POLITICA
Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país
Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados. Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.
Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.
El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.
Allanamientos y fraude
Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).
La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.
La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.
Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.
Los casos detectados por las auditorías
En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.
Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:
- Caso 1 M.G.A. UGL Rosario
La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.
Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
- Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba
Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.
- Caso 3, J.R.C.
La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.
- Caso 4 M.A.D.C.
Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.
- Caso 5 G.M.M.
Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.
- Caso 6 A.R.S.
Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.
- Caso 7 L.B.S.
A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.
La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.
Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.
En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.
En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.
En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
POLITICA
“Llevo 308 días sin consumir”: el intendente de Saavedra relevó su lucha contra las adicciones
Como parte de la apertura de una charla sobre consumos problemáticos y prevención realizada para la comunidad de Pigüé, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, sorprendió al compartir públicamente su experiencia con las adicciones. “Llevo 308 días sin consumir”, celebró.
Durante el encuentro, que contó con la presencia del bahiense Adrián di Renzo, un referente en prevención de adicciones, Nebot confesó: “Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir”.
La experiencia del jefe comunal, de 37 años, se dio a conocer debido a un video difundido por la cuenta de Instagram de De la ciudad FM de Pigüé. En ese fragmento, se lo vio reconocer que “la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez”.
“La causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia”, explicó Nebot al hacer alusión a los factores subyacentes que suelen acompañar este tipo de consumos. De acuerdo con información recabada por La Nueva, el intendente consumió cocaína durante aproximadamente dos años y está cerca de cumplir un año alejado de la droga.
Según fuentes del distrito, sus problemas de consumo se habrían agravado tras la decisión de recortar salarios municipales a comienzos del año pasado, medida que lo enfrentó a una fuerte presión derivada de la crisis económica. Además, durante el proceso de recuperación, el jefe comunal afrontó la muerte de su padre, quien tuvo un rol clave para que comenzara el tratamiento y lograra alcanzar avances.
Pese a su confesión, Nebot indicó que por el momento no dará entrevistas. En este sentido, explicó que espera el cierre de una nueva etapa de su tratamiento, prevista para la próxima semana, tras lo cual se mostró dispuesto a brindar más detalles sobre su historia personal.
Como anticipo, el intendente aseguró que se propone fortalecer los programas de salud mental en el municipio, con el objetivo de ampliar la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos, para ayudar a los vecinos de su comunidad que pudieran atravesar situaciones similares.
Quién es Matías Nebot, el actual intendente vecinalista de Saavedra
Nacido el 15 de marzo de 1989 en la localidad de Goyena, en el partido de Saavedra, Matías Nebot es docente y técnico en Producción Agropecuaria, egresado de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1. Su primer cargo público fue como concejal electo en 2017 por la alianza 1 País.
En 2019, tuvo su primer intento de llegar a la intendencia, luego de haberse postulado como precandidato a jefe comunal por el partido vecinalista que fundó bajo el nombre Todos por Saavedra, aunque no resultó electo. Dos años más tarde, en las elecciones de 2021, fue reelecto concejal, pero en esa oportunidad representó a su espacio político.
De acuerdo con la información recopilada por el medio La Noticia 1, durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) celebradas el 13 de agosto de 2023, Nebot volvió a presentarse como precandidato con lista única por TxS (Todos por Saavedra) y logró consolidarse como el espacio más votado en el distrito.
En la elección general del 22 de octubre logró imponerse con el 37,58% de los votos frente a Diego Demaría, de Juntos por el Cambio, quien obtuvo el 32%. En tercer puesto había quedado el representante de Unión por la Patria, Óscar Alberto Gómez, con el 15,53%, seguido del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Raúl Aníbal Zentner, que reunió el 15,16% restante.
“Quiero agradecer a todos los vecinos del distrito que apostaron a una forma distinta de hacer política”, celebró el intendente durante el discurso que ofreció desde el búnker de TxS. Tras destacar que “fue una campaña muy agresiva para nosotros, pero no nos pudieron vencer”, agradeció a los demás candidatos por las felicitaciones que le hicieron llegar.
Los argentinos que están obligados a votar pero no lo hacen deben pagar una multa o, en caso contrario, pueden recibir sanciones como la imposibilidad de tramitar el pasaporte
6‘minutos de lectura
Todos los argentinos nativos o por opción (es decir, cuando una persona es hija de padres argentinos y elige esta nacionalidad) desde los 16 y hasta los 70 años están obligados a votar en las elecciones de 2023. En el caso de las personas naturalizadas (extranjeros que obtuvieron la ciudadanía del país), el deber rige desde los 18 años.
En caso de no votar, estos electores deben afrontar el pago de una multa o pueden recibir sanciones, salvo que se encuentren dentro de los grupos de exceptuados y justifiquen su ausencia en los comicios, de acuerdo con el Código Electoral Nacional.
En esta nota, te contamos quiénes están obligados a votar, qué pasa si una persona no vota y cómo justificar la no concurrencia a votar.
¿Quiénes están obligados a votar?
El voto es considerado un derecho pero también una obligación, que -en caso de no ser cumplida- puede ocasionar multas y sanciones. No obstante, es importante aclarar que el Código Electoral Nacional no establece ninguna penalidad para los votantes de 16 y 17 años.
