POLITICA
El papa León XIV recibió una carta de las universidades argentinas con duras críticas al gobierno por la crisis presupuestaria

El papa León XIV recibió en el Vaticano una carta de las universidades públicas argentinas en la que cuestionan al gobierno de Javier Milei por el deterioro presupuestario del sistema y por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento fue entregado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
La presentación tuvo lugar durante la audiencia general que el Pontífice encabezó en el Vaticano. Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevó el texto en representación de las autoridades universitarias, en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina prevista para noviembre.
La carta plantea que el conflicto excede la discusión sobre las partidas destinadas a las casas de estudio. Las universidades sostienen que la falta de ejecución de una ley aprobada y ratificada por el Congreso, junto con las disputas judiciales por su cumplimiento, afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El documento llegó el miércoles pasado a manos del Papa, seis días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre. Para los involucrados en las gestiones para el encuentro, la decisión del sumo pontífice de recibir el reclamo implicó, en los hechos, un fuerte gesto político. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas reclamaron entonces una recomposición salarial, recursos para las universidades y el cumplimiento de la legislación vigente.
Además, la audiencia se realizó un día después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitiera una apelación del Poder Ejecutivo vinculada con la ejecución de una medida cautelar sobre salarios y becas. La decisión representó un avance procesal para el Gobierno, aunque no resolvió el fondo del conflicto.
Las universidades alertaron al Papa por el cumplimiento de la ley y la división de poderes
La carta tiene tres páginas y reúne datos sobre la reducción de recursos, el impacto en la enseñanza y la investigación, y cuestionamientos a lo que el CIN define como una campaña de descalificación contra la educación superior pública.
“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República”, afirma el texto al que accedió Infobae. Según el documento, el Gobierno ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y desoye las decisiones judiciales que ordenan su aplicación inmediata.
El CIN advirtió que el desacuerdo tiene consecuencias institucionales. “Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señalaron las autoridades universitarias.
Durante el encuentro, Bartolacci transmitió al Pontífice el saludo de la comunidad universitaria y sus expectativas ante su próxima llegada al país. “Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó el rector.
El titular del CIN indicó que buscaban brindarle al Papa información precisa sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia antes de su visita, prevista para el 8 de noviembre próximo. También manifestó la expectativa de que su presencia contribuya a promover el diálogo en un escenario de tensiones políticas y económicas.
El organismo no informó que León XIV haya asumido compromisos específicos sobre el reclamo. La audiencia tuvo como objetivo ponerlo al tanto de las dificultades que atraviesan las instituciones y de la posición de las autoridades académicas.

El CIN calculó que la inversión universitaria cayó al 0,47% del PBI en 2026
Uno de los principales argumentos de la presentación está vinculado con la evolución del gasto destinado al sistema. Según el documento, el presupuesto de las universidades nacionales pasó de un promedio de 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 a 0,47% en 2026.
Para las autoridades académicas, esa cifra constituye el nivel más bajo de inversión histórica en el sistema universitario argentino. La baja equivale a 0,27 puntos porcentuales del PBI frente al promedio de los ocho años anteriores, una reducción cercana al 36,5% en términos relativos.
El CIN afirmó que la restricción de fondos condiciona el funcionamiento cotidiano de las universidades y alcanza a los proyectos de investigación científica, las tareas de extensión, la vinculación tecnológica y la compra de equipamiento.
La carta también relaciona la situación con las trayectorias estudiantiles. “Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, señala el texto, que menciona entre sus efectos las dificultades para sostener las actividades científicas y garantizar que los estudiantes completen sus carreras.
Las autoridades recordaron una definición del papa Francisco, quien calificó a los recortes en educación como un “suicidio programado”. La cita fue incorporada para reforzar el lugar que la educación ocupa, según el CIN, en las políticas de inclusión y desarrollo.
La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada por el Congreso y luego ratificada con mayorías especiales tras el veto presidencial. La norma contempla mecanismos de recomposición presupuestaria, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y recursos para las becas estudiantiles.
El Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que debían identificarse las fuentes de financiamiento. A partir de esa decisión, las universidades iniciaron reclamos judiciales para exigir el cumplimiento de la norma.
El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick dictó resoluciones favorables a los reclamos universitarios, entre ellas una cautelar sobre salarios y becas. También declaró inconstitucional la condición fijada por el Gobierno para ejecutar la ley.

