La próxima medida de fuerza de la CGT todavía no está resuelta y no tiene fecha ni modalidad definidas, pero ya fue bautizada informalmente por algunos dirigentes como “semana social de protesta”. ¿A qué alude ese nombre? Misterio. Por ahora, lo único en claro es que la CGT ya decidió retomar su ofensiva contra el Gobierno.

Luego de canalizar sus denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales líderes cegetistas no quieren perder el tiempo pese al lógico paréntesis que impondrá el Mundial de Fútbol: el miércoles que viene, a las 11, recibirán a los líderes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar cómo seguir el plan de lucha.

Ese día comenzará a debatir qué hacer para frenar a una administración libertaria que, a juicio de la central obrera, redobla sus gestos de hostilidad contra el poder sindical y los trabajadores. Así fue interpretada la reciente reglamentación de la reforma laboral, que acentúa los límites al financiamiento de los gremios a través de las cuotas solidarias, el condicionamiento de los convenios colectivos y el impulso a los sindicatos de empresa, entre otras innovaciones que jaquean al status quo gremial.

La mayoría de los dirigentes cegetistas cree que debe descongelar las medidas de fuerza, pero nadie tiene en claro cuál es la mejor forma de protestar para tratar de frustrar las políticas libertarias. De por sí, con la excepción del ala dura, no prende aún la idea de llevar adelante el quinto paro general de CGT contra Javier Milei.

Muchos dirigentes entienden que otro paro general es un riesgo porque no tienen garantías de un alto acatamiento (la última huelga general, del 19 de febrero pasado, fue floja): muchos trabajadores tienen miedo de perder el empleo o no quieren dejar de cobrar un día de trabajo o el presentismo por adherir a otra medida de fuerza. Y, además, saben que Milei no cambiará ninguna de sus políticas en curso por más que la CGT siga con su serie de protestas generales hasta el final del mandato.

El problema adicional para los líderes cegetistas es que deben conciliar esta realidad acerca de la repercusión de sus protestas con las presiones internas del ala dura, en donde están la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, que pugnan por un paro de 36 horas.

Por eso avanza la idea de discutir en distintas instancias de la CGT una propuesta que ya había hecho Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuando se debatió el último paro general de la CGT: organizar un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.

¿Qué características tuvieron esas acciones de protesta? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.

Así, el impacto real fue mucho más fuerte porque la protesta seguía a lo largo de semanas y, además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”: sus promotores aseguran que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios gremios y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.

Schmid y otros de sus colegas de la CATT como Juan Pablo Brey (aeronavegantes) entienden que hacer un solo paro sin continuidad pierde eficacia y por eso vienen planteando sin éxito adentro de la CGT definir un plan de lucha “a la francesa” para que cumpla su objetivo.

La propuesta ya empezó a contar con más adhesiones en la central obrera y algunos ya la bautizaron como “semana social de protesta”. Por eso se empezará a analizar, junto con otras variantes más tradicionales, en la reunión que mantendrá el triunvirato de la CGT con las confederaciones sindicales que agrupan a distintos sectores. La semana siguiente, las ideas en danza serán debatidas por el Consejo Directivo cegetista.

Hay quienes proyectan que luego delibere el plenario de secretarios generales o el Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar el nuevo plan de lucha, pero en la cúpula cegetista apuntan primero a mejorar el sistema de toma de decisiones.

¿Qué significa? Exigir que a las reuniones del Consejo Directivo concurran los líderes de los sindicatos y no como sucede ahora, en que asisten dirigentes de segundas o terceras líneas cuya opinión no termina siendo representativa o no implica un compromiso efectivo de la organización a la que pertenecen.

“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamos sectoriales”, se quejó a Infobae un jefe de la CGT.

Por eso la CGT conducida por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello procura iniciar consultas con la mayor cantidad de colegas posibles para que la modalidad elegida para protestar sea avalada y cumplida por todos.

Mientras, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), hay otro ritmo: conversan con otros gremios del sector con el objetivo de realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.

Aunque se apruebe el “modelo francés” de paros, en la Argentina hay algunos impedimentos para que se concrete. Por un lado, rige la Ley de Modernización Laboral que incluye la obligación de mantener servicios mínimos del 50% o 75% en actividades consideradas esenciales, como el transporte, la salud, la recolección de residuos y la energía, entre otras (la educación quedó exceptuada luego de que el juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector).

Lo más probable es que ante paros de ese tipo el Gobierno declare la conciliación obligatoria, que implica levantar las medidas y negociar durante 15 días. No acatar esa resolución oficial equivale a sanciones graves. Ya le pasó a La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, a la que la Secretaría de Trabajo le aplicó una multa de 21 mil millones de pesos por desobedecer la conciliación obligatoria durante el último paro de la CGT.

Lo mismo podría sucederle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, porque cuando la CGT hizo su cuarta huelga general paralizó el servicio de colectivos sólo en el AMBA ya que le habían dictado la conciliación obligatoria por un conflicto salarial en el interior, donde no hizo paro.

