POLITICA
El Papa León XIV llamó a construir un progreso que “no deje nuevas ruinas a su paso” en un encuentro con empresarios y movimientos sociales del continente
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, participó este sábado de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, celebrado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre. Durante el encuentro, el dirigente gremial le entregó al Sumo Pontífice un informe de diagnóstico de más de 60 páginas sobre el deterioro social y económico de la Argentina, mientras que el pontífice, en su discurso ante los participantes del mundo, sostuvo que los grandes desafíos sociales y tecnológicos de la época “requieren responsabilidad compartida” y llamó a que el desarrollo actual “no deje nuevas ruinas a su paso”.
El encuentro, organizado de forma conjunta por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Comisión para América Latina y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), convocó a dirigentes sindicales, empresarios, académicos, bancos de desarrollo y movimientos populares de todo el continente. La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.
La delegación argentina que asistió a la cumbre estuvo integrada por los dirigentes sindicales Gerardo Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Cristian Jerónimo, uno de los tres cotitulares de la central obrera; Gramajo, en representación de la UTEP; Marta Pujadas, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Daniel Funes de Rioja, presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y el sacerdote Carlos “Charly” Olivero, coordinador de Comunidades Organizadas.
La audiencia se realizó el sábado en el Palacio Apostólico Vaticano, al cierre de tres jornadas de diálogo desarrolladas en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma.
“Qué humanidad queremos construir”: el mensaje central del Papa
En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV saludó también a representantes de la Conferencia Eclesial Amazónica, de organismos internacionales, bancos regionales de cooperación, empresas, fundaciones, centrales sindicales, cámaras de empleadores y universidades, según recogió Vatican News. El pontífice remarcó que la amplitud de esa representación confiere un interés particular al encuentro, ya que reúne a actores con responsabilidades decisivas en la vida social, económica y cultural, y sostuvo que su presencia expresa la voluntad de traducir el diálogo en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”.
El Papa vinculó el encuentro con el llamado que había formulado ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025 a sostener un “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo”. Explicó que ese diálogo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino parte de su misión evangelizadora, que exige mirar de frente la realidad de quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.
Frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el pontífice planteó que la pregunta decisiva no es si aceptar o rechazar determinadas herramientas, sino “qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”. En ese marco, llamó a recuperar la lógica de la subsidiariedad y valoró la iniciativa de la Iglesia en las Américas para promover una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur de Cooperación Multisectorial. “Los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad”, sostuvo, de acuerdo con la transcripción difundida por el medio vaticano.
Referencias a la encíclica Magnifica Humanitas y advertencia sobre la polarización
León XIV retomó conceptos de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la necesidad de un principio de unidad que oriente el pluralismo hacia fundamentos comunes. “Escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de las narrativas polarizadas en una época en la que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”.
En la parte de su alocución pronunciada en inglés, el Papa se refirió a las “res novae”, las nuevas realidades de la época, y señaló la responsabilidad de las empresas, llamadas a reconocer el trabajo y la dignidad como medidas de éxito, y de los ciudadanos, convocados a cultivar la responsabilidad y el sentido de la verdad. Citó su propia encíclica para sostener que las tensiones y diferencias “pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.
Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, aclaró que no se trata de un manual de principios y normas que deba aplicarse mecánicamente, sino de un proceso de discernimiento compartido, cuyo valor no puede medirse solo por el número de personas que respaldan un consenso, sino por el impacto que ese consenso tiene “en la vida de quienes poseen menos poder para defenderse”.
La imagen de Nehemías y el llamado a “reconstruir lo que se ha derrumbado”
Al cierre de su intervención, el pontífice recurrió a la figura bíblica de Nehemías, reconstructor de Jerusalén, como imagen de una tarea colectiva. “Al igual que Nehemías, deben entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones y comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”, señaló, en una cita textual de Magnifica Humanitas.
El Papa concluyó con un llamado a cultivar una “cultura de la negociación” que contribuya a la paz, y expresó su deseo de que “el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso” y que todo lo que se construya sea “un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”. La audiencia finalizó con el rezo conjunto del Padre Nuestro y la bendición apostólica.
