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POLITICA

El PRO presiona al Gobierno y condiciona su apoyo político a la renuncia de Manuel Adorni

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El diagnóstico de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri sobre la situación de Manuel Adorni, que hasta ayer mantenían en privado, pero ahora también en público, es contundente. Para el PRO, el Jefe de Gabinete “tiene que presentar la renuncia, no esperar a que se lo digan”. Y, ante la consulta de Infobae, advirtieron: “Es un papelón que hace daño y hace aún más difícil el acompañamiento”.

El comunicado que el partido difundió el jueves, tras la presentación por parte del funcionario nacional de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde incorporó USD 513.000 no declarados, que atribuyó a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, fue en el mismo sentido, pero en un tono más institucional, y calificó la situación como “irreversible” y que Adorni “mintió al Congreso sin justificación”. El viernes fueron un paso más: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

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Cerca del expresidente no entienden cómo escaló la situación de Adorni a un punto de no retorno y lamentan, sobre todo, que opaque los “buenos resultados” que tuvo en las últimas semanas el equipo económico. “El Gobierno está obteniendo muy buenas noticias, baja del riesgo país, de la inflación, temas de los que nadie habla. No sabemos por qué no renuncia o no lo dejan renunciar”, cuestionaron.

Mauricio Macri junto a Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Fernando de Andreis

El diputado Fernando De Andreis, secretario general del partido y mano derecha de Macri, fue explícito. “La situación no da para más. Se le está pidiendo un esfuerzo enorme a los argentinos y de repente estas actitudes la tiran afuera”, afirmó. Además, y en diálogo con radio Mitre, descartó que manifestarse a favor de una moción de censura en el Congreso, como impulsa el peronismo y otros partidos opositores, sea el camino del PRO. “No hay número para eso y además va a ir al Senado en julio”, señaló, y añadió que la solución depende del Ejecutivo: “Acá el Gobierno le tiene que terminar de poner el cascabel al gato y dar vuelta la página urgente”.

“Todo es mentira. Nos hace perder el tiempo tratar de analizar en detalle lo que dijo. Cuando fue al Congreso, acompañamos. Cuando dijo que tenía todo en regla, también. Pero evidentemente, todo era una mentira de principio a fin”, cuestionó.

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En este marco, el peronismo en el Senado apura una sesión única para interpelar y votar la destitución del Jefe de Gabinete. En Diputados, en tanto, la oposición convocó a una sesión especial y busca votos para una moción de censura para el próximo martes 23 de junio. Este mecanismo le otorga al Congreso la capacidad de remover al funcionario con la mayoría absoluta de ambas Cámaras si se considera que ha incurrido en actos, omisiones o conductas que comprometan su responsabilidad política.

Según supo Infobae, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, convocó a una reunión para el próximo martes para coordinar una postura parlamentaria. El viernes hubo reuniones virtuales, y mucho enojo. “No hay mucho margen. No veo margen político para bancar esto. Previo a la moción de censura, interpelémoslo, sería una salida. Cuando me dijeron que lo habían citado para el 23, en un primer momento pensé que le daban tiempo para que renuncie”, señaló a Infobae un diputado del PRO.

Y agregó: ”No se entiende. Los logros que podés exhibir quedan tapados. Ahora, prefiero que este tema que generó el Gobierno lo resuelva el Gobierno. Prefiero interpelarlo a resolverle el problema desde el Congreso con una moción de censura». Otro legislador nacional, ante la consulta de este medio, expuso la disyuntiva que atraviesa el partido amarillo: sumarse a un reclamo de todo el arco opositor, incluido el kirchnerismo, o quedar como defensores del Jefe de Gabinete. Hay una delgada línea, argumentan algunos, entre apoyar o ser cómplices.

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“No hay nada definido. La energía está puesta en que el gobierno tome una decisión antes del llamado a sesión”, afirmó.

Mauricio Macri y Abelardo de la Espriella. El exmandatario respaldó al candidato colombiano en las últimas horas  - crédito Campaña Abelardo de la Espriella/EFE

Un dirigente bonaerense con un importante cargo partidario también se manifestó crítico: “No se le puede decir a los argentinos que está bien ahorrar en negro, que evadir impuestos no tiene consecuencias, que el dinero apareció porque alguien lo prestó o porque se encontró un pendrive. Esas explicaciones no están a la altura de la responsabilidad que exige un cargo público”, señaló.

