POLITICA
Expropiación de Aerolíneas: el Gobierno apelará ante la Justicia de EE.UU. el fallo para evitar pagar US$390 millones
El Gobierno definió apelar ante la misma Cámara que falló contra la Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y buscará evitar el pago de más de US$390 millones a Titan Consortium. Según pudo saber TN, la Procuración del Tesoro prevé presentar este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, un día antes del vencimiento del plazo.
La decisión ya está tomada y el escrito se encontraba este martes en su etapa final de elaboración. La intención es ingresarlo un día antes del vencimiento del plazo, previsto para el jueves 20 de agosto. El encargado de llevar la estrategia es el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabaja junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.
La presentación buscará que la propia Cámara revise la decisión que confirmó el 21 de julio la sentencia contra el Estado argentino. La defensa había evaluado durante las últimas semanas si avanzar primero por esa vía o dirigirse directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos y finalmente optó por agotar una instancia más ante el tribunal de apelaciones.
La estrategia no incluirá un pedido específico para suspender la sentencia o impedir temporalmente que Titan avance con el cobro. En Nación consideran que esa herramienta no encaja correctamente en la etapa actual del expediente. Analizan, sin embargo, otra alternativa procesal que todavía no está definida y que prefieren mantener en reserva.
El objetivo inmediato es mantener abierta la discusión judicial y evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Titan también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la condena.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó en julio el planteo de la Argentina y ratificó el fallo de primera instancia. La discusión que llegó a ese tribunal no volvió sobre las condiciones de la estatización de Aerolíneas, sino sobre el plazo que tenía Titan para pedir ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y cobro del laudo internacional.
La Argentina sostuvo que la acción había prescripto porque correspondía aplicar un plazo de tres años. Los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento y determinaron que debía utilizarse un período de doce años. Esa interpretación permitió que el reclamo presentado por Titan en 2021 continuara vigente.
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El conflicto tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. Las empresas accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular la decisión, pero ese planteo fue rechazado en 2019. Como el organismo arbitral no ejecuta directamente sus condenas, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales para intentar cobrar.
Los derechos económicos derivados del juicio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo. Con los intereses acumulados, la condena ya supera los US$390 millones.
La defensa argentina intentará ahora que la Cámara vuelva a analizar su propia resolución. El planteo puede apuntar a una nueva evaluación por parte de los jueces que intervinieron o solicitar una revisión más amplia dentro del tribunal. El Gobierno no anticipa qué alcance tendrá finalmente el escrito para evitar revelar la estrategia antes de su presentación.
La elección de ese camino también extiende los tiempos antes de una eventual llegada a la Corte Suprema estadounidense. En el Ejecutivo ya habían advertido que pedir primero una revisión ante la Cámara permitía conservar posteriormente la posibilidad de acudir al máximo tribunal si el resultado volvía a ser adverso.
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La Corte Suprema queda así como la siguiente alternativa y no como la vía inmediata. Si la Cámara rechaza el planteo, la Argentina podrá pedirle al máximo tribunal que tome el expediente, aunque su intervención no es automática: los jueces deciden qué casos aceptan revisar.
En la Casa Rosada sostienen que la política adoptada es estirar los tiempos de todos los litigios relevantes contra el Estado, tanto dentro como fuera del país. En ese marco ubican también la estrategia desplegada en el juicio por YPF, donde la Argentina consiguió recientemente decisiones favorables en instancias de apelación.
El fallo no condena a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional por la expropiación realizada en 2008. La hoja de ruta inmediata queda ahora concentrada en la presentación de este miércoles: la Argentina pedirá que la Cámara revise su decisión y, si no logra revertirla, mantendrá abierta la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema para intentar evitar el desembolso de más de US$390 millones.
Gobierno, Aerolíneas Argentinas
POLITICA
Kicillof demandó penalmente a Milei y a Caputo ante la justicia federal por el Fondo Hídrico
LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof demandó hoy penalmente al gobierno de Javier Milei por la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
La denuncia fue formulada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ante la justicia de San Martín. Recayó ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de Emiliano Ramón Canicoba.
El gobierno de la provincia acusa al gobierno nacional de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios por retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta del Fondo Hídrico por parte del Poder Ejecutivo nacional.
