POLITICA
El picante cruce de Bullrich con Adorni frente a Karina Milei y la negociación por las PASO 2027
Era la hora del postre cuando la secretaria de Karina Milei entró al despacho de Manuel Adorni en la planta baja de la Casa Rosada con un bizcochuelo de vainilla y dulce de leche bañado en crema, y una velita de cumpleaños para celebrar de sorpresa los 70 años de Patricia Bullrich. Ya estaban todos los asistentes a la reunión de la mesa política y nadie, todavía, había intentado sacar el tema de la explosiva declaración jurada blanqueando 500 mil dólares, que había presentado el miércoles Adorni ante la OA y el ARCA. Cantaron, cortaron la torta, repartieron porciones, se sacaron foto y Adorni, con una sonrisa, abrió la conversación enumerando los temas de gestión.
Es un grupo humano que lleva tres meses fingiendo demencia. No importa cuánto escale el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, en esos encuentros que integran -además de Karina, Adorni y Bullrich– Santiago Caputo, Martín y Lule Menem, Diego Santilli, el ministro de Economía (que no estuvo) y el asesor Ignacio Levitt, de eso no se habla. Hasta ayer.
Cuando Adorni punteaba temas legislativos y propuso organizar la estrategia para el envío del proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, el asunto gatilló la paciencia de Bullrich que dijo: “¿Entonces es así que con adherirte a la inocencia fiscal zafás?”. Empezó entonces un ida y vuelta entre los dos frente al silencio absoluto del resto. Karina, aseguran, no abrió la boca. Adorni tampoco se puso nervioso. Fueron apenas unos minutos sagaces donde nadie perdió el tono pero las cosas fueron dichas. El jefe de Gabinete hasta sostuvo que la plata ganada en negro no era sólo de las cripto, venía de otros rubros también. “Ya ni sé de qué habla”, se escuchó decir a la salida del encuentro a un integrante de la mesa chica.
Bullrich, como se vio por televisión, se fue primera de la Rosada con la excusa de la celebración familiar de su cumpleaños. A la salida, filtró con velocidad algo que había pedido en la reunión: que Adorni cumpla con el deber de dar su informe de gestión en la Cámara Alta adonde nunca fue desde que asumió en el cargo. La senadora tiene devoción por sus nietos y horas más tarde publicó en redes dos fotos con su marido agradeciendo los saludos por sus 70. Más temprano había reposteado y agradecido también en X el saludo del Presidente.
Es apenas una escena de otras tantas que muestran demasiado sobre el fastidio que está produciendo el manejo del caso Adorni. “Milei no se mueve de su decisión de sostenerlo”, asegura un funcionario que habló con él después de la presentación patrimonial y que desea con furia que dé un paso al costado. Ya se escuchan malas palabras cuando se consulta a los integrantes de gran parte del Gobierno sobre la continuidad de Adorni.
A diferencia de sus apariciones anteriores, donde el jefe de Gabinete fue presencialmente acompañado por todos los ministros en su primera conferencia de prensa y en la última exposición en la Cámara de Diputados, ahora el silencio es atroz. Ni hablar de las picardías de Santiago Caputo que frente a un tuit del opositor Maxi Ferraro donde escribió “Adorni nos toma por boludos a todos los argentinos” mientras detalla en un video los gustos caros en vuelos privados y hoteles lujosos; el asesor no se espantó por sus afirmaciones sino que apenas respondió corrigiendo la sintaxis: “El plural de ‘hotel de lujo’ es ‘hoteles de lujo’, no ‘hoteles de lujos’, Ferraro”. Pavadas.
Inocencia fiscal
Más allá del picanteo entre Adorni y Bullrich, en el pantano de la reunión quedó incierto cómo tramitar ahora casi todo en el Congreso. Antes de este escándalo, el objetivo medular de Bullrich en el Senado era avanzar en la reforma electoral que el Gobierno pide pero que viene empantanada por la interna, pero sobre todo por la falta de consenso en conseguir aval para eliminar las PASO. ¿Consiguieron ahora los votos para lograr que se suspendan para el año que viene pero no que se eliminen para siempre?
