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El PJ designó “normalizadores” del partido en Salta y Jujuy para contrarrestar fallos judiciales adversos

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El congreso del Partido Justicialista (PJ) designó a cuatro dirigentes de su estructura para que oficien de “normalizadores” del PJ en Salta y Jujuy, dos provincias en las que la Justicia intervino el partido y desplazó a los enviados de la conducción partidaria, alineados con la presidenta del peronismo nacional, Cristina Kirchner. Con la decisión tomada en la reunión partidaria, realizada este martes, el justicialismo busca contrarrestar los fallos adversos que recibió y colocar al frente en Salta y Jujuy a los dirigentes Pablo Kosiner, Nora Canunni, Teresa García y Máximo Rodríguez, en caso de que avancen las apelaciones que presentó en los estrados judiciales.

El PJ nacional reunió a su congreso (órgano partidario que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y que debe reunirse anualmente, según establece la Carta Orgánica del PJ) el martes, en su sede de la calle Matheu 130, del barrio porteño de Balvanera. La reunión comenzó en el segundo llamado previsto, alrededor de las 18,30, y se extendió hasta la noche. Se aprobaron balances y actas de reuniones del consejo partidario, y se designaron, como normalizadores del partido en Salta, al exdiputado nacional Pablo Kosiner y la exsenadora provincial Nora Canunni. En los mismos puestos, pero para el PJ jujeño, se nombró a la diputada nacional Teresa García y el exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.

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Kosiner y Canunni eran los interventores del PJ salteño hasta la semana pasada, cuando un fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini dispuso la intervención judicial del partido y designó interventor a José Luis Gambetta, un dirigente que está alineado con el gobernador Gustavo Sáenz y el exsenador Juan Carlos Romero.

Antes de Kosiner y Canunni, habían sido designados interventores el actual senador bonaerense Sergio Berni y la actual diputada provincial pampeana María Luz Alonso, quienes renunciaron el 20 de febrero. La intervención se dispuso por el acompañamiento de legisladores nacionales del PJ salteño a proyectos del gobierno de Javier Milei, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

García, Menéndez, Mayans, Manzur e Insfrán, entre los dirigentes reunidos en la sede del PJ

García y Rodríguez, nombrados para el PJ jujeño, ya fueron interventores del PJ en Corrientes. En el peronismo de Jujuy (intervenido desde julio de 2023), el partido nacional había designado como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Pero, a principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño también alineado con el gobernador Sáenz.

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En el fallo que designó interventor a Villada, el juez Hansen también dejó sin efecto una resolución de Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados del peronismo jujeño, con argumentos como los de apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño.

Tanto en el caso de Salta como en el de Jujuy, el PJ nacional presentó apelaciones contra las intervenciones judiciales. Si logra éxito, pretenderá que entren en funciones los normalizadores nombrados ayer en el congreso, que se realizó bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. En el caso de Jujuy, Ramiro González, fiscal nacional electoral, recomendó a la Cámara Nacional Electoral que se mantenga la intervención judicial a cargo de Villada.

El partido busca que en Salta y Jujuy se realicen elecciones internas el 25 de octubre. “Está bien que hayan ratificado las elecciones, pero el congreso volvió a caer en una suerte de desobediencia judicial porque vuelve a decir que continúan sus interventores, desconociendo lo que decidió la Justicia Federal. Para llegar a las elecciones, necesitamos una junta electoral imparcial, que no pertenezca a La Cámpora ni a [Juan Manuel] Urtubey. El partido hoy está con sueldos atrasados de sus 12 empleados y cortes de luz”, afirmó a el exsecretario general del PJ de Salta, Antonio Hucena.

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“Es una payasada lo que hizo el congreso, es una chicana al juez federal. La intervención es válida”, afirmó, por su parte, Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy, que es uno de los dirigentes que habían sido apartados del PJ provincial por la intervención y que se presentó en la Justicia para pedir el desplazamiento de los interventores alineados con Cristina Kirchner.




la Justicia,Análisis. Una guerra entre tres familias,Javier Fuego Simondet,PJ Partido Justicialista,Cristina Kirchner,Salta,Conforme a,,Diputados. Con apoyo de sus aliados, el Gobierno bloqueó el intento opositor para avanzar con la interpelación a Adorni,,Senado. Con cambios, obtuvo dictamen el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada,,Cambio de criterio. ARCA dejará de apelar en los juicios para gravar Ganancias a las jubilaciones,PJ Partido Justicialista,,Movimientos en el PJ. Uñac busca posicionarse como candidato a presidente, avalado por sectores del cristinismo,,Movilización. La marcha universitaria refuerza su condimento opositor con la adhesión de partidos políticos y sindicatos,,Movimientos en el PJ. La pata peronista que busca abrirse de Kicillof y La Cámpora intenta posicionarse en el interior

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La justicia paraguaya se quedó con los 200 mil dólares que Edgardo Kueider intentó entrar al país

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En medio de los avances en una causa por lavado de dinero que investiga al ex senador Edgardo Kueider, Óscar Orué, titular de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) de Paraguay, confirmó a Infobae que los USD 200 mil no declaró al intentar pasar por el Puente de la Amistad quedaron en poder del Estado paraguayo. Un destino similar ocurrió con la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba con su pareja, Iara Guinsel, que será rematada.

