POLITICA
El juez Irurzun da pelea y presenta una medida cautelar para no jubilarse en la Cámara Federal
El juez de la Cámara Federal Martín Iruzun, que cumple 75 años el 18 de julio, no está dispuesto a jubilarse. El Gobierno se negó a enviar su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo porque quiere reformular el tribunal, pero Irurzun está dispuesto a dar pelea y resiste.
Por eso es que presentó una medida cautelar autónoma ante el fuero Contencioso administrativo para que se suspenda la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento.
Irurzun, que integra la Sala II de la Cámara Federal, argumentó que la cláusula constitucional que lo obligaría a cesar en el cargo a los 75 años es “nula de nulidad absoluta” porque la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones al incorporarla.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo del juez Walter Lara Correa, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.
El gobierno de Javier Milei no envió hasta el momento el pliego de Irurzun al Senado para que el cuerpo preste el acuerdo que la Constitución exige para renovar el mandato de los jueces que superan esa edad. Sin ese trámite, el magistrado deberá cesar en funciones dentro de poco más de cinco semanas.
El Gobierno quiere refundar la Justicia Federal y aprovechar la jubilación de Irurzun para reconvertir la Cámara Federal, que es un tribunal estratégico para los casos de corrupción, pues tiene la llave para que las causas contra funcionarios –Manuel Adorni, Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei con el caso $LIBRA– prosperen y sigan su camino al juicio, o se congelen.
Con la salida de Iriruzun se piensa llamar a un nuevo concurso que cubra su cargo. El Gobierno ya avanzó esta semana con la cobertura de otros dos cargos en el tribunal, pues el Consejo de la Magistratura aprobó la terna para cubrir las vacantes de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este último podría seguir en su cargo para el que concursó.
El núcleo del planteo de Irurzun es técnico. Sostiene que la cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo de la Constitución Nacional (que establece que los jueces que cumplan 75 años necesitan un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para continuar en sus cargos, por períodos de cinco años) es un acto nulo porque la Convención Constituyente de 1994 nunca estuvo habilitada para incorporarla.
La ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional y fijó los temas que la Convención podía modificar, autorizó a los convencionales a revisar el mecanismo de designación y remoción de magistrados pero no habilitó establecer un límite de edad para el ejercicio del cargo.
En esa lógica, la cláusula de los 75 años sería un acto nulo desde su origen y, por lo tanto, no podría surtir efecto. La Corte ya se pronunció sobre esta misma cuestión en el precedente relacionado con el juez Leopoldo Schiffrin, de 2017, donde por mayoría convalidó la cláusula constitucional impugnada, revirtiendo así la posición que había adoptado años antes en el caso del juez Carlos Fayt.
Pero Irurzun encontró un resquicio, pues la mayoría en la Corte que formó el precedente “Schiffrin” ya no existe. Con el cese en funciones del juez Juan Carlos Maqueda, que se jubiló a principios al cumplir 75 años, la composición de la Corte cambió y si se planteara hoy un caso análogo no habría mayoría para sostener esa doctrina.
“El estándar de Schiffrin ha desaparecido, lo que impide tenerlo como doctrina vigente de la CSJN”, sostiene el escrito. Irurzun también adelantó que se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a cualquier ministro de la Corte que hubiera participado como Convencional Constituyente en la reforma de 1994 y aprobado la cláusula impugnada, porque no podría pronunciarse con imparcialidad sobre la validez de un acto que él mismo realizó. Alude en rigor al juez Horacio Rosatti.
La urgencia del pedido cautelar está dada por que el 18 de julio Irurzun cumple 75 años. Si para esa fecha no hay una medida judicial que suspenda los efectos de la cláusula constitucional, el magistrado cesará automáticamente en sus funciones. Y ese cese, una vez producido, sería irreversible: no hay mecanismo legal para restituir a un juez a su cargo una vez que fue separado de él por haber alcanzado el límite de edad.
“De no neutralizarse los efectos del precepto en crisis, habrá el dicente de cesar en el cargo y en funciones no bien cumpla los setenta y cinco años de edad, lo que acaecerá el próximo 18 de julio; extremo que supondrá un cuadro de situación irreversible y fatal”, advierte el escrito.
Por esa razón, Irurzun pidió que la cautelar se dicte de inmediato, sin correr traslado a la parte contraria -el Estado- y también impugnó por inconstitucionales varias disposiciones de la ley 26.854 que regulan el régimen de medidas cautelares contra el Estado, en particular las que prevén la bilateralización previa del pedido y el efecto suspensivo del recurso de apelación. En su criterio, esas normas harían imposible la tutela efectiva porque los plazos que insumen son incompatibles con la urgencia del caso.