Claro que la posible multa a la UTA, calculada sobre la base de la cantidad de trabajadores afectados al paro, es de una suma exorbitante: 70 mil millones de pesos. Aún no terminaron los relevamientos para determinar si efectivamente el gremio desoyó la conciliación obligatoria, algo curioso porque la medida de fuerza cuestionada tuvo lugar hace casi cuatro meses.

¿Se efectivizará alguna vez la sanción contra el sindicato de colectiveros o el Gobierno la dejará en suspenso como herramienta de presión para tratar de que la UTA no adhiera a otro posible paro general de la CGT? Es una duda auténticamente argentina que crece mientras los sindicalistas analizan protestas importadas de Francia.

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Uno de los acusados en el juicio de la denominada “causa Cuadernos”, Roberto Baratta, pidió volver a declarar para desmentir los dichos de una testigo, Hilda Horovitz, exesposa de Oscar Centeno.

El exfuncionario, que fue el segundo de Julio de Vido en Planificación Federal, intentó desligarse de la testigo, que dijo durante el juicio que que él le había enviado fotos, entre ellas un bolso con bandas elásticas.

Baratta señaló: “Nunca le contesté (a Horovitz) en esos dos años. Era una relación unilateral. Horovitz y yo no teníamos ninguna relación. No tenía vínculo personal o canal de comunicación. Era una relación unilateral».

Durante el juicio se expusieron una serie de mensajes que Horowitz le había enviado a Baratta, con el objetivo de conseguir plata, al advertir que ella estaba al tanto “de lo que hacían”, en relación al circuito de recaudación de coimas registrado en los cuadernos por Centeno, que fue chofer del exfuncionario K.

Roberto Baratta salió al cruce de la declaración de Roberto Lavagna en la Causa Cuadernos: “No puede ser tan hipócrita”

Baratta, que fue mano derecha de De Vido en Planificación Federal, salió al cruce de las declaración del exministro de Economía, Roberto Lavagna: “No puede ser tan hipócrita”.

El exfuncionario criticó: “¿El Banco Mundial hubiese continuado financiando obras viales luego de 2005 si se hubiese verificado ‘cartelización’ y ‘sobreprecios’ como afirmó aquí el exministro?“.

Lavagna aclaró sus advertencias de una posible cartelización en la obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un discurso en la Cámara Argentina de la Construcción, en noviembre de 2005.

El extitular del Palacio de Hacienda mencionó: “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”.

El exministro de Economía dijo que sus declaraciones fueron mal recibidas por parte de los asistentes: “Algunas de las autoridades más importantes de la Cámara, cuando terminé, me dijeron: ‘Ministro, justo acá viene a decir eso’. Y mi respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que hacerlo’”.

Lavagna dijo que previamente, entre abril y mayo de 2005, durante una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la delegación argentina volvió con una preocupación que les habían expresado autoridades del organismo internacional.

El exfuncionario dijo que el Banco Mundial, que había otorgado fondos para obras de Vialidad, había advertido que se sentía “incómodo” por la forma de ejecución de algunos programas y que había anticipado la posibilidad de iniciar una investigación.

Lavagna dijo que intervino en la elaboración de los presupuestos nacionales de 2003, 2004, 2005 y 2006. Aclaró que estuvo en el cargo hasta noviembre de 2005. Detalló que en 2003 y 2004 la era “muy moderada” la diferencia entre los pedidos de las distintas áreas y los recursos disponibles.

Roberto Baratta, los cuadernos de las coimas

Distintas terminales del peronismo en la provincia de Buenos Aires aguardan iniciar conversaciones con Axel Kicillof de cara a la estrategia electoral para las elecciones de 2027. Una vez finalizado el mundial, esperan llegar a esa instancia y tener precisiones sobre qué hará el gobernador. Mientras, el mandatario provincial avisa que no es tiempo de candidaturas, sino de construcción política.

Los últimos movimientos políticos de Kicillof se parecieron bastante a una candidatura presidencial. Un viaje a Córdoba, en el mes de mayo; otro a Corrientes en junio que incluyó una reunión con su par correntino Juan Pablo Valdés y antes, en abril, una gira por España.

Más allá de si será candidato o precandidato presidencial por el peronismo, hay un imperativo y es que no podrá ir por otro mandato en la provincia de Buenos Aires. En 2027 asumirá otro gobernador o gobernadora; por eso en el peronismo empiezan a mover fichas. Un grupo de intendentes trabaja para ser una pata más de los tres sectores que conviven en el peronismo bonaerense dentro de Fuerza Patria: el kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador. Se trata de los intendentes mediáticamente conocidos como el Grupo AFA que integran -germinalmente- Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza). Este grupo viene trabajando para sumar más dirigentes y sentarse en la mesa decisoria del peronismo bonaerense. Lo explicó esta semana Granados. El intendente de Ezeiza dijo que buscarán participar de la instancia de definiciones para conseguir un candidato -o candidata- a la gobernación y que el mismo tiene que ser intendente. “Los candidatos tienen que ser los mejores y no tengo dudas de que tienen que ser intendentes. Podemos ser la cuarta pata de la mesa para que no quede chueca”, dijo días atrás en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Para este grupo de intendentes esta vez no hay margen de “aceptar” candidaturas sin consenso. “No vamos a aceptar el dedo de nadie. Si ello llega a ocurrir nosotros vamos a competir”, detalló Granados quien a la vez planteó que “son momentos donde hay que empezar a tomar decisiones para ir definiendo cuestiones como las PASO o si se va a desdoblar o no”. Admiten que presentarán boleta propia si las condiciones lo ameritan.

