El frente político no fue el único factor que llevó al Gobierno a revisar su estrategia en materia de discapacidad. En el oficialismo también pesó una advertencia judicial: avanzar con una reducción de derechos y prestaciones podría multiplicar las demandas contra el Estado y trasladar a los tribunales parte del ahorro fiscal que buscaba el Poder Ejecutivo.

“Nos íbamos a llenar de juicios in aeternum por esto”, admitió a un referente libertario que sigue de cerca las negociaciones.

El aviso alcanza tanto al proyecto que el Gobierno presentó en abril en el Senado como a las derogaciones incluidas en el presupuesto 2027. “Por eso nunca se trató”, explican sobre el primero. Sobre el segundo, sostienen: “Por suerte lo podemos cambiar”.

El principal límite está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en la Argentina. A ella se suman dos leyes permanentes: la 22.431, que estableció el sistema de protección integral, y la 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.

Ese andamiaje legal obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y vuelve especialmente sensible cualquier decisión que implique reducir prestaciones existentes.

Los cambios planteados originalmente por el Gobierno podrían, por lo tanto, ser cuestionados por los afectados y abrir una discusión judicial sobre su constitucionalidad y aplicación.

El Gobierno ya tiene un antecedente adverso. Después de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia, Milei la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que el Poder Legislativo determinara de dónde saldrían los fondos. El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y ordenó poner en marcha la norma.

El expediente se originó en un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en sucesivas intimaciones al Poder Ejecutivo. En enero, González Charvay fijó el 4 de febrero como fecha límite para que la ley estuviera plenamente implementada. Finalmente, un día antes del vencimiento, el Gobierno la reglamentó mediante el decreto 84/2026.

El mismo magistrado ya había fijado un criterio sobre los límites del Estado para retroceder en materia de prestaciones. Al hacer lugar a una acción de amparo presentada por padres de niños con discapacidad contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, González Charvay sostuvo que una política pública no puede contradecir las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por la Argentina si genera “un resultado regresivo incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de derechos fundamentales”.

Y fue más allá: “La obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles no puede subordinarse a pactos o acuerdos políticos que impliquen un retroceso de derechos”, sostuvo en aquella sentencia.

Ese antecedente también forma parte de los argumentos con los que el oficialismo busca ahora convencer a sus aliados de reemplazar la emergencia por una ley. Los libertarios sostienen que una norma extraordinaria y con plazo determinado no debería ser el instrumento para garantizar derechos.

“Queremos una ley permanente y salir de la lógica perversa de la emergencia”, resumen en el oficialismo tras un giro drástico.

Con esa premisa, el presidente de Diputados, Martín Menem, el jefe de gabinete, Diego Santilli, y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado trabajan con los bloques aliados para acordar un texto que preserve el piso de protección y, al mismo tiempo, revise algunos criterios del sistema. Buscan un punto intermedio entre las derogaciones planteadas originalmente por el Gobierno y la continuidad de la emergencia.

A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones. “Se va a trabajar para que sea lo más justo posible”, respondió Menem tras ser consultado durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand. Ayer, como parte de la tensión que generó el tema en el oficialismo, renunció a su cargo Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Es que a la preocupación política y fiscal que atraviesa la discusión se le suma el eje judicial. El oficialismo reconoce que el ahorro obtenido mediante la reducción de prestaciones podría terminar convertido en un costo judicial para el Estado durante años.

La pronta renovación del Consejo de la Magistratura volverá a colocar al Senado en el centro de una pulseada de alto voltaje político, con el oficialismo y el kirchnerismo mirando de reojo el reparto de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara alta en el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces federales y nacionales.

La pelea que se anticipa es por ver quién se quedará con dos de los cuatro lugares en disputa, correspondientes a la mayoría o, como en este caso en el que ningún bloque tiene el control de la Cámara, la primera minoría.

El fiel de la balanza en esta pelea será la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tiene la facultad de firmar el decreto validando la designación de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.

A priori, la puja está pareja. Tanto La Libertad Avanza (LLA) como el kirchnerismo tienen 21 senadores y desde ambas orillas ya anticipan que lucharán por sumar un nuevo consejero, en el caso del oficialismo, o retener las dos poltronas que tiene en la actualidad el peronismo.

