CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió fuerte en sus redes sociales a criticar los pliegos de la licitación de la ampliación del Belgrano Cargas ya que los ramales C14 y C15 fueron puestos como “optativos” para los oferentes. La concesión es por 50 años y la inversión ronda los US$1000 millones. Sáenz es uno de los mandatarios provinciales más cercanos a la Casa Rosada.

La salida del salteño con sus críticas se da en medio de semanas decisivas de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados por la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y el presupuesto 2027. En el Congreso, Sáenz cuenta con tres diputados y un senador que le responden.

Sáenz es de los mandatarios que mantiene una relación de apoyos y distanciamientos de Nación en función de las respuestas que logra a los temas puntuales que plantea para su provincia.

“No podemos permitir que esos ramales sean opcionales, tienen que ser obligatorios, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el norte argentino -planteó el mandatario-. El C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia”.

En esa línea, Sáenz le hizo un pedido a todos los legisladores nacionales por Salta -tres senadores y siete diputados- y “a todos aquellos que integran el Norte Grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojado de todo interés político y partidario”.

Recordó que, hace unos días, se reunió con las siete cámaras empresarias que integran la mesa productiva y empresarial de la provincia de Salta: “Juntos, con fuerza, estamos peleando para revertir esta situación. Les comuniqué que vengo hablando esto hace un mes con todos los actores del Gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, la Secretaría de Transporte, y todos aquellos que tienen algún tipo de injerencia en esta licitación”.

Señaló que les viene pidiendo que los ramales C 14 y C 15 tan importantes para la provincia de Salta, también sean incluidos como obras obligatorias. “Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos -agregó-. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos”.

Repasó que la logística hasta el puerto de Rosario “significa 30% más, y, en algunos casos, hasta el 40% más que en otros lugares del país. Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”.

El Gobierno solicitó este martes medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.

La presentación judicial se apoya en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un recurso que permite solicitar la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. La iniciativa se suma al proceso arbitral impulsado por el Gobierno el 28 de septiembre de este año.

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado, junto a la firma del presidente Javier Milei.

Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas.

Ante la advertencia oficial, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, rechazó la intimación y sostuvo que su país defenderá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas.

Frente a esta escalada, diplomáticos consultados por calificaron la decisión como “arriesgada” al señalar que “ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo” y recordar que gestiones anteriores evitaron esta vía por temor a un fallo adverso.

En tanto, desde Cancillería remarcaron que se busca la intervención de árbitros independientes sin discutir la cuestión de fondo de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno.

Además, a través de su cuenta de X, el funcionario reiteró la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”

Qué es el Tratado del Mar

El fuero internacional en el que se radicó la demanda fue establecido a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que fija el marco jurídico para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales.

La aplicación integral de este régimen cuenta con el auxilio de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional y la División de Asuntos Oceánicos de la ONU.

Asimismo, la normativa del derecho del mar sumó en 2023 el acuerdo BBNJ sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina”. Este instrumento regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y la realización de evaluaciones de impacto ambiental.