POLITICA
El Gobierno y las universidades prevén firmar un acuerdo salarial, pero seguirá la demanda judicial ante la Corte Suprema
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto firmar este martes un acuerdo de recomposición salarial y refuerzos presupuestarios con el Gobierno para descomprimir el conflicto por los fondos universitarios. Sin embargo, los rectores adelantaron que “no retirarán la demanda judicial”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, detalló a Infobae que el acuerdo incluiría un aumento del 24,33% y otros compromisos económicos. “La oferta en discusión contempla un ajuste del 21,33% en julio y otro 3% en octubre“, expresó el exlegislador a este medio.
De acuerdo con Yacobitti, esa recomposición equivaldría a 7 puntos de 2024, 12,33 de 2025 y el resto buscaría compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También precisó que mañana habría una reunión paritaria con los gremios “para ver cómo no perder en lo que queda del 26”.
Becas, hospitales y preuniversitarios
Además del aumento en dos tramos, el oficialismo planteó un compromiso para que los salarios universitarios no sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.
Según Yacobitti, el acta también incorporaría un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país. “Y habrá un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios“, agregó.
Las conversaciones incluyen además una discusión específica sobre una asignación para el personal docente de establecimientos preuniversitarios.
En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios.
La disputa judicial ante la Corte Suprema
El eventual acuerdo económico no cerraría el frente judicial. Yacobitti aclaró que los rectores “no retiran la demanda”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
La causa tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada dos veces, aunque hoy está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.
La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por esa razón, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Del lado sindical persisten las reservas. Desde Conadu dijeron a Infobae: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”.
Esa desconfianza también aparece entre los rectores, que reclaman que cualquier solución salarial incluya la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones gremiales. El planteo alcanza tanto a los docentes como a los no docentes.
Por su parte, las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.
Y estudiantes de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.
El Gobierno restituyó este jueves en Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 que habían sido removidas el pasado sábado ante la posibilidad de festejos por una consagración de la selección argentina en el Mundial 2026.
Presidencia informó que las rocas habían sido resguardadas para su cuidado y que en las últimas horas se concretó la restitución por parte del Ejército y en conjunto con personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Tal como se había anunciado al momento de su retiro, la medida tuvo como única finalidad preservar las piedras y evitar que sufrieran daños durante las celebraciones masivas. Finalizado el evento, las piedras fueron reinstaladas en el mismo lugar donde se encontraban originalmente”, indicó Presidencia en un comunicado.
El sábado último, a un día de la final de la Copa del Mundo que la selección argentina disputó ante España en Nueva York, el Gobierno había removido las rocas al considerar que la Plaza de Mayo iba a convertirse en “un punto de encuentro de los hinchas”.
De todos modos aclaró que se había contactado a los familiares de las víctimas para informarles de la situación.
“Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”, había aclarado el Poder Ejecutivo.
Las piedras se encuentran al pie del monumento a Manuel Belgrano en Plaza de Mayo desde 2021, luego de que el entonces presidente Alberto Fernández anunciara que iban a colocarse allí para recordar a las personas que fallecieron durante la pandemia a causa del Covid-19.
La medida se tomó el 21 de agosto de aquel año, solo cinco días después de la primera edición de la llamada “Marcha de las Piedras”, una protesta en la que familiares y allegados de las víctimas depositaron rocas con las inscripción de los fallecidos.
Aquella movilización se dio en medio de un clima de profundo dolor, ante los más de 100.000 muertos que en aquel entonces se registraban en el país, y tuvo lugar en Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos, entre otros puntos.
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POLITICA
Patricia Bullrich se reunió con Sturzenegger para definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada: «Tiene el aporte de todos, creemos que va a salir»
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizaron este jueves una reunión a puertas cerradas en la cámara alta para ultimar los detalles de la Ley de Propiedad Privada.
El objetivo central del encuentro, celebrado entre las 16 y las 17.40, fue que el proyecto avance de una vez en la sesión prevista para el 6 de agosto tras los numerosos traspiés que sufrió por la resistencia de los bloques aliados. Uno de los puntos que más ruido generó fue el capítulo que modificaba la Ley de Tierras rurales, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Sin embargo, según pudo saber este medio, finalmente el Gobierno definió no realizar cambios y avanzar con el dictamen que había acordado previamente en comisiones con sus aliados. “Entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley”, planteó una fuente al tanto de la reunión a TN. “No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso”, coincidió otra figura del oficialismo.