Los bienes habían sido decomisados el 4 de diciembre de 2024 cuando se produjo el incidente en la cabecera paraguaya del viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. La medida fue ratificada por una resolución administrativa posterior. Y quedó firme luego de que el ex representante de Entre Ríos en el Congreso dejara caer la apelación.

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Según detalló Orué, Paraguay ya se quedó con los USD 200 mil que trasladaban. Están acreditados en una cuenta del Estado del país vecino. En rigor, Kueider intentó traspasar la frontera con 211 mil dólares, pero como el límite legal para transportar es de 10 mil, se le devolvió ese dinero y el resto quedó retenido.

La Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” (o Pajarito) González. Guinsel tenía una autorización de manejo y, al momento de la detención, era quien conducía.

Iara Guinsel y Edgardo Kueider fueron condenados por contrabando

El supuesto dueño del vehículo está sindicado por la Justicia como posible testaferro de Kueider. Se acreditó que fue presidente de Betail SA. La firma figuraba como dueña de departamentos de lujo en Paraná comprados en efectivo por el ex senador, según los titulares de la desarrolladora inmobiliaria que los construyó.

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La camioneta será puesta en remate. Lo recaudado también quedará en manos del Estado paraguayo, señaló Orué. El funcionario puntualizó que la venta pública de la Chevrolet Trailblazer se realizará “antes de fin de año”, con seguridad.

El proceso

Luego de la retención del dinero y del vehículo, se inició un trámite de decomiso que culminó con una resolución administrativa de la DNIT, una dependencia similar al ARCA de Argentina.

La defensa de Kueider accionó contra la decisión ante el Tribunal de Cuentas del país vecino. El organismo es la primera instancia del Poder Judicial encargada de entender en los procedimientos y recursos contencioso-administrativos.

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El expediente fue caratulado “Edgardo Darío Kueider y otros c/ resolución nº 212 dictada por la DNIT”. El procedimiento contencioso administrativo en Paraguay dispone que quien promueve la demanda debe impulsar la causa. Si no lo hace durante tres meses, se dicta la caducidad de oficio. Esto fue lo que ocurrió con el caso del ex senador argentino.

Foto del día de la detención de Kueider en la frontera paraguaya

Según establecieron los jueces Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ávalos Valdéz y Hugo Diez Pereira Vera, los abogados de Kueider dejaron pasar más de cuatro meses sin realizar ningún acto. Por eso, el pasado 9 de septiembre declararon de oficio la caducidad de instancia y la incautación de bienes quedó firme.

El caso

Edgardo Kueider fue detenido en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad en las primeras horas del martes 4 de diciembre de 2024. Llevaba 200 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos que no había declarado en la Aduana a pesar de que lo consultaron al respecto. La Justicia le dictó prisión domiciliaria a él y a su pareja.

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En junio pasado, fue condenado por contrabando en grado de tentativa. Le dieron dos años de cumplimiento condicional. A Guinsel, la sancionaron con un año y 10 meses.

Por otro lado, la Justicia de Paraguay le abrió otra causa por lavado de activos. Es por la compra de departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción. La hipótesis fiscal es que se usó dinero proveniente de ilícitos en la Argentina para la operación.

Kueider, además, tiene dos causas por lavado abiertas en nuestro país. Una está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lo tramitan. La otra se armó en la Justicia de Entre Ríos. El juez de Garantías 2 de Concordia, Ives Bastián, y el fiscal José Costa son quienes llevan el expediente. La Corte tiene en sus manos definir a cuál le corresponde la competencia.

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Por otro lado, Arroyo Salgado pidió a Paraguay la extradición de Kueider. Eso generó un nuevo juicio en el país vecino. La Fiscalía paraguaya dio luz verde al procedimiento. Pero puso como requisito que antes cierre sus cuentas ante la Justicia legal. En ese recorrido están las apelaciones por la condena por contrabando y el caso por lavado.

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El proyecto del Gobierno sobre Malvinas se tratará en Diputados en un plenario de tres comisiones

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El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno comenzó formalmente su recorrido en la Cámara de Diputados, luego de que Martín Menem definiera su giro a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La iniciativa tiene 133 artículos, incluye cambios en distintas normas vinculadas con seguridad y recursos naturales y ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición.

Las tres comisiones están presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, y tendrán a su cargo el análisis de la propuesta antes de que pueda avanzar hacia la firma de un dictamen.

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Jorge Taiana, diputado nacional de UxP. (Foto: Senado).

El texto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla, entre otros puntos, la derogación de la Ley 26.659, que regula las sanciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

También introduce modificaciones en el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La oposición anticipó que no acompañará el proyecto sin una discusión profunda. El diputado y excanciller Jorge Taiana sostuvo: “Más que a la defensa de la soberanía, el proyecto de ley que escribió el Gobierno sobre Malvinas responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas”.

