POLITICA
El juez Aníbal Pineda: “Mi primer trabajo fue a los doce, un inicio distinto al común denominador de los jueces federales”

Aníbal Pineda nació y creció en un barrio popular de la zona sur de Rosario. Empezó a trabajar a los doce años vendiendo canastos de mimbre puerta a puerta con su hermano, después fue ayudante de cocina, mozo y conserje de hotel. Los turnos rotativos hicieron que cursara libre buena parte de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En 2017, llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Fue su presidente cuatro veces.
“La vida me fue preparando para el cargo que tengo ahora”, dice. En su barrio conoció también, desde chico, las dos caras de una ciudad que años después iba a convertirse en el centro de la discusión nacional sobre el narcotráfico. De sus amigos de la infancia aproximadamente la mitad terminó atravesada por el consumo de drogas: algunos murieron, otros quedaron con graves secuelas. Años más tarde, ya como juez federal, le tocaría intervenir en las causas que marcaron los años más violentos de la ciudad, cuando las balaceras, las extorsiones y los ataques contra jueces y periodistas habían puesto en cuestión la capacidad del Estado para controlar el territorio.
En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Aníbal Pineda habla de pobreza, narcotráfico, violencia y justicia desde una perspectiva poco común dentro del Poder Judicial.
—Juró como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 2017…
—Tuve un camino particular y largo para llegar al cargo que hoy ocupo. Trabajé desde chico, durante toda la carrera y también parte de la secundaria. Viví hasta los treinta años en un barrio popular y periférico de la zona sur de Rosario. De niño fui de clase media baja y, por las vicisitudes de la vida, después caímos un poco más. Eso te da las vivencias propias de un chico de barrio pobre, como me gusta llamarlo. No sé si te condiciona, pero te da experiencias distintas de las que pueden tener otros colegas. Mi camino no es mejor ni peor, pero sí distinto del que puede haber experimentado cualquier otro juez federal.
—¿Cuál fue ese primer trabajo?
—Nací en 1973, en una familia de clase media baja. Después, por la crisis económica de 1986 y 1987, mi mamá, que era el único ingreso familiar, quebró como comerciante y tuvo que salir a trabajar. Somos cuatro hermanos. Primero cuidaba a personas enfermas los fines de semana y después fue empleada doméstica durante treinta y cinco años, desde que yo tenía aproximadamente diez.
A nosotros también nos tocó empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue a los doce o trece años, cuando estaba en la escuela primaria. Con mi hermano, un año menor que yo, salíamos a vender canastos de mimbre casa por casa. Había un distribuidor cerca de casa: comprábamos los canastos y después tocábamos timbre para venderlos. Fue un inicio duro y distinto del común denominador de los jueces federales, pero hoy, a la distancia, lo veo como un activo. Creo que fue una experiencia muy nutritiva, aunque en ese momento uno la vive con angustia, bronca y dolor porque son situaciones no deseadas.
Ese trabajo no duró mucho, pero después trabajé de manera permanente, tanto en la escuela secundaria como en la facultad. En la secundaria lo hacía menos, aunque trabajaba durante todas las vacaciones. Fui ayudante de cocina: tenía un tío con un bufet en un sindicato y lo ayudaba con todo lo que podía hacer en una cocina un chico de quince o dieciséis años. Durante los primeros tres años de facultad trabajé de mozo y después fui conserje de un hotel. Tenía turnos rotativos, lo que modificó mi vida universitaria porque hice libre la mayor parte de la carrera: no podía cursar por los horarios del trabajo. Todo eso te da vivencias y características particulares.
—¿Cuáles son esas características?
—En ese momento era un pesar y me generaba enojo y angustia porque tenía otras inquietudes, vinculadas con el estudio y el deporte. Siempre me gustó mucho hacer deporte y no podía. En la escuela primaria íbamos doble turno porque mi mamá tenía que salir a trabajar. Éramos cuatro hermanos y estábamos todo el día en una escuela de un barrio pobre. Nos daban la copa de leche todos los días. Algunos compañeros se quedaban al mediodía a comer; nosotros no, porque tampoco estábamos tan mal.
Esas experiencias te van formando el carácter, la personalidad y la templanza. Te enseñan el esfuerzo y una lógica de funcionamiento vinculada con la perseverancia. La vida te va golpeando desde chico y también te genera cierta rebeldía. Para salir y avanzar, ante un obstáculo uno tiene que redoblar el esfuerzo, duplicar la apuesta, seguir y encontrar una salida. Nada es simple.
