POLITICA
El Gobierno transfirió $150.000 millones para empezar a normalizar el conflicto con las prestadoras del PAMI
Mientras caminaba por los pasillos del AmCham Summit y era abordado por la prensa, el ministro de Salud, Mario Lugones, informó ayer que el Gobierno había comenzado a normalizar el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI. “Hoy está pagando, la plata llegó”, afirmó.
Las cámaras prestadoras de la obra social estatal mantuvieron un reclamo específico por el dinero que aún no se había acreditado en sus cuentas durante este mes. Asciende aproximadamente a $500.000 millones y forzó a que estas entidades se reunieran con las autoridades de PAMI la semana pasada.
Allí se habló de que el flujo de los envíos se iba a normalizar y que la magnitud de la demora era una cuestión excepcional.
El Ministerio de Economía de la Nación le giró al PAMI fondos por $150.000 millones el lunes de esta semana para que comience a realizar pagos a las prestadoras y médicos de cabecera.
La obra social se financia a través de los haberes jubilatorios y de pensionados, pero ese dinero es insuficiente para cubrir la magnitud de prestaciones para los casi 6 millones de afiliados que tienen la posibilidad de usar sus servicios. Por eso, si el Tesoro no envía dinero, el margen financiero del PAMI se reduce sustancialmente.
Con ese dinero en cuenta, la entidad comenzó a transferir a las prestadoras el martes. Altas fuentes de la obra social afirman que se harán pagos este miércoles y que el jueves podría llegar a completarse “una buena parte” de los $500.000 millones que reclaman los prestadores.
“Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar. Pero mucho de este monto son pagos que todavía nosotros tenemos margen para pagar. Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora. Tenemos margen para hacerlo”, explican desde la obra social.
Una fuente de alto rango dentro del Ministerio de Salud había marcado la semana pasada que “no hay un recorte, sino un retraso de fondos”. “No es menor, pero sí que necesitamos el financiamiento para darle respuesta a las prestadoras”, reconoció un altísimo funcionario del Ministerio de Salud.
La situación presupuestaria de la obra social adquirió fuerte notoriedad en las últimas semanas debido a la disminución de la asistencia financiera por parte del Tesoro. Un análisis publicado la semana pasada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional indicó que los gastos para prestaciones del PAMI varió -41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior.
“En marzo el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, en contraposición con marzo de 2025, cuando recibió $0,2 billones. En suma, en el primer trimestre de 2026 el PAMI recibió $0,5 billones de transferencias provenientes de ANSES (3,2 a/a real), en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de los jubilados y pensionados, y $0,2 billones en concepto de asistencia financiera por parte del Tesoro del mes de febrero ($0,5 billones en el primer trimestre de 2025)”, analiza la OPC.
Esa situación llevó a que se reunieran la semana pasada los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de Salud para poder comenzar a destrabar el envío de fondos que se vio este lunes.
De cualquier manera, en PAMI reconocen que hay sectores con atrasados evidentes. Uno de ellos es el de las ópticas. “Hay demoras por ese lado, pero también estamos realizando revisiones de documentación y facturas recibidas”, declaran, para agregar que “vamos a seguir auditando los problemas en los desvíos que vemos en varios sectores y las prestaciones sin respaldo documental que se presentan en diversos rubros de la salud”.
En una de las cámaras más importantes que opera en el país reconocieron que PAMI estaba comenzando a pagar, aunque continúan marcando que, a su modo de ver, es insuficiente. “Es un ibuprofeno en el medio de una enfermedad terminal”, afirman.
El panorama es complejo en diversos sectores y no se circunscribe solo en el PAMI. Las prestadoras también mencionan el caso del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). “Tenemos un retraso del 17,33% para el mes de abril. A esta crítica situación arancelaria se suma el retraso sistémico en el flujo de pagos”, le reclamaron mediante una carta escrita las asociaciones de clínicas bonaerenses al presidente de la obra social de la Provincia, Homero Giles.
Los médicos de cabecera del PAMI realizaron un paro desde este lunes para exigir mayores valores mensuales por la atención de los pacientes, que en ese sector la colocan en $2.100. En el Gobierno buscaron relativizar el impacto de la medida. “Hubo acatación fuerte en algunos sectores del Conurbano, pero no hubo un impacto fuerte en la atención a los pacientes”, afirmaron.
A fin de año, el gobierno encabezado por Javier Milei tiene que tomar la determinación de si continuar con el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayor parte de los prestadores privados, un beneficio implementado por la llamada Ley de Emergencia Sanitaria y mantenido durante 23 años desde la crisis de 2001.