El Papa retomó nuevamente la figura de Nehemías para remarcar que este no reconstruyó Jerusalén solo, sino que convocó a su pueblo y cada persona asumió la parte que le correspondía. Bajo esa lógica, cerró su discurso con una convocatoria directa a los presentes: “Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestra época no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, empezando por los más necesitados”.
El cuestionamiento de la UTEP a las cifras oficiales de pobreza
En paralelo al discurso papal, el informe entregado por Gramajo cuestiona la metodología con la que el Estado argentino mide la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2025 —última medición oficial disponible— el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, lo que incluía al 28,2% de las personas. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares estaba bajo la línea de indigencia, es decir, el 6,3% de las personas. En términos absolutos, esto representa 2.145.000 hogares pobres, que incluyen a 8.474.000 personas, y 494.000 hogares indigentes, con 1.884.000 personas en esa condición.
El documento sostiene que esa medición subestima sistemáticamente la privación real. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data) citado en el informe, si se actualiza la línea de pobreza con los patrones de consumo reales y se incorpora el costo del alquiler, la pobreza real trepa al 39% de los hogares, casi el doble de la cifra oficial, lo que equivale a 4 millones de hogares pobres frente a los 2,1 millones que reporta el INDEC. En términos de población, ese “sinceramiento metodológico” eleva la pobreza al 48% y deja fuera de las estadísticas oficiales a más de 6 millones de personas.
Empleo informal, cierre de empresas y salarios por debajo de la canasta básica
El informe dedica un extenso apartado a la desestructuración del mercado laboral. De acuerdo con datos del INDEC citados en el documento, la tasa de informalidad alcanzó el 43% en el último cuatrimestre de 2025, con picos del 57,3% entre los varones de hasta 29 años y del 59,7% entre las mujeres de ese mismo rango etario. Esto implica que más de nueve millones de trabajadores realizan sus tareas sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.
En materia de cierre de empresas, el documento cita un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) según el cual, entre 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores registrados cayó de 512.357 a 485.909, una contracción de 26.448 empresas, equivalente a 31 cierres por día. El fenómeno explica, en parte, la pérdida de 341.396 puestos de trabajo en ese período.
El informe también compara los ingresos con el costo de vida: el salario de un empleo formal ronda en promedio 1.200.000 pesos (unos 800 dólares), mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) establecido por el Gobierno para julio de 2026 es de 372.400 pesos y el costo de la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se ubica en 1.500.000 pesos.
Uno de los ejes centrales del informe es la eliminación del Programa Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación fija de 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 personas de entre 18 y 49 años. El programa era la continuidad del Salario Social Complementario (SSC), equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelado a valores de noviembre de 2023, lo que —según el documento— derivó en una pérdida de poder adquisitivo estimada en el 74% por efecto de la inflación.
Tras un amparo judicial que la UTEP obtuvo con base en el principio de no regresión de derechos sociales, los pagos se sostuvieron hasta que, en julio de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar. Así, agosto de 2026 fue el primer mes sin el pago de los 78.000 pesos para el universo de beneficiarios. El 7 de agosto, día de San Cayetano, la organización presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue denegado, aunque el litigio de fondo continúa abierto.
El desfinanciamiento de las obras en los barrios populares
El informe también detalla el impacto de la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), decretada en mayo de 2025. Según el documento, la medida implicó una reducción del 94% en los desembolsos previstos, con perjuicio para más de 200.000 familias. Los fondos que estaban destinados a las obras fueron reasignados: 204.000 millones de pesos en letras del Tesoro y bonos, 64.000 millones en un fondo común de inversión y 95.600 millones en cuentas del Banco Nación.
De acuerdo con relevamientos del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y la fundación Fundar citados en el informe, el FISU había ejecutado o tenía en marcha 1.394 obras —1.277 de integración socio urbana y 117 de desarrollo de lotes con servicios—, de las cuales 474 estaban finalizadas (34%) y 330 con un avance superior al 50% (24%). El fondo había generado, además, 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mejoras de vivienda a través del programa Mi Pieza y 850.000 Certificados de Vivienda Familiar, con más de 1.300 barrios beneficiados por al menos una obra.