A esta hora juran que sí. Un paquete que incluiría la habilitación de las ya famosas colectoras para compensar la falta de Primarias, la aprobación de Ficha Limpia por separado, el desdoblamiento de las elecciones provinciales y una serie larga de acuerdos con cada Gobernador. Hay quienes imaginan una Boleta Única caótica con este escenario. El segundo tema en prioridad para la Rosada es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que Economía pide a gritos para estimular que los dólares salgan del colchón, pero que pone luz en un tema opaco: Adorni y su mujer la usaron para lograr un tapón fiscal y la impunidad penal tributaria en un blanqueo de 500 mil dólares. Es una norma que se aprobó el 26 de diciembre en una sesión extraordinaria que el Gobierno logró después del triunfo electoral de octubre. La reglamentaron el 2 de enero.
¿Será por las fiestas que los legisladores no notaron que las Personas Políticamente Expuestas podían beneficiarse con esta norma? Esta misma semana, con la revelación de Adorni, un senador incrédulo pedía a un asesor que le informe si era legal que el jefe de Gabinete tenga acceso a este beneficio. Algunos no saben lo que votaron. Por las normas internacionales del organismo antilavado GAFI -justo adonde el ministro Mahiques viaja la semana que viene-, es completamente atípico que los funcionarios puedan blanquear plata. Es una norma que generó tensión entre los bancos y Economía. Por reglamentaciones internacionales, las entidades financieras deben regirse por normativas de compliance y transparencia lo que los obliga a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) frente a un depósito desmesurado de alguna persona o sociedad que no tenga movimientos económicos que se condigan con ese volumen de dinero.
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Es un circuito donde puede aparecer dinero del narcotráfico y la corrupción. Un banquero trascendente abría los ojos estupefacto cuando se enteraba esta semana del blanqueo de Adorni. En su origen, la motivación de esta ley podía sonar interesante: los destinatarios eran aquellos que habían tenido ingresos genuinos pero que durante los largos años del cepo tuvieron que ahorrar en dólares informales de los cuales no tenían registro bancario. Entre esa idea y la realidad quedó una ley que permite algo muy extraordinario, sobre todo si se aprueba la reforma que promueve Caputo después de reunirse con los principales tributaristas de la Argentina que no veían una garantía de inmunidad penal clara tal cual como está hoy sin un límite temporal.
En el nuevo borrador, no habrá tope de ingresos para entrar al régimen simplificado de ganancias, no hay tope de monto a blanquear siempre que se bancarice y se incorpora un límite para este carnaval: diciembre de 2027. Cualquier tesoro escondido puede así revelarse sin correr riesgos de investigaciones fiscales ni tributarias. Como Adorni. Más allá del sostén político, la presentación de su declaración jurada y la de su mujer del año 2025 y las 22 rectificaciones de los dos años anteriores, no frenan la investigación por enriquecimiento ilícito pero clarifican la estrategia penal de sus abogados que tienen que dar sostén económico a los viajes a Aruba, los vuelos en primera, los 245 mil dólares en efectivo para reformas de la casa del country, la compra de la casa del country, la compra del depto, los gastos con tarjeta y sobre todo la pregunta clave: ¿si ya tenía esa fortuna no declarada por qué cambió su nivel de vida y empezó a gastarla justo cuando asumió como funcionario? Alguien que lo conoce razonaba en voz alta: “Con esto por lo menos puede lograr que lo condenen por un delito menor como omisión maliciosa en la declaración jurada. El enriquecimiento ilícito lo puede dejar preso”.
Ricardo Jaime es el ejemplo más fresco de qué pasa cuando estas investigaciones avanzan. El fiscal Gerardo Pollicita espera un informe contable de la DAFI y ahí firmará el requerimiento de justificación patrimonial que se utiliza para los imputados de enriquecerse ilícitamente. Adorni dirá que era un tesoro escondido en un pendrive cripto originado en ingresos previos a la función pública basándose en sus nuevas declaraciones juradas. Se abre el camino de la trazabilidad: ¿Cuándo convierte esos fondos en plata? ¿Dónde están los registros de las operaciones que le permitieron invertir 200 mil dólares y ganar 300 mil? Ya empezó el Mundial pero esas respuestas deberán darse en la Justicia.