El Gobierno emitió una prórroga de la misma hasta el 31 de diciembre de 2026, la cual suspende los juicios de ejecución fiscal y embargos por deudas acumuladas. De no extenderse, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) podrá embargar activos y avanzar en sanciones. De acuerdo al Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), existen unas 25 mil instituciones inscriptas, de las cuales al menos 5.000 ya están identificadas por ARCA como sujetas a proceso fiscal. La deuda millonaria que mantiene el sector se acumuló a lo largo de más de dos décadas, lapso en el cual solo un reducido grupo de prestadores de gran porte continuó efectuando los pagos.
Dos años atrás, la respuesta oficial fue la creación de un plan de pagos extraordinario para saldar las deudas acumuladas, pero los representantes del sector lo calificaron como insuficiente e inviable para la gran mayoría de los prestadores. “Nadie se anotó en el régimen de pago que puso el Gobierno y los que lo hicieron no pudieron pagar más de dos o tres cuotas. Hay un gran desfasaje de financiamiento”, señaló a Infobae una fuente del sector que prefirió mantener el anonimato.
POLITICA
Qué es el proyecto de ley de Propiedad privada de Milei: punto por punto, las principales modificaciones
El Gobierno busca impulsar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ya presentado ante el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto propone simplificar desalojos en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos, facilitar la compra de tierras para ciudadanos extranjeros y reducir las posibilidades de ejecutar una expropiación.
La propuesta modificaría el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. El plan establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.
De acuerdo con la norma, en caso de que el reclamo sea válido, el juez deberá entregar la propiedad al dueño dentro de los cinco días. El proyecto también fija un plazo de 72 horas para que la policía identifique a los ocupantes del inmueble.
La reforma también exige que el Estado justifique de forma estricta por qué necesita quedarse con un bien determinado y obliga a pagar al dueño el precio real de mercado antes de tomar posesión. Esta compensación debe incluir el dinero que el propietario deja de ganar por no disponer de su bien. En caso de ser ocupado por una emergencia, el trámite no puede superar los 60 días.
La ley propone que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a tierras sin los límites vigentes, al derogar las trabas impuestas en la Ley 26.737. El Gobierno justifica la decisión afirmando que esa normativa dificultaba operaciones y desincentivaba la llegada de inversiones.
El Estado solo controlaría las operaciones donde participen otros países o empresas ligadas a gobiernos extranjeros. La medida también busca potenciar el desarrollo del sector agropecuario mediante la llegada de capitales externos.
El texto también pretende acabar con las restricciones impuestas por la Ley del Manejo del Fuego y permitir vender tierras rurales que sufrieron incendios. El proyecto busca eliminar la prohibición de comercializar esos campos por plazos de entre 30 y 60 años.
Esta medida solo se mantendría para los bosques nativos que cuentan con una protección especial. El Ejecutivo argumentó que la prohibición actual castigó el valor de las tierras de los productores sin alcanzar resultados reales en el cuidado del ambiente.
La iniciativa otorga a las provincias y a los municipios la facultad de entregar escrituras en los barrios populares. El Gobierno señaló que el sistema centralizado actual falló, ya que solo se entregaron títulos de propiedad al 0,08% de los vecinos en siete años.
Toda la información de las propiedades pasaría a un formato digital, donde los ciudadanos presentarán documentos con firma electrónica y podrán consultar datos a distancia. Esta medida apunta a bajar los gastos de las operaciones inmobiliarias y reducir las demoras en las oficinas públicas.
ya presentado ante el Senado por el ministro de Desregulación,Congreso Nacional,Federico Sturzenegger,Senado de la Nación,Conforme a,,“Tengo la idea de competir”. Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027,,A cinco meses de su salida. Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”,,En Comodoro Py. Declaran las jubiladas que le vendieron el departamento a Adorni: la primera no recordó detalles de la operación,Congreso Nacional,,La preocupante reforma por decreto de la ley de inteligencia,,Biocombustibles. La industria del agro que quiere una nueva ley para crecer,,Es necesario modificar la actual ley de tierras
El PAMI implementó un cambio en la modalidad de pago a los médicos de cabecera, vigente desde abril. El ajuste, comunicado a los profesionales el 10 de abril, impacta directamente en la forma en que reciben sus honorarios. El sistema anterior combinaba un monto fijo por paciente asignado y un pago adicional por cada consulta efectivamente realizada. Ahora, los médicos perciben una suma única mensual por cada beneficiario, lo que reduce a más de la mitad los ingresos para quienes atienden un volumen importante de consultas.