El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara habilitó la revisión de decisiones que el magistrado de primera instancia había considerado inapelables. El tribunal entendió que el Estado podía discutir la continuidad de la cautelar, ante el planteo oficial de que había perdido vigencia luego de la sentencia de fondo.
La Cámara no definió si la cautelar sigue vigente ni estableció si el Gobierno cumplió con las obligaciones ordenadas. Los jueces aclararon que admitir la apelación no implicaba adelantar una posición sobre el cumplimiento de la medida.
Para el Gobierno, la resolución respaldó su postura en el litigio. Las universidades, en cambio, mantuvieron su reclamo por la aplicación efectiva de la ley y por la asignación de recursos en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.
En su documento, el CIN sostuvo que el sistema universitario público reúne a cerca de tres millones de personas en más de 70 instituciones de distintas tradiciones académicas. También destacó su aporte a la movilidad social, la formación profesional, la producción científica y el desarrollo tecnológico.
“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país”, planteó la carta. El organismo vinculó el financiamiento de esas capacidades con la posibilidad de agregar valor a las materias primas y generar empleo.

El texto también recuperó reflexiones de León XIV sobre el diálogo, la comunicación y la búsqueda de la verdad frente a la desinformación y la polarización. Para el CIN, las universidades deben formar ciudadanos capaces de contrastar fuentes y participar de los debates públicos.
“La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan”, concluye uno de los últimos pasajes de la carta.
Las autoridades universitarias expresaron su confianza en que el reconocimiento del Pontífice al sistema, su palabra y su bendición permitan renovar la confianza en las instituciones democráticas. La presentación en el Vaticano sumó así una instancia internacional a un conflicto que seguirá abierto en el Congreso y en los tribunales.
POLITICA
Identificaron irregularidades de más de $82 millones en un registro automotor y el ex titular enfentaría acciones penales

El Gobierno nacional identificó una serie de irregularidades vinculadas al manejo de fondos, que debían ser depositados a favor del Estado nacional, en uno de los registros automotores de Rosario, provincia de Santa Fe. La deuda total supera los 82 millones de pesos.
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 559/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el monto corresponde al dinero que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, a cargo de Alejo Uribe Escobar, tenía que girar al Ejecutivo nacional.
De hecho, dado que Uribe Escobar había renunciado a su función antes de la conclusión del expediente, el Ministerio dispuso registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido de mantenerse en el puesto, que sería la remoción. Además, ordenó a sus áreas competentes avanzar con las medidas administrativas o judiciales necesarias para procurar el recupero de los fondos.
El procedimiento fue abierto mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad del entonces titular del registro en la provincia de Santa Fe.
La investigación se centró en la falta de depósito íntegro y oportuno de remanentes de recaudación que correspondían a la Administración Central. En particular, las actuaciones examinaron liquidaciones vinculadas con los meses de marzo, abril y mayo de 2024.
De acuerdo con la resolución, a Uribe Escobar se le atribuyó haber retenido importes que debían transferirse al Estado nacional dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable. El régimen interno establece que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había reunido documentación sobre esas irregularidades. Luego, durante la instrucción del sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron distintas medidas de prueba.
La renuncia de Alejo Uribe Escobar fue aceptada por medio de la Resolución N° 310/2024. Durante el trámite, el exfuncionario cuestionó la continuidad del expediente y planteó nulidades. Entre sus argumentos, sostuvo que la aceptación de su renuncia impedía imponerle una sanción disciplinaria o dejar asentada una remoción de carácter virtual en su legajo.
También afirmó que la prosecución del sumario podía ocasionarle un perjuicio moral y económico. Sin embargo, el Ministerio rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.
La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para sostener que el registro de la sanción que habría correspondido no constituye una medida punitiva en sentido estricto. Según ese criterio, se trata de una previsión de carácter preventivo ante la posibilidad de un eventual reingreso a la función.
El expediente también indicó que Uribe Escobar pudo consultar las actuaciones y acceder a las instancias previstas para ejercer su defensa. El Ministerio consideró que no se afectaron sus garantías, dado que tuvo vistas del material documental y pudo solicitar el acceso a instrumentos existentes en el registro.
En sus descargos, el exencargado sostuvo que había sido objeto de una “persecución política”. Además, atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su postura, afectaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en general.
La instrucción administrativa analizó la prueba ofrecida por la defensa y concluyó que no se verificó esa hipótesis. El acto señaló que tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.
La resolución remarcó que el derecho de retención propio del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes ejercen funciones delegadas por el Estado, ni utilizarse como mecanismo de compensación frente a dificultades económicas.
En una etapa previa de la investigación, la instrucción había calculado un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61, sin incluir intereses. Ese monto correspondía a los períodos que integraban de forma precisa el objeto del sumario administrativo.
Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación revisó la situación y, en su Informe Técnico N° 72/2026, fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. La cifra fue considerada de relevante significación económica conforme a los criterios previstos en una resolución del organismo de control.
La resolución señaló que existían períodos adicionales con deuda, aunque algunos no formaban parte del objeto específico que motivó la apertura del sumario.
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Con base en esa determinación, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial.
La medida también establece que la vía administrativa no quedó agotada. Uribe Escobar podrá optar por presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.
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POLITICA
El peronismo se reunió en San Fernando y dejó un mensaje para Kicillof: “Unidad por encima de las aspiraciones individuales”

