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POLITICA

El mensaje de Maximo Kirchner alteró la convivencia del peronismo y sembró dudas sobre la unidad en el 2027

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La discusión del peronismo sobre la renovación del espacio político se terminó de estancar el último sábado, cuando Máximo Kirchner emitió un discurso muy duro contra Axel Kicillof y en el código de la interna. Hay un foco de tensión latente que entorpece cualquier voluntad de diálogo. Si el gobernador bonaerense no va a ver a Cristina Kirchner a San José 1111, los torpedos llenos de palabras seguirán estando direccionados hacia La Plata. Y de esa postura no se mueve nadie que esté en el esquema que conduce la ex presidenta.

Existe en el cristinismo la idea de que Kicillof está obligado a ir a ver a la líder peronista al lugar donde cumple su condena en la causa Vialidad. Por lo humano, por lo político, por lo electoral y por lo coyuntural. “Le estamos pidiendo que viaje 60 km desde la gobernación a la casa de Cristina. Eso destrabaría la interna. Sino todo va a a seguir igual”, asumió un importante nombre propio de La Cámpora. O la visita o todo el universo kirchnerista seguirá inmiscuido en una interna de espaldas a la gente.

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En las filas ultra K sostienen que si Kicillof no la visita -ejercicio que no hace desde hace ocho meses – , es porque no la reconoce como una parte importante dentro del armado político que construye para intentar llegar a la Casa Rosada. Es en esa instancia, en donde se pone de manifesto una de las hipótesis del cristinismo con las que buscan cercar al Gobernador. Los votos del kirchnerismo son de CFK, no de Kicillof. Y si los quiere para llegar a la presidencia, no los conseguirá con el modus operandi actual.

Los principales dirigentes del cristinismo no aceptan, bajo ninguna circunstancia, que Kicillof haya decidido no ver a quien fue su mentora política. Es un tema que les genera un gra malestar y que los obliga, en su lógica de construcción política, a trazar una línea divisoria. Si otros dirigentes como Sergio Massa, Juan Grabois o Ricardo Quintela van a verla, es inadmisible que él no la vea.

Axel Kicillof mantiene una relación conflictiva con la familia Kirchner

Entonces, el debate público vuelve a comenzar casi en forma permanente. Es un laberinto sin salida. Pero, tal vez, lo más grave es el deterioro en la credibilidad que le genera esa discusión al peronismo en su conjunto. La discusión sigue sin estar asociada a la agenda de la gente. La discusión tiene que ver por el lugar que ocupa CFK en el proceso político. Y así se pasan los días.

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El presidente del bloque de diputados del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli, describió con claridad el pensamiento del cristinismo. “Cualquier dirigente del peronismo que aspire a conducir los destinos de un municipio, la provincia o el país, tiene que hablar con CFK. Porque es la que sabe y es la que entiende que es lo que pasa. Y es la no ha fallado en las caracterizaciones que ha hecho de las circunstancias”, dijo en Sakura streams.

Una postura parecida reflejó otra voz trascendente dentro del cristinismo, como la de Teresa García. “En la situación que vive Cristina, nos parece que el peronismo no puede estar ausente. Máximo no esta faltando a la verdad. Axel no la fue a ver más y eso para nosotros es todo un tema. Si no somos capaces de solidarizarnos y estar cerca, es un problema. A mí no se me ocurriría prescindir de la opinión de Cristina, si vas camino a discutir la presidencia de la Nación”, expresó en el canal de streaming Gelatina.

“Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”, dijo Máximo Kirchner en Parque Lezama, durante un discurso que alteró la vida de interna y disparó un sinfín de especulaciones sobre un 2027 magro. En las distintas vertientes del peronismo advierten que, a esta altura del calendario y después de tantas acusaciones cruzadas, es imposible pensar en un candidato de unidad del PJ.

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Un dirigente de peso en el esquema del PJ Federal analizó la situación con más resignación que preocupación. “Esto no se va a ordenar. O vamos a unas PASO o vamos fragmentados. Las diferencias son insalvables y la discusión está agotada. Está cansada la gente y están cansados los dirigentes”, afirmó. Un retrato pleno de la realidad que está afuera de los límites bonaerenses.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) advierten que lo que hizo el líder de La Cámpora el sábado fue escenificar una ruptura con el sector que comanda Kicillof. “La relación política estaba fracturada. En Parque Lezama lo que ocurrió es que esa fractura quedó expuesta”, le aseguró a Infobae uno de los principales dirigentes del esquema que fundó el Gobernador.

