POLITICA
El Gobierno transfirió $150.000 millones para empezar a normalizar el conflicto con las prestadoras del PAMI
Mientras caminaba por los pasillos del AmCham Summit y era abordado por la prensa, el ministro de Salud, Mario Lugones, informó ayer que el Gobierno había comenzado a normalizar el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI. “Hoy está pagando, la plata llegó”, afirmó.
Las cámaras prestadoras de la obra social estatal mantuvieron un reclamo específico por el dinero que aún no se había acreditado en sus cuentas durante este mes. Asciende aproximadamente a $500.000 millones y forzó a que estas entidades se reunieran con las autoridades de PAMI la semana pasada.
Allí se habló de que el flujo de los envíos se iba a normalizar y que la magnitud de la demora era una cuestión excepcional.
El Ministerio de Economía de la Nación le giró al PAMI fondos por $150.000 millones el lunes de esta semana para que comience a realizar pagos a las prestadoras y médicos de cabecera.
La obra social se financia a través de los haberes jubilatorios y de pensionados, pero ese dinero es insuficiente para cubrir la magnitud de prestaciones para los casi 6 millones de afiliados que tienen la posibilidad de usar sus servicios. Por eso, si el Tesoro no envía dinero, el margen financiero del PAMI se reduce sustancialmente.
Con ese dinero en cuenta, la entidad comenzó a transferir a las prestadoras el martes. Altas fuentes de la obra social afirman que se harán pagos este miércoles y que el jueves podría llegar a completarse “una buena parte” de los $500.000 millones que reclaman los prestadores.
“Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar. Pero mucho de este monto son pagos que todavía nosotros tenemos margen para pagar. Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora. Tenemos margen para hacerlo”, explican desde la obra social.
Una fuente de alto rango dentro del Ministerio de Salud había marcado la semana pasada que “no hay un recorte, sino un retraso de fondos”. “No es menor, pero sí que necesitamos el financiamiento para darle respuesta a las prestadoras”, reconoció un altísimo funcionario del Ministerio de Salud.
La situación presupuestaria de la obra social adquirió fuerte notoriedad en las últimas semanas debido a la disminución de la asistencia financiera por parte del Tesoro. Un análisis publicado la semana pasada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional indicó que los gastos para prestaciones del PAMI varió -41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior.
“En marzo el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, en contraposición con marzo de 2025, cuando recibió $0,2 billones. En suma, en el primer trimestre de 2026 el PAMI recibió $0,5 billones de transferencias provenientes de ANSES (3,2 a/a real), en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de los jubilados y pensionados, y $0,2 billones en concepto de asistencia financiera por parte del Tesoro del mes de febrero ($0,5 billones en el primer trimestre de 2025)”, analiza la OPC.
Esa situación llevó a que se reunieran la semana pasada los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de Salud para poder comenzar a destrabar el envío de fondos que se vio este lunes.
De cualquier manera, en PAMI reconocen que hay sectores con atrasados evidentes. Uno de ellos es el de las ópticas. “Hay demoras por ese lado, pero también estamos realizando revisiones de documentación y facturas recibidas”, declaran, para agregar que “vamos a seguir auditando los problemas en los desvíos que vemos en varios sectores y las prestaciones sin respaldo documental que se presentan en diversos rubros de la salud”.
En una de las cámaras más importantes que opera en el país reconocieron que PAMI estaba comenzando a pagar, aunque continúan marcando que, a su modo de ver, es insuficiente. “Es un ibuprofeno en el medio de una enfermedad terminal”, afirman.
El panorama es complejo en diversos sectores y no se circunscribe solo en el PAMI. Las prestadoras también mencionan el caso del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). “Tenemos un retraso del 17,33% para el mes de abril. A esta crítica situación arancelaria se suma el retraso sistémico en el flujo de pagos”, le reclamaron mediante una carta escrita las asociaciones de clínicas bonaerenses al presidente de la obra social de la Provincia, Homero Giles.
Los médicos de cabecera del PAMI realizaron un paro desde este lunes para exigir mayores valores mensuales por la atención de los pacientes, que en ese sector la colocan en $2.100. En el Gobierno buscaron relativizar el impacto de la medida. “Hubo acatación fuerte en algunos sectores del Conurbano, pero no hubo un impacto fuerte en la atención a los pacientes”, afirmaron.
A fin de año, el gobierno encabezado por Javier Milei tiene que tomar la determinación de si continuar con el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayor parte de los prestadores privados, un beneficio implementado por la llamada Ley de Emergencia Sanitaria y mantenido durante 23 años desde la crisis de 2001.
