POLITICA
El PJ activa un “operativo retorno” por Jalil y Jaldo: la condición del kirchnerismo y las internas provinciales

La cumbre que los principales dirigentes del peronismo tuvieron la semana pasada dejó varios temas en carpeta para trabajar. Además de la coincidencia para bloquear la derogación de las PASO que busca el gobierno de Javier Milei, hubo acuerdo entre los presentes para intentar concretar el retorno de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) al esquema nacional del PJ.
La idea de fondo es tenerlos adentro de la alternativa que el peronismo está moldeando para el 2027. Ambos gobernadores son los jefes del PJ en sus provincias, pese a no ser los titulares del partido, y en la elección del año pasado jugaron con el sello partidario y diferenciados de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, durante la gestión son dos mandatarios que trabajan cerca del Presidente y tienen diálogo fluido con la Casa Rosada, ya sea a través de Diego Santilli o Santiago Caputo, los puntos de contacto.
En todas las vertientes del peronismo consideran que ambos mandatarios deberían ser parte del armado nacional el año que viene. Pese a que marcaron tanto sus diferencias con el posicionamiento de Fuerza Patria, que terminaron alejándose de los encuentros de gobernadores de la coalición. Esa mesa subsiste y está compuesta por Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Axel Kicillof (Buenos Aires). De un lado ellos y del otro el catamarqueño, el tucumano y el gobernador salteño Gustavo Sáenz. Así quedó el mapa.
De la reunión de la semana pasada participaron los gobernadores más Sergio Massa, Máximo Kirchner, Germán Martínez, José Mayans y Gerardo Zamora, jefe político del Frente Cívico de Santiago del Estero. En esa reunión se definió ir en búsqueda de los mandatarios norteños y se acordó que haya dos delegados para encarar la tratativas. Zamora tiene la misión de entablar el diálogo con Jaldo y Quintela la de hacer lo propio con Jalil. Todos se conocen desde hace muchos años. La comunicación, en buenos términos, no es un problema.

“Nadie puso resistencia para que se los busque”, le dijo a Infobae uno de los presentes respecto a la decisión de activar el operativo retorno. Sin embargo, hay reparos sobre las condiciones para que ese regreso se concrete. Los Kirchner son claros respecto al filtro que deben pasar los mandatarios. “Las puertas están abiertas, pero tienen que mostrar con hechos que quieren jugar con el peronismo. Y eso implica votar con nosotros para sostener las PASO y las leyes importantes que vengan en los próximos meses”, indicaron muy cerca de Cristina y Máximo Kirchner.
El kirchnerismo mandó un mensaje claro a la vida interna del peronismo. No hay márgenes para un pragmatismo exacerbado que pueda justificar los movimientos políticos de los gobernadores. “No les pedimos ningún candidato ni que salgan con el cartel de ‘Cristina libre’, pero muestren con hechos el lugar dónde están parados”, precisó un dirigente del círculo chico del cristinismo a este medio. Jaldo y Jalil, adentro, pero no a cualquier precio.
En sus reuniones privadas hace tiempo que Máximo Kirchner sostiene que los mandatarios pueden terminar volviendo al esquema central del peronismo, pero que si llega a existir un gobierno del mismo signo político, “tienen que ir a la cola”, porque “ya es muy difícil confiar en ellos”. Ese sentimiento no cambió después de la cumbre en el Hotel Emperador. El kirchnerismo mira de reojo a los mandatarios, mientras que ellos tienen una gran resistencia sobre la forma de hacer política de los K.
En la gobernación bonaerense siempre fueron proclives a marcar diferencias, pero lo hicieron elípticamente. “Hay que putearlos ahora y abrazarlos el año que viene”, resumió, hace un tiempo, un funcionario de primera línea en el gobierno de Kicillof. La idea es que estén adentro del espacio del año que viene. Con más o menos filtros, pero que estén.

