei representa una oportunidad de expansión partidaria puede convertirse, para sus interlocutores, en una amenaza directa a su propia supervivencia política.

El calendario tampoco ayuda. En el oficialismo ya consideran que la discusión por las PASO podría trasladarse al primer trimestre del año que viene a pesar de que la Cámara Nacional Electoral haya advertido mediante una acordada que modificar reglas estructurales cerca de una elección afecta la previsibilidad del proceso. “En estos asuntos, el que se apura pierde”, sostiene un estrecho colaborador presidencial. La visita papal, reconfirmada después de la rápida recuperación de León XIV, también contribuirá a demorar las conversaciones.

En medio de semejante laberinto se recorta una vez más la figura rupturista y omnipresente de Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado no necesita hablar off the record y dice a viva voz que considera que hay tiempo para fortalecer el proyecto, pero no tanto como para seguir desperdiciándolo en peleas intestinas.

Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de una candidatura presidencial. Este jueves por la mañana, dijo en Infobae en vivo que está preparada para semejante desafío aunque aclaró que no se encuentra actualmente en esa carrera y por la tarde posteó en X un mensaje sugestivo: “Se vienen cositas”. ¿Y entonces? El Presidente, que respaldó a la ex ministra en una entrevista con Radio Rivadavia, criticó a los sectores que “quieren inventar el mileísmo sin Milei”. Todo sobre el final de una semana en la que no pasó inadvertido el aval de Lilia Lemoine a una eventual fórmula que incluya a Bullrich en la boleta.

Así las cosas, las diferentes tribus de La Libertad Avanza con todos sus matices a cuestas se preguntan qué hace falta para recuperar a los desencantados y asegurar la reelección ante una oposición que se muestra “fragmentada y sin ideas claras”. Una posible respuesta asoma en una investigación nacional de QSocial difundida hace horas: el 26% de los encuestados preferiría que en las presidenciales de 2027 triunfe una tercera alternativa frente al 37% que opta por el peronismo y el 28% que desea la victoria de Milei. Hay un hallazgo que llama la atención: cuando ese segmento debe optar entre el actual mandatario y un opositor como Kicillof, un 35% se inclina por el libertario, un 33% apoya al gobernador de la provincia de Buenos Aires y un 32% no sabe qué decidiría; cuando la oferta alternativa es una figura nueva, el respaldo al Presidente se reduce al 19%. El mismo trabajo marca que el 57% de quienes prefieren una tercera fuerza estaría dispuesto a votar a un candidato que no lo convence con tal de impedir el triunfo del postulante que más rechaza.

Son escenarios hipotéticos, desde ya, pero suficientes para mostrar que el rechazo al “universo K” representa una parte fundamental del sostén electoral del Gobierno.

La dinámica remite directamente a los desencantados que participaron del focus group de TresPuntoZero. Casi todos conservan una mirada despiadada sobre el kirchnerismo, pocos encontraron otra oferta que los entusiasme y varios ni siquiera saben si van a volver a las urnas. La muestra no permite generalizar semejantes proporciones, pero sus respuestas son una advertencia sobre un fenómeno que las encuestas nacionales empiezan a dimensionar: la existencia de ciudadanos que se alejaron del mundo libertario sin haber encontrado un nuevo lugar en el que depositar su confianza.

Ante ese público en busca de sentido, la dirigencia política empezó a comprender que negociar también puede ser una herramienta para preservar el poder. El problema es que todavía no está claro si el propio Javier Milei comparte ese aprendizaje o si considera cada concesión como una derrota ideológica. Por eso la discusión sobre pragmatismo y dogmatismo no es filosófica: puede decidir quién se queda con los votantes huérfanos.

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La senadora Patricia Bullrich consiguió las firmas que necesitaba para que el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental quede habilitado para su tratamiento en el recinto del Senado. La iniciativa podría debatirse el próximo jueves 29, si se concreta la sesión prevista para esa fecha.

Antes, el martes 27, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de los presidentes de todos los bloques, en la que se definirán los temas de la sesión.

La semana pasada, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, presididas por las libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, había firmado el dictamen oficialista con la participación de Bullrich. Sin embargo, las rúbricas no alcanzaban para habilitar el tratamiento en el recinto.

La situación se destrabó este miércoles a última hora, cuando los tres integrantes de Convicción Federal, el bloque que conduce Carolina Moisés, presentaron un dictamen en minoría. Con esas firmas, más de la mitad de los senadores que integran el plenario respaldó dictámenes y quedó superado el obstáculo que preocupaba a La Libertad Avanza.

