En tiempos de polarización regional y frialdad en la cúspide del poder político entre Brasilia y Buenos Aires, el pragmatismo económico y los intereses estratégicos bilaterales encuentran un canal blindado: el sector de la Defensa.

Mientras la distancia marca la relación entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, los canales técnicos de ambos países avanzan en una agenda de fuerte contenido comercial e institucional.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro, desembarcará en la Argentina el próximo lunes para mantener una reunión bilateral clave con su par argentino, el teniente general Carlos Alberto Presti. La visita, confirmada a por altas fuentes del Ministerio de Defensa brasileño, marca el inicio de una fuerte ofensiva comercial del gobierno de Lula en la región, en un escenario global dominado por el rearme.

Múcio, un ingeniero y dirigente de perfil centrista y componedor dentro del Poder Ejecutivo brasileño, busca inaugurar con este viaje lo que en los despachos oficiales de Brasilia denominan “diplomacia de defensa”. El objetivo central es aprovechar la corriente de aumento en los presupuestos de seguridad global para reposicionar a Brasil como el gran proveedor tecnológico y logístico de América del Sur, comenzando precisamente por su principal socio de la región.

“La defensa es un tema de Estado, no es un tema político de gobierno”, explicaron a en el entorno del ministro Múcio. “Nuestra área es como el Palacio de Itamaraty, somos instituciones de Estado. Estas relaciones son puramente institucionales y la cuestión política entre los mandatarios no es relevante para esta estrategia”, enfatizaron en el gobierno de Lula, buscando encapsular el cortocircuito ideológico entre el presidente brasileño y Javier Milei.

El despliegue comercial brasileño coincide con un escenario de luces y sombras para el presupuesto militar argentino. Por un lado, Milei viene de ordenar, mediante el decreto 314/2026, que el 10% de los fondos obtenidos por las privatizaciones de empresas estatales se destinen al financiamiento de un plan de adecuación y reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la iniciativa convive con una poda real en las partidas del sector: un fuerte recorte de $59.600 millones a las Fuerzas Armadas. El lanzamiento del plan vinculado a las privatizaciones “motiva el viaje”, confiaron en el gobierno brasileño, aunque admitieron que la elección de la Argentina como primer destino de la gira responde a una cuestión logística.

El ministro de Defensa de Lula llegará a Buenos Aires con un extenso dossier que en marzo fue presentado formalmente en Brasilia: el Catálogo de Productos de la Base Industrial de Defensa de Brasil. El documento agrupa a 154 empresas del sector y detalla un abanico de 364 productos de desarrollo nacional, desde embarcaciones y vehículos blindados hasta aeronaves, sistemas electrónicos de navegación y de monitoreo avanzados.

En el Ministerio de Defensa brasileño existe un cuidado especial por destacar que la visita no busca apenas vender “armas”. Resaltan que ofrecerán al gobierno argentino “tecnología de uso dual”, es decir, plataformas desarrolladas para las fuerzas militares que tienen aplicaciones directas en el ámbito civil, como sistemas de comunicación y satélites con utilidad en la agricultura de precisión o la logística.

La cita principal entre Múcio y Presti tendrá lugar el martes por la mañana. El gobierno brasileño todavía ultima detalles de la agenda, que debe incluir un encuentro de trabajo técnico y un posterior paso por la Embajada de Brasil en Buenos Aires. El ministro Múcio tiene previsto regresar a Brasil esa misma tarde.

Según supo , existen algunos productos que ya están en un estado avanzado de negociación entre ambos países, cerca de la conclusión de un acuerdo.

Una de las conversaciones más adelantadas es la referente a la venta de vehículos blindados Guaraní. En 2023, las discusiones para la adquisición de los famosos vehículos blindados de transporte Iveco Guaraní (6×6) producidos en Minas Gerais avanzaron significativamente y contemplan una proyección de hasta 156 unidades para el Ejército argentino. No obstante, las restricciones financieras que arrastraba la economía argentina y la dificultad para estructurar garantías de crédito frustraron la operación en ese momento.

En el espejo retrovisor del Planalto no solo pesa la retórica política, sino también el dinamismo comercial. La industria de defensa brasileña viene de encadenar dos récords históricos consecutivos, superando en el último año los US$3400 millones en exportaciones.