“Tienen que definir si van a jugar con los libertarios o con el peronismo. Si juegan con el peronismo, bienvenidos”, precisó uno de los ministros más importantes del Gabinete de la provincia. De todas formas, en el armado de Kicillof son más cautos respecto a las negociaciones y la necesidad de que se lleven acabo ahora. “Están todos muy apurados. Falta. El asado se cocina lento, sino se arrebata”, explicó el mismo ministro a Infobae.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se mueve a otro ritmo y no quiere que nadie le imponga los tiempos. Tal es así que Kicillof fue parte de la cumbre peronista, pero se desmarcó rápidamente del conjunto. El Gobernador tiene su propia estrategia y trabajará en esa sintonía hasta el año que viene, salteando todos los cuestionamientos y esquivando, como pueda, los perdigones de la interna.
Sergio Massa tiene diálogo abierto con los dos gobernadores y es de los que cree que van a terminar jugando dentro del esquema central del peronismo. El líder del Frente Renovador baja un mensaje de unidad plena para el año que viene. No puede haber fisuras ni peleas absurdas. Para sumar a los gobernadores primero tienen que lograr que voten en unidad dentro del Congreso. El desafío es complejo.
Los integrantes del PJ Federal, donde están Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Federico Achával, también tienen en tu estrategia política anotada la idea de repatriar a Jaldo y Jalil. Consideran que son los que hoy tienen los votos en sus provincias y los que pueden acomodar el peronismo desde su puestos de mando. Y al esquema opositor le hace falta fuerza para poder consolidar una alternativa el año que viene. La cuenta cierra por todos lados.

En la reunión de la semana pasada también quedó en claro que si no se obtienen buenos resultados con las gestiones políticas, el peronismo pondrá un candidato propio a gobernador en cada una de las provincias. Esa amenaza latente está más vinculada a la realidad de Tucumán que a la de Catamarca. La vida interna en cada distrito es completamente distinta.
Jaldo está totalmente enfrentado a Juan Manzur, que sigue teniendo influencia sobre un sector del peronismo tucumano. El Gobernador le fue quitando aliados hasta el punto de sumar a sus filas a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, que llegó hasta esa silla apoyada por Manzur. Lo mismo sucedió con el diputado nacional Javier Noguera, que ingresó como parte de un acuerdo con el ex gobernador y después fue funcional a los pedidos del mandatario actual.
En el presente no hay posibilidades reales de que se firme la paz entre los dos caciques tucumanos, ni de que compitan juntos. “El que tiene que llamar a la unidad es el Gobernador. Sino lo hace, competiremos contra él”, platearon en el entorno de Manzur, que tiene voluntad de ser nuevamente candidato a gobernador.
En la cumbre peronista lo que se advirtió es que si Jaldo decide jugar en una alianza con Milei, entonces el esquema nacional le pondrá un candidato en la cancha. Una figura como Manzur, que ya no tiene el poder del aparato, pero todavía conserva el acompañamiento de una porción del justicialismo, es probable que no gane, pero si que ponga en jaque el proyecto de Jaldo. De todas formas, la idea de fondo es lograr la unidad y ese movimiento tendrá un costo que quedará expuesto en el toma y daca.
O estas con nosotros o estas en contra de nosotros. Esa es la postura planteada entre los principales dirigentes del peronismo respecto a los mandatarios del norte. Eso es lo que tendrá que decidir el gobernador tucumano. Y es también lo que debe resolver Jalil, aunque su situación en la provincia es distinta a la su socio norteño. El gobernador catamarqueño tiene una sociedad política con la senadora Lucía Corpacci, que es la actual presidenta del PJ en la provincia y una dirigente muy cercana a Cristina Kirchner.
Hay un pacto no escrito entre Jalil y Corpacci para que la sucesión al actual mandatario sea el intendente de la capital, Gustavo Saadi. La continuidad de un proceso político con una variación de nombres cada dos mandatos. El Gobernador está con ganas de cambiar de aire y encontrar una banca en el Senado. Pero todo puede modificarse si acepta negociar con la Casa Rosada.
El cambio de ese plan puede ocasionarse porque el gobierno nacional tiene pretensiones de que Jalil siga cuatro años más. Podría hacerlo porque tiene una enmienda en la constitución provincial que le permite hacerlo, ya que tomaría su segundo mandato como el primero y así no llegaría a cumplir el cupo de tres gestiones consecutivas que tiene de tope. Una estrategia que también quieren utilizar otros gobernadores como el salteño Gustavo Sáenz.
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POLITICA
Escasa asistencia política en la primera jornada del Coloquio de IDEA