La medida afecta de forma particular a quienes atienden a jubilados y pensionados, uno de los grupos más numerosos dentro del sistema PAMI. La resolución incrementa el pago por cápita, pero elimina el reconocimiento individual por consulta, lo que, en la práctica, representa una disminución significativa de los ingresos para los médicos de cabecera.
En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, la médica clínica y emergentóloga Marcela Terranova explicó cómo funciona el nuevo esquema y cuáles son las consecuencias para los profesionales y la atención de los adultos mayores.
Cómo cambió el sistema de pagos a los médicos de cabecera
Marcela Terranova detalló: “Nos comunicaron el 10 de abril que solo vamos a cobrar por cápita, $2.100 por paciente, por todo concepto”. Antes de la modificación, el sistema establecía un pago fijo de $940 pesos por paciente asignado y un adicional de $5.000 por cada consulta realizada y validada. Asimismo, una vez al año, el chequeo anual otorgaba $10.000 extra.
La especialista aclaró: “El médico de cabecera tiene entre 500 y 1.000 pacientes a cargo. En mi caso, tengo 550 pacientes. Con el sistema anterior, muchas consultas se pagaban bajo el plus establecido, lo que permitía cubrir gastos del consultorio, secretaria y otros costos operativos. Con la nueva modalidad, la suma final se reduce a menos de la mitad de lo que percibíamos antes”.
Terranova sostuvo: “A partir del mes que viene quizás vamos a ganar la mitad. Tengo hijos a cargo y también debo pagar alquiler. La preocupación en mi entorno es muy grande, porque la diferencia en lo que vamos a cobrar es sustancial”.
Repercusiones económicas para los médicos y su trabajo cotidiano
Con el nuevo esquema, los médicos cobran únicamente por el número total de pacientes, sin importar el volumen real de consultas atendidas. Terranova afirmó: “Ahora solo nos pagan una cápita, pero antes cobraba principalmente por los que se atendían cada mes, unas 190 a 200 consultas”. Este cambio afecta no solo la economía personal de los profesionales, sino también su capacidad para sostener la carga laboral y los costos fijos de sus consultorios.
En su testimonio, Terranova agregó: “Toda la vida hemos involucrado a la familia en el trabajo administrativo. Hoy, todos pensamos en tener que buscar otro trabajo. Muchos colegas enfrentan la posibilidad de dejar de atender por PAMI si los ingresos no alcanzan”.
Sobre la posibilidad de continuar en el sistema, admitió: “Desde 1994 atiendo por PAMI, con algunas interrupciones. Nuestro trabajo es de alta demanda y muchas veces excede el horario del consultorio. Incluso cuando estamos de paro, los pacientes siguen comunicándose por necesidades de salud”.
La médica describió la inquietud de sus pacientes: “Varios hijos nos preguntan ‘¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro médico?’ Otros consultan si podemos atenderlos de manera particular. La situación es incierta y estamos intentando comprender el alcance real de estos cambios”.
Impacto en el acceso a la atención médica de los jubilados
La modificación del sistema de pagos del PAMI genera preocupación entre los pacientes que dependen de la obra social. Terranova reveló: “Una consulta particular clínica en Mendoza cuesta alrededor de $50.000. Hay colegas que cobran $20.000 a jubilados en sus consultorios privados. A veces, esos pacientes nos piden que les transcribamos recetas o estudios porque continúan con su médico de toda la vida, aunque ese profesional no atienda más por PAMI”.
Consultada sobre el acceso a medicamentos y recursos, Terranova relató: “Al principio del cambio de gobierno se recortó todo drásticamente. Los pacientes se quedaron sin insulina y los médicos debíamos buscar alternativas con visitadores médicos. Fue una etapa difícil. Con el tiempo, algunos suministros se reestablecieron, como los pañales y ciertas insulinas, pero las tiras reactivas siguen llegando con demoras”.
Aunque se reportaron abusos en la entrega gratuita de medicamentos en el pasado, Terranova afirmó que la actual situación limita los beneficios para los jubilados. “Ahora los pacientes no tienen tantos beneficios y la situación se agrava porque los montos de las jubilaciones no alcanzan”.
Reclamos y perspectivas del sector médico ante la reducción de ingresos
La medida del PAMI impactó en la relación con los profesionales. De acuerdo a Terranova, la comunicación con la sede local del PAMI en Mendoza fue fluida, aunque los representantes reconocieron estar “desbordados, atendiendo hasta cuatrocientas consultas en una mañana”. El apoyo del personal del PAMI local no alcanza a revertir el impacto de lo que consideran una decisión nacional.