¿Qué pasa si una persona no vota en las elecciones de 2023?
Luego de cada votación nacional, la Cámara Nacional Electoral elabora un listado por distrito, con nombre y apellido de los electores mayores de 18 años y menores de 70 años de quienes no se tiene constancia de emisión del voto. Esta información queda a disposición del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Acá podés consultar si aparecés en el registro de infractores al deber de votar.
Las personas que no asistan a votar, y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberán pagar una multa de entre $ 50 y $ 500. El monto a pagar depende de la cantidad de infracciones previas, de acuerdo con lo que establece la Acordada 37/2013 de la Cámara Nacional Electoral.
En caso de no hacerlo, el Código Electoral Nacional dispone en su artículo 125 que el infractor no podrá desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años. Tampoco podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.
Alejandro Tullio, profesor de Derecho y Administración Electoral en la Universidad Nacional de San Martín y director de la Dirección Nacional Electoral entre 2001 y 2015, explicó a Chequeado que “el Código Electoral establece sanciones para quienes no voten, como la imposibilidad de renovar el pasaporte o realizar otros trámites; sin embargo, es suficiente con el pago de la multa para quedar nuevamente habilitado”.
El especialista planteó que “la extensión real de la imposibilidad de generar trámites debería ser un poco más amplia: por ejemplo, para acceder a un cargo público de cualquier naturaleza tendría que estar regularizada esta situación, es decir, no ser infractor, pero en la realidad no se verifica”.
Consultado sobre la efectiva aplicación de multas y sanciones, Tullio aseguró que “existe la idea de que no hay consecuencias por no cumplir con la obligación de votar” y planteó que esto está asociado con “la simplicidad para realizar el pago de la multa ya que se puede realizar en forma electrónica, y con el monto excesivamente bajo de la misma”.
Ana Natalucci, investigadora y directora del Observatorio de Protesta Social en el Conicet, consideró que “la aplicación de sanciones y multas no tiene efecto sobre las personas, en términos de que se sientan obligados a votar”. Y agregó: “Tampoco creo que esa sea una herramienta válida. Es importante que exista un compromiso ciudadano ya que el voto es una manifestación explícita para reafirmar un modelo económico y político, u optar por otro”.
¿Quiénes no están obligados a votar en las elecciones 2023?
El Código Electoral Nacional dispone que algunos votantes no están obligados a sufragar. Se trata de los jueces y auxiliares que deban cumplir funciones durante los comicios; y las personas que se encuentran a más 500 kilómetros del lugar de votación y que justifiquen que el alejamiento se debe a motivos razonables. En este último caso, deben presentarse ante la comisaría más próxima, en la cual se le otorgará un certificado por escrito.
También están exceptuados los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, que les impida asistir al acto y que cuenten con certificado médico; y el personal de organismos o empresas de servicios públicos que deba realizar tareas que le impida asistir al comicio.
En este caso, el empleador deberá comunicar al Ministerio del Interior y Transporte el listado de afectados a tareas el día de los comicios con 10 días de anticipación.
Para el resto de los trabajadores, el Código Electoral establece que “tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objetivo de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni posterior recargo de horario”.
¿Cómo justificar la no concurrencia a votar?
En caso de que no se pueda justificar la ausencia, se debe pagar la multa electoral (ver acá el paso a paso sobre cómo realizar el trámite).
Edición 1: Matías Di Santi
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.
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POLITICA
Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos contra Francia durante el Mundial
La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó este miércoles el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos contra la selección francesa de fútbol, a la que calificó como un “equipo africano flojo de modales” durante el partido ante Paraguay por los octavos de final del Mundial.
Los impulsores de la medida sostuvieron que los dichos de Casado configuraban “conducta impropia” y “mal desempeño” de sus funciones, en los términos del artículo 109 de la Carta Magna mendocina.
Sin embargo, el oficialismo que responde al gobernador Alfredo Cornejo no acompañó la iniciativa y logró su rechazo en la Cámara Baja.
La polémica se originó tras la publicación de Casado en la red X, donde escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. El mensaje generó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en la declaración de la vicegobernadora como “persona no grata” por parte del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.
En respuesta, el gobernador Cornejo envió una carta al diplomático en la que dejó en claro que las expresiones de Casado “no reflejan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”.
Durante el debate en Diputados, el oficialismo argumentó que el pedido no reunía los requisitos constitucionales para avanzar hacia un juicio político y que las expresiones cuestionadas tenían carácter personal. Los impulsores, en cambio, sostuvieron que los dichos afectaban la imagen institucional de la provincia y podían perjudicar las relaciones con Francia y la Unión Europea.
La defensa de Hebe Casado tras la polémica
Luego de las críticas, la vicegobernadora mendocina defendió sus dichos y aseguró que su comentario se enmarcaba en el “folklore futbolero”.
“El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto”, sostuvo en declaraciones a medios mendocinos.
Casado también reclamó que le expliquen “dónde hubo discriminación” en su mensaje y cuestionó que se interpretara la referencia a África como un insulto.
Leé también: El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, afirmó durante una entrevista radial.
La dirigente agregó que, a su entender, quienes consideran ofensiva la expresión son quienes tienen una mirada discriminatoria sobre África.
Mendoza, mundial, selección francia
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