La primera jornada del Coloquio de IDEA estuvo tomada por las charlas y los encuentros. Empresarios que hacía tiempo no se veían se saludaban afectuosamente en los pasillos, entre presentación y presentación, donde se mezclaban conversaciones personales, laborales y, sobre todo, políticas.
Lo que llamó la atención es que en los pasillos abarrotados de ejecutivos se cruzaban oficiales de la Policía Federal, tanto de civil como con sus camperas azules con las siglas PFA en la espalda.
“¿Por qué semejante operativo?”, se escuchó decir a un CEO con muchos años de presencia en el evento, que desde hace más de 60 años se realiza en Mar del Plata.
El hombre de negocios tenía razón en sorprenderse. La presencia policial es común en un evento de estas características, pero en las afueras del hotel, como una custodia externa. En este caso, se pudo observar a varios miembros de la Federal recorriendo el salón, pero también los diferentes pisos del hotel marplatense.
“Están controlando diferentes niveles. Van y vienen todo el tiempo”, señaló una empresaria a quien también le llamó la atención.
Desde la organización aclararon a Infobae que era “rutina”. Estuvieron solo haciendo una revisión por el hotel”.
Sin la presencia de funcionarios del Ejecutivo nacional en el evento, la pregunta que se hacían muchos de los presentes era si esa revisión se debía a que ese día exponía el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, o si en realidad era la avanzada de la presencia prevista para la segunda jornada del Coloquio: la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

En cualquiera de los dos casos, resultó llamativa para los presentes la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del edificio.
Presencia política
Aunque los salones estuvieron colmados y los pasillos rebosaban en cada coffee break, la presencia política fue escasa. En este primer día, previo a la exposición del expresidente Lacalle Pou y del presidente de la Argentina, Javier Milei, vía Zoom, se pudo ver al exdiputado nacional Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; a la diputada de La Libertad Avanza y ex PRO Patricia Vázquez; al exembajador argentino en China Diego Guelar, y al presidente de la Unión Cívica Radical e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. También se hizo presente el precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza.
Para mañana se espera la llegada de Bullrich. Hasta la confirmación de Milei, las especulaciones en las tertulias políticas giraban en torno a por qué el mileísmo puro le dejaba ese escenario, lleno de empresarios, a una Bullrich que muestra más libertad que la que el núcleo duro de LLA suele tolerar.