El peronismo federal, el Frente Renovador y dirigentes de distintas vertientes del justicialismo se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei en 2027. Sin Axel Kicillof ni representantes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) entre los participantes, el encuentro dejó un mensaje que también apunta a la interna del PJ: “La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales”. Una consigna similar se repitió en los actos que se realizaron por el Día de la Militancia en distintas provincias.
La convocatoria fue el resultado de varios meses de negociaciones encabezadas principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, que buscan acercar a sectores del peronismo que habían tomado caminos diferentes y ampliar las alianzas hacia otras fuerzas políticas. El objetivo es consolidar un armado nacional con representación territorial y legislativa, en un escenario en el que Kicillof ya manifestó su intención de competir por la Presidencia y otros dirigentes también comenzaron a posicionarse.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas para construir una propuesta política común. Aunque inicialmente desde la organización habían asegurado que Kicillof no había sido convocado, Massa dio otra versión sobre su ausencia. “Entiendo que el MDF había sido invitado y después hubo alguna desinteligencia respecto de si había oradores o no”, explicó.
El líder del FR buscó restarle importancia al desencuentro con el espacio del gobernador. “Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”, afirmó. Kicillof reunirá el sábado a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, según pudo saber TN.
Una convocatoria con peso territorial
Entre los presentes estuvieron Massa, escoltado por Gerardo Zamora y Natalia de la Sota; Olmos, Sergio Uñac, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini. También participaron el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, el exgobernador Juan Manuel Urtubey y dirigentes sindicales, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato de la CGT.
La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, anfitrión del encuentro. Además, asistieron referentes de La Cámpora como Mayra Mendoza, Teresa García, Julián Álvarez y Mariano Recalde.
La presencia de distintos dirigentes con aspiraciones presidenciales también puso sobre la mesa la discusión por las candidaturas. Massa evitó confirmar si buscará competir en 2027 y recordó que actualmente no ocupa cargos públicos, aunque conduce el Frente Renovador. “Soy un militante político”, afirmó, y mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota como referentes con “vocación de liderar la Argentina que viene”.
En ese escenario, defendió la continuidad de las PASO, que el Gobierno de Milei busca eliminar. “Tenemos la vocación de que se siga sosteniendo la regla electoral en la que venía la Argentina”, señaló. Sin embargo, admitió que, si el oficialismo consigue modificar el sistema, el peronismo deberá encontrar otra manera de ordenar sus diferencias.
La reunión comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, continuó con una intervención del streamer El Peroncho y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas actuales de la Argentina y su futuro.
Distintos actos en el país
La conmemoración tuvo otras expresiones políticas fuera de San Fernando. En Formosa, Gildo Insfrán encabezó un acto en el Estadio Cincuentenario y llamó a recuperar el gobierno nacional en las próximas elecciones. “En el 2027 tenemos que volver a ser gobierno nacional”, expresó el mandatario, que convocó a la militancia a recorrer los barrios, escuchar y convencer a los ciudadanos. “Desde Formosa demostramos que la UNIDAD es la herramienta para lograrlo”, remarcó.
En La Pampa, Máximo Kirchner participó de una actividad por el Día de la Militancia junto al gobernador Sergio Ziliotto, en la localidad de Telén, y compartió en sus redes sociales videos de vecinos pampeanos que conversaron por teléfono con Cristina Kirchner.
En paralelo, La Cámpora concentró a su militancia frente al domicilio de la expresidenta, en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, bajo la consigna “Luche y vuelve”. Pese a la demora en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo mantiene en pie la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.
Las distintas convocatorias dejaron planteado el principal desafío del justicialismo para el año próximo: transformar los llamados a la unidad en un acuerdo electoral, mientras sus dirigentes mantienen abiertas las diferencias por el liderazgo y las candidaturas presidenciales.
Peronismo, PJ, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner
POLITICA
Imputaron a una concejal de Neuquén por haberse adjudicado un lote fiscal en San Patricio del Chañar