El propio documento describe la magnitud del déficit estructural en los barrios populares registrados en el ReNaBaP, que agrupan a más de 5.600 asentamientos con cerca de 5 millones de habitantes: el 92% carece de conexión formal de agua, el 98% no tiene acceso formal a gas natural, el 97% no cuenta con red cloacal formal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares. Un relevamiento de CISUR de mayo de 2026 agrega que el 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional, el 48% acumula más de un problema simultáneo y el 10% habita viviendas calificadas como irrecuperables. El informe cita, además, un dato de mortalidad diferencial: la edad promedio de fallecimiento en los barrios populares es de 60,6 años, frente a los 71,6 años del promedio nacional.
En el capítulo dedicado a la emergencia alimentaria, el informe sostiene que la inseguridad alimentaria dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural, con un salto que —según los datos citados— viene escalando desde el 15,7% registrado en 2014. El documento remarca el rol que cumplen las organizaciones de la economía popular ante el retiro estatal: solo el Banco de Alimentos Buenos Aires distribuyó durante 2025 7,28 millones de kilos de alimentos, equivalentes a más de 21,8 millones de platos, a través de 1.335 organizaciones y con alcance a 354.027 personas.
El informe señala también que entre el 70% y el 80% de quienes coordinan, cocinan y sostienen los comedores comunitarios son mujeres que realizan esa tarea de forma no remunerada, un trabajo de cuidado que —según una estimación citada en el documento— representa el 15,9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país si se contabilizara el total de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.
Infancia, salud mental y consumos problemáticos
El documento dedica un capítulo específico al impacto de la crisis sobre la niñez. Según los datos allí consignados, correspondientes al primer semestre de 2025, el 45,4% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza y el 10% en la indigencia. Además, el 36,8% de los chicos de entre 6 y 17 años “aprende poco o podría aprender más” y el 18,1% presenta síntomas de tristeza o ansiedad, según la percepción de sus adultos de referencia.
En materia de salud mental, el informe cita indicadores según los cuales una de cada cuatro personas en la Argentina (entre el 26,7% y el 28,1%) presenta algún problema de esa índole. El 49% de los argentinos refirió sufrir estrés y ansiedad frecuentes durante 2025, el 8,7% declaró padecer depresión mayor y los trastornos vinculados al consumo de sustancias afectarían a cerca del 10% de la población. Sobre este último punto, el documento advierte que la experiencia territorial de los dispositivos comunitarios registra “situaciones de inicio en niñas y niños de apenas 8 y 9 años en contextos de alta vulnerabilidad social”, a lo que se suma el crecimiento de las apuestas en línea entre los más jóvenes.
Frente a ese diagnóstico, la delegación de la UTEP expuso ante el Papa lo que definió como la “reserva moral, productiva y comunitaria” de la economía popular. En ese marco, presentó el trabajo de las promotoras territoriales, una propuesta de Estatuto Laboral y la plataforma cooperativa Cuidarnos, un proyecto que conecta a familias que requieren cuidados con trabajadoras capacitadas en la atención de adultos mayores.
Gramajo vinculó esta iniciativa con los debates en torno a la encíclica Magnifica Humanitas: “Si la tecnología queda en manos de unos pocos, sólo agrava la exclusión y profundiza el pluriempleo”, había señalado el dirigente antes de la audiencia, y sostuvo que Cuidarnos “demuestra que la tecnología puede estar al servicio de la dignidad humana”.
El pedido de la UTEP de cara a la llegada del Papa al país
Al cierre de la jornada, desde la UTEP remarcaron la expectativa que genera la visita papal en los barrios populares. “Con inmensa gratitud en el corazón y una profunda esperanza comunitaria, le transmitimos que nuestro pueblo lo espera con los brazos abiertos para su histórica visita pastoral en noviembre. Su llegada a la Argentina será un abrazo indispensable para aliviar el alma de los que sufren y una llama viva para reafirmar que la paz social solo se construye garantizando la sagrada agenda de Tierra, Techo y Trabajo”.
En diálogo con Infobae, Alejandro Gramajo destacó las palabras del León XIV quien afirmó que: “El diálogo con el mundo no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino que pertenece a su propia misión evangelizadora. La Iglesia anuncia el Evangelio en medio de las circunstancias concretas en las que viven los pueblos y, por ello, está llamada a mirar de frente la realidad de hombres y mujeres”.
