Laura Beatriz De Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires y este lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión desató una oleada de reacciones políticas que incluyeron pedidos de juicio político en su contra.

La trayectoria de De Marinis dentro del sistema judicial es larga y, sobre todo, construida desde adentro. Inició su carrera en la Justicia en 2006, antes incluso de haberse recibido de abogada, y desde entonces fue acumulando cargos en distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Su último puesto antes de llegar a la judicatura fue el de Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, cargo que ocupó desde 2017. En marzo de 2023, se presentó a un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, reunió la calificación necesaria y, el 19 de diciembre de ese año, prestó juramento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para asumir en el juzgado que hoy conduce.

Once días después de esa jura —el 28 de diciembre de 2023— le tocó intervenir por primera vez en un caso de alto impacto público. Se trató de la causa contra Carlos Manuel Andrés, el joven que en noviembre de 2021 había golpeado brutalmente a Arturo López, un playero de 66 años que trabajaba en un garaje de Monserrat. Las imágenes de la agresión, captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, habían conmocionado a la opinión pública: se veía una discusión entre la familia del entonces menor y el empleado, seguida de una trompada que dejó a López internado por más de un año y con secuelas permanentes. El agresor había estado prófugo durante cinco meses y, tras ser atrapado, recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión.

En ese caso, De Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía el joven desde su condena, bajo el argumento de que llevaba una tobillera electrónica que permitía su geolocalización, y le prohibió salir del país. La familia de López recibió la decisión con indignación y contó públicamente que el hombre había tenido que volver a terapia intensiva a causa de episodios de convulsiones.

Más allá de los expedientes, De Marinis también dejó registro de su visión sobre la justicia penal juvenil en una entrevista que brindó en un programa de streaming en abril de este año, apenas semanas después de la promulgación de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad en Argentina a los 14 años. Para ese encuentro, eligió entrar al estudio con la canción “No hay héroes”, de Lali, y la citó para enmarcar su trabajo cotidiano. “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”, dijo, retomando los versos de la artista. “Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. La canción es muy rica, tiene un montón de partes lindas. No sé si la vida es solo de buenos y malos”, amplió en esa ocasión.

En esa misma entrevista, la magistrada recordó su paso por la Facultad de Derecho y reflexionó sobre la perspectiva que esa formación le dejó: “Estar en la Facultad de Derecho, en las aulas que dan al contrafrente de la universidad y ver para quién estás estudiando, para quién estás formándote”, evocó. “¿Para mirar Figueroa Alcorta hacia el oeste o para mirar al este ahí atrás de la Facultad de Derecho, el pueblo que muchas veces sufre y que muy pocas veces en la Justicia se ve escuchado?”, se preguntó entonces.

Esa mirada permea el fallo que firmó este lunes. En su resolución, De Marinis consideró que la baja de la edad de punibilidad establecida en la nueva normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño. Evaluó el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, y coincidió con la defensa en que someter a proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso respecto al estándar previo fijado por la derogada Ley 22.278. En su razonamiento, subrayó que el Estado tiene la obligación de ampliar las garantías de las infancias y que la Constitución Nacional prohíbe la adopción de políticas públicas regresivas sin una justificación adecuada.

La jueza también incorporó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2018 y en 2024 instó expresamente a la República Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. A eso sumó conclusiones de la neurociencia, que indican que el desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de los propios actos y los alcances de los procedimientos judiciales.

Con ese marco, evaluó la situación concreta del adolescente imputado —identificado bajo las iniciales M.I.A.— y determinó que su conducta consistió en una tentativa “burda y torpe” que no consumó el desapoderamiento de bienes ni causó lesiones físicas en la víctima. En su resolución plasmó: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”. Y agregó: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

Esta decisión no suspende la ley en términos generales —a diferencia de lo ocurrido con el amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual— sino que aplica únicamente al caso en cuestión. Aun así, las reacciones fueron inmediatas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en sus redes sociales que pedirá el juicio político a la magistrada: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, escribió, y añadió: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

Desde la justicia porteña, en tanto, fuentes consultadas por Infobae advirtieron una “casi segura revocación” del fallo, a partir de la línea jurisprudencial que mantiene la Cámara del fuero.

Código Penal,delito,reforma judicial

Para su tercera participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei terminó de redactar este lunes un discurso que combinará el reclamo argentino por las Islas Malvinas con nuevas críticas contra el organismo supranacional y una marcada defensa al desarrollo de la Inteligencia Artificial en medio de los debates globales sobre los peligros detrás de esa tecnología.

El mandatario partió anoche a las 23 rumbo a Nueva York para llevar adelante una cargada agenda que tendrá como evento principal su exposición del miércoles ante los líderes mundiales que se congregarán desde hoy en Manhattan.

En ese contexto, Milei suspendió su reunión de Gabinete semanal para permanecer en Olivos y ultimar los detalles de su discurso, que terminó de escribir el lunes pasado el mediodía.

Según explicaron desde Casa Rosada a TN, su inminente intervención en el foro global girará alrededor de tres ejes. Uno de ellos será el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, un planteo que tradicionalmente realizan todos los mandatarios argentinos que pasan por ese escenario, pero que se vuelve central en medio de la batería de políticas que impulsó el Gobierno a partir de la cadena nacional del 3 de septiembre.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, dijo el Presidente en esa oportunidad, antes de anunciar un decreto para endurecer las sanciones contra empresas que operan en las islas sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa de la soberanía para reforzar esas penas y el envío de fondos para construir una base naval integrada de la Armada en Tierra del Fuego.