Para el gobierno brasileño, la escala en Buenos Aires no es un hecho aislado, sino el puntapié inicial de un despliegue regional coordinado.

Tras el paso por la Argentina y un viaje técnico programado a Suecia en junio -donde Brasil mantiene una alianza con la empresa Saab para la coproducción de los cazas Gripen-, Múcio continuará su gira por Lima en julio. Allí se celebrará la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) en Cusco, donde el ministro de Lula pretende replicar ante el gobierno peruano la oferta comercial que llevará a la administración de Milei.

El congreso del Partido Justicialista (PJ) designó a cuatro dirigentes de su estructura para que oficien de “normalizadores” del PJ en Salta y Jujuy, dos provincias en las que la Justicia intervino el partido y desplazó a los enviados de la conducción partidaria, alineados con la presidenta del peronismo nacional, Cristina Kirchner. Con la decisión tomada en la reunión partidaria, realizada este martes, el justicialismo busca contrarrestar los fallos adversos que recibió y colocar al frente en Salta y Jujuy a los dirigentes Pablo Kosiner, Nora Canunni, Teresa García y Máximo Rodríguez, en caso de que avancen las apelaciones que presentó en los estrados judiciales.

El PJ nacional reunió a su congreso (órgano partidario que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y que debe reunirse anualmente, según establece la Carta Orgánica del PJ) el martes, en su sede de la calle Matheu 130, del barrio porteño de Balvanera. La reunión comenzó en el segundo llamado previsto, alrededor de las 18,30, y se extendió hasta la noche. Se aprobaron balances y actas de reuniones del consejo partidario, y se designaron, como normalizadores del partido en Salta, al exdiputado nacional Pablo Kosiner y la exsenadora provincial Nora Canunni. En los mismos puestos, pero para el PJ jujeño, se nombró a la diputada nacional Teresa García y el exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.

Kosiner y Canunni eran los interventores del PJ salteño hasta la semana pasada, cuando un fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini dispuso la intervención judicial del partido y designó interventor a José Luis Gambetta, un dirigente que está alineado con el gobernador Gustavo Sáenz y el exsenador Juan Carlos Romero.

Antes de Kosiner y Canunni, habían sido designados interventores el actual senador bonaerense Sergio Berni y la actual diputada provincial pampeana María Luz Alonso, quienes renunciaron el 20 de febrero. La intervención se dispuso por el acompañamiento de legisladores nacionales del PJ salteño a proyectos del gobierno de Javier Milei, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

García y Rodríguez, nombrados para el PJ jujeño, ya fueron interventores del PJ en Corrientes. En el peronismo de Jujuy (intervenido desde julio de 2023), el partido nacional había designado como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Pero, a principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño también alineado con el gobernador Sáenz.

En el fallo que designó interventor a Villada, el juez Hansen también dejó sin efecto una resolución de Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados del peronismo jujeño, con argumentos como los de apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño.

Tanto en el caso de Salta como en el de Jujuy, el PJ nacional presentó apelaciones contra las intervenciones judiciales. Si logra éxito, pretenderá que entren en funciones los normalizadores nombrados ayer en el congreso, que se realizó bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. En el caso de Jujuy, Ramiro González, fiscal nacional electoral, recomendó a la Cámara Nacional Electoral que se mantenga la intervención judicial a cargo de Villada.

El partido busca que en Salta y Jujuy se realicen elecciones internas el 25 de octubre. “Está bien que hayan ratificado las elecciones, pero el congreso volvió a caer en una suerte de desobediencia judicial porque vuelve a decir que continúan sus interventores, desconociendo lo que decidió la Justicia Federal. Para llegar a las elecciones, necesitamos una junta electoral imparcial, que no pertenezca a La Cámpora ni a [Juan Manuel] Urtubey. El partido hoy está con sueldos atrasados de sus 12 empleados y cortes de luz”, afirmó a el exsecretario general del PJ de Salta, Antonio Hucena.

“Es una payasada lo que hizo el congreso, es una chicana al juez federal. La intervención es válida”, afirmó, por su parte, Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy, que es uno de los dirigentes que habían sido apartados del PJ provincial por la intervención y que se presentó en la Justicia para pedir el desplazamiento de los interventores alineados con Cristina Kirchner.