Siempre digo que la vida me fue preparando para el cargo que tengo ahora. Hubo situaciones y anécdotas fuertes que me dieron herramientas para ejercerlo de una manera particular y, para mí, mejor.
Como rendí gran parte de la carrera libre, estudiaba de noche porque trabajaba. A veces, después de estudiar tres o cuatro horas, salía a repasar mientras caminaba por la calle. Podían ser las doce de la noche o las dos o tres de la mañana. Siempre fui muy activo.
Una vez, durante la semana, caminaba por un bulevar y no había nadie en la calle. Vi a una persona que estaba golpeando de manera muy violenta a una mujer. No pasaban autos. Intervine. Conocía al agresor: era alguien de una villa ubicada a una cuadra de donde yo vivía. Era mucho mayor y más corpulento que yo, y estaba acostumbrado a pelear. Yo tendría dieciocho o diecinueve años. Evité la situación, lo eché y se fue, pero me amenazó con ir a buscarme a mi casa. Yo tenía miedo y la certeza de que me iba a salir caro haber intervenido. Aun así, entendí que debía hacerlo. La justicia del caso me obligaba a intervenir y decidir, aunque yo fuera el más débil.
Traslado esa experiencia a mi rol como juez. En la Cámara Federal de Apelaciones tenemos competencia múltiple y causas muy complejas. En muchas de ellas, el juez tiene la certeza de que es el actor más débil porque las dos partes en juego son poderosas. Aun con inseguridad y miedo, tenés que resolver. Sabés que la decisión tendrá un costo, que probablemente enojará a las partes y que puede haber represalias. Pero entendés que ese es tu rol y que, por la justicia del caso, tenés que tomarla.
Creo que esas experiencias de chico me formaron para atravesar este tipo de situaciones con mayor decisión. Cuando uno tiene que asumir situaciones fuertes desde temprano, genera una estructura de funcionamiento con más templanza y menos estrés para tomar decisiones difíciles. Pesan menos porque esa fue siempre la lógica de tu vida.
—Ahora, en su rol como juez, frente a casos complicados que muchas veces involucran a personas peligrosas, ¿tiene miedo?
—Sentís miedo porque comprendés cómo funciona la vida y sabés que puede haber represalias. Más todavía en Rosario, que atravesó un contexto complicado de violencia e inseguridad. Pero hay momentos en los que uno tiene que cumplir el rol que las circunstancias le exigen, tomar una decisión, hacerse cargo y resolver. Mi historia de vida me dio herramientas para ejercer el cargo incluso en ese contexto difícil que Rosario atravesó hace algunos años.
—¿Cómo llegó un pibe de barrio a ser juez?
—Fue un camino largo y divertido, que se fue dando por distintas circunstancias favorables y que no fue planificado. Le doy un mérito muy grande a la educación pública. Hasta que me recibí de abogado nunca pagué una cooperadora escolar. En la primaria me daban la copa de leche. Después fui a una escuela secundaria que dependía de la universidad, el Superior de Comercio, equivalente al Carlos Pellegrini de Buenos Aires. Eso significó un salto de calidad muy importante en mi vida social: me dio otros vínculos, compañeros y experiencias.
Hasta la secundaria había tenido una vida muy concentrada en mi barrio de la zona sur, con mis amigos de allí y con todo lo que eso implicaba: violencia y carencias. En la secundaria empecé a interactuar con chicos que tenían otras vidas, como hijos de empresarios, con otras inquietudes y experiencias. Siempre me gustó aprender de la experiencia ajena y me nutrí mucho. Ese fue un salto importante.
Otro salto fue conocer a la familia de mi esposa. Ella tiene un perfil absolutamente distinto: es hija de empresarios de envergadura y siempre vivió muy bien.
—¿Cuándo se conocieron?
—Nos conocimos en la facultad y nos casamos a los treinta años. Eso me llevó a interactuar con otro estamento social, a enriquecerme y a conocer otras inquietudes. En la mesa de los domingos y en las charlas diarias se hablaba de las preocupaciones de una familia empresaria: el manejo de empleados, la carga tributaria, las vicisitudes económicas a otra escala, empresas que quiebran, se reformulan y vuelven a surgir.
