POLITICA
Expropiación de Aerolíneas: el Gobierno apelará ante la Justicia de EE.UU. el fallo para evitar pagar US$390 millones
El Gobierno definió apelar ante la misma Cámara que falló contra la Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y buscará evitar el pago de más de US$390 millones a Titan Consortium. Según pudo saber TN, la Procuración del Tesoro prevé presentar este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, un día antes del vencimiento del plazo.
La decisión ya está tomada y el escrito se encontraba este martes en su etapa final de elaboración. La intención es ingresarlo un día antes del vencimiento del plazo, previsto para el jueves 20 de agosto. El encargado de llevar la estrategia es el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabaja junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.
La presentación buscará que la propia Cámara revise la decisión que confirmó el 21 de julio la sentencia contra el Estado argentino. La defensa había evaluado durante las últimas semanas si avanzar primero por esa vía o dirigirse directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos y finalmente optó por agotar una instancia más ante el tribunal de apelaciones.
La estrategia no incluirá un pedido específico para suspender la sentencia o impedir temporalmente que Titan avance con el cobro. En Nación consideran que esa herramienta no encaja correctamente en la etapa actual del expediente. Analizan, sin embargo, otra alternativa procesal que todavía no está definida y que prefieren mantener en reserva.
El objetivo inmediato es mantener abierta la discusión judicial y evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Titan también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la condena.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó en julio el planteo de la Argentina y ratificó el fallo de primera instancia. La discusión que llegó a ese tribunal no volvió sobre las condiciones de la estatización de Aerolíneas, sino sobre el plazo que tenía Titan para pedir ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y cobro del laudo internacional.
La Argentina sostuvo que la acción había prescripto porque correspondía aplicar un plazo de tres años. Los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento y determinaron que debía utilizarse un período de doce años. Esa interpretación permitió que el reclamo presentado por Titan en 2021 continuara vigente.
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El conflicto tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. Las empresas accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular la decisión, pero ese planteo fue rechazado en 2019. Como el organismo arbitral no ejecuta directamente sus condenas, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales para intentar cobrar.
Los derechos económicos derivados del juicio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo. Con los intereses acumulados, la condena ya supera los US$390 millones.
La defensa argentina intentará ahora que la Cámara vuelva a analizar su propia resolución. El planteo puede apuntar a una nueva evaluación por parte de los jueces que intervinieron o solicitar una revisión más amplia dentro del tribunal. El Gobierno no anticipa qué alcance tendrá finalmente el escrito para evitar revelar la estrategia antes de su presentación.
La elección de ese camino también extiende los tiempos antes de una eventual llegada a la Corte Suprema estadounidense. En el Ejecutivo ya habían advertido que pedir primero una revisión ante la Cámara permitía conservar posteriormente la posibilidad de acudir al máximo tribunal si el resultado volvía a ser adverso.
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La Corte Suprema queda así como la siguiente alternativa y no como la vía inmediata. Si la Cámara rechaza el planteo, la Argentina podrá pedirle al máximo tribunal que tome el expediente, aunque su intervención no es automática: los jueces deciden qué casos aceptan revisar.
En la Casa Rosada sostienen que la política adoptada es estirar los tiempos de todos los litigios relevantes contra el Estado, tanto dentro como fuera del país. En ese marco ubican también la estrategia desplegada en el juicio por YPF, donde la Argentina consiguió recientemente decisiones favorables en instancias de apelación.
El fallo no condena a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional por la expropiación realizada en 2008. La hoja de ruta inmediata queda ahora concentrada en la presentación de este miércoles: la Argentina pedirá que la Cámara revise su decisión y, si no logra revertirla, mantendrá abierta la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema para intentar evitar el desembolso de más de US$390 millones.
Gobierno, Aerolíneas Argentinas
POLITICA
La causa de las vacunas: Hugo Sigman fue indagado, entregó un escrito y se negó a contestar preguntas
Luego de que su llamado sea reprogramado en tres oportunidades, el empresario Hugo Sigman fue indagado hoy, de manera virtual, por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga una presunta maniobra para favorecer determinados intereses en la compra de vacunas durante la pandemia del coronavirus.
El empresario, acusado de haber sido beneficiado por un supuesto plan del Gobierno de Alberto Fernández, no contestó preguntas del juez ni del fiscal y su defensa consistió en declarar oralmente por alrededor de una hora y entregar un escrito, con el que negó que sus empresas hayan sido beneficiadas por decisión del Gobierno y pidió su sobreseimiento.
En el centro de la acusación del fiscal Carlos Stornelli se encuentra la negativa del Gobierno a cerrar un acuerdo con la firma Pfizer, en agosto de 2020, supuestamente para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina. Entre estos socios locales, se encuentran dos empresas de Sigman.
Sigman considera que la demora inicial en la compra de las vacunas estuvo vinculada a las condiciones jurídicas que habría exigido la propia Pfizer.
A su vez, sostiene que las empresas suyas que intervinieron luego en el proceso, Mabxience y Elea Phoenix, no tuvieron un rol comercial sino técnico y que los pagos no estuvieron atados a decisiones del Estado argentino.
Respecto a la primera, sostiene que fue contratada por AstraZeneca en calidad de proveedor industrial, para fabricar en Garín el principio activo de la vacuna contra el Covid.
En relación a Elea Phoenix, asegura que fue contratada para participar técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinopharm. Según un comunicado que compartieron desde su entorno, Elea cobró un honorario previamente determinado por esa tarea y no intervino en las negociaciones con el Estado.
Además, sostiene que Pfizer, Elea Phoenix y Sinergium Biotech trabajan juntos desde 2011 en la producción local de la vacuna Prevenar 13, y que esa relación continuó después de la pandemia, incluso con un proyecto de 2024 para fabricar Prevenar 20.