A su vez, antes de retirarse de la cámara alta, Bullrich se mostró optimista y confió en que el oficialismo logrará avanzar con el proyecto. “Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, planteó.
Además, la senadora porteña enfatizó que el proyecto mantiene la premisa de que un Estado extranjero “no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina” y enfatizó que “la soberanía está absolutamente resguardada”.
Sin embargo, descartó que el texto final incorpore alguna limitación a la compra de tierras por parte de extranjeros, ya que según la Constitución tienen los mismos derechos y responsabilidades que un nacional. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, subrayó.
Una semana atrás, la falta de consenso había obligado a la exministra de Seguridad a pedir un cuarto intermedio en la sesión donde se iba a discutir el proyecto y abrir una nueva instancia de negociación.
En ese contexto, con los reclamos de los legisladores en carpeta, Bullrich y Sturzenegger se propusieron definir un texto final -tras al menos 15 versiones y tres postergaciones- que permita evitar la intrusión de nuevos cambios o demoras en el recinto
De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, que presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
La discusión alrededor de la Ley de Tierras
La Ley de Tierras Rurales vigente establece que ningún inversor extranjero, ya sea persona física o sociedad de capital extranjero, puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. A eso se suma que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo, y que un mismo titular extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente territorial.
En ese contexto, el proyecto del Gobierno elimina esas restricciones y solo mantiene un límite específico para los Estados extranjeros —y organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios que dependan de ellos—, a los que en principio se les prohíbe adquirir tierras. Se puede hacer excepciones en caso de que el Poder Ejecutivo determine que la operación no implica un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Leé también: Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
Parte de la discusión gira alrededor del rol de las provincias. En el dictamen que finalmente se aprobó en el Senado, el proyecto les dio la facultad a los gobernadores para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
Sin embargo, en la previa todavía había objeciones en cuanto a si se fija algún límite y si esa facultad se delega totalmente a las provincias o si el Estado nacional mantiene el control sobre áreas consideradas estratégicas.
Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, propiedad privada
POLITICA
Senado: Bullrich y Sturzenegger cierran filas para tratar de avanzar con la extranjerización de tierras
La jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich (Capital), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunieron esta tarde en un Senado en un intento de ordenar el discurso oficialista con la mira puesta en tratar de aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en la primera semana de agosto.
“Nos pusimos de acuerdo, así que vamos el 6 con el dictamen que ya habíamos acordado con todos nuestros aliados”, afirmó Bullrich al término de la reunión en diálogo que mantuvo con la prensa acreditada en los pasillos de un Senado desierto por las vacaciones de invierno.
La reunión tuvo por objeto unificar posiciones en torno al polémico capítulo que habilita la venta de tierras a personas físicas y capitales extranjeros, luego de que las diferencias manifestadas por Sturzenegger sembraron dudas ente los bloques aliados y Bullrich se vio obligada, la semana pasada, a pedir la postergación del debate del proyecto para el 6 de agosto.
Según explicó la senadora libertaria, la base del acuerdo con Sturzenegger es el mismo texto que estuvo a punto de ser discutido el jueves de la semana pasada en la Cámara alta. Aunque fuentes legislativas no descartaron que se le hagan ligeras modificaciones que, destacaron, no cambiarían el espíritu de la última versión conocida.
El cortocircuito oficialista ocurrió el mismo jueves de la sesión y giró en torno a la facultad que tendrían las provincias para poder establecer sus propias reglamentaciones al régimen de venta de tierras, tal cual lo plantea la última versión del artículo 25 del proyecto de ley.
Según pudo saber , el ministro Sturzenegger, que en ese momento se encontraba en el exterior, planteó cuestionamientos a la redacción del artículo, lo que llevó a que varios senadores aliados pusieran en duda su apoyo al texto acordado ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo terminara vetándolo.
“El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”, comentó Bullrich sobre los términos de la conversación con el ministro de Desregulación.
Sturzenegger llegó al Senado un par de minutos antes de las 16, hora convenida para la reunión, y se retiró una hora y media después. Así como llegó, sin hacer declaraciones a la prensa e ingresando desde la Cámara de Diputados para evitar los móviles periodísticos ubicados en la puerta de la Cámara alta, se retiró.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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