Esa lógica me sirvió mucho porque hoy me da herramientas para tener una mirada de 360 grados. Conozco en primera persona el sentir de alguien marginal, de un barrio pobre: el enojo, la angustia, la rebeldía y, sobre todo, la falta de oportunidades. Por mis amigos de la secundaria y la facultad, y por la familia de mi esposa, también conozco a otro segmento de la sociedad, con inquietudes y necesidades válidas que deben ser atendidas y que está vinculado con la producción y el desarrollo económico. Puedo trasladar esas dos experiencias a las resoluciones judiciales y a las sentencias. La vida me fue formando y me dio herramientas para ejercer el cargo con mayor amplitud.
—Voy a decir una frase muy desagradable, pero que está en boga en este momento: “El pobre es pobre porque quiere”. ¿Le parece que es así?
—El pobre tiene muchas menos oportunidades y herramientas. No es pobre porque quiere. Todo se le hace cuesta arriba. Desde muy temprano, la falta de oportunidades genera enojo y rebeldía. Desgraciadamente, muchos canalizan ese enojo mediante las drogas o la violencia y, cuando entran en esa bifurcación, es casi imposible volver.
En el barrio teníamos un grupo de amigos. La vida en el barrio te hace muy callejero porque pasás mucho tiempo en la calle. Durante mis primeros dieciocho años, creo que me fui una sola vez de vacaciones: tres días a Córdoba con mi familia. Vivís en la calle porque no tenés club ni vacaciones. Eso te pone en contacto permanente con malos hábitos. Si a eso se suman la angustia, la rebeldía y el enojo por la falta de oportunidades, tenés el cóctel perfecto para tomar otro camino. Es casi una fatalidad que hace muy difícil terminar bien.
—Menciona la problemática de la droga en el barrio y hoy trata muchas causas de narcotráfico. ¿Cómo cambió Rosario desde que era chico hasta hoy a raíz de este problema?
—Soy juez de la Cámara Federal de Apelaciones y tengo competencia múltiple. Según las estadísticas, dicto cincuenta sentencias por día en materias civil, comercial, previsional, tributaria, ambiental y laboral. El área penal, y puntualmente el narcotráfico, es la más emblemática, aunque representa alrededor del 20 % de nuestro trabajo diario.
Tengo una postura bastante estricta frente a los delitos de narcotráfico. Creo que allí también pesa mi experiencia personal. De los nueve o diez amigos de la cortada donde me crié, cerca de una villa con la que interactuábamos mucho, la mitad terminó mal por la droga. Un par se suicidó porque tenía problemas de consumo y no pudo salir; otros fueron internados y quedaron con secuelas graves. Conozco en primera persona el daño que genera la droga. Eso me predispone a ser más estricto al juzgar a quienes cometen delitos vinculados con ella, siempre aplicando el derecho, las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa. Soy muy estricto porque conozco sus consecuencias nocivas.
—¿Por qué es importante para todo el país lo que pasa con el narcotráfico en Rosario?
—Hoy estamos en una situación mucho mejor, pero hace tres o cuatro años Rosario atravesó una etapa extrema de inseguridad. El narcotráfico había calado hondo y alcanzado un estadio más profundo de institucionalización. En la pulseada entre el Estado y el narcotráfico, ganaba el narcotráfico. Eso se traducía en atentados y balaceras contra jueces y periodistas. En los barrios dominaban los narcos, que les cobraban protección a los comerciantes y los extorsionaban.
La situación mejoró por un trabajo conjunto de todos los estamentos: los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia, los poderes ejecutivos, el sistema penitenciario y el Poder Judicial. Cambió la política criminal y se modificó la lógica que permitía que, desde las cárceles, los detenidos mantuvieran las comunicaciones y siguieran administrando el negocio del narcotráfico en los barrios. También se intervino sobre la policía, que era un factor importante para la permanencia del delito.
Hubo una toma de conciencia general. Recuerdo que, entre los candidatos a presidente de 2023, todos incluían en sus planes de gobierno la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, con Rosario como un punto central. Logramos instalar el problema en la agenda pública y mediática nacional. El país entendió que, si el narcotráfico ganaba la pulseada en Rosario, esa lógica podía trasladarse a otras metrópolis con características sociales similares.
Fue un esfuerzo de todos y se atravesaron momentos muy angustiantes. Hoy la situación es mucho mejor, aunque la tensión es permanente. La gran demanda de drogas continúa siendo un problema pendiente. Esto funciona como un mercado ilícito: si no se reduce el consumo, seguirá existiendo un buen negocio económico que genera interés por controlar el comercio de drogas.