Su abogado defensor en esta causa es el exministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.
La indagatoria de Sigman, prevista primero para mayo, luego para junio y más tarde para comienzos de este mes, fue virtual, por pedido de su defensa, puesto que el empresario vive en España y tiene 83 años.
Es la última ronda de 15 indagatorias ordenada por el fiscal Stornelli. Lijo deberá ahora resolver la situación procesal de todos ellos, entre quienes se encuentran el infectólogo Pedro Kahn y la exministra de Salud, Carla Vizzoti.
La exfuncionaria no respondió preguntas y presentó un escrito de más de 100 páginas con el que negó irregularidades y sostuvo que su intervención durante 2020 estaba concentrada en cuestiones sanitarias, técnicas y epidemiológicas y no en la negociación comercial de los contratos.
Ginés González García también formó parte del caso, pero falleció en 2024.
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POLITICA
Documento inédito: econtraron una carta de 1833 donde el gobernador de Buenos Aires relata la usurpación inglesa de las Malvinas
Casi dos siglos después de uno de los episodios centrales de la historia argentina, un documento permitió reconstruir cómo llegó a Tucumán la noticia de la usurpación inglesa en las Islas Malvinas. Se trata de un oficio de 1833 enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al gobernador tucumano Alejandro Heredia.
El hallazgo fue realizado recientemente por el equipo del Archivo Histórico de la Provincia, que encontró el documento mientras trabajaba en la recuperación y conservación del patrimonio documental.
El documento está compuesto por cuatro hojas y describe cómo se sucedieron los acontecimientos a partir del 2 de enero de 1833. Su contenido permite conocer de qué manera fue comunicado lo ocurrido en las islas a las autoridades de la época.
El destinatario del oficio tampoco es un dato menor. Según explicó el director de la institución, Javier Critto, Tucumán tenía entonces un peso político importante dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata (todavía no existía la Argentina). “Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, señaló.
Para el Archivo Histórico, la recuperación de este material forma parte de una tarea cotidiana que busca preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional y, al mismo tiempo, ponerlos a disposición de la comunidad.
“Es un documento inédito y fundamental para nuestra memoria. Nos permite saber que las Malvinas siempre han sido argentinas”, sostuvo Critto.
El hallazgo fue dado a conocer en el marco de un ciclo de conferencias organizado por la institución para conmemorar los 60 años del cierre de los ingenios azucareros durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
La iniciativa se desarrolla por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y busca combinar la conservación del patrimonio documental con espacios de reflexión y formación sobre distintos momentos de la historia de Tucumán.
El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó el objetivo de generar una “memoria activa” y señaló que el trabajo del Archivo no se limita a conservar los documentos.
“El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión, de formación”, afirmó.
El ciclo cuenta con la participación de especialistas vinculados con la historia provincial y la producción azucarera, quienes abordan las distintas dimensiones del cierre de los ingenios y sus consecuencias para Tucumán.
“Se inicia un ciclo de conferencias que vamos a tener con distintos expositores que están vinculados con la historia, con la producción azucarera, especialistas en la materia y que tienen el principio de autoridad para poder brindarnos disertaciones y conferencias al respecto”, explicó Albarracín.
Las actividades se realizan en la sede del Archivo Histórico de la Provincia, ubicada en 25 de Mayo 487, en San Miguel de Tucumán, con entrada libre y gratuita. El objetivo, según el funcionario, es que el conocimiento del pasado también sirva para analizar el presente.
“Recordando y rememorando esos hechos del pasado, podamos también afrontar los desafíos del presente y no permitir que se vuelva a incurrir en esos errores tan drásticos y dramáticos como ocurrió en aquella época”, concluyó.
Tucumán, Islas Malvinas, malvinas, carta, INVASIÓN
El caso de dos mujeres que denuncian que la plataforma Mercado Pago les aplicó tasas mayores al 1300% anual por préstamos que solicitaron derivó en una denuncia judicial, presentada ayer por un abogado contra Mercado Libre SRL, la firma titular de la billetera virtual.
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, cuyo titular es el juez Guillermo Pesaresi, y la presentó el abogado Diego Gonzalo Espasandín, un letrado especializado en derecho bancario y banca digital que es uno de los fundadores de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (Acfra).
Según se informó en un comunicado de prensa, la presentación judicial tiene como origen “los casos de dos consumidoras que denuncian el cobro de intereses excesivos, con tasas que, según el cálculo realizado por la organización, superan el 1300% anual”. Ese porcentaje es “totalmente desproporcionado”, se añadió en la comunicación.
“El objetivo es que el reclamo pueda alcanzar a otros usuarios de Mercado Pago que se encuentren en una situación similar. De acuerdo con los registros con los que cuenta la asociación, se trata de aproximadamente siete millones de usuarios en la Argentina que podrían verse comprendidos por una resolución favorable”, se especificó en el comunicado de Acfra, una organización fundada en el año 2006.
Según pudo saber , no se habría corrido traslado aún a la firma denunciada. Este diario contactó a Mercado Libre, pero no obtuvo respuestas.
Ayer, mientras la Cámara de Diputados trataba proyectos sobre morosidad (la oposición le impuso al Gobierno un compromiso para avanzar en su tratamiento y en el debate de iniciativas sobre presupuesto para el área de discapacidad), en la Plaza del Congreso se manifestaron agrupaciones opositoras contra Mercado Pago. Se plegaron diputados del peronismo enrolados en la agrupación La Cámpora y se observaron columnas de partidos políticos como Libres del Sur con pancartas contra Marcos Galperin, CEO de Marcado Libre.
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