“Nosotros vamos a reclamar dos lugares, uno le corresponde al peronismo y el cuarto a la UCR”, hacen cuentas en la mesa de arena de Patricia Bullrich (Capital), la jefa de la bancada oficialista del Senado.

“Nosotros tenemos 25 senadores, somos la primera minoría”, replican en el despacho de José Mayans (Formosa), jefe del bloque del kirchnerismo y vicepresidente del PJ en ejercicio de la presidencia porque Cristina Kirchner purga prisión domiciliaria condenada por corrupción en la administración pública.

Para el oficialismo, la cifra que citan los peronistas es discutible, ya que esos 25 senadores salen de contar un interbloque con los dos senadores del bloque del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora, y los otros dos peronistas del bloque Justicia Social Federal, que componen Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja).

Pero en el oficialismo también reconocen que, por el momento, están flojos de argumentos para reclamar dos de los cuatro lugares y buscan la fórmula que les permita arrebatarles a los kirchneristas un sitial que podría ser clave.

Es que la pelea promete ser áspera porque no se trata solo de nombres. En juego estará la capacidad del oficialismo de incidir en un cuerpo clave para la política judicial.

El control de la Justicia se ha convertido en una de las prioridades de un Gobierno que busca completar las más de 300 vacantes que le dejaron los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, tarea que lleva adelante el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El Consejo funciona hoy con veinte miembros: el presidente de la Corte Suprema, representantes de los jueces, abogados, académicos, del Poder Ejecutivo y ocho legisladores nacionales, cuatro por cada cámara del Congreso.

En el caso del Senado, la ley establece que dos lugares corresponden al bloque con mayor representación y los otros dos a la primera y segunda minoría. Esa fórmula, aparentemente aritmética, suele convertirse en una batalla política cuando la composición de los bloques queda abierta a interpretaciones o maniobras tácticas.

Los actuales representantes del Senado llegaron al Consejo en el período iniciado en 2022. Entonces fueron designados los ultrakirchneristas María Inés Pilatti (Chaco)y Mariano Recalde (Capiotal) por el oficialismo de aquel momento, Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) por la primera minoría y otro ultrakirchnerista, Martín Doñate (Río Negro), por la segunda.

Aquella dotación surgió de una maniobra pergeñada por Cristina Kirchner, por entonces vicepresidenta y, por lo tanto, presidenta del Senado. En abril de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó volver a la integración de veinte miembros del Consejo, el Frente de Todos se dividió en dos bloques: Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14.

Con esa jugada, el kirchnerismo intentó conservar la mayoría y, al mismo tiempo, quedarse con la segunda minoría, lo que le permitió sumar a Doñate y desplazar al entonces senador opositor Luis Juez.

La Corte Suprema desactivó la maniobra meses después. En un fallo de fuerte contenido político e institucional, anuló el decreto parlamentario que había permitido la designación de Doñate y sostuvo que la división del bloque oficialista no era aplicable para determinar la representación en el Consejo.

El tribunal habló de “ardid”, “artificio” y “manipulación”, y dejó asentado que la regla de las minorías no podía ser alterada por una ingeniería parlamentaria diseñada para obtener un beneficio político.

Como consecuencia de aquel fallo, Doñate no pudo seguir en el Consejo y se habilitó la jura de Juez, por aquel entonces en el bloque Pro. El cordobés continúa en el organismo, pero ahora representa a La Libertad Avanza, bloque al que se sumó en diciembre del año pasado.

En el interín hubo más cambios: la hiperkirchnerista y miembro de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) juró como consejera en reemplazo de Pilatti, que concluyó su mandato.

El recambio general del Consejo está previsto para fin de año, cuando debe iniciarse el período 2026-2030, una renovación que ya generó movimientos judiciales y políticos por la posibilidad -resistida por el propio Consejo-, de habilitar reelecciones consecutivas.

La batalla recién empieza, pero ya tiene antecedentes, protagonistas y un botín institucional codiciado. En el Senado saben que cada firma, cada decreto parlamentario y cada movimiento de bloque podrá terminar bajo la lupa de la Corte.