La mejora debe sostenerse. Desde el Poder Judicial también hicimos mucho. Cuando asumí como juez de la Cámara Federal de Rosario, hace nueve años, desde el derecho se aplicaban automáticamente ciertos institutos, como el principio de inocencia y la libertad durante el proceso, y algunas doctrinas que reparaban especialmente en la menor posibilidad de autodeterminación o en la vulnerabilidad de origen del chico de barrio que comete delitos vinculados con el narcotráfico y la violencia. Esa vulnerabilidad es real. Por esa razón, por ejemplo, se reducían los mínimos al imponer una pena o se otorgaban excarcelaciones y detenciones domiciliarias.
El problema es que, si no se consideran las consecuencias y el efecto que ese vulnerable genera sobre otras personas, se alimenta un círculo vicioso. Puede haber llegado a vender droga o a cometer un delito violento porque no tuvo oportunidades o porque empezó a consumir desde chico, y eso limita su culpabilidad. Pero, a su vez, la venta de drogas, la violencia y los homicidios generan nuevas personas vulnerables. Desde el derecho penal y la Justicia debemos intervenir en esa rueda. En los últimos años, desde la Justicia Federal y la Cámara adoptamos una posición más estricta con institutos como las excarcelaciones y las detenciones domiciliarias.
—Me detengo en aquello que lo toca de cerca en estos casos, como la historia de sus amigos de toda la vida. ¿Cómo los maneja emocionalmente?
—Mi historia y mi experiencia me llevan a intentar darles una vuelta más a mis resoluciones. Hay situaciones en las que me toca decidir sobre la excarcelación o la detención domiciliaria de madres y padres con hijos menores de edad. Por el perfil de esas personas, porque son violentas o reinciden en delitos cometidos desde su domicilio, de acuerdo con mi cosmovisión y mi interpretación del derecho, no puedo otorgarles la detención domiciliaria o la excarcelación. Son generadoras de más violencia e inseguridad.
Mi obligación dentro del expediente podría terminar al rechazar el pedido. Sin embargo, también existen niños y niñas cuyo padre queda encarcelado por el Estado y que permanecen solos en un barrio pobre, con muchas carencias y falta de oportunidades, al cuidado de un pariente o un vecino que tampoco tiene dinero.
Frente a ese contexto, hace cinco o seis años empezamos a actuar de otra manera en la Cámara. La iniciativa comenzó con un voto mío y después me acompañaron mis colegas. Aunque rechazamos la excarcelación o la detención domiciliaria de los padres, en el mismo expediente penal le ordenamos a la Secretaría de la Niñez que asista al menor y le dé herramientas para tener una vida digna y desarrollarse.
Le exigimos, por ejemplo, que constate con quién vive el niño y quién está a su cuidado; que le garantice las cuatro comidas diarias; que se comunique con la escuela y entreviste a la directora para verificar si asiste; y, si no lo hace, que obligue a la persona responsable a llevarlo. También pedimos que concurra al hospital o al dispensario del barrio y cumpla con el plan de vacunación obligatorio. Buscamos que el Estado le dé herramientas para desarrollarse y llevar una vida digna, como exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
—¿Es habitual que se haga este tipo de seguimiento?
—No. Es algo que iniciamos en la Cámara Federal de Rosario y tuvo buenas repercusiones. Al principio, los municipios y la provincia, que por ley tienen a cargo la protección de la niñez, no reaccionaban como queríamos. Después de insistir, llegamos a una buena situación.
Así encontramos una manera de congeniar el interés de la sociedad en perseguir a quienes cometen delitos —que se materializa en encarcelar a quien vende droga— con la protección del niño vulnerable, que también paga el costo de que la sociedad encarcele a su padre o a su madre.
Creo que esta decisión está relacionada con mi experiencia de vida y con la necesidad de darles una vuelta más a los casos. No debemos limitarnos a resolver el expediente penal: también tenemos que abordar el conflicto subyacente. Nuestra obligación reglamentaria terminaba con la resolución de la excarcelación o la detención domiciliaria, pero fuera del expediente seguía existiendo el problema del niño.