“¿Con qué autoridad se le pide a un vecino, a un comerciante o a un trabajador que cumpla con sus obligaciones tributarias, si quien integra el gobierno relativiza el cumplimiento de las mismas. Una cosa es respaldar el rumbo económico de un gobierno y otra muy distinta es resignar los estándares de transparencia e integridad. La honestidad en la función pública no es optativa ni negociable. Sin transparencia no hay confianza, y sin confianza es imposible construir instituciones sólidas”, agregó a Infobae.

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Por otro lado, el legislador porteño Darío Nieto, que hizo una extensa publicación en X para explicar los “supuestos” movimientos de Adorni con Bitcoin, destacó en Infobae en Vivo que “Lo verificable es el movimiento, no la titularidad. Adorni podría haber arreglado a posteriori con alguien que sí hizo esos movimientos en su momento para justificar el incremento patrimonial”, advirtió.

El legislador, también muy cercano a Mauricio Macri, también puso en duda que el Jefe de Gabinete haya pertenecido a la comunidad cripto argentina de 2013: “Era una comunidad muy chica, se conocían todos, y hasta ahora no encontré a nadie que lo conozca de esa época”.

Para Nieto, la salida debe provenir del propio Ejecutivo antes de que el asunto llegue al Congreso. “Mi opinión es que el presidente debería hacer renunciar a Adorni antes de llegar a ese punto”, afirmó, al tiempo que señaló que una interpelación sería, como mínimo, inevitable si el funcionario no da un paso al costado. “Adorni debería renunciar sin duda. Es insostenible esto”, remarcó.

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La presión sobre Adorni no proviene solo del PRO. Tras un pedido de presidente de la bancada amarilla, Martín Goerling Lara, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles próximo con el objetivo de citar al jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión ante el Senado durante junio, tras no haberlo hecho en mayo. El bloque de la UCR acompañó ese reclamo.

El propio Adorni anunció el jueves que concurrirá al Senado en julio a dar su informe de gestión, mientras que el presidente Javier Milei fue uno de los primeros en repostear mensajes de apoyo al funcionario en las redes sociales.

Los pedidos para que el Jefe de Gabinete de un paso al costado también provienen de la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo cordobés. Se suman, incluso, a los pronunciamientos de miembros del Gobierno como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, las únicas dos que se animaron -por ahora- a decir en público lo que piensan en privado.

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Campaña anti Argentina: Milei habilitó por decreto a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos

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El Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.

La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.

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Prohibiciones y fundamentos de la medida

El decreto incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.

La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.

Contexto de la decisión y alcance

La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.

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Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerza su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subraya que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.

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El Gobierno prohibirá el ingreso al país a extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra argentinos

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El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá además cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en esas conductas, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.

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En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que aumentaron considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según argumentó, esas manifestaciones representan un riesgo para los ciudadanos y quebrantan “el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.

El texto de la normativa también señala que ese tipo de conductas desnaturaliza el sentido de la política migratoria argentina y afecta las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. También se sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.

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Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos

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El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir la entrada al país y disponer la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.

La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina. El decreto 681/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

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El mensaje del Gobierno tras anunciar la medida

En la parte final del documento, la administración de Milei justificó la decisión por lo que definió como recientes expresiones contra el país y sus habitantes.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.

Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos. (Foto: X/@OPRArgentina).

Qué establece el DNU firmado por Javier Milei

El DNU incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece las causas por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.

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Según el decreto, la nueva normativa permitirá prohibir el ingreso o expulsar del territorio argentino a extranjeros que promuevan ataques contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos.

A partir de la modificación, se impedirá la entrada a quienes hayan dirigido “mensajes de odio en forma oral o escrita” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad.

La restricción también alcanzará a quienes hayan realizado, participado o incitado a cometer “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.

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Sin embargo, el texto aclara que no podrán quedar comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Además, argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.

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En qué casos se podrá cancelar la residencia y ordenar una expulsión

El decreto también incorporó estas conductas como causal para cancelar la residencia de una persona extranjera que ya se encuentre dentro del territorio argentino.

La modificación del artículo 62 establece que podrá perder su residencia quien haya difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participado en actos contra los símbolos patrios.

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En esos casos, la decisión podrá derivar en una intimación para abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del territorio nacional.

Para adoptar esa medida, las autoridades deberán tener en cuenta “las circunstancias fácticas y personales del interesado”, según establece el nuevo texto del artículo 63.

Javier Milei, DNU, Extranjeros, odio

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