En lo que respecta a las PASO en la provincia de Buenos Aires, en La Plata suelen sostener que están atadas a lo que vaya a suceder a nivel nacional. Javier Milei apuró la eliminación de las Primarias en el Congreso, básicamente para que no funcionen como una primera vuelta, pero por el momento no puede reunir los votos.

Buenos Aires tiene una ley propia de Primarias y más allá de que se eliminen o no esos comicios en el orden nacional, Kicillof tiene autonomía para llevar adelante las PASO fechándolas cuando considere. Para su eliminación deberá contar con el aval de la Legislatura bonaerense, como ocurrió el año pasado.

Pese a este escenario, por el momento difuso, distintos dirigentes del peronismo se mueven y esperan a que Kicillof defina qué hacer, cómo ordenar la estrategia en la provincia de Buenos Aires. Hay un factor que rodea toda definición que vaya a tomar Kicillof: Cristina Kirchner. La ex presidenta retiene caudal electoral dentro del propio peronismo. La Cámpora se aferra a esto como uno de los puntos accesorios detrás del pedido y del clamor de Cristina Libre. De hecho, esta semana, el diputado nacional Máximo Kirchner planteó que su madre sea candidata en 2027. Antes se debe revocar la pena que pesa sobre 6 años de prisión —ya cumplió uno esta semana— e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. “Queremos que Cristina pueda ir a elecciones. Y si la sociedad quiere elegirla, que la vote y el que no quiera votarla, que no la vote”, dijo esta semana en una entrevista con C5N. Aseguró también que ”hay un montón de argentinos que quieren votarla, no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default”. No mencionó explícitamente a Kicillof, pero casi.

Para el grueso de la dirigencia peronista el encuentro entre la expresidenta y Axel Kicillof debería ser inevitable. Dado el contexto, es el mandatario bonaerense quien debería acercarse hasta San José 1111. El fallecimiento del Indio Solari reanudó el diálogo entre el mandatario y el líder de La Cámpora. Solo se circunscribió a ese evento de trascendencia nacional.

Saber si Kicillof va a separar la elección bonaerense de la nacional es otra demanda de intendentes. Con los resultados de la elección de septiembre del año pasado, para los intendentes del peronismo, esa decisión fue acertada. En la mayoría de los casos lograron retener las mayorías en los concejos deliberantes. Para el kirchnerismo fue la ruptura definitiva con Kicillof. Lo volvió a plantear el exministro de Seguridad bonaerense y actual jefe de bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni. Ante periodistas, el dirigente trazó ese diagnóstico. También dijo no saber qué quiere hacer Kicillof. “Yo no lo escuché decir que quiere ser candidato. Y suponiendo que quiera ser candidato, ¿qué va a representar al peronismo o la izquierda progresista albertista?”, presionó. Si Kicillof define desdoblar los comicios y adelantar las elecciones provinciales —que en definitiva es uno de los escenarios que maneja—, también podría pedir una licencia como gobernador para encarar una campaña presidencial. En ese caso, sería la vicegobernadora Verónica Magario, quien quedaría a cargo del Ejecutivo provincial.

Berni, también pidió por unas PASO para definir candidaturas y promovió incluso a su esposa y diputada nacional Agustina Propatto, a una listado que cada vez tiene más apellidos: el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Pilar, Federico Achával; la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández; el de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el de Avellaneda, Jorge Ferraresi -quien subió acciones tras la intervención en la despedida al Indio Solari-; el de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Kicillof quisiera que su sucesor sea el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Hoy, la apuesta de La Cámpora es la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, quien también -como Kicillof- mantuvo algunos viajes en el último tiempo. Además de la campaña Cristina Libre, en sus giras, Mendoza buscó financiamiento externo para las obras de la cuenca del arroyo San Francisco-Las Piedras y se ha vuelto una voz de referencia para el cristinismo en cuestiones provinciales. De ese listado, son Mariel Fernández y Katopodis quienes vienen recorriendo la provincia con más velocidad que el resto.

Otro actor que por ahora espera es el Frente Renovador de Sergio Massa. Para el exministro de Economía y otrora candidato presidencial del peronismo, un buen candidato a la gobernación bonaerense por su espacio sería el jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti.

En las definiciones a tomar por Kicillof aparecen también otros temas como las reelecciones indefinidas a los intendentes. Hoy, modificar esa ley a partir de un acuerdo político asoma complejo. Como contó Infobae, hay una alternativa dando vueltas y es que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia provincial. Sin embargo, ahí se abre otra puerta: las vacantes en el máximo tribunal que actualmente funciona con tres de sus siete miembros. En el Ejecutivo dejaban correr que aún hay tiempo. La respuesta automática del ministro Bianco al respecto es que el gobernador lo definirá “de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.