El Gobierno emitió una prórroga de la misma hasta el 31 de diciembre de 2026, la cual suspende los juicios de ejecución fiscal y embargos por deudas acumuladas. De no extenderse, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) podrá embargar activos y avanzar en sanciones. De acuerdo al Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), existen unas 25 mil instituciones inscriptas, de las cuales al menos 5.000 ya están identificadas por ARCA como sujetas a proceso fiscal. La deuda millonaria que mantiene el sector se acumuló a lo largo de más de dos décadas, lapso en el cual solo un reducido grupo de prestadores de gran porte continuó efectuando los pagos.
Dos años atrás, la respuesta oficial fue la creación de un plan de pagos extraordinario para saldar las deudas acumuladas, pero los representantes del sector lo calificaron como insuficiente e inviable para la gran mayoría de los prestadores. “Nadie se anotó en el régimen de pago que puso el Gobierno y los que lo hicieron no pudieron pagar más de dos o tres cuotas. Hay un gran desfasaje de financiamiento”, señaló a Infobae una fuente del sector que prefirió mantener el anonimato.
POLITICA
Tensión en Malvinas: los isleños reclaman que se impongan nuevas restricciones al ingreso de argentinos
Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir el ingreso de argentinos tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.
Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.
Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.
“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.
LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof declaró ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a León XIV y entregó este viernes la distinción al nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach, en un encuentro realizado en la Nunciatura Apostólica. Se anticipó con este reconocimiento al presidente Javier Milei, celebraban cerca del mandatario
Un mes antes de la visita del Santo Padre a la Argentina, el mandatario justicialista busca mostrarse en sintonía con el pontífice. Kicillof ya destacó en ocasiones anteriores las coincidencias con la posición de la Iglesia sobre la justicia social, los pobres, los vulnerables y las personas con discapacidades, que comparte con el León XIV.
Kicillof, quien canceló un viaje a China para estar presente en la visita de León XIV, firmó un decreto en el que declaró de interés la visita del Santo Padre en el territorio bonaerense y aprobó el uso de recursos para recibir al jefe de Estado del Vaticano.
En ese sentido, mediante el decreto 1103/2026, el presidente Milei ya había declarado “de interés nacional” la visita del Santo Padre, así como las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización.
En el gobierno bonaerense argumentaron que la recorrida que hará León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, y la misa multitudinaria que celebrará en la Basílica de Luján constituyen un acontecimiento internacional.
La provincia habilitó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar contrataciones destinadas al dispositivo “de escala extraordinaria”, en prevención de episodios de violencia de cualquier circunstancia.
Para este operativo, el gobernador autorizó las erogaciones necesarias para el traslado, alojamiento, alimentación del personal afectado, además de la provisión de servicios sanitarios y de servicios de apoyo logístico.
La ley vigente autoriza aportes y gastos por el equivalente a 60.000 unidades de contratación por cada evento extraordinario. Cada unidad de contratación tiene un valor de $1677, por lo que 60.000 unidades de contratación equivalen a $100.620.000.
El Poder Ejecutivo admitió que, de acuerdo a las proyecciones, el importe del operativo excede ese tope, por lo que Kicillof autorizó mayores gastos, sin cuantificar la cifra final, en el mismo decreto en el que declaró de interés provincial la visita del Sumo Pontífice.
Las partidas para apoyar el itinerario papal deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía, a propuesta de las áreas de Gobierno y Seguridad, que coordinan los detalles del operativo en el territorio bonaerense.
En la reunión celebrada en la Nunciatura, Kicillof abordó con monseñor Banach los detalles del viaje apostólico. Juntos repasaron detalles de la seguridad, la asistencia sanitaria y logística de la visita.
Mensaje en sintonía
La visita al Cottolengo Don Orione, situado en el partido de Almirante Brown, es una de las primeras actividades de León XIV en país. Irá el lunes 9 de noviembre, por la mañana.
Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.
Así lo deslizaron a dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.
Kicillof ya comenzó a citar la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.
“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.
“Estamos preparando el dispositivo para la multitudinaria convocatoria en la Basílica de Luján”, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Pero también -agregó- para el traslado al Cottolengo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.
Procesión inédita
Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El gobierno provincial busca que el Papa se traslade siete cuadras en un papamóvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.
“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.
El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.
En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de las personas discapacitadas, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.
En la encíclica Magnifica Humanitas, Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.
El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.
María José Lucesole,Iglesia,Axel Kicillof,Conforme a
POLITICA
Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”
Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.
Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.
Qué pide la cautelar
Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.
La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.
Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.
El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.
La salida que propone para el Gobierno
Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.
Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.
“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.
Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.
También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.
“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.
Negociaciones antes del 15 de octubre
De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.
“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.
Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.
“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.
El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.
Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.
“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.
La situación del PRO y el rol de Lacunza
En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.
“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.
El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.
Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.
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