El debate sobre el límite de edad para los jueces federales tiene antecedentes. El juez Fayt lo planteó en 1999 y obtuvo un fallo favorable que declaró nula la cláusula de los 75 años tal como había sido introducida en 1994. Años después, en 2017, el caso Schiffrin revirtió esa jurisprudencia. Ahora Irurzun intenta abrir un tercer capítulo.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“Llevo 308 días sin consumir”: el intendente de Saavedra relevó su lucha contra las adicciones
Como parte de la apertura de una charla sobre consumos problemáticos y prevención realizada para la comunidad de Pigüé, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, sorprendió al compartir públicamente su experiencia con las adicciones. “Llevo 308 días sin consumir”, celebró.
Durante el encuentro, que contó con la presencia del bahiense Adrián di Renzo, un referente en prevención de adicciones, Nebot confesó: “Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir”.
La experiencia del jefe comunal, de 37 años, se dio a conocer debido a un video difundido por la cuenta de Instagram de De la ciudad FM de Pigüé. En ese fragmento, se lo vio reconocer que “la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez”.
“La causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia”, explicó Nebot al hacer alusión a los factores subyacentes que suelen acompañar este tipo de consumos. De acuerdo con información recabada por La Nueva, el intendente consumió cocaína durante aproximadamente dos años y está cerca de cumplir un año alejado de la droga.
Según fuentes del distrito, sus problemas de consumo se habrían agravado tras la decisión de recortar salarios municipales a comienzos del año pasado, medida que lo enfrentó a una fuerte presión derivada de la crisis económica. Además, durante el proceso de recuperación, el jefe comunal afrontó la muerte de su padre, quien tuvo un rol clave para que comenzara el tratamiento y lograra alcanzar avances.
Pese a su confesión, Nebot indicó que por el momento no dará entrevistas. En este sentido, explicó que espera el cierre de una nueva etapa de su tratamiento, prevista para la próxima semana, tras lo cual se mostró dispuesto a brindar más detalles sobre su historia personal.
Como anticipo, el intendente aseguró que se propone fortalecer los programas de salud mental en el municipio, con el objetivo de ampliar la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos, para ayudar a los vecinos de su comunidad que pudieran atravesar situaciones similares.
Quién es Matías Nebot, el actual intendente vecinalista de Saavedra
Nacido el 15 de marzo de 1989 en la localidad de Goyena, en el partido de Saavedra, Matías Nebot es docente y técnico en Producción Agropecuaria, egresado de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1. Su primer cargo público fue como concejal electo en 2017 por la alianza 1 País.
En 2019, tuvo su primer intento de llegar a la intendencia, luego de haberse postulado como precandidato a jefe comunal por el partido vecinalista que fundó bajo el nombre Todos por Saavedra, aunque no resultó electo. Dos años más tarde, en las elecciones de 2021, fue reelecto concejal, pero en esa oportunidad representó a su espacio político.
De acuerdo con la información recopilada por el medio La Noticia 1, durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) celebradas el 13 de agosto de 2023, Nebot volvió a presentarse como precandidato con lista única por TxS (Todos por Saavedra) y logró consolidarse como el espacio más votado en el distrito.
En la elección general del 22 de octubre logró imponerse con el 37,58% de los votos frente a Diego Demaría, de Juntos por el Cambio, quien obtuvo el 32%. En tercer puesto había quedado el representante de Unión por la Patria, Óscar Alberto Gómez, con el 15,53%, seguido del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Raúl Aníbal Zentner, que reunió el 15,16% restante.
“Quiero agradecer a todos los vecinos del distrito que apostaron a una forma distinta de hacer política”, celebró el intendente durante el discurso que ofreció desde el búnker de TxS. Tras destacar que “fue una campaña muy agresiva para nosotros, pero no nos pudieron vencer”, agradeció a los demás candidatos por las felicitaciones que le hicieron llegar.
Los argentinos que están obligados a votar pero no lo hacen deben pagar una multa o, en caso contrario, pueden recibir sanciones como la imposibilidad de tramitar el pasaporte
6‘minutos de lectura
Todos los argentinos nativos o por opción (es decir, cuando una persona es hija de padres argentinos y elige esta nacionalidad) desde los 16 y hasta los 70 años están obligados a votar en las elecciones de 2023. En el caso de las personas naturalizadas (extranjeros que obtuvieron la ciudadanía del país), el deber rige desde los 18 años.
En caso de no votar, estos electores deben afrontar el pago de una multa o pueden recibir sanciones, salvo que se encuentren dentro de los grupos de exceptuados y justifiquen su ausencia en los comicios, de acuerdo con el Código Electoral Nacional.
En esta nota, te contamos quiénes están obligados a votar, qué pasa si una persona no vota y cómo justificar la no concurrencia a votar.
¿Quiénes están obligados a votar?
El voto es considerado un derecho pero también una obligación, que -en caso de no ser cumplida- puede ocasionar multas y sanciones. No obstante, es importante aclarar que el Código Electoral Nacional no establece ninguna penalidad para los votantes de 16 y 17 años.
¿Qué pasa si una persona no vota en las elecciones de 2023?
Luego de cada votación nacional, la Cámara Nacional Electoral elabora un listado por distrito, con nombre y apellido de los electores mayores de 18 años y menores de 70 años de quienes no se tiene constancia de emisión del voto. Esta información queda a disposición del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Acá podés consultar si aparecés en el registro de infractores al deber de votar.