La demanda penal apunta al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Se trata de un Fondo creado por decreto 1381/2001, luego ratificado por la ley 26.181 y que se integra con el 4,3% de lo producido por el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural asignados por la ley 23.966.
De acuerdo a la norma el fondo debe administrar los bienes con el destino único e irrevocable al pago de obras, mantenimiento, servicios de infraestructura hídrica, servicios de deuda y financiamiento de proyectos hídricos.
“Pese a que la recaudación es casi automática, solo se habrían ejecutado en obras por uno de cada tres pesos recaudados, desde que llegó al poder Javier Milei”, dijo Katopodis.
“Tiene que ser destinado a obras para inundaciones en el contexto de El niño- dijo el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires-. Ya hay resultados y efectos de mucha gravedad. En noroeste de la provincia de una semana para otra se viene agravando la saturación del suelo. Venimos siguiendo el tema. Ya no hay duda: vamos a afrontar una situación muy pero muy grave”, advirtió.
De acuerdo a las planillas presentadas desde 2024 la ejecución de este fondo a obras solo habría alcanzado un 30 por ciento de lo recaudado -unos 375.000 millones de los que se habrían ejecutado 115.990,24 millones- y el resto se habrían colocado en letras del Tesoro Nacional, según la denuncia penal.
En suma: se denunció la subejecución de 259.431,89 millones de pesos que representa el 69,1 por ciento de lo recaudado.
De acuerdo a las planillas en 2024 se recaudaron 93.403,23 millones, se hicieron obras por 11.9499,66 millones se pagaron gastos operativos por 14.770,34 millones.
En 2025 se recaudaron 184.394,83 millones se pagaron obras por 43.408,97 millones y se destinaron otros 2.167,40 millones a gastos operativos y administrativos.
En lo que va de 2026 – hasta mayo- se recaudaron 97.624,07 millones se pagaron obras por 61.081,61 millones y gastos por 1.786,04 millones.
En total se recaudaron 375.422,13 millones, se ejecutaron obras por 115.990,24 millones y hubo gastos por 18.723,76 millones lo que representa un 30,9 por ciento del total.
“El gobierno sigue recaudando este impuesto: es una caja registradora 24 horas siete días por semana. Se la está robando el gobierno nacional. Es un perjuicio muy grande a la provincia de Buenos Aires”, aseguró Katopodis.
“El Fondo Hídrico solo se ejecuta una de cada tres pesos recaudados. El resto timba financiera”, calculó el funcionario.
Mientras tanto de las 59 obras que eran financiadas en por el Fondo Hídrico 32 se encuentran “neutralizadas”, 8 “con convenios rescindidos” y 24 con “contratos actualizados”.
De estas 27 corresponden a la provincia de Buenos Aires: entre ellas 17 están neutralizadas, 5 con convenios rescindidos y 12 con contratos actualizados según se precisó en la denuncia penal.
Subejecución
Con la recaudación nunca ejecutada por el gobierno nacional “se podría haber triplicado las obras en el río Areco -dijo Katopodis- También equivale a ocho veces la obra de Bahía Blanca”, dijo.
El gobierno denunció además la falta de avales del ministerio de Economía de la Nación para tomar créditos internacionales a fin de concretar obras pendientes en este territorio. Entre estos, un crédito por USD 270 millones pendiente para obras de Tratamiento y Disposición Final de Residuos líquidos Cloacales en el Gran La Plata.
“Ese trato no lo han recibido otras 10 provincias que tienen créditos aprobados por 1.973 millones de dólares. Hacemos responsable al gobierno por la comisión presunta de estos delitos”, denunció.
“El escenario en los próximos meses va a ser de especial gravedad, necesitamos que la justicia penal determine si hay comisión de delitos que hemos mencionado”, destacó.
“Hay que ser claros en el peligro que se avecina: es muy grave”, advirtió Kicillof, al denunciar públicamente estas irregularidades un mes atráz durante la presentación de un plan de emergencia ante El Niño.
El gobernador dijo que será difícil contener las consecuencias del fenómeno meteorológico porque “Milei se robó los recursos”. Como para que no quedara lugar a dudas, definió la situación como “un escándalo”.