Hacia adelante, en el kicillofismo sostienen que la única opción de subsanar tantas diferencias es competir y legitimar un candidato en las PASO. Kicillof está cada vez más convencido de que ese es el único camino. Porque, en los hechos, hay dos sectores en pugna. Uno es el que representa él y otro el que representan los Kirchner. Después del acto del sábado parece quedar claro que no van a ir de la mano.

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“Demostraron que prefieren perder a que gane Axel. Por eso hay que ir a una PASO. Si no hay internas, el peronismo va a ir dividido a las elecciones”, sostuvo un dirigente muy cercano al Gobernador. En el kicillofismo ven en el acto del Parque Lezama una nueva oportunidad para diferenciarse del cristinismo, con el que, con el pasar de los días, tiene una relación cada vez más conflictiva.

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Mahiques se reunió en Washington con el jefe de los fiscales penales de EEUU y acordó fortalecer la cooperación judicial

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El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión en Washington con Andrew Tysen Duva, máximo responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con quien acordó avanzar en una agenda bilateral para fortalecer la cooperación penal y mejorar los mecanismos de colaboración en investigaciones judiciales.

Durante el encuentro, del que también participaron autoridades del Departamento de Justicia y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alec Oxenford, se analizaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los tribunales, la cobertura de vacantes judiciales y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.

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Según información a la que accedió Infobae, uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de fortalecer los canales de cooperación penal internacional, en particular para facilitar el intercambio de información entre autoridades judiciales, avanzar en investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y mejorar la coordinación de los procedimientos de extradición.

La reunión permitió establecer una agenda de trabajo entre las autoridades de ambos países, con atención en las capacidades operativas que requieren los organismos judiciales para responder a investigaciones complejas y a los desafíos de la persecución de delitos con conexiones internacionales.

Duva conduce desde diciembre de 2025 la División Criminal del Departamento de Justicia, una de las estructuras centrales del sistema federal estadounidense para la investigación y persecución de delitos. Bajo su supervisión trabajan más de 1.100 fiscales federales y empleados especializados en áreas como el crimen organizado, el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, la corrupción pública, los delitos financieros y los ciberdelitos.

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La delegación que participó de la reunión estuvo integrada, además de Mahiques, Duva y Oxenford, por Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino de esa división; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT), y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia.

La cooperación incluyó capacitación y el avance del sistema acusatorio

La presencia de funcionarios vinculados con la capacitación internacional y la cooperación judicial permitió abordar las necesidades de formación de los operadores del sistema penal y los mecanismos institucionales disponibles para mejorar la colaboración entre los organismos de ambos países.

En ese marco, Mahiques destacó que la transformación del sistema de justicia penal argentino requiere modificaciones normativas, instituciones preparadas, infraestructura adecuada y equipos profesionales con capacidad para desarrollar investigaciones de manera eficiente.

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Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener programas de intercambio y capacitación para jueces y fiscales, con el objetivo de incorporar experiencias y herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fortalecer las capacidades de investigación.

Uno de los principales temas de la agenda fue la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece el sistema acusatorio y modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales. A diferencia del modelo tradicional, en el que los jueces de instrucción tienen a su cargo buena parte de las investigaciones, el nuevo esquema dispone que los fiscales dirijan la investigación penal, reúnan pruebas y formulen las acusaciones. Los magistrados intervienen como jueces imparciales, controlan la legalidad de los procedimientos, garantizan los derechos de las partes y resuelven las controversias que se planteen durante el proceso.

La reforma también establece un modelo basado en la oralidad, la publicidad de las audiencias y la contradicción entre las partes, con el propósito de reducir los trámites escritos y acelerar los tiempos judiciales. En lugar de un expediente predominantemente escrito, el sistema promueve que las decisiones relevantes se adopten en audiencias ante los jueces, con participación de fiscales y defensores. Su implementación exige reorganizar los recursos humanos, incorporar tecnología, adecuar salas de audiencias y ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal, que adquiere un papel central en la investigación de los delitos federales.

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La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal avanza de manera progresiva en las jurisdicciones del país. Tras su aplicación en distritos como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y La Plata, el proceso continuará el 30 de noviembre con su entrada en vigencia en Paraná. El cronograma oficial prevé para 2027 su implementación en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en la jurisdicción federal de Córdoba, desde el 8 de marzo. La transición representa uno de los desafíos institucionales del Ministerio de Justicia, por la necesidad de coordinar recursos, infraestructura y capacitación entre los distintos organismos del sistema judicial.

