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POLITICA

El juicio contra Cristina y Máximo Kirchner se extenderá por más de un año y abarcará todo el 2027 electoral

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Con un final previsto para el último trimestre de 2027, el juicio por Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, se convertirá en una vidriera política que atravesará e impactará en el año electoral. No sólo porque el líder de La Cámpora se menciona como posible candidato en varios escenarios que analiza el peronismo, sino porque su madre busca también que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamine en contra de su inhabilitación política.

Para la acusación, sin embargo, el caso expone un manual de lavado de dinero. Según el fiscal Diego Velasco, la plata salía de la obra pública que el Estado le daba a Lázaro Báez y de los beneficios fiscales que recibía el grupo de Cristóbal López. El negocio que la limpiaba eran alquileres de departamentos y de hoteles de la familia Kirchner.

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El 31 de mayo de 2003, seis días después de asumir la presidencia, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner le firmaron a su hijo Máximo un poder para manejar todos sus bienes. Con ese papel, Máximo vendió, compró, alquiló y pidió préstamos en nombre de sus padres durante más de una década. Por eso es una figura central del caso Hotesur y Los Sauces.

El edificio Madero Center, en el barrio porteño de Puerto MaderoArchivo

El requerimiento de elevación a juicio de los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, empezó a leerse el viernes en la primera audiencia del juicio oral y la lectura seguirá este lunes.

Allí se cuentan diversas maniobras que para la acusación prueban el lavado de dinero. Por ejemplo, que Báez les construyó a los Kirchner 18 departamentos en Río Gallegos: diez se los regaló en los papeles y los otros ocho se los alquiló a sí mismo. Las empresas de López también pagaban alquileres caros por dos departamentos de la familia en Puerto Madero. Y Báez manejó los hoteles de los Kirchner en El Calafate con una empresa que solo tenía un restaurante.

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A mitad de precio

En 2005, Néstor Kirchner y Austral Construcciones, la principal empresa de Báez, acordaron hacer un edificio de diez departamentos en un terreno del presidente en Río Gallegos. Austral ponía la plata para construirlo, unos $710.000. A cambio, cada uno se quedaba con cinco departamentos.

El 2 de marzo de 2007, el edificio estuvo listo. Ese mismo día, Austral le vendió a Kirchner sus cinco departamentos por $352.000, la mitad de lo que había gastado.

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Comienzo del juicio causa hotesur

“Austral Construcciones termina perdiendo dinero, ya que lo que recibió no le alcanza siquiera para cubrir los costos, lo que muestra a las claras la simulación del negocio jurídico”, escribieron los fiscales. Kirchner se quedó con los diez departamentos. Máximo firmó todos los papeles en nombre de su padre.

Báez se alquiló a sí mismo

En 2008, Néstor y Cristina Kirchner pusieron dos terrenos de Río Gallegos en Los Sauces, la empresa familiar que presidía Máximo. Les asignaron un valor de $13.500 a cada uno. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, el organismo que calcula cuánto vale una propiedad, valuó uno de ellos en más de $750.000.

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Una constructora de Báez levantó cuatro departamentos en cada terreno. La firma ya estaba construyendo antes de que existiera un contrato y la obra iba por la mitad. Los Sauces le pagó la obra a Báez con cheques firmados por Máximo Kirchner.

Comienzo del juicio causa hotesurCaptura

Pero, antes de ese pago, otras empresas de Báez ya habían alquilado esos mismos departamentos. El contrato no decía quién iba a vivir allí. Así, la plata que Báez cobraba por construir se las devolvía a los Kirchner en forma de alquiler. Fueron cerca de $4 millones. Máximo Kirchner depositó más de 27 cheques de esos alquileres en la cuenta de Los Sauces.

Los alquileres estaban por encima del valor de mercado. En octubre de 2015, con la elección presidencial, los Kirchner dejaron de alquilarle a Báez.

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Comienzo del juicio causa HotesurRicardo Pristupluk

Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y prima de Máximo y nueva presidenta de Los Sauces, alquiló los mismos departamentos a vecinos comunes. Ellos pagaban entre 25% y 41% menos. A los vecinos les pidieron garantes; a Báez, nunca. Para los fiscales, eso prueba “el vínculo de extrema confianza entre los contratantes y la certeza absoluta en el cobro”.

Puerto Madero, al doble de precio

Con el grupo de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa se repitió la misma modalidad. En 2012, Máximo Kirchner le alquiló a Inversora M&S, una empresa del grupo, un dúplex de Los Sauces en el complejo Madero Center. Según el Tribunal de Tasaciones, pagaban más del doble del precio normal.

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Otro departamento del mismo complejo lo pagaba Álcalis de la Patagonia, una fábrica de productos químicos de López, aunque en realidad vivía en ese inmueble la exmujer de Fabián de Sousa.

Comienza el juicio por la causa Hotesur por supuesto lavado de dinero.