María José Lucesole,Conforme a
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La dura respuesta de las universidades a la Casa Rosada: “El conflicto del Gobierno es con la ley y el Estado de derecho”
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió al cruce del secretario de Educación, Carlos Torrendell, después de que acusara a los rectores de mantener un “acuerdo de casta” para reclamar más recursos. En un duro comunicado, las autoridades universitarias cuestionaron al funcionario por intentar desacreditar sus demandas y advirtieron que el principal problema es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “No se trata de un conflicto del CIN con el Gobierno, es un conflicto del Gobierno con la ley y el Estado de derecho”, sostuvieron.
En su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, Torrendell defendió la política educativa del Gobierno de Javier Milei y aseguró que las universidades ganaron participación dentro del gasto nacional. El funcionario también cuestionó los niveles de graduación, el crecimiento de las plantas docentes y la falta de transformaciones en el sistema universitario. También acusó a los rectores de integrar una dirigencia que “sólo acuerda para pedir más recursos” y no se compromete con las transformaciones del sistema.
Frente a esos cuestionamientos, el CIN rechazó que el reclamo de fondos represente una resistencia a los cambios académicos. “Los salarios permiten sostener las clases; las becas, continuar los estudios; los recursos de funcionamiento, abrir aulas, bibliotecas y laboratorios”, señaló, y advirtió que ninguna política educativa puede sostenerse con salarios deteriorados, equipos sobrecargados e infraestructura insuficiente.
La discusión también alcanza el Presupuesto 2027, en el que el Gobierno prevé transferencias por $7,7 billones, mientras que las universidades reclaman $11 billones. Sobre el argumento de Torrendell de que el sector aumentó su participación dentro del gasto nacional, los rectores advirtieron que “una proporción puede crecer porque disminuye el conjunto sobre el que se calcula” y reclamaron evaluar el poder adquisitivo de las partidas, la evolución salarial y los costos de funcionamiento.
Las críticas y el reclamo para participar del debate presupuestario
El CIN también cuestionó las estadísticas de graduación que presentó el secretario de Educación para comparar las universidades públicas con las privadas. “Quienes completan sus estudios después del plazo previsto también se gradúan. Demorar una trayectoria no equivale a abandonarla”, sostuvo la entidad, que pidió contemplar las condiciones laborales, las responsabilidades de cuidado y las desigualdades educativas de los estudiantes.
En cuanto al crecimiento de la planta docente, los rectores rechazaron que ese indicador demuestre por sí mismo una situación de ineficiencia y manifestaron su disposición a discutir reformas en los planes de estudio y mecanismos de evaluación, aunque advirtieron que “el cumplimiento del financiamiento no puede quedar condicionado a la adhesión de las universidades a las preferencias del gobierno”.
Las críticas más duras estuvieron dirigidas a la gestión personal de Torrendell. “En tres años, no dijo ni hizo nada por la educación superior. No respondió notas cursadas formalmente ni advertencias efectuadas a tiempo”, afirmó el CIN, y lo acusó de no presentar propuestas “más allá del ajuste y la descalificación”.
Respecto de las obligaciones del Poder Ejecutivo, el comunicado recordó que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial. “El gobierno puede expresar sus diferencias, formular propuestas y utilizar los mecanismos constitucionales correspondientes. Debe, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones exigibles”, remarcaron las autoridades universitarias.
En ese contexto, el CIN solicitó participar de la próxima reunión de la Comisión de Presupuesto de Diputados, antes de que se emita dictamen, para responder a las acusaciones del funcionario. Los rectores reclamaron que se les garantice el derecho a réplica y cerraron su planteo con una exigencia dirigida a Torrendell: “Responda con información, dialogue con respeto con las instituciones, asuma su responsabilidad y cumpla con la Ley”.
universidades públicas, universidades, Carlos Torrendell
POLITICA
Escala la interna libertaria por el Islam: el Gordo Dan atacó a Benegas Lynch, el “prócer” de Milei, y a Martín Menem
Mientras los datos oficiales indican que la economía sigue estancada y no logra recuperarse, vuelve a escalar la batalla interna entre referentes de La Libertad Avanza (LLA) por el Islam.
En los últimos días, los integrantes de las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que responde a Santiago Caputo, activaron una ofensiva contra los musulmanes, a quienes vinculan con actos terroristas y responsabilizan por la ola de protestas en Europa.