En ese sentido, se espera que el Presidente ratifique que los isleños no tienen derecho a la autodeterminación y que los referendos en el archipiélago son inválidos, además de los pedidos de la ONU de no realizar acciones unilaterales mientras dure la disputa como el proyecto petrolero Sea Lion. No son temas ajenos a los discursos previos de Milei en Nueva York. En la Asamblea de 2025, Milei había invitado al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales según la Resolución 2065 del organismo, mientras que en 2024 había reprochado a la ONU no haber defendido la soberanía territorial de sus miembros, con Malvinas como ejemplo.

Críticas a las Naciones Unidas

En segundo lugar, el Presidente apuntará contra “los atropellos de la ONU cuando se entromete en la política local de cada país”, una temática sobre la cual ya se ha expresado en sus anteriores participaciones del foro.

En su debut en 2024, Milei había descrito al organismo supranacional como un “Leviatán de múltiples tentáculos” por su pretensión de “decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”.

En ese contexto, el mandatario cuestionó la Agenda 2030, que definió como un programa “de corte socialista”, y criticó que la ONU pasara de ser “una organización que perseguía la paz; a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros, sobre un sinfín de temas, que hacen a la vida del hombre en sociedad”.

Asimismo, el año pasado, Milei había insistido en su postura y había propuesto cuatro principios para reformar a las Naciones Unidas, entre ellos limitarse a preservar la paz y la seguridad internacionales y aplicar la subsidiariedad. Según ese criterio, la ONU solo debería intervenir cuando un problema exceda las capacidades nacionales y, en el resto de los casos, “devolver la iniciativa a los Estados”.

Defensa al desarrollo de la Inteligencia Artificial

Por último, mientras los popes de la industria discuten públicamente los riesgos del ritmo vertiginoso con el que se desarrolla la Inteligencia Artificial, Milei aprovechará la tarima global de la ONU para ir en la dirección contraria.

“Hará una defensa al proceso y progreso tecnológico que permitirá alcanzar rendimientos crecientes en el desarrollo económico y desmentir los escenarios distópicos”, sintetizó a este medio una fuente oficial.

La postura de Milei, compartida con Donald Trump, tampoco es nueva. “Lo más responsable que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”, sentenció en enero de este año durante su participación en el Foro de Davos, y agregó: “Todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería”.

La conducción del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas tendrá un nuevo presidente durante los próximos dos años. El doctor Alberto Gelly Cantilo fue designado con carácter ad honorem para ocupar el cargo a partir del 8 de abril de 2026, de acuerdo con el Decreto 1072/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial y dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Se trata de un organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

La decisión se apoya en una propuesta de la Secretaría de Cultura y en la nómina de postulantes que elevó la Asamblea de Miembros de Número. El proceso institucional incluyó una asamblea extraordinaria realizada en septiembre de 2025, en la que se definieron los candidatos para cubrir la vacante en la presidencia.

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas fue creado mediante el Decreto 26, firmado el 10 de enero de 1997. La norma dispuso su creación dentro de la jurisdicción de la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Ese decreto también definió el procedimiento para designar a quien preside la institución. Según su artículo 12, el Poder Ejecutivo Nacional debe efectuar el nombramiento sobre la base de una propuesta presentada por la Secretaría de Cultura.

La propuesta no se elabora de manera directa ni individual. La normativa requiere que surja de una terna seleccionada por la Asamblea de los Miembros de Número del instituto. La elección debe realizarse por mayoría simple, lo que incorpora una instancia previa de participación de los integrantes de la entidad.

La resolución indica que el servicio de asesoramiento jurídico correspondiente intervino dentro de sus atribuciones antes de la emisión de la medida. El texto no brinda precisiones sobre el contenido de esa intervención ni sobre observaciones particulares del área legal.

El INET tendrá nuevo director ejecutivo desde septiembre

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica, según el Decreto 1057/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, tendrá una nueva autoridad ejecutiva desde septiembre. El ingeniero Francisco José Hormaeche fue designado para ocupar la dirección del organismo, que forma parte de la estructura educativa nacional bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La designación rige desde el 8 de septiembre de 2026 y alcanza el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

El nombramiento modifica la conducción ejecutiva de un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación. El texto proporcionado no precisa la duración de la función, las razones de la elección, las atribuciones específicas asignadas al nuevo director ni las medidas que prevé impulsar durante su gestión.

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica es definido en la medida como un organismo desconcentrado. Esa condición implica que actúa dentro de la organización estatal mencionada en el nombramiento, con una inserción administrativa específica bajo la Secretaría de Educación.

A su vez, la Secretaría de Educación depende del Ministerio de Capital Humano, según se indica en el texto. La designación del nuevo director ejecutivo se produce, de este modo, dentro de esa cadena institucional de conducción de las políticas educativas nacionales.

La designación se encuadra en la estructura de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y deja asentado el nuevo responsable del cargo ejecutivo. La información oficial proporcionada no añade otros alcances a la resolución.

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