Su Santidad también destacó: “El imperativo del Evangelio de cuidar a los pobres exige, además, que esa mirada se dirija de modo particular hacia quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.”
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POLITICA
Sigue la motosierra: el Gobierno prepara un decreto con un plan de retiros voluntarios para empleados públicos
En cuestión de días, el Gobierno publicará un decreto que efectivizará un plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente, el cual abarcará tanto a los empleados públicos que integran la administración pública nacional centralizada y los organismos desconcentrados.
El objetivo de la medida no es otro que el de continuar reduciendo el número de trabajadores que trabajan en el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una baja de 21,6% que incluyó a la administración pública y a las empresas estatales. El Gobierno estimó que la disminución representó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión.
Dos funcionarios del Gobierno confirmaron a Infobae que el decreto se publicará en cuestión de días y que ya terminó de confeccionarse y que las inscripciones para los retiros voluntarios arrancarán en noviembre. “Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, afirmaron. La información fue revelada primero por la periodista Florencia Donovan de La Nación.
La medida fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, ya que es el área competente para la aplicación de medidas vinculadas a las reformas de la dotación estatal. Más específicamente, esas cuestiones competen al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que tiene a su cargo a la subsecretaria de Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi, y el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer.
En el Gobierno esperan que la convocatoria sea amplia y que se anoten, de mínima, más de 1.000 personas. Explican que habrá tres grupos en particular a los que se les orientará el retiro:
- Empleados que están en edad para jubilarse y que tengan los años de aportes
- Empleados en edad para jubilarse pero a pocos años de cumplir con los aportes necesarios
- Empleados más jóvenes pero que quieren irse de la función pública
“A los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”, explica una fuente que vio el decreto.
Milei defendió su política de recorte en la dotación pública una semana atrás durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Consultado por el aumento de la desocupación, el Presidente se defendió diciendo que “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”.
Consultado por Infobae, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo sindical que produce la inminente medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.
Asimismo, puntualizó que ya hubo aproximaciones para que se hiciera en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en la Administración de Parques Nacionales (APN), o en el PAMI. Ya se implementaron esquemas similares en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). “No están en condiciones de hacerlo en la administración pública porque depende en cada caso de los convenios colectivos sectoriales y de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la Ley de Empleo Público que rige en cada uno de los organismos”, agregó.
Cabe hacer la distinción. Al menos por lo que se comunicó por vías oficiales -pero de manera informal-, la medida no sería para los organismos descentralizados pero sí para los organismos desconcentrados. Estas últimas son dependencias públicas que pertenecen a la administración central, pero que no tienen personalidad jurídica propia, un aspecto determinante que los diferencia de los primeros.
El programa de retiros voluntarios del INTA ofreció el pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del trabajador. El INTA contaba a principios de año con 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial era reducir la dotación a un promedio de 4.500 empleados, lo que implicaba una meta de 1.200 desvinculaciones, equivalentes a una baja de alrededor del 21% de la planta. El plazo debió extenderse porque las adhesiones no avanzaban al ritmo esperado y, finalmente, el programa cerró con 905 agentes adheridos, el 75,4% de la meta prevista y el 15,7% de la dotación total. De ese total, 377 ya recibieron la aprobación de su retiro, mientras que otros casos quedaron sujetos a un análisis particular del Consejo Directivo.
Los números del recorte estatal
La revisión de estructuras, los retiros voluntarios y la reorganización del gabinete modificaron el mapa laboral del sector público. Entre julio y agosto de 2026, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Gobierno nacional, una contracción mensual de 0,5%.
La dotación estatal total pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La administración pública nacional concentró 51.218 de esas desvinculaciones, al descender de 233.098 a 181.880 personas, equivalente a una merma de 22%.
Las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores. Ese bloque perdió 23.114 puestos, un 21% de su planta inicial.
La administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró el recorte proporcional más alto dentro de la administración nacional. Su dotación cayó de 55.858 a 37.543 personas, con 18.315 empleados menos y una reducción de 32,8%.
La administración descentralizada perdió la mayor cantidad de personas en términos absolutos: pasó de 136.763 a 109.988 trabajadores, una baja de 26.775 puestos. La administración desconcentrada se redujo de 24.932 a 21.123 personas, mientras que otros entes descendieron de 15.545 a 13.226.