La experiencia de Estados Unidos en investigación penal y organización de fiscalías fue uno de los puntos considerados durante las conversaciones, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae. Allí, los fiscales federales tienen un papel protagónico en la persecución de los delitos y trabajan en coordinación con organismos especializados de investigación, dentro de un esquema institucional que articula recursos y conocimientos técnicos.

En ese contexto, la participación de Erik Peterson, responsable de OPDAT, adquiere relevancia por las funciones de esa oficina, que desarrolla programas de asistencia técnica y capacitación destinados a fortalecer los sistemas de justicia penal de otros países.

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También intervino John Beasley, de la OIA, una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la cooperación jurídica con autoridades extranjeras, en particular en cuestiones relacionadas con extradiciones y asistencia judicial internacional.

La cobertura de vacantes en la Justicia argentina fue otro de los asuntos incluidos en la agenda. Durante la conversación se examinó la importancia de contar con estructuras judiciales completas y funcionarios capacitados para garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento de los tribunales.

La reunión se inscribe en una agenda de cooperación institucional entre Argentina y Estados Unidos que apunta a fortalecer las capacidades de los organismos encargados de investigar delitos, facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de los procedimientos judiciales cuando las investigaciones involucran a más de un país.

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El objetivo compartido es mantener un canal de diálogo directo entre las autoridades de ambos países y avanzar en mecanismos de cooperación que permitan obtener resultados concretos en investigaciones penales, procesos de extradición y programas de formación de jueces y fiscales.

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Tras el fracaso de la sesión en Diputados, el Gobierno enfrenta tensiones internas y evalúa retomar la ley Malvinas la próxima semana

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El Gobierno evalúa volver a tratar la Ley Malvinas la próxima semana, después de que el fracaso de la sesión en Diputados provocara desconcierto en la Casa Rosada y reavivara las tensiones internas de La Libertad Avanza. Javier Milei esperaba que el oficialismo consiguiera la media sanción del proyecto y había transmitido su entusiasmo durante la mañana. Sin embargo, la convocatoria terminó con apenas 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.

El resultado sorprendió a la mesa política, que había dado por asegurados los acuerdos parlamentarios. En el entorno presidencial reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para una administración que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso. El Presidente sigue de cerca la evolución del riesgo país y considera que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas. En Balcarce 50 admiten que no esperaban terminar la jornada buscando explicaciones por la derrota.

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La escena más elocuente ocurrió dentro del recinto. Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas ingresaron a la Cámara de Diputados, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas mientras Martín Menem intentaba reunir el quórum. Desde el oficialismo aseguran que esos legisladores habían anticipado que se sentarían y que su decisión de último momento alteró las previsiones. El presidente de la Cámara intentó persuadirlos, pero debió levantar la convocatoria después de que transcurriera la media hora reglamentaria.

En el bloque libertario responsabilizan principalmente a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, Provincias Unidas confirmó dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se cruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.

La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar el proyecto sin contar con los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.

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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino).

El segundo conflicto involucra directamente el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que reúne 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo. La diferencia adquirió especial relevancia por la renovación de los representantes de Diputados en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.

La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.

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El documento del Parlamento británico que detalla la estrategia de Londres ante la ofensiva de la Argentina por el petróleo de Malvinas

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El Parlamento británico publicó hace 10 días un informe técnico en el que sistematiza la estrategia del gobierno del primer ministro Andy Burnham para defender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas frente a la ofensiva legal y económica de la Argentina, que incluye la expectativa por el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que se conocerá el próximo 28 de noviembre.

El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, no es una declaración política del gobierno de Burnham sino un análisis técnico cuya función es orientar a los legisladores con información imparcial.

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El texto detalla cuatro frentes desde los que el gobierno argentino avanzó este año para asfixiar la viabilidad comercial de Sea Lion antes de que comience a operar: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda judicial ante el Tribunal del Mar. Frente a cada uno de esos movimientos, describe una respuesta específica del gobierno británico.

Una publicación de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido aborda las tensiones con Argentina en torno a las islas Malvinas y el petróleo. (Captura UK Parliament)

El frente legal en Hamburgo

La Argentina formalizó su solicitud de medidas cautelares ante el TIDM el 13 de octubre de 2026, dos semanas después de que el presidente Javier Milei fijara un ultimátum público al Reino Unido. El litigio encierra además una disputa procesal de fondo: el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver disputas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que Argentina seleccionó el Tribunal del Mar. Esa divergencia complica la constitución del tribunal arbitral definitivo y explica por qué, en esta etapa, es el TIDM quien evalúa las medidas cautelares de urgencia.