Javier Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Karina Milei
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
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POLITICA
El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas – Nexofin
El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.
El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.
Andy Burnham y Donald Trump
Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.
El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.
Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.
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POLITICA
Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse
La renegociación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la reforma laboral avanza a fuego lento, pero hay un convenio que, curiosamente, ya comenzó a rediscutirse entre sindicalistas y empresarios pero es el único que el Gobierno no quería que se renovara.
Se trata del convenio colectivo de trabajo de la actividad metalúrgica, que quedó afuera de las intimaciones que hizo en junio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien 800 convenios con el fin de adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
¿Por qué se excluyó de la convocatoria oficial a la UOM, el principal gremio industrial de la Argentina? Es que el sindicato metalúrgico está intervenido por la Justicia desde que su titular, Abel Furlán, fue desplazado por irregularidades en la elección en la Seccional Zárate-Campana y Trabajo cree que una decisión tan decisiva como renegociar un nuevo convenio colectivo tiene que ser instrumentada por sindicalistas legitimados por sus afiliados y no por un interventor judicial.
La decisión causó tensiones entre Cordero y Alberto Biglieri, el interventor de la UOM desde el 22 de mayo pasado, porque éste, apenas asumió, designó una comisión de 5 dirigentes metalúrgicos para pilotear la negociación salarial del sector, que estaba rezagada en la rama metalmecánica y paralizada durante los últimos 2 años en la rama siderúrgica. Sin embargo, todo se complicó cuando la Secretaría de Trabajo emitió un dictamen en el que puso en duda las facultades de Biglieri para designar representantes paritarios.
El interventor de la UOM, flamante ganador de las elecciones de este martes para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, finalmente logró que se convalidara la comisión salarial gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que estableció que Biglieri “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” previstas cuando lo nombraron, y allí figuran las paritarias.
De esa manera, Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), los dirigentes de la UOM que Biglieri puso al frente de la negociación salarial (todos opositores a Furlán), avanzaron en las tratativas con las cámaras empresariales y a mediados de agosto firmaron los aumentos para las dos ramas metalúrgicas.
Ahora, esos sindicalistas se reunieron este miércoles en la sede de la UOM Capital en Villa Lugano, donde uno de los puntos centrales, además de la pelea para normalizar la vida institucional del gremio, fue el análisis de las primeras conversaciones con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), una de las cámaras del sector, dirigidas a actualizar el convenio colectivo de trabajo 260/75, cuyas cláusulas, a la luz de la reforma laboral, que le puso límites a la ultractividad, vencerán en diciembre.
En principio, la idea es pedir a Trabajo una extensión de la vigencia del convenio de manera de tener más tiempo para negociaciones bilaterales que no serán sencillas porque hay puntos que se mantienen desde 1975.
Ya hay borradores con posibles cambios que se están intercambiando entre las partes, aunque la comisión paritaria de 5 miembros decidió armar una mesa más amplia a la que invitarán a dirigentes de otras de las 53 seccionales de la UOM de todo el país.
Para los dirigentes metalúrgicos, según se acordó este miércoles, la prioridad pasa por modificar el artículo 4 del convenio para sumar actividades surgidas de las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos. También se apunta a negociar cambios en el artículo 6, que regula el régimen de categorías y define los requisitos teóricos y prácticos para clasificar a los trabajadores según sus funciones y nivel de especialización.
El otro artículo en revisión es el número 7, donde figura la nómina básica de oficios reconocidos dentro de la industria metalúrgica y que buscan actualizar en función de las modificaciones que se produjeron en la actividad.
Las negociaciones entre las partes recién comienzan y tanto sindicalistas como empresarios descuentan que la Secretaría de Trabajo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, avalará lo que se acuerde para que la UOM no sea el único sindicato que quede excluido de la renegociación de los convenios colectivos.
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