POLITICA
El juez Juan Rodríguez Ponte toma el control de la causa que más inquieta a Martín Insaurralde
Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez del caso en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, jurará este jueves en la Corte Suprema de Justicia.
Rodríguez Ponte es el actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es un organismo técnico dependiente de la Corte encargado de ejecutar las interceptaciones de comunicaciones con orden judicial y los peritajes complejos en investigaciones.
Es habitual que se haga en la Corte la jura de funcionarios que trabajaron en el tribunal o dependiendo de él, explicaron fuentes judiciales sobre la ceremonia del jueves.
La ceremonia de jura del exsecretario del juez federal Ariel Lijo será privada, no abierta al público ni a la prensa, en el Salón Gorostiaga, con invitados especiales, y le tomará juramento el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín.
El magistrado asumirá como titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la investigación contra Insaurralde y que está vacante desde hace años.
La causa por supuesto enriquecimiento está radicada en ese tribunal desde 2023, cuando Insaurralde fue descubierto navegando por el Mediterráneo en el yate El Bandido con la modelo Sofía Clérici.
Desde entonces, el caso pasó por las manos de los jueces federales subrogantes Ernesto Kreplak, de La Plata, en primer lugar, y ahora Luis Armella, de Quilmes. Quedará ahora en manos de Rodríguez Ponte.
En este expediente, las demoras en los inicios de la investigación impidieron avanzar como pretendía el fiscal del caso, Sergio Mola, que pidió indagar a Insaurralde, a Cirio y a familiares del exintendente acusados de ser sus testaferros.
Un informe de la Procuraduría Especializada en casos de lavado de dinero, de Diego Velasco, firmado también por el fiscal Mola, estableció que Insaurralde gastó más en viajes y gastos suntuarios que sus ingresos y advirtió sobre contrataciones supuestamente irregulares.
Recién el mes pasado pudo concluirse un peritaje sobre los bienes de Isaurralde y Cirio, que determinó que en 14 años el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense gastó $20 millones más que sus ingresos y que en 2020 y 2022 declaró al fisco niveles inferiores de consumo para que le den los números.
El estudio, de 618 páginas, determinó que las erogaciones de su exmujer Jesica Cirio excedieron los recursos disponibles al cierre de los ejercicios 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023.
El detalle de los gastos incluye viajes a Europa pagados en efectivo, vuelos privados contratados por WhatsApp, dos autos comprados en un mismo año y una firma que financió los viajes de toda la familia.
El peritaje contable fue ordenado por el juez Armela y ahora el fiscal Mola prepara con esos resultados un nuevo pedido de indagatoria del exfuncionario bonaerense que deberá ser resuelto por el nuevo juez Rodríguez Ponte, cuando asuma su cargo esta semana.
En paralelo, tras ese peritaje, la defensa de Sofía Clerici pidió ser sobreseída en la causa porque señaló que el estudio contable efectuado sobre los bienes de Insaurralde determinó que el exfuncionario nunca le entregó dinero ni bienes suntuarios, como relojes o carteras.
En el allanamiento a Clérici le fueron secuestrados 569.911 dólares encontrados en su casa, pero los peritos dijeron que no hay constancia de que el exfuncionario le hubiera entregado ese dinero. Con ese párrafo, la defensa de Clérici, a cargo de Mauricio D’Alessandro, pidió que sea sobreseída.
El fiscal Mola se opuso y ahora deberá resolver el juez Armella, antes de dejar el expediente, adelantaron fuentes ligadas al caso. Es decir, la definición podría ser inmimente.
La llegada de Rodríguez Ponte insufló esperanzas en los acusadores de que el caso avance con un juez definitivo, sobre todo porque resta determinar la valoración como prueba de unos videos publicados por en los que se ve a Cirio rodeada de fajos de dólares.
Las defensas quieren sacar esos videos del caso porque un peritaje dijo que no era posible hacer la trazabilidad del dinero; la fiscalía, por el contrario, señala que no hay duda de que se trata de Cirio y que los videos fueron filmados en su vestidor y que hay allí una suma de unos 10 millones de dólares.
Por eso es que se prepara para incluir en el requerimiento de justificación de bienes de Insaurralde, además de las cuentas que no le cierran, esa suma de dinero avalada por las imágenes.
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POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles
El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
POLITICA
Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión
La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.
Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.
La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.
Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.
Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.
En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.
Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.
Atenuantes
Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.
Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.
Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.
Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.
El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.
El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
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POLITICA
En un clima de tensión, el Gobierno se reúne con el PRO en Casa Rosada: “No hay muchos temas para hablar”
Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves, desde las 15:00, la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral.
“Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”, sostienen en el partido fundado por Mauricio Macri, que tan solo un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo.
Desde Presidencia reconocían durante la mañana que la reunión no estaba incorporada de manera definitiva a la agenda y que la posibilidad permanecía “a confirmar”, mientras que por el lado de los invitados, ya insinuaban que lo mejor era posponer la cumbre para otro momento, dado el contexto.
Finalmente, la cita quedó ratificada para esta tarde, por lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en las viejas oficinas del extinto Minsterio del Interior al jefe del bloque de diputados amarillo, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.
Se trata del cuarto encuentro formal de La Libertad Avanza y sus aliados desde que institucionalizaron este canal de diálogo, que acordaron mantener semana por medio y que por lo pronto nunca se suspendió.
Las reuniones anteriores se realizaron el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en la que participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Aunque el cónclave casi se susprende por cuestiones de agenda, “El Colo” decidió convocar formalmente a los dirigentes del PRO para este jueves, dadas las complicaciones que hubiera generado posponerla.
La semana que viene Ritondo viaja a Italia a verlo al Papa, como parte de una comitiva de dirigentes argentinos invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que luego también lo llevará a Armenia.
Por este motivo, si Santilli pasaba el encuentro para algunas de esas fechas, iba a tener que ser sin la presencia del armador aliado en la provincia de Buenos Aires, justo en un momento en el que el acuerdo tambalea.
En el macrismo cuestionan al oficialismo por la falta de decisiones respecto a la creación de un frente y también protestan porque no hay coincidencias sobre los candidatos en diferentes localidades bonaerenses.
“De todas formas, es cierto que falta mucho para las elecciones, pero hoy estamos lejos de un acuerdo. El Gobierno especula mucho. No terminan de cerrar con ningún gobernador, tampoco con el radicalismo ni con nosotros”, cuestionó un integrante del PRO.
Se espera que la agenda esté atravesada por la discusión sobre discapacidad, que también expuso diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que cuestionaron los cambios que el Poder Ejecutivo había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las modificaciones podían debilitar herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron desde el partido amarillo en un comunicado difundido esta semana. De todos modos, el espacio remarcó que continuará acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico y la gestión.
El conflicto obligó a la Casa Rosada a revisar su propuesta original. El oficialismo presentó una iniciativa alternativa ante los otros bloques, que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.
La nueva redacción permitió al Ejecutivo reconstruir parte de la negociación parlamentaria. La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría para su iniciativa en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas.
La reunión de esta tarde servirá para medir si ese acuerdo legislativo alcanza también para encauzar el vínculo político entre ambos espacios. El oficialismo necesita sostener ese respaldo para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el resto de las iniciativas que pretende aprobar antes de que la campaña por las elecciones de 2027 ordene la dinámica del Congreso.
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