Tampoco es inteligente, desde el punto de vista de la política pública, dejarlo desamparado. Un chico sin sus padres ni recursos económicos, al cuidado de una persona que tiene otros hijos y necesidades, en un barrio donde hay droga, corre el riesgo de caer en una mala vida y reproducir el círculo de falta de oportunidades, exclusión social y delito. Los jueces somos parte del Estado y tenemos la obligación, como funcionarios públicos, de mirar nuestras resoluciones desde la lógica de la política pública.

—¿Cómo funciona el narcotráfico en la Argentina?
—No soy experto ni investigador; resuelvo lo que me toca. En Rosario, en particular, se dan dos dimensiones. La primera está vinculada con la Hidrovía y el comercio exterior, en el que Rosario es un actor importante. El volumen y el flujo permanente de barcos y mercancías convierten a la ciudad en un lugar de interés para las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al comercio exterior de drogas.
La segunda dimensión es el microtráfico, que actúa en los barrios y se vale del mercado y el consumo internos. Fue el que generó la crisis de inseguridad y violencia. Ambas dimensiones están relacionadas, aunque son llevadas adelante por distintas personas.
En su momento, Rosario quintuplicó la media nacional de homicidios por una combinación negativa de distintos factores. Hoy la situación está bastante controlada y mejoró muchísimo. La crisis también fue producto de no haber terminado de entender la lógica del narcotráfico y de cierta ingenuidad institucional. Creo que hoy se comprende mejor.
—¿Es necesaria la corrupción para que florezca el narcotráfico?
—Para que se mantenga, creo que sí. El narcotráfico a esa escala alcanza una gran envergadura y necesariamente tiene que interactuar con la policía, la Justicia o el Poder Ejecutivo. De otro modo es imposible que permanezca.
—¿Están aceitados los mecanismos de control dentro del Poder Judicial y del Ejecutivo para combatir estos casos de corrupción?
—Hoy estamos en una situación mejor, sin duda. Hay una coordinación permanente entre la Fiscalía Federal y las fiscalías provinciales. En Santa Fe se adoptó una política criminal distinta: la competencia sobre el microtráfico pasó de la Justicia Federal a la Justicia provincial. Eso también fue beneficioso. Hay un mayor control de la policía y de las cárceles. Fue una acción coordinada e integral.
El narcotráfico es un fenómeno muy complejo que ningún actor institucional puede abordar por separado. No pueden hacerlo solos la Justicia ni los poderes ejecutivos provincial o nacional. Hace falta un trabajo conjunto y coordinado, que es lo que hoy existe.
Desde el Poder Judicial aportamos mucho. Durante la gran crisis de inseguridad, cuando habían baleado los tribunales federales, en 2022 o 2023, la Corte Suprema viajó en pleno a Rosario, en un hecho inédito. También lo hizo el Consejo de la Magistratura y se convocó a los jueces federales a través de AJUFE. Me tocó ser uno de los voceros de la Cámara Federal. Hicimos el diagnóstico que estoy planteando y reclamamos la implementación del sistema acusatorio y la creación de más cargos de fiscales y jueces federales. En ese momento hacía cuarenta años que no se creaba uno de esos cargos.
Elaboramos una hoja de ruta sobre cómo podía contribuir la Justicia a superar esa situación. No nos limitamos a presentarla: convocamos al gobernador y a los legisladores nacionales, armamos una mesa de trabajo y consensuamos un proyecto que se convirtió en la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal.
Al debate del proyecto en la Cámara de Diputados asistieron actores inéditos, como asociaciones empresariales de Rosario, el Foro Regional Rosario y la Bolsa de Comercio. Acompañaron a la Justicia Federal en la comisión de la Cámara para reclamar su fortalecimiento. Logramos instalar esa necesidad en la agenda pública y social y mostrar que no era solamente un problema de la Justicia: también afectaba a la industria, las organizaciones intermedias y el comercio.
Cuando el narcotráfico gana la pulseada, están en juego las reglas que le permiten a un periodista ejercer su trabajo de manera independiente y a un comerciante o industrial mantener su empresa sin pagar extorsiones ni protección, y sin que un narco lo presione, lo amenace o le tirotee el negocio para comprarlo por dos pesos.
Desde la Justicia hicimos el diagnóstico, planteamos una hoja de ruta y trabajamos para crear conciencia. La mejora no se debió únicamente al accionar o a la renovación de la Justicia, sino también a las políticas coordinadas de los poderes ejecutivos nacional y provincial. Me toca defender el papel que desempeñó la Justicia Federal en ese momento.