La reducción más pronunciada en términos porcentuales ocurrió en Télam, reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado, cuya planta pasó de 810 a 167 trabajadores: una caída de 79,4%. Educar bajó de 446 a 167 empleados, Contenidos Públicos de 234 a 103 y Casa de Moneda de 1.411 a 694.
POLITICA
El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei
Desde hace algunos meses, cada vez que Patricia Bullrich marcó una diferencia con el resto de la cúpula de La Libertad Avanza o insinuó tener ambiciones de competir por la Presidencia, en el Gobierno, e incluso el propio Javier Milei, buscaron minimizar la situación, negar cualquier tipo de tensión y enfocarse en solucionar el conflicto y fortalecer el vínculo con una de las figuras más fuertes que tiene el oficialismo actualmente, aunque en privado esos gestos molestan y crece la desconfianza.
A mediados de este año, especialmente luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, a la senadora se la comenzó a mencionar como la posible candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo empezó a circular nuevamente la versión de que sería la compañera de fórmula del jefe de Estado el año que viene.
“Sin comentarios”, le responde ella a su círculo íntimo cada vez que le consultan si le entusiasma esa idea de estar en la boleta como aspirante a vice, lo cual la mantendría dentro de la Cámara alta que ya conoce, aunque con un rol más importante.
El objetivo de la dirigente es claro: quiere llegar a lo más alto del Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de apertura económica, ordenamiento de la macro y reformas que comenzó Milei, aunque evita especificar a partir de cuándo.
“Nunca pensé que tuviera aspiraciones presidenciales inmediatas. Ella dijo ‘en el 2031′, fue muy clara. No sé por qué lo distorsionan tanto», sostuvo a Infobae una persona de extrema confianza del líder libertario.
Sin embargo, cuando le preguntan en los medios de comunicación si está dispuesta a asumir el cargo en el 2027, Bullrich no solo no lo niega, sino que remarca que está “siempre” preparada.
“Tiene pedidos para reuniones con todos los empresarios, tiene en agenda encuentros pendientes en todas las provincias porque hace años que está en la política y conoce a todos, pero si empieza a viajar por el país van a decir que está haciendo campaña, por eso está un poco frenado eso”, comentó un integrante del equipo de trabajo de la ex ministra de Seguridad.
Cuando terminó su exposición en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, compartió un almuerzo con varios de los ejecutivos que querían verla, pero no los recibió por separado porque a las 17:00 se tomó el avión para regresar a su casa y pasar tiempo con su familia.
Aunque todavía no tiene decidido cuál va a ser su futuro, Bullrich conversa cada 15 días con su círculo más cercano, como los diputados Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Luis Petri, Sabrina Ajmechet y Patricia Vázquez, el legislador bonaerense Diego Valenzuela y el ex senador Pablo Walter, entre otros.
“A ella siempre le interesa tener la visión de las personas que respeta para hacer un análisis de cómo están las cosas. Cada uno tiene su propio estilo, algunos son indudablemente leales y otros capaz que son socios, pero habla con todos”, explicaron.
Si bien lo volvió más chico, dado el contexto, la ahora referente de La Libertad Avanza nunca disolvió el grupo de campaña que trabajó para su candidatura en el 2023, cuando le ganó la interna del PRO a Horacio Rodríguez Larreta para luego quedar en tercer puesto, por detrás de Milei.
A pesar de las diferencias públicas con un sector del oficialismo, la senadora no tiene pensado romper y en su entorno aseguran que, si decide finalmente presentarse el año que viene para la Presidencia, será siempre dentro del partido.
“El objetivo es que el proyecto continúe, todo va a depender de cómo estén las cosas en marzo, si para ese momento no está segura la reelección de Javier y Patricia tiene más chances de ganar, se sentará con él y se lo planteará. Pero hoy el Gobierno está fuerte y puede que eso nunca pase, ya veremos”, precisan.
En los últimos días comenzó a trascender que el mes clave para una decisión de Bullrich es marzo. O al menos para una charla sincera con el Presidente y el equipo electoral de la Casa Rosada. Porque si las luces de alerta que marca la senadora se acentúan, creen en su entorno, va a ser inevitable tomar una decisión que ponga al proyecto por encima de las personas.
