El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.

En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.

Del total de 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Ponte dirige un organismo hipersensible -que depende de la Corte Suprema de Justicia- ya que cubre las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial, el análisis forense de los mensajes de los sospechosos y la realización de estudios periciales delicados y de cuyo resultado dependen causas resonantes.

Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.

Ese juzgado además tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se suelen presentar causas por narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de dinero.

Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, que hace tres semanas pidió cerrar la causa contra Manuel Adorni por el viaje con su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, al entender que no había delito. Es hijo de un exintendente radical de General Lavalle.

Además, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.

A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.

También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.

Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.

Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.

Para Chaco envió el pliego de María Virginia Ise, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; para Misiones, envió a Ruth María Ponce de León como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; para Catamarca, envió a Ana María Busleiman como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y para San Juan, a Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez federal número 2.

En Corrientes fue propuesto Hugo Daniel Froy como fisclal federal de Paso de los Libres; Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

En Mendoza, en tanto, fue propuesto Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales.

Con estos nombres, el oficialismo busca destrabar en el Senado la designación de jueces. Es que un sector de la oposición dialoguista le había hecho saber que en política se cobra por adelantado: si querían los votos, era necesario mandar los pliegos de los jueces que les interesaban a los gobernadores.

A juzgar por la lista que envió, Mahiques tomó nota de esa premisa política. Con estos nombres ya son casi 150 los postulantes enviados al Senado desde que asumió el cargo hace tres meses. De acuerdo a un relevamiento, hay vacantes en más del 35% de los juzgados en todo el país.

Senadores radicales, peronistas díscolos, macristas del Pro y de fuerzas provinciales desconfiaban de la administración de Milei y decidieron frenar los pliegos. Por eso se registró esta movida apenas arrancó la semana para que prosperen en la Comisión de Acuerdos los nombres de los candidatos acordados con la Casa Rosada para ubicar en los juzgados federales de sus provincias.

La encargada de conseguir esos apoyos es la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital).

Desde que lo eligió Karina Milei para cumplir la misión de completar las más de 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, el ministro Mahiques mantiene permanente línea abierta con Bullrich, que en su rol de principal interlocutora del Gobierno en la Cámara alta es, además, receptora de todas las quejas de los sectores de la oposición que necesita mantener contentos para garantizarse la aprobación de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.

Tal era la resistencia que los dictámenes para tratar los primeros pliegos enviados al Senado las últimas semanas no consiguieron las nueve firmas necesarias. Faltaban las firmas de los senadores tucumanos, correntinos, misioneros y hasta bonaerenses. Ahora hay candidatos de esas provincias.

La rebelión no alcanza al pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que busca extender su condición de juez por cinco años más después de que, en noviembre, cumpla 75 años.

Las audiencias continuarán el miércoles y jueves próximos, con la exposición de los últimos 39 candidatos. En esas convocatorias estarán algunos de los pliegos más controvertidos, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y el de Laureano Durán, que para algunos bloques de la oposición tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, aunque en el oficialismo niegan que sea así y recuerdan que terminó arrimándose a María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.

En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones.

Pettovello y Álvarez anticiparon, además que piensan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.

Compuesto por una partida de casi 80 mil millones de pesos que no fue ejecutada en lo que va de 2026, los funcionarios afirmaron que esa reasignación contemplará a todos los hospitales universitarios del país. Y que en la actualidad “el 95%” lo reclama la Universidad de Buenos Aires (UBA).

De hecho, de la UBA dependen seis instituciones reconocidas, como los hospitales de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Pettovello y Álvarez tomaron contacto con la prensa un día antes de la concentración en la que, además de la presencia del ámbito universitario, habrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei.

Sobre los reclamos salariales de docentes y no docentes, otro de los focos principales de conflicto, apuntaron: “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial”, dijo Álvarez. Tras lo que rápidamente agregó: “Pero esto, las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, completó.