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Por su parte, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, afirmó: “El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas. Cuando (Javier) Milei se convirtió en malvinero, venía de estar en Chile donde alabó al (expresidente Augusto) Pinochet, y la verdad que Pinochet y Malvinas no riman”.

Además, consideró que la iniciativa es “una consecuencia de la reunión del Canciller (Pablo) Quirno con Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) y del alineamiento ciego con los Estados Unidos”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también rechazó el proyecto. “El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, bajo la cobertura de una supuesta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, constituye un fraude monstruoso: pretende reforzar el Estado autoritario y profundizar el realineamiento de la Argentina y la región con Estados Unidos y sus intereses geopolíticos. Otra vez aparece la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, detrás de una iniciativa de Javier Milei”, planteó.

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Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Defensa. (Foto: Cámara de Diputados).
Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Defensa. (Foto: Cámara de Diputados).

Los principales cambios que propone la iniciativa

El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.

La propuesta ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.

Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.

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El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.

También crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.

Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

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Bloque Convicción Federal en Senado, Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). (Foto: Senado nacional).
Bloque Convicción Federal en Senado, Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). (Foto: Senado nacional).

El Senado impulsa una Bicameral permanente por la causa Malvinas

En paralelo al avance del proyecto en Diputados, el Senado tiene previsto tratar este miércoles a las 16 la creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas, impulsada por el bloque Convicción Federal.

La senadora Carolina Moisés pidió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, que busca garantizar una intervención permanente del Congreso en los asuntos vinculados con la soberanía sobre las islas.

“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó.

La comisión estaría integrada por 16 legisladores, ocho de cada Cámara, y debería incluir al menos un representante de Tierra del Fuego por Diputados y otro por el Senado.

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Guillermo Francos habló sobre el recorte en Discapacidad: “No es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”

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En medio de la polémica que generó el recorte en Discapacidad en el Presupuesto 2027, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró que “no debe utilizarse como una variable para alcanzar el equilibrio fiscal”. De igual forma, planteó que el Estado “debe revisar las pensiones”.

La sorpresa se produjo la semana pasada, incluso para políticos aliados como Patricia Bullrich, cuando el Gobierno nacional presentó sobre la hora la previsión presupuestaria para el año entrante con un capítulo que no había sido informado hasta el momento. Se trata del apartado VI, en el que se proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Finalmente, se presentó un nuevo proyecto que mantiene gan parte del régimen vigente.

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Al respecto, Francos, durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24, aseguró: “No estoy en la cocina del funcionamiento interno del Gobierno como para establecer responsabilidades”. De igual forma, consideró que se trató de un “error no forzado” y un “desentendimiento”. “La Discapacidad no es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”, aclaró.

Con respecto a la situación actual de las pensiones por discapacidad, el ex jefe de Gabinete pidió que se revise “dónde se malgastó”. “Se necesita revisar las pensiones que se otorgaron políticamente en algunas provincias”, ló.

Por otro lado, el antecesor de Diego Santilli habló sobre las elecciones del año entrante y no descartó ser candidato. “No digo ni sí ni no”, indicó y agregó: “Si las Fuerzas del Cielo lo determinan, cumpliré alguna función”.

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Según su evaluación, “el proceso político que encabeza Milei debe continuar y requerirá una bancada parlamentaria más amplia. En un período próximo habrá fuerza parlamentaria para dictar esas leyes”. Por esto mismo, sostuvo que, desde su punto de vista, La Libertad Avanza y el PRO deben ir juntos en los comicios.

“Todos los sectores que piensan y tienen ideas liberales, que creen en la competencia y la libertad, deberían ir juntos”, afirmó. También llamó a “evaluar los riesgos de una competencia por separado y a buscar coincidencias para definir candidaturas”.

En esa misma línea, volvió a cuestionar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consideró que “deben ser eliminadas”. A su juicio, “su creación trasladó a los votantes una responsabilidad que les corresponde a los partidos políticos”.

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Por esto mismo, argumentó que “votar cinco veces en un año cansa y le hace mal a la democracia” y propuso “revisar el sistema partidario porque existen numerosas fuerzas que no tienen capacidad real de competir”.

Pese a la cercanía que existe en el Congreso entre LLA y el PRO, Francos diferenció a Milei del ex presidente y titular del partido amarillo, Mauricio Macri. “Macri construyó su carrera a partir de una trayectoria política e institucional que incluyó su paso por Boca Juniors, la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia. Milei, en cambio, llegó desde el sector privado, fue diputado y luego presidente, con una impronta que priorizó el cambio de rumbo antes que las formas tradicionales de la política”, explicó.

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Sobre el caso de Manuel Adorni, Francos consideró que “el episodio afectó la imagen positiva del Presidente” y atribuyó el respaldo inicial de Milei a la idea de que “existía una operación política en su contra”. “El Presidente siempre defiende a sus ministros”, afirmó, y destacó que “Milei mantuvo esa posición hasta que Adorni presentó su renuncia”.

El exjefe de Gabinete también se refirió a la jefa de la banca libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, a quien definió como “una dirigente con trayectoria y fortaleza política”. De esta manera, concluyó que confía en que, “pese a marcar diferencias, Bullrich no busca romper con el Presidente”.

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