“Es poco estratégico que le dejen este espacio a Patricia. Ella sabe cómo hablarle a los empresarios sin insultarlos y sin señalarlos por culpas de hoy o de ayer. El Zoom de Milei es también una especie de ‘no soy yo’ respecto de la ausencia de las autoridades nacionales en el Coloquio”.
A nadie se le escapa que el Gobierno sabía desde hace muchos meses la fecha del Coloquio, y que el evento en Francia es mucho más reciente. Aun así, llevó a casi la totalidad del gabinete y a buena parte de los gobernadores a una gira en la que todavía no queda claro qué resultados va a tener.
“Nadie sabe nada de lo que están haciendo, tienen un problema de comunicación. Se fue de gira con todos los gobernadores y todos hablando de que está insultando a una periodista. No queda claro si lo hace para llevarse la marca o porque vivimos en esta locura”.
POLITICA
Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el presunto direccionamiento de contratos de la empresa satelital y de fibra óptica del Estado a favor de Argentina Logistic Services SA (ALS), la firma que tenía a su cargo el depósito de San Fernando del que se robó material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica.
El requerimiento, al que accedió , lo firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez.
Para los fiscales, las explicaciones que dieron los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y la prueba reunida alcanza “con una carga probatoria pocas veces vista”.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Leal, que ya está procesado con prisión preventiva en otro expediente, por las drogas halladas en su casa durante los allanamientos por esta causa. En esos operativos, además, se encontraron casi 2,5 millones de dólares.
Según el dictamen, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS articularon “un acuerdo venal” para que la empresa privada ganara 12 contratos irregulares de fletes, transporte, grúas y el alquiler del depósito.
ALS cobró de Arsat 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, montos que los fiscales consideran un perjuicio para el Estado.
El 1° de noviembre de 2020, el intermediario Santiago Pando le pidió al empresario Diego Padilla, de ALS, que llamara “con urgencia” a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal.
El 21 de diciembre, tras una reunión en la sede de Arsat, Padilla le escribió a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.
Para los fiscales, “los muchachos” eran los funcionarios.
El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal, ALS alquiló por 36 meses el predio de San Fernando. El contrato lo firmó Gastón Padilla, hermano de Diego. Ese mismo día, según la acusación, Varela Vizgarra creó una casilla de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego aparecería como supuesta competidora en la compulsa de precios y que ante la Justicia negó haber cotizado.
La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a Arsat del 28 de mayo pasado, refuerza la hipótesis de una competencia simulada. Las tres ofertas del depósito, de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla), ingresaron el 10 de septiembre de 2021 en un lapso de 43 minutos. Los tres PDF registran en sus metadatos como autor a la propia ALS.
Además, los archivos de las competidoras figuran modificados por última vez por “Alvarez Juan Antonio”, el comprador de Arsat que cursó las invitaciones. Es decir que se simuló la compulsa de precios.
El dictamen cruza los chats con los pagos de Arsat. El 12 de mayo de 2022 la empresa estatal le pagó a ALS facturas por alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”. Para los fiscales, los rubros coinciden con los recién cobrados.
El 2 de marzo de 2022, Padilla le había pedido a Paredes plata “para llevarle a Arsat”, y aclaraba: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.
Paredes le contestó que había disponibles 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, y aclaró: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.
Los fiscales sostienen que la distinción entre ambas cuentas desarma la defensa de que todo el dinero era una comisión para el intermediario.
Leal alegó que no hay “una sola constancia” de su intervención y que la responsabilidad penal no puede derivarse de su cargo.
Los fiscales argumentaron, en cambio, que en octubre de 2021, Pando le escribió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”. Al día siguiente, Boschin avisó que el expediente estaba “a la firma de Facu”.
Ya como gerente general, Leal autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
En 2024 fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya abierta, le preguntó a Boschin por ALS, identificó a Padilla como “tu amigo”, advirtió que se había “ido de boca en la fiscalía”.
Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera “uno de los principales protagonistas” revela “el grado de institucionalización” de la corrupción en Arsat.
El análisis de antenas de celulares ubica a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas clave, y corrobora un encuentro en el café Havanna de La Recova en octubre de 2024.
Los testigos también complican al exfuncionario. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, y sus dos asistentes describieron que Pando visitaba a Leal a menudo, solo y que mantenían un trato de amigos.
El chofer reconoció a Padilla como alguien que “se juntaba con Leal en el rulero”. Y contó que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar a Mendoza dos valijas que “pesaban un montón”. Ante una foto, reconoció una de ellas por una raspadura: era la valija en la que se encontró una gran cantidad de dinero.
Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales pidieron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
Para Navarro y Álvarez pidieron lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando, como partícipes necesarios. Gastón Padilla, como partícipe de la administración fraudulenta. ALS SA sería procesada en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria. También se pidieron embargos. En sus descargos, los acusados negaron los hechos.
Hernán Cappiello,Casos de corrupción,Conforme a
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Se designó al juez suplente que intervendrá en los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces

La Cámara Federal de Casación Penal designó por sorteo a Santiago Juan Schiopetto como juez sustituto del debate oral y público de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están imputados la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
El magistrado, que juró a principios de este mes como titular del Tribunal Oral Federal N° 6, actuará como suplente del Tribunal Oral Federal N° 5 mientras Casación define si mantiene o no separados ambos expedientes.
En esas causas se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas que, según la acusación, habrían servido para canalizar y blanquear dinero a través de empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia. El debate quedó a cargo de José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni.
Schiopetto deberá asistir o revisar todas las audiencias, aunque solo podrá intervenir si alguno de los titulares se ausenta. Se trata de un recurso habitual en juicios extensos y complejos.
El nuevo magistrado no es un desconocido en Comodoro Py. Juró el 10 de septiembre junto a Ramiro Velasco y cubrió una de las vacantes del TOF N° 6. Antes se desempeñó como auxiliar del fiscal Ramiro González en la Fiscalía Federal N° 7.
La designación se produce en medio de la controversia por la división de las causas. El TOF N° 5 resolvió que el juicio de Los Sauces comience el 23 de octubre y que Hotesur se juzgue por separado a partir del 19 de marzo de 2027. La Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia el 15 de octubre para definir si mantiene ese criterio.
El fiscal Diego Velasco impugnó la separación de las causas, tras sostener que, en casos de presunto lavado de activos, las operaciones deben analizarse en conjunto y no como “hechos aislados”. Agregó que los dos requerimientos de elevación a juicio describen las maniobras como “delitos continuados”, cometidos durante períodos superpuestos entre 2009 y 2015.
Con ese fundamento, advirtió que una sentencia dictada primero podría ser invocada en el segundo juicio como una “decisión definitiva”, lo que llevaría a las defensas a reclamar no ser juzgadas dos veces por los mismos sucesos.


