—¿Cuál es su balance de la implementación del sistema acusatorio? ¿Cree que puede funcionar en todo el país?
—No sé si puede funcionar de la misma manera en todo el país, porque las realidades son distintas. Buenos Aires tiene otra lógica. En Rosario fue muy positivo y, después de casi dos años y medio, creo que ya se ven los resultados. Nosotros reclamamos la implementación del sistema acusatorio y la creación de cargos de jueces y fiscales federales.
Hoy Rosario es noticia nacional porque hay dos jueces federales en prisión preventiva, en el marco de investigaciones sobre causas complejas. Creo que eso está relacionado con el sistema acusatorio y con el nuevo rol de los actores judiciales. No voy a hablar mal de mis colegas porque los ampara el principio de inocencia: todavía no fueron a juicio y bien podrían resultar absueltos. Me tocó intervenir en las dos causas y entendí que existía mérito para dictar la prisión preventiva. Eso no significa una condena.
Todo ese avance está relacionado con la implementación del sistema acusatorio. Puede decirse, al mirar la mitad vacía del vaso, que la Justicia Federal de Rosario está en crisis porque tiene dos jueces federales en prisión preventiva. Pero también es necesario señalar que el proceso de control fue realizado por fiscales y jueces federales de Rosario. Las investigaciones estuvieron a cargo de fiscales federales de Rosario y Buenos Aires, y quienes intervinimos fuimos jueces federales de Rosario. Participaron alrededor de seis, entre jueces de garantías, jueces de revisión y la Cámara Federal en pleno. Yo intervine en ambos casos y en otros tantos.
Es importante reparar en que el control también se realiza desde adentro de la Justicia Federal. Esto no suele visibilizarse y tenemos que contarlo en primera persona. Si la Justicia Federal no explica ni rinde cuentas de lo que hace, deja vacío un espacio que debería ocupar para mostrar su trabajo. Es un tema institucional pendiente.
—Recién mencionó las balaceras contra los tribunales. ¿Sufrió alguna situación de violencia? ¿Lo amenazaron?
—A mí puntualmente no, pero viví situaciones complejas cuando comenzaron las balaceras contra jueces provinciales, hace ocho o diez años. Eso condiciona la vida cotidiana. Me ofrecieron protección.
Uno va naturalizando anormalidades que a otra persona pueden parecerle absolutamente ilógicas. Las ventanas de mi casa que dan a la calle tienen un chapón de dos milímetros y medio. Las balaceras tenían esa lógica: pasaban y disparaban. Decidí colocar la chapa de manera preventiva, con todo lo que significa llegar a tomar esa decisión. Sentías que no tenías otra defensa que la propia.
En su momento descarté la seguridad porque altera, condiciona y limita mucho la vida. Hoy no tengo custodia, aunque manejo ciertos protocolos para moverme. Rosario está mucho mejor desde hace dos o tres años, pero durante la crisis esos protocolos me limitaban mucho.
—¿Cómo vivió su familia ese momento?
—Con cierta naturalidad y tomando muchas precauciones, aunque no se modificó lo esencial de nuestra vida. Cuando me ofrecieron custodia la descarté porque entendí que, si yo la tenía, también debía tenerla mi hijo. Ponerle custodia a un chico de trece o quince años prácticamente le arruina la vida social.
—¿Considera que hoy puede llevar una vida normal?
—Sí, con cuidado y protocolos. Permanentemente me toca resolver casos de personas conocidas, vecinos o gente con la que puedo cruzarme. Me gusta ir a la cancha, soy hincha de Rosario Central y allí hay cincuenta mil personas: entre ellas puede haber imputados, investigados o condenados.
—¿En la cancha?
—Digo la cancha porque es un espacio popular, pero puede ocurrir en cualquier lugar. Me tocó dictar la prisión preventiva de un profesional contra el que debía jugar al fútbol a la semana siguiente. Yo no lo sabía. Así interactúan permanentemente la vida social y la vida personal con el trabajo.
También puede tocarte resolver casos de personas con las que compartiste un asado o experiencias, como ocurrió con estos colegas. Eso te condiciona de alguna manera, aunque llevo una vida absolutamente normal.
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos

La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.

Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.

Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.

Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.

El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.

Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
POLITICA
El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027

El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
POLITICA
Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.
El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.
Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.
Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.
El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.
El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.

En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.
“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.
El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.
Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.
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