Lo cierto es que la ex ministra sigue de cerca los datos de opinión pública, conversa con los empresarios, que le piden que se postule, y no cierra la puerta a esa posibilidad.
“Más que una encuesta, todos tenemos un concepto bien claro, que es el hecho de que, si bien Milei tiene un núcleo duro más alto, llamémosle ‘primera intención de voto’, ella tiene mayor amplitud, lo que le da más chances de ganar en una segunda vuelta o, incluso, en la primera”, confió un diputado bullrichista.
Mientras tanto, continúa dando señales confusas y en estos días publicó en su cuenta de X un video en el que se la ve hablando en un evento sobre los avances y las deudas que tiene la ciudad de Buenos Aires, lo que reavivó las especulaciones sobre su posible candidatura en territorio porteño.
En su equipo aclaran que fue un acto por los 30 años de la creación de la Constitución de CABA, de la que ella fue parte como convencional, pero que de ninguna manera fue un mensaje de cara a las elecciones.
“Nosotros vamos a seguir dando mensajes para despistar a todos, que no sepan hacia dónde vamos. El que sabe leer entre líneas entiende cuál es nuestro horizonte y nosotros también, pero en el interín no nos cerramos a ninguna posibilidad”, agregan.
Por el momento la dirigente no tiene previsto competir en una interna con el mandatario nacional, a pesar de que cuando se lo consultan en entrevistas televisivas, tampoco lo niega.
“Y está bien. Si no le van a decir que es una mentirosa. No es Duhalde”, remarcaron en el círculo cerrado de Milei, que ya tendría los votos para aprobar en el Congreso la eliminación de las PASO, lo que impediría la competencia con Bullrich.
Si bien en el recinto las negociaciones venían fracasando, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habría terminado de conseguir los respaldos necesarios por parte de los gobernadores durante las reuniones que mantuvo con los gobernadores en París, en una de las cuales participó el propio mandatario nacional.
“Todos coincidieron en que fue muy bueno el encuentro, que lo vieron al Presidente sólido y enfocado en el modelo económico, convencidos de los cambios que están habiendo en la Argentina y del norte que tiene su administración”, contó una persona al tanto de lo conversado.
Aunque optan por no aumentar la tensión, dentro del oficialismo hay un sector muy crítico de la actitud que tomó la senadora en el último tiempo y en la mesa política le pidieron que las quejas las hablen en privado y en los ámbitos correspondientes, aunque quienes la conocen dudan de que vaya a cambiar algo.
“Ella es así, es su forma de ser, es frontal y dice las cosas con las que no está de acuerdo, no es que se levanta pensando ‘qué puedo hacer hoy para joder al Gobierno’. Son cosas que ve que no funcionan y las dice”, argumentan.
Semanas atrás, cuando los conflictos entre Bullrich y el resto de la cúpula libertaria estaban cada vez más fuertes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se bajó de un viaje a los Estados Unidos para reunirlos a todos en un restaurante de sushi y limar asperezas.
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POLITICA
El temor de los inversores, qué dicen las encuestas sobre las elecciones 2027 y la alternativa del PJ para volver a unirse
Vivimos una aceleración del tiempo electoral. Falta todo un año para octubre de 2027. Recién en mayo o junio quedará en claro quiénes serán los candidatos y cómo Javier Milei llega en las encuestas. Pero los tiempos se precipitaron.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había pronosticado días atrás que el año próximo la economía se llevará puesta a la política. Todo indica, sin embargo, que hoy la política y la economía seguirán inexorablemente atadas. Un clásico argentino.
Hay muchos motivos para explicar esa precipitación del calendario, ese vértigo que pretende crear la sensación de que la Argentina, otra vez, podría estar ingresando en la montaña rusa de los años impares.
En realidad, la estrategia de la Casa Rosada es otra: no apresurarse ni cerrar todavía alianza alguna. Pero Milei se escapa del libreto oficial cuando, una y otra vez, califica a Axel Kicillof de “enano soviético”. Y, naturalmente, la oposición aprovecha, porque sí tiene la necesidad de encontrar un enemigo contra quien aglutinarse.
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