Cristina Kirchner; Máximo Kirchner; Cristóbal López; Lázaro Báez

Entre 2009 y 2016, casi 9 de cada 10 pesos que cobró Los Sauces salieron de empresas de Báez y de López. La empresa familiar, que había nacido con $100.000, llegó a valer más de $12 millones.

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La plata para los hoteles

El otro expediente, Hotesur, que se juzga de manera conjunta con Los Sauces, se refiere a cómo los Kirchner compraron tres hoteles en El Calafate y El Chaltén entre 2008 y 2009.

Para la fiscalía, buena parte del dinero para comprar los hoteles lo puso Báez. Con Máximo Kirchner como firmante, los Kirchner le vendieron casas y terrenos a Báez. Fueron nueve propiedades. Solo en dos días cobraron más de un millón de pesos. También le vendieron un terreno a una empresa ligada a Báez por seis veces lo que les había costado. Seis días después, Néstor compró la hostería Las Dunas.

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Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8,3 millones. En su declaración de bienes, Kirchner anotó la deuda pero no dijo quién era el acreedor.

El Banco Santa Cruz, de la familia Eskenazi, les prestó $10 millones casi gratis, días antes de comprar el hotel Alto Calafate. Les cobraba de interés por el préstamo lo mismo que les pagaba por sus ahorros en plazo fijo. Es decir que el banco no ganaba nada con esa operación.

Patricia Bullrich, Silvana Giudici y Alvaro Lamadrid enel ingreso del hotel Alto Calafate de la familia Kirchner.Gentileza: Prensa del Pro

A eso se sumó un terreno fiscal de El Calafate. La municipalidad se lo vendió a Néstor Kirchner a $7,50 el metro cuadrado. El presidente pagó $135.000 en total y, poco más de un mes después, lo vendió por 2 millones de dólares, es decir unas 45 veces más.

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El restaurante que administraba hoteles

Ya comprados los hoteles, los Kirchner se los alquilaron a Valle Mitre, una empresa de Báez, que hasta ese momento solo tenía un restaurante y nunca había manejado un hotel.

Valle Mitre pagaba alquileres altísimos por todo el hotel. Por el Alto Calafate pagaba cada mes más de lo que ese hotel había ganado en todo un año con sus dueños anteriores. Con esos alquileres, los Kirchner recuperaron en un año y medio lo que les había costado Las Dunas, y en cinco meses lo que les había costado La Aldea.

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Valle Mitre, en cambio, perdía plata porque les pagaba a los Kirchner en alquileres más que lo que ingresaba a sus arcas. Seguía funcionando porque las otras empresas de Báez le mandaban dinero, que los fiscales calcularon en unos 86 millones de pesos.

Hotel Las Dunas: está ubicado en las afueras de la localidad de El Calafate y desde 2009 lo gerencia Valle Mitre. En 2013 se descubrió que era de los KirchnerMaxie Amena

Para la fiscalía, en eso consistía el lavado: la plata de la obra pública con la que se benefició Báez en la causa Vialidad entraba a Valle Mitre y salía hacia los Kirchner como pago de alquileres.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lo llamó un negocio “utópico”, pues los que pagaron la compra de los hoteles eran los mismos que después pagaban los alquileres por usarlos.

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Contratos imposibles

Para explicar a la AFIP por qué Valle Mitre recibía tanta plata, las empresas de Báez firmaron contratos que la AFIP y los fiscales consideraron falsos.

Así, dos estaciones de servicio de Báez alquilaron durante cinco meses un salón del Hotel Alto Calafate para promocionar un asfalto que fabrica YPF.

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Pero la empresa YPF dijo que nunca había hecho esas promociones. En 2017, las dos empresas admitieron ante la AFIP que esos alquileres nunca existieron.

Asimismo, en otro contrato, Austral Construcciones, la empresa constructora de Báez y la más grande de Santa Cruz, le pagó $2,45 millones a la firma Valle Mitre, que solo administraba un restaurante, para que levantara un complejo turístico. Otro contrato falso para la fiscalía, que busca disfrazar el movimiento de fondos.

Otro convenio sospechoso es el pago de Austral Construcción de $4 millones a Valle Mitre por asesoramiento hotelero. Pero esa consultoría que debía realizar Valle Mitre tenía un problema: la empresa no tenía consultores y su único directivo era el gerente.

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La inmensidad de la Patagonia dejó en evidencia otro contrato sospechoso. Báez alquilaba habitaciones en El Calafate para obreros que trabajaban en las rutas a más de 400 kilómetros de distancia, a cinco horas de viaje.

Báez pagó incluso los impuestos del lavado. Cuando en 2013 otra empresa reemplazó a Valle Mitre, Austral le mandó $15 millones. Según los peritos, el 91% se usó para pagarle a la AFIP.