Las personas que no asistan a votar, y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberán pagar una multa de entre $ 50 y $ 500. El monto a pagar depende de la cantidad de infracciones previas, de acuerdo con lo que establece la Acordada 37/2013 de la Cámara Nacional Electoral.
En caso de no hacerlo, el Código Electoral Nacional dispone en su artículo 125 que el infractor no podrá desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años. Tampoco podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.
Alejandro Tullio, profesor de Derecho y Administración Electoral en la Universidad Nacional de San Martín y director de la Dirección Nacional Electoral entre 2001 y 2015, explicó a Chequeado que “el Código Electoral establece sanciones para quienes no voten, como la imposibilidad de renovar el pasaporte o realizar otros trámites; sin embargo, es suficiente con el pago de la multa para quedar nuevamente habilitado”.
El especialista planteó que “la extensión real de la imposibilidad de generar trámites debería ser un poco más amplia: por ejemplo, para acceder a un cargo público de cualquier naturaleza tendría que estar regularizada esta situación, es decir, no ser infractor, pero en la realidad no se verifica”.
Consultado sobre la efectiva aplicación de multas y sanciones, Tullio aseguró que “existe la idea de que no hay consecuencias por no cumplir con la obligación de votar” y planteó que esto está asociado con “la simplicidad para realizar el pago de la multa ya que se puede realizar en forma electrónica, y con el monto excesivamente bajo de la misma”.
Ana Natalucci, investigadora y directora del Observatorio de Protesta Social en el Conicet, consideró que “la aplicación de sanciones y multas no tiene efecto sobre las personas, en términos de que se sientan obligados a votar”. Y agregó: “Tampoco creo que esa sea una herramienta válida. Es importante que exista un compromiso ciudadano ya que el voto es una manifestación explícita para reafirmar un modelo económico y político, u optar por otro”.
¿Quiénes no están obligados a votar en las elecciones 2023?
El Código Electoral Nacional dispone que algunos votantes no están obligados a sufragar. Se trata de los jueces y auxiliares que deban cumplir funciones durante los comicios; y las personas que se encuentran a más 500 kilómetros del lugar de votación y que justifiquen que el alejamiento se debe a motivos razonables. En este último caso, deben presentarse ante la comisaría más próxima, en la cual se le otorgará un certificado por escrito.
También están exceptuados los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, que les impida asistir al acto y que cuenten con certificado médico; y el personal de organismos o empresas de servicios públicos que deba realizar tareas que le impida asistir al comicio.
En este caso, el empleador deberá comunicar al Ministerio del Interior y Transporte el listado de afectados a tareas el día de los comicios con 10 días de anticipación.
Para el resto de los trabajadores, el Código Electoral establece que “tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objetivo de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni posterior recargo de horario”.
¿Cómo justificar la no concurrencia a votar?
En caso de que no se pueda justificar la ausencia, se debe pagar la multa electoral (ver acá el paso a paso sobre cómo realizar el trámite).
Edición 1: Matías Di Santi
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.
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POLITICA
Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos contra Francia durante el Mundial
La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó este miércoles el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos contra la selección francesa de fútbol, a la que calificó como un “equipo africano flojo de modales” durante el partido ante Paraguay por los octavos de final del Mundial.
Los impulsores de la medida sostuvieron que los dichos de Casado configuraban “conducta impropia” y “mal desempeño” de sus funciones, en los términos del artículo 109 de la Carta Magna mendocina.
Sin embargo, el oficialismo que responde al gobernador Alfredo Cornejo no acompañó la iniciativa y logró su rechazo en la Cámara Baja.
La polémica se originó tras la publicación de Casado en la red X, donde escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. El mensaje generó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en la declaración de la vicegobernadora como “persona no grata” por parte del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.
En respuesta, el gobernador Cornejo envió una carta al diplomático en la que dejó en claro que las expresiones de Casado “no reflejan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”.
Durante el debate en Diputados, el oficialismo argumentó que el pedido no reunía los requisitos constitucionales para avanzar hacia un juicio político y que las expresiones cuestionadas tenían carácter personal. Los impulsores, en cambio, sostuvieron que los dichos afectaban la imagen institucional de la provincia y podían perjudicar las relaciones con Francia y la Unión Europea.
La defensa de Hebe Casado tras la polémica
Luego de las críticas, la vicegobernadora mendocina defendió sus dichos y aseguró que su comentario se enmarcaba en el “folklore futbolero”.
“El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto”, sostuvo en declaraciones a medios mendocinos.
Casado también reclamó que le expliquen “dónde hubo discriminación” en su mensaje y cuestionó que se interpretara la referencia a África como un insulto.
Leé también: El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, afirmó durante una entrevista radial.
La dirigente agregó que, a su entender, quienes consideran ofensiva la expresión son quienes tienen una mirada discriminatoria sobre África.
Mendoza, mundial, selección francia
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