Un juez de garantías de Neuquén dio por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, a quien la Fiscalía le atribuyó negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por su intervención en una ordenanza que le adjudicó un lote fiscal.
La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, según resolvió el juez Luciano Hermosilla tras escuchar la exposición del fiscal Juan Narvaez, del asistente letrado Facundo Bernat y de la querella de la Fiscalía de Estado.
La acusación sostuvo que Barrera habría actuado en un expediente municipal que derivó en la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicada en Picada 9. Por esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino indicó que la concejal integró la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto en el recinto y votó por su aprobación.
Según la teoría del caso expuesta en audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera pidió al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. De esta manera, habría solicitado que le vendieran el terreno fiscal.

El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. Para la Fiscalía, ese paso se produjo con participación de la propia edil y sin un dictamen jurídico formal previo.
Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera intervino para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la adjudicación. Finalmente, la ordenanza se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la decisión quedó plasmada en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.
A raíz de esto, la Fiscalía también había solicitado formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La hipótesis fiscal señalaba que no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo.

Sin embargo, Hermosilla rechazó en esta etapa esa imputación al considerar que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta atribuida a la viceintendenta. Respecto de Barrera, el delito imputado es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora, previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal.
En este contexto, la Fiscalía sostuvo que la ordenanza fue aprobada sin respetar exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellas, mencionó la necesidad de una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos, y la realización de una licitación pública o remate para vender inmuebles municipales.
También señaló que el dictamen jurídico escrito se incorporó al expediente minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia. Con la apertura formal de la investigación, la acusación contará con cuatro meses para profundizar las medidas del caso.
El caso de Gloria Ruiz: el expediente en el fuero civil
A mediados de septiembre, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral derivado de una denuncia penal que fue archivada.

El fallo también ordenó a Ruiz retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Severini. La ex funcionaria tuvo diez días para cumplir esa disposición, para evitar sufrir otras sanciones económicas.
La demanda fue promovida por Severini, quien sostuvo que la presentación penal y su difusión pública afectaron su honor. El tribunal hizo lugar de manera parcial al reclamo y, además, impuso las costas del proceso a la demandada.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando Ruiz atravesaba una crisis institucional en la Legislatura neuquina. Tras su suspensión preventiva, la entonces vicegobernadora presentó una denuncia en los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y referentes de distintas instituciones.
Entre los denunciados figuraba Severini. La presentación incluyó acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, planteó que existía una maniobra para apartarla de la conducción de la Legislatura.

La causa pasó primero por el Juzgado Federal porteño de Sebastián Casanello, que se declaró incompetente por razones territoriales y remitió el expediente a Neuquén. Luego, la fiscal federal Mariana Querejeta entendió que no había materia federal y derivó las actuaciones a la Justicia provincial.
La Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, archivó finalmente el legajo por falta de tipicidad, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal que justificara avanzar con la investigación.
Al resolver la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no detallaba hechos concretos que permitieran establecer una intervención material de Severini en los delitos que se le atribuían. También señaló la ausencia de elementos mínimos para respaldar esas acusaciones.
La sentencia sostuvo que el derecho a denunciar no habilita imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni sustento probatorio. Bajo ese criterio, entendió que la presentación excedió el ejercicio regular de ese derecho.
Neuquén,San Patricio del Chañar
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