El propio Caputo, a través de su cuenta oficial de X, dijo que la Argentina debe recuperar las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”, algo que provocó malestar en el gobierno británico.
Esta tarde, el propagandista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, volvió a asociar a la religión que profesa la familia Menem con el terrorismo y atacó de manera directa a Alberto Benegas Lynch (h.), el “prócer” de Milei, y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo, repudió un mensaje que había publicado en sus redes sociales Benegas Lynch, quien sugirió no utilizar los temas religiosos para confrontar.
“Alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos; es clave que se cumplan normas de respeto recíproco, sea de extranjeros o locales. Lo contrario debe ser severamente penado”, sostuvo Benegas Lynch. Se trata de una voz autorizada en el mundillo de LLA. De hecho, Milei lo considera como el “padre” del liberalismo argentino. El tuit del economista fue compartido por Menem, uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei.
Hoy, Parisini se hizo eco del mensaje de Benegas Lynch y apuntó contra Menem. “Dale, ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el Islam en Europa y en el mundo porque, según ustedes, deberíamos ser ‘severamente penados’ por decir la verdad”, escribió. Enseguida, completó: “Me chupan un huevo todos ustedes, del primero al último, incluyendo al del RT [por Menem]. La Argentina no se doblegará nunca”.
En su tuit, Benegas Lynch recordó una nota que escribió en diciembre de 2017 en el portal Infobae. En ese texto, el “prócer” de Milei advertía que los terroristas “son criminales a secas; el mezclar religiones solo logra una llamarada de fanatismos incontenibles”.
Hoy, durante su presentación ante la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Milei dijo que “la izquierda está aliada con el islamismo radical asesino pone-bombas”. “En Argentina nos pusieron dos bombas, en 1992 y 1994”, puntualizó en referencia a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Los tuiteros de Caputo celebraron ese pasaje del discurso.
Grieta interna
Hace dos semanas, el Presidente ya había avalado un mensaje del Gordo Dan, en el que asoció la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres, actos terroristas o la pedofilia. “Tomar nota”, señaló Milei.
Hasta ese momento, el líder de La Libertad Avanza se había mantenido al margen de la pulseada religiosa que tensionó al máximo la relación entre los Menem y los tuiteros que comanda Caputo. Parisini reaccionó después de que el Centro Islámico de la República Argentina lo denunciara en la Justicia por haber publicado en sus redes sociales una imagen en la que vinculaba al islam con la “esclavitud”, “decapitaciones”, “opresión a las mujeres” y “violaciones”, entre otras cosas.
Hoy, la discusión se trasladó al recinto de la Cámara de Diputados, durante el debate sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Durante las cuestiones de privilegio, Luis Petri, de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó al Islam y lo responsabilizó por la “pérdida de valores” en Europa, por lo que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.
“¿Sabe qué? Es el sistema que usted defiende. Un sistema que castiga con pena de muerte al que piensa distinto», le respondió el legislador oficialista, al mismo tiempo que el presidente de la Cámara le pedía que cerrara la idea.
Pero Bregman se dirigió a Menem y le gritó: “¡Lo van a venir a buscar a usted!”. En X, Parisini respaldó la intervención de Petri, en la que afirmó que “el islamismo radical amenaza Occidente”: “Impresionante”, señaló.
Esta no es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín a Caputo arremeten contra el Islam y abren una grieta interna con la familia Menem.
En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.
“Borrá eso, pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
El Centro Islámico de la República Argentina ya ha expresado su malestar con Milei por sus condenas al “terrorismo islámico” y al “fanatismo” musulmán. Fue a mediados de 2024, después de que el Presidente manifestara, durante la apertura de los Juegos Macabeos, “compromiso inalterable con el Estado de Israel y con su pueblo en la lucha contra el terrorismo Islámico, por la paz y la libertad’”.
En enero pasado, Martín Menem reclamó “no confundir nunca, bajo ningún punto de vista, terrorismo con religión”.
batalla interna,“siendo colonizado por el Islam”,pic.twitter.com/8QyNBenq3U,October 21, 2026,el “prócer” de Milei,profesa la familia Menem,October 21, 2026,cuestionó al Islam,pic.twitter.com/ezw3m9cegU,October 21, 2026,pic.twitter.com/JvSHd8ybyg,October 21, 2026,Conforme a
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