“O sea, no me saqué una foto yo con (el gobernador Axel,) Kicillof. Se la sacaron los rectores. No fui yo a una reunión con la CGT. O sea, si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa, estén presentes?“, sostuvo Álvarez, a quien apodan ”El Galleguito”.

En la sede de Capital Humano están convencidos de ese punto y de que la mayor cantidad de datos sobre los alumnos, sus condiciones y cómo cursan, entre otros puntos que obtuvieron en el último tiempo y hasta la que antes no tenían acceso, serán centrales para la discusión que viene.

“¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”, dijo Pettovello en el correr de la charla.

“La gente tiene que tener información para después tomar una decisión de por qué apoya o no apoya”, agregó. “Tenemos que informarle a la sociedad en lo que estamos trabajando y de qué manera tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Me parece que es importante la batalla cultural”, dijo la ministra. “Queremos explicárselo para que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, completó.

El eje central sobre que convoca la marcha de este martes es para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, marcó Álvarez. La judicialización de la ley llevó un largo derrotero, que hoy está en la Corte Suprema. También quedó trabado en el Congreso un proyecto alternativo.

Entre los puntos centrales que marcan los organizadores en el que sobresale la figura de Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está la advertencia que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que —según señaló— afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde Capital Humano rebaten el punto. “Ellos hacen una actualización, no es que las transferencias tomadas a peso constante aumentaron. Entonces, eso es, ajustándolo por inflación. Nosotros lo hemos admitido todo, obviamente, en relación a la inflación. Sin embargo, haciendo un enorme esfuerzo, el Estado, sobre todo el año pasado, actualizó los salarios universitarios muy por encima del promedio de todo el Estado. Y eso lo pueden ver en, en cualquier comparación”, aseguró Álvarez. Y agregó: “Es más, nuestro proyecto de ley, que ellos no quieren tratar, te establece un aumento del 12% en los salarios en tres partes”.

En cuanto a la partida para hospitales universitarios, de casi 80 mil millones de pesos, sostienen: “Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el 70% para la UBA, y luego a Cuyo, a Córdoba y a La Rioja. El resto de los hospitales, en La Plata, el Nordeste, que es en Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, todos reciben cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios y todos de acuerdo vamos a ver cómo se distribuye eso. Con un criterio objetivo», dijo Álvarez.

Álvarez sumó: “Por ejemplo, un argumento contra esto que me decían de la UBA:´Ay, pero nosotros somos los que más enfermos atendemos´. Sí, está bien, pero yo lo tengo al rector de Chaco diciéndome: ´Yo estoy en la zona más pobre del país´. Entonces, ¿cuál es el criterio?“, preguntó. Al tiempo que coincidió con Pettovello al decir que históricamente eso se administró ”de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, o al del lobby político».

La ministra dijo que los primeros dos años de gestión, el presupuesto estaba “reconducido”. “O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales”.

Sobre el resto de las transferencias, y pese a los reclamos, aseguraron que “no hay un mes de atraso”.

En cuanto a los datos generales sobre los presupuestos y las diferentes universidades, aseguraron que los harán públicos en el corto plazo. “En unas semanas toda la gente va a poder acceder y saber a dónde va el dinero que todos ponemos”, explicó Pettovello. Será un sistema en el que buscarán volcar desde cantidad de alumnos, cómo se distribuyen las carreras, las universidades y los presupuestos que demandan, entre otros datos.

“Esa información hoy es pública, lo que pasa es que está en un mamotreto poco amigable, que son tablas de Excel que nadie lo trabaja como dato”, describió Pettovello: “Entonces, todo esto nosotros lo vamos a, a tomar del anuario estadístico, que va a seguir existiendo, pero esto lo que hace es simplificar la información”, agregó.

Ante una consulta posterior de , sobre información publicada en el Boletín Oficial por un recorte en un programa de Secretaría de Educación, y la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, afirmaron que está “en línea con lo que hizo todo el Estado Nacional”.