Mientras caminaba por los pasillos del AmCham Summit y era abordado por la prensa, el ministro de Salud, Mario Lugones, informó ayer que el Gobierno había comenzado a normalizar el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI. “Hoy está pagando, la plata llegó”, afirmó.

Las cámaras prestadoras de la obra social estatal mantuvieron un reclamo específico por el dinero que aún no se había acreditado en sus cuentas durante este mes. Asciende aproximadamente a $500.000 millones y forzó a que estas entidades se reunieran con las autoridades de PAMI la semana pasada.

Allí se habló de que el flujo de los envíos se iba a normalizar y que la magnitud de la demora era una cuestión excepcional.

El Ministerio de Economía de la Nación le giró al PAMI fondos por $150.000 millones el lunes de esta semana para que comience a realizar pagos a las prestadoras y médicos de cabecera.

La obra social se financia a través de los haberes jubilatorios y de pensionados, pero ese dinero es insuficiente para cubrir la magnitud de prestaciones para los casi 6 millones de afiliados que tienen la posibilidad de usar sus servicios. Por eso, si el Tesoro no envía dinero, el margen financiero del PAMI se reduce sustancialmente.

Con ese dinero en cuenta, la entidad comenzó a transferir a las prestadoras el martes. Altas fuentes de la obra social afirman que se harán pagos este miércoles y que el jueves podría llegar a completarse “una buena parte” de los $500.000 millones que reclaman los prestadores.

“Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar. Pero mucho de este monto son pagos que todavía nosotros tenemos margen para pagar. Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora. Tenemos margen para hacerlo”, explican desde la obra social.

Una fuente de alto rango dentro del Ministerio de Salud había marcado la semana pasada que “no hay un recorte, sino un retraso de fondos”. “No es menor, pero sí que necesitamos el financiamiento para darle respuesta a las prestadoras”, reconoció un altísimo funcionario del Ministerio de Salud.

La situación presupuestaria de la obra social adquirió fuerte notoriedad en las últimas semanas debido a la disminución de la asistencia financiera por parte del Tesoro. Un análisis publicado la semana pasada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional indicó que los gastos para prestaciones del PAMI varió -41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior.

“En marzo el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, en contraposición con marzo de 2025, cuando recibió $0,2 billones. En suma, en el primer trimestre de 2026 el PAMI recibió $0,5 billones de transferencias provenientes de ANSES (3,2 a/a real), en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de los jubilados y pensionados, y $0,2 billones en concepto de asistencia financiera por parte del Tesoro del mes de febrero ($0,5 billones en el primer trimestre de 2025)”, analiza la OPC.

Esa situación llevó a que se reunieran la semana pasada los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de Salud para poder comenzar a destrabar el envío de fondos que se vio este lunes.

De cualquier manera, en PAMI reconocen que hay sectores con atrasados evidentes. Uno de ellos es el de las ópticas. “Hay demoras por ese lado, pero también estamos realizando revisiones de documentación y facturas recibidas”, declaran, para agregar que “vamos a seguir auditando los problemas en los desvíos que vemos en varios sectores y las prestaciones sin respaldo documental que se presentan en diversos rubros de la salud”.

En una de las cámaras más importantes que opera en el país reconocieron que PAMI estaba comenzando a pagar, aunque continúan marcando que, a su modo de ver, es insuficiente. “Es un ibuprofeno en el medio de una enfermedad terminal”, afirman.

El panorama es complejo en diversos sectores y no se circunscribe solo en el PAMI. Las prestadoras también mencionan el caso del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). “Tenemos un retraso del 17,33% para el mes de abril. A esta crítica situación arancelaria se suma el retraso sistémico en el flujo de pagos”, le reclamaron mediante una carta escrita las asociaciones de clínicas bonaerenses al presidente de la obra social de la Provincia, Homero Giles.

Los médicos de cabecera del PAMI realizaron un paro desde este lunes para exigir mayores valores mensuales por la atención de los pacientes, que en ese sector la colocan en $2.100. En el Gobierno buscaron relativizar el impacto de la medida. “Hubo acatación fuerte en algunos sectores del Conurbano, pero no hubo un impacto fuerte en la atención a los pacientes”, afirmaron.

A fin de año, el gobierno encabezado por Javier Milei tiene que tomar la determinación de si continuar con el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayor parte de los prestadores privados, un beneficio implementado por la llamada Ley de Emergencia Sanitaria y mantenido durante 23 años desde la crisis de 2001.

El Gobierno emitió una prórroga de la misma hasta el 31 de diciembre de 2026, la cual suspende los juicios de ejecución fiscal y embargos por deudas acumuladas. De no extenderse, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) podrá embargar activos y avanzar en sanciones. De acuerdo al Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), existen unas 25 mil instituciones inscriptas, de las cuales al menos 5.000 ya están identificadas por ARCA como sujetas a proceso fiscal. La deuda millonaria que mantiene el sector se acumuló a lo largo de más de dos décadas, lapso en el cual solo un reducido grupo de prestadores de gran porte continuó efectuando los pagos.

Dos años atrás, la respuesta oficial fue la creación de un plan de pagos extraordinario para saldar las deudas acumuladas, pero los representantes del sector lo calificaron como insuficiente e inviable para la gran mayoría de los prestadores. “Nadie se anotó en el régimen de pago que puso el Gobierno y los que lo hicieron no pudieron pagar más de dos o tres cuotas. Hay un gran desfasaje de financiamiento”, señaló a Infobae una fuente del sector que prefirió mantener el anonimato.