Las casas de la familia

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La acusación incluye dos viviendas a nombre de Los Sauces. La casa de Cristina Kirchner en Río Gallegos multiplicó su precio por cinco en un año, en una cadena de ventas entre personas de confianza de la familia.

El departamento de Florencia Kirchner en Buenos Aires se pagó con certificados en dólares a nombre de otras personas.

Otro terreno de Río Gallegos pasó de Austral a Los Sauces en una supuesta venta que firmaron Máximo Kirchner y Martín Báez, los “hijos” como los denominan los fiscales. A los 15 días se anuló la operación, pero el terreno nunca volvió a Austral y no se sabe si se pagó. Para la fiscalía, fue un regalo.

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El origen del dinero

Para la acusación, la plata de Báez salió de la obra pública vial de Santa Cruz juzgada en la causa Vialidad en la que fue condenado. En el caso de Cristóbal López, los fiscales sostienen que los alquileres fueron dádivas, es decir, regalos a cambio de los beneficios que su grupo recibió del Estado.

Todo se enmarca en una acusación más amplia por asociación ilícita, con Cristina Kirchner como principal acusada, además de su hijo. Las defensas sostienen que fueron negocios legales, declarados ante la AFIP, y que la causa es una persecución política.

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Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Máximo Kirchner,Casos de corrupción,Conforme a

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POLITICA

Bullrich volvió a pedir un “refuerzo” para las familias: “El factor más importante para ganar una elección es la economía”

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En un nuevo mensaje al Gobierno, Patricia Bullrich volvió a insistir este martes con la necesidad de que los cambios macroeconómicos impulsados por la Casa Rosada se traduzcan en mejoras concretas para los hogares para poder lograr la reelección del “proyecto”.

“Yo soy una socia de este proyecto. Yo creo que necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que estaban hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”, enfatizó la senadora en el Finance Summit, un evento con empresarios realizado en el Palacio Libertad.

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En su exposición, la exministra de Seguridad puso el foco en el bolsillo como variable electoral. “El factor más importante para ganar una elección es la economía. ¿Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco”, explicó.

Bullrich vinculó ese reclamo con la continuidad del Gobierno. “Tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para lograr que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, subrayó. Además, agregó que para ganar una elección hay que sostener la esperanza de la gente en que estos años significaron “un cambio muy fuerte”. “Todo se movió, pero también te involucró, te tuvo adentro”, afirmó.

Patricia Bullrich volvió a enviar un mensaje al Gobierno en medio de las negociaciones por la reforma electoral. (Foto: Presidencia)

Según pudo saber este medio, en el evento la senadora destacó las oportunidades económicas que se abrieron a partir de los cambios estructurales que impulsó el oficialismo, entre los que destacó al superávit fiscal, la política antiinflacionaria y la posibilidad de que las familias vuelvan a planificar sus ingresos.

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También reconoció que todo proceso de estabilización atraviesa momentos difíciles y que el reordenamiento impacta de manera desigual según el sector. Por eso planteó que la recuperación llegue a la industria, las empresas y el comercio y, en especial, a los trabajadores y a quienes dependen del mercado interno y de actividades como la construcción. “Este año tenemos que construir el sentido, para que la sociedad crea que su elección tuvo sentido”, sostuvo.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, dijo el Presidente

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La escena transcurrió en un salón conjunto al recinto del teatro donde se presentó una confluencia de sectores del PJ que, hasta ahora, venían recorriendo caminos paralelos. Formando una fila, casi como un trencito, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey arrancaron hacia el escenario, pero a mitad de camino les avisaron que el ingreso estaba del otro lado. “Esto es como el peronismo, nunca se sabe si sale por derecha o por izquierda”, gritó el exministro de Economía, mientras rectificaba el rumbo.

Massa organizó el acto en el teatro Otamendi de San Fernando con la lógica de acumular músculo político en la interna del peronismo y para enviar un mensaje al gobierno de Javier Milei. La señal, interpretada por un dirigente que habló con tras bambalinas, es que pese a que los distintos sectores parecen o están enfrentados, al momento de la verdad “va a haber unidad”. El propio excandidato presidencial lo dijo al cabo del encuentro, en una escueta declaración ante las cámaras.

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POLITICA

El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

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Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.

“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.

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Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El comunicado de la Cancillería argentina donde se rechazaron las actividades oficiales de la princesa Ana del Reino Unido en las islas Malvinas y Georgias del Sur (X: @Cancilleria_Ar)

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.

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La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.

Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

La princesa Ana permanecerá en las Islas Malvinas hasta el viernes 20 de noviembre (X: @GHFalklands)

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.

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En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.

La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

La Argentina solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el freno de perforaciones en el proyecto petrolero Sea Lion.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

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Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.

También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.

La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

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El proyecto Sea Lion buscaría explotar el petróleo ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.

Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.

La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

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La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.

La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.

Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.

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El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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