El reclamo por los recursos para las provincias

La senadora jujeña Carolina Moisés defendió la necesidad de garantizar el financiamiento de las políticas de salud mental y de los centros comunitarios. “Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, le dijo a TN.

Además, señaló que durante la semana anterior se habían registrado tres casos de suicidio en Jujuy que, según consideró, podrían haberse evitado.

El dictamen de Convicción Federal lleva las firmas de Moisés, Guillermo Andrada, integrante de la Comisión de Salud, y Sandra Mendoza, integrante de Legislación General. La propuesta coincide con el oficialismo en mantener la posibilidad de internaciones involuntarias, aunque establece diferencias en los procedimientos y en los plazos de evaluación.

Los principales cambios que propone La Libertad Avanza

Los ejes de la iniciativa oficialista fueron presentados el 14 de octubre por Bullrich, Márquez y Arrascaeta. Entre los cambios propuestos figuran modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, nuevas herramientas para abordar las adicciones y medidas para acompañar a los pacientes después del alta.

El proyecto contempla la incorporación de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. También reconoce el rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas, establece la capacitación permanente y plantea medidas de protección para los trabajadores de la salud.

En materia de coordinación federal, propone restituir la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias. Además, amplía de 24 a 48 horas el plazo para comunicar determinadas internaciones y habilita las teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.

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Internaciones involuntarias y controles judiciales

Uno de los principales cambios es la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. Según la propuesta, el juez podrá solicitar informes o peritajes y dejar sin efecto una internación que considere injustificada. Se mantiene la obligación de notificar la medida al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas.

Para las internaciones voluntarias que superen los 60 días, el proyecto elimina la obligación de informar al juez y su evaluación dentro de los cinco días, aunque conserva la comunicación al Órgano de Revisión.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria se extiende de 24 a 48 horas.

La propuesta de La Libertad Avanza mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las relacionadas con sustancias como las que no las involucran. Sin embargo, elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales e incluye problemáticas como la ludopatía.

El proyecto también apunta a fortalecer el trabajo interdisciplinario y el acompañamiento posterior al alta, con el objetivo de modificar los criterios de atención y seguimiento de los pacientes.

Convicción Federal propone controles sobre el financiamiento

El dictamen presentado por el espacio de Carolina Moisés busca responder a los reclamos de las familias de personas con problemas graves de salud mental, especialmente en materia de adicciones. La iniciativa plantea mecanismos legales para habilitar internaciones involuntarias cuando exista riesgo para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.

El bloque propone que estas internaciones sean un recurso terapéutico excepcional y restrictivo, cuya decisión quede en manos de al menos dos profesionales de distintas disciplinas del servicio asistencial. Uno de ellos deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.

Si no fuera posible contar con ese equipo, un profesional podrá indicar por sí solo una medida provisoria de resguardo terapéutico en un efector de salud. Sin embargo, deberá ser revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas corridas, frente a las 48 horas que propone el oficialismo.

La iniciativa también incorpora la figura del acompañante terapéutico para complementar el trabajo del equipo interdisciplinario, sin concentrar las decisiones en el rol médico. Además, plantea actualizar las medidas preventivas destinadas a niños, niñas y adolescentes, con políticas específicas para prevenir las adicciones y el suicidio, así como promover el uso responsable de las redes sociales.

Un plan nacional con metas y presupuesto

Convicción Federal propone reforzar el Plan Nacional de Salud Mental y su red de servicios, en articulación con el Consejo Federal de Salud (COFESA).

El dictamen establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar un plan con una vigencia de cinco años. El documento tendrá que incluir un diagnóstico por provincia sobre la cantidad de camas, guardias, equipos ambulatorios y dispositivos comunitarios disponibles, además de metas anuales y plurianuales con indicadores, plazos y fuentes de verificación.

También deberá detallar el financiamiento necesario para cumplir cada objetivo y la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.

Por último, la propuesta incorpora un mecanismo de rendición de cuentas ante el Congreso. El Ministerio de Salud deberá enviar cada año a ambas cámaras un informe con el presupuesto inicial, el vigente y el ejecutado en salud mental; la proporción que representa dentro del presupuesto ministerial; las transferencias realizadas a cada provincia y su destino; y los montos invertidos en hospitales, atención ambulatoria, dispositivos comunitarios y formación de profesionales.

Con los dictámenes ya presentados, la reforma quedó habilitada para llegar al recinto. La fecha definitiva dependerá de la convocatoria a sesión y de los acuerdos que se definan en la reunión de Labor Parlamentaria del próximo martes.

salud mental, Senado, Carolina Moisés

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