Terranova planteó: “No estamos pidiendo un aumento, solo queremos que no nos recorten lo que venimos cobrando. La diferencia es tan grande que muchos evalúan dejar el sistema”. Desde el gremio médico, se esperan definiciones en una próxima reunión con autoridades nacionales para reconsiderar la normativa.
Finalmente, la médica propuso una alternativa: “Si no quieren este modelo, que la cápita aumente a $4.000. Así podríamos mantener los ingresos y continuar atendiendo”. Para los médicos, el desafío es sostener la atención ante una caída abrupta en la remuneración.
El sector permanece atento a los próximos anuncios para determinar el futuro del vínculo laboral con el PAMI y el impacto en la cobertura de salud de los jubilados.
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POLITICA
El extitular de la IGJ apuntó a los vínculos de Mahiques con Chiqui Tapia: “No va a investigar a la AFA”
“Yo no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés en avanzar con la AFA”. Así, sin más vueltas, se expresó Daniel Vitolo, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), cuando lo consultaron por el futuro de las investigaciones que realizaba la entidad sobre la Asociación del Fútbol Argentino tras el desembarco de Juan Bautista Mahiques como ministro. “Es muy difícil porque todos sabemos que el ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA”, completó el exfuncionario de Javier Milei.
“Se ve que el ministro de Justicia le pidió al Presidente de la República que me desplazaran. Y el Presidente de la República accedió a esa petición o a ese requerimiento del ministro. Pero el ministro nunca habló conmigo, así que no tengo la menor idea de lo que piensa ni lo que quiere hacer. Pero está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA”, sostuvo Vitolo durante una entrevista con El Observador 107.9.
Se refirió así a su salida de la IGJ cuando Mahiques asumió como ministro de Justicia, el 5 de marzo pasado. “Es clarísimo que [mi desplazamiento] fue por la AFA”, insistió, luego de advertir que los vínculos de Mahiques con la entidad que encabezan Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino son de público conocimiento.
“El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA, está en todos los medios, es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, abundó de todos modos Vitolo, recordando que Mahiques fue designado por Tapia como autoridad de la Unafa, entidad que se presentó como universidad sin estar habilitada para ello. Desde que ese vínculo quedó bajo la lupa, en el entorno de Mahiques advirtieron que nunca llegó a ejercer formalmente como vicerrector.
De todos modos, el ministro integró la Comisión de Ética de la Conmebol; su hermano Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA y, según reveló , su padre, el camarista de la Casación Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la fastuosa quinta atribuida a Toviggino.
“Lo que está surgiendo de las investigaciones periodísticas es una red de protección judicial sobre todas estas personas [por Tapia y Toviggino] y sobre todo el movimiento de la AFA ligado a la justicia de hace muchísimos años”, señaló Vitolo, para ampliar el foco: “La Justicia ha sido parte de la decadencia argentina y de la cobertura durante muchos años de actos de corrupción que se han llevado a cabo de parte del gobierno”.
Desde la IGJ, Vitolo ordenó una auditoría sobre las cuentas de la AFA y denunció irregularidades millonarias en los balances de la entidad rectora del fútbol, que buscó trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires para quedar fuera del control de la IGJ.
Al asumir en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, Mahiques desplazó a Vitolo de la IGJ y nombró en su lugar a Alejandro Ramírez. Al dejar el cargo, Vitolo dijo que lamentaba no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables”.
De todos modos, eligió mostrar un optimismo que en la entrevista de hoy ya no se percibió. “Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”, dijo el 6 de marzo pasado.
Diez días después, Mahiques designó dos veedores en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz. Se trató del contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortíz de Marco, los nombres que había sugerido Vitolo antes de que lo desplacen. La semana pasada, Ortíz de Marco renunció al cargo.
“El expediente quedó cajoneado en la IGJ y no se movió más. Es decir, ni siquiera quieren mirar la Superliga, 500 millones de dólares, todo el dinero recibido de los contratos de transmisión, que después hay que ver qué pasó con ese dinero, a dónde fue, qué recibieron los clubes, si hubo relación con Sur Finanzas”, se lamentó hoy Vitolo.
“Todas estas cosas que hemos pedido en la investigación, bueno, han quedado dormidas. Y bueno, es muy difícil porque todos sabemos que el ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA. Está en todos los medios. Es difícil que quiera o tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector”, completó.
AFA,Juan Bautista Mahiques,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,Dos clasificados. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 14,,»Lo volvería a hacer». El dirigente que le secó la nuca a Chiqui Tapia explicó por qué lo hizo y recreó el momento,,Cifra récord. La AFA anunció quiénes serán los árbitros argentinos que dirigirán en el Mundial
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