En su presentación, la Cancillería argentina requirió que el tribunal ordenara cuatro medidas: la paralización total de los trabajos de explotación e infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas; que el Reino Unido se abstuviera de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que se garantizara a Buenos Aires la capacidad de proteger el medio marino en la zona disputada; y que Londres no otorgara ninguna nueva licencia de explotación en la plataforma continental en litigio.

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La sala de audiencias del Tribunal del Mar

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operado en consorcio por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las reservas estimadas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo y el inicio de la extracción está previsto para 2028, con perforaciones que comenzarían en enero de 2027.

Según los datos presentados por la delegación argentina en las audiencias del TIDM, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles. Para los 3.500 habitantes de las Malvinas, el proyecto representa la base de un fondo soberano y el financiamiento de infraestructura crítica, entre ella un nuevo puerto comercial. Y para un sector de la política argentina, esta renta petrolera representa el sostenimiento financiero de la ocupación ilegal de las islas.

La respuesta británica no se limitó a las audiencias en Hamburgo, donde la delegación estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves. El informe parlamentario documenta que, en paralelo al litigio, el gobierno avanzó en dos líneas de protección. La primera fue diplomática: en septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas en la que sostuvo que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que el gobierno “respalda plenamente” a las empresas involucradas.

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La segunda fue regulatoria. En octubre, el gobierno anunció que implementaría medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones extraterritoriales argentinas. Según consta en un documento oficial publicado por el Foreign Office y recogido por Butchard, Curtis y Loft en su análisis, las medidas buscan garantizar que “las personas y compañías del Reino Unido que realizan actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica”.

En Hamburgo, Reeves argumentó que las medidas cautelares solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las Islas, que arriesga perder “miles de millones de libras esenciales para el desarrollo económico”. La funcionaria sostuvo, además, que la pretensión de Buenos Aires buscaba, en los hechos, “tomar el control de esos recursos para sí misma”.

El portavoz de Downing Street fijó la postura oficial en términos precisos el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica lícita”. Este es un punto crucial: el Reino Unido buscó enmarcar el reclamo argentina en la soberanía de las Islas, una competencia que excede al TIDM. Por ello, pidió que se rechacen todas las medidas solicitadas por la delegación argentina y sostiene que la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica que Londres considera lícita.

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Butchard, Curtis y Loft lo recogen en esos términos: “El gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan” en las Malvinas.

El canciller Pablo Quirno

El canciller argentino Pablo Quirno se refirió a esta cuestión ayer, miércoles, en el encuentro Marval Legal Forecast 2027. “Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no está decidido”, señaló. Lo que Argentina plantea ante el TIDM, precisó, es qué obligaciones impone la CONVEMAR a ambos Estados en los espacios marítimos en disputa, no quién tiene soberanía sobre las islas.

Para justificar la urgencia de las medidas cautelares, Quirno sintetizó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”. A su vez, señaló que “por primera vez en la historia” la Argentina lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un tema relacionado con Malvinas”, y anticipó que, cualquiera sea el fallo del 28 de noviembre, la estrategia no se detiene: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”. planteó.

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Para el Gobierno, este arbitraje representa una pieza dentro de un esquema más amplio, que incluye a las sanciones y la denominada Ley de Soberanía.

El rol de Donald Trump

El informe parlamentario dedica un apartado específico al rol de Estados Unidos en la disputa. En agosto, el presidente Donald Trump señaló que Washington estaba “revisando” su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. En septiembre, ante una pregunta sobre el conflicto, dijo que había “dos países que no están contentos” y que probablemente lo llamarían a intervenir en ese “potencial desastre”.

Milei -según el documento- capitalizó esas declaraciones para escalar su ofensiva, argumentando ante organismos internacionales que Estados Unidos consideraba un “cambio de posición” favorable a Argentina por tratarse de un “socio confiable, alineado con los valores occidentales”. Burnham, por su parte, habló con Trump para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas tanto para intereses británicos como estadounidenses.

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Butchard, Curtis y Loft mencionan otro comunicado oficial de Downing Street, donde se asegura que el primer ministro “planteó las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.”

El análisis parlamentario también consigna, citando medios argentinos, la preocupación de EEUU por eventuales sanciones a sus empresas en el marco de la Ley de Soberanía y sostiene que este planteo “habría resultado en que el gobierno ralentice el avance de la legislación”.

Precisamente, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto, pero la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum: La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

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El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Tras negociaciones con bloques aliados -y las recomendaciones de Estados Unidos-, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.

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