El traslado de Facundo Jones Huala desde la cárcel de Rawson a la de Esquel, concretado el miércoles luego de una puja entre el Servicio Penitenciario y su defensa, puso en circulación una serie de fotos del líder mapuche que colocaron la atención sobre los cambios en su imagen.

Se trata de fotos o capturas que muestran al activista –condenado en Chile por un incendio y hoy investigado en el país– atravesando distintas etapas.

Una de ellas, que circuló tras el traslado, pero que fue tomada hace más de un año, muestra una imagen de Jones Huala que dista mucho de aquella que proyectaba no mucho tiempo atrás como uno de los referentes de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En ella se observa a un Jones Huala sin la barba rala que acostumbraba llevar y desprovisto del tradicional poncho en el que solía enfundarse. Pertenece a una audiencia del proceso judicial local que lo investiga por participar «en agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor».

Desde su entorno señalaron que afeitarse no fue una decisión personal, sino una imposición de la cárcel de Rawson.

Otra captura, más actual, lo muestra algo desmejorado respecto a aquella versión previa, pero con el habitual paño alrededor de su cabeza. Es de una audiencia del mes de diciembre.

Los cambios en su imagen, sin embargo, no implicaron un giro en sus convicciones. “El motivo por el que estoy detenido -dijo en aquella audiencia- es luchar por los derechos de mi pueblo. Esas demandas siguen vigentes”.

“Que nos devuelvan la tierra de una vez por todas”, reclamó. Pidió por el “reconocimiento de una persecución política-judicial” en su contra y también reclamó que el conflicto encuentre una “solución política”, “no judicial ni represiva”.

Máxima seguridad

Hasta este miércoles y desde hacía más de un año, Jones Huala permanecía detenido en una cárcel de máxima seguridad en Rawson. Había denunciado las condiciones carcelarias en la que se encontraba y solicitado sin éxito su traslado a Trelew para poder estar cerca de su familia.

Para empujar su reclamo inició una huelga que primero fue liquida y luego seca, lo que implica un abandono total de la ingesta. No circularon nuevas imágenes suyas después de esa medida autoimpuesta.

“Costó muchísimo. Han puesto todos los obstáculos posibles”, dijo su abogado, Gustavo Franquet a Radio Chubut, respecto al traslado y apuntando contra el Gobierno y la fiscalía.

Otra foto emblemática fue tomada por la Policía de Río Negro, luego de haber sido detenido tras intentar abrir dos autos en el centro.

A Jones Huala hoy se lo investiga por su presunto rol dentro de RAM y por discursos públicos en los que la fiscalía entiende que habría reivindicado o promovido acciones violentas.

Fue denunciado por el Gobierno en febrero de 2025 y detenido en junio de ese mismo año. Se le achaca haber integrado una organización cuyo objetivo principal habría sido “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, según la fiscalía.

Esa imputación fue ampliada a fines del mes pasado, cuando se prorrogó su prisión preventiva por 90 días, medida que se extenderá hasta el 30 de agosto.

Jones Huala contaba con una condena como precedente por el incendio de una vivienda en Río Bueno, Chile, en 2013, y por tenencia ilegal de un arma de fabricación artesanal. Recibió una pena de seis años por incendio y tres años por el arma, que ya fue cumplida.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió esta semana por unanimidad anular las condenas por usurpación que pesaban sobre integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

La resolución, firmada por los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, dictó la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo así la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva.

Los jueces consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró demostrar con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.

El camarista Slokar destacó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que exige considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, el juez Yacobucci señaló que el tribunal de origen no pudo individualizar las conductas prohibidas, ya que los testigos solo mencionaron a personas “encapuchadas”.

El conflicto judicial se remonta a finales de 2017 y principios de 2018, centrándose en la ocupación de tierras pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (donde antes se ubicaba un hotel) y del predio privado “La Escondida” (una de las propiedades vandalizadas durante la usurpación que comenzó en 2017).

En mayo de 2025, el juez Silva había impuesto penas de prisión en suspenso, que ahora quedan sin efecto. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron condenadas a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; Betiana Ayelén Colhuan (machi de la comunidad) fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso, y María Celeste Ardaiz Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.

Gustavo Franquet, abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas que ejerció la defensa de los imputados, expresó duras críticas hacia el proceso judicial que llevó a las condenas iniciales. Franquet responsabilizó directamente al juez de primera instancia, afirmando que “Silva es un chanta” y que condenó a los miembros de la comunidad “sin pruebas” y por la sola convicción de que eran culpables debido a su identidad.

Asimismo, el abogado sostuvo durante el proceso que la criminalización de este conflicto territorial no solo ignoraba los derechos de los pueblos originarios, sino que también exponía al Estado argentino a una posible responsabilidad internacional ante organismos de derechos humanos. Tras conocerse la absolución, la Gremial de Abogados calificó el fallo como “el mayor golpe que le dimos a los fueros federales racistas de Bariloche y la Patagonia”.

Por su parte, John Grehan, dueño de La Escondida, señaló hoy a : “Los jueces insisten en burlarse de los ciudadanos tergiversando la interpretación de la letra de la ley de manera que en lugar de desalentar con sus sentencias la violación de la propiedad privada, con sus fallos explican a los delincuentes cómo hacer para violarla sin ser condenados: tenés que saltar el alambrado sin ser visto, mantener la ocupación ilegítima lo más que puedas encapuchado y armado y, si en algún momento te desalojan e identifican no digas que sabías que la propiedad tenía dueño”.

Grehan sumó que “a La Escondida la usurparon desde el lote lindero de Parques Nacionales que estaba ocupado únicamente por los usurpadores, identificados y condenados en otro expediente”.

Aclaró, además, que La Escondida no tenía ninguna identificación, “pero ellos sabían que se llamaba así y que era propiedad privada”.

Y concluyó: “Los jueces descaradamente dicen que no está probado que no sabían que eso no se podía hacer, que no se sabe quiénes fueron los que ´saltaron el alambre´ (usurparon) y que, aunque la ocupación fue ilegítima, no se los puede condenar por usurpación. Es lo que pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia; los ciudadanos somos víctimas no solo de los delincuentes sino también de los malos funcionarios”.