El juez Francisco Astoul Bonorino, a cargo del juzgado de Villa La Angostura, rechazó in limine el pedido de intervención voluntaria de la Comunidad Mapuche Lof Melo y de José Lucas Melo en el juicio que la Comunidad Mapuche Lof Kinxikew inició contra María Cristina Broers, propietaria de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de esa localidad neuquina, donde ambas comunidades mantienen un prolongado litigio territorial.

La comunidad Lof Quintriqueo, identificada como Kinxikew, promovió una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar un espacio del que había sido desalojada en el marco de un proceso judicial por usurpación.

En ese expediente, la comunidad integrada por miembros de la familia Melo intentó incorporarse a la demanda civil con una pretensión que, según expuso, estaba vinculada con la ocupación y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de esas tierras. Sin embargo, el magistrado rechazó la presentación, realizada a través del abogado Luis Virgilio Sánchez.

Una adhesión sin pretensión propia

En su resolución, el juez señaló que el Lof Melo se presentó como “legitimado activo necesario”, es decir, como litisconsorte necesario de la parte actora, bajo el argumento de que el predio está ocupado por la comunidad y constituye “tierras indígenas”.

No obstante, advirtió que, en el objeto de su presentación, la comunidad se limitó a manifestar su adhesión a la demanda, sin formular una pretensión procesal propia.

Para Astoul Bonorino, esa adhesión no configura un litisconsorcio ni modifica la composición de las partes del proceso. Se trata, según explicó, de personas que comparecen para expresar su acuerdo con lo solicitado por la parte actora, sin que se advierta “la utilidad o el sentido de su admisión como partes”.

El magistrado también señaló una contradicción en el planteo. Si la intención del Lof Melo hubiera sido reclamar para sí el mismo derecho que invoca el Lof Kinxikew, la presentación resultaría “a todas luces contradictoria”.

El motivo es que la propia demanda describe la convivencia de ambas comunidades en el territorio y reconoce expresamente la posesión y la propiedad comunitaria del Lof Kinxikew.

Una presentación “rayana a la mala fe procesal”

Más allá de los aspectos formales, el juez cuestionó el momento en que se produjo la intervención del Lof Melo y consideró que su actuación “luce rayana a la mala fe procesal”.

En ese sentido, observó que la comunidad había sido mencionada desde el inicio de la demanda, aunque nunca fue citada formalmente al proceso. Sin embargo, se presentó espontáneamente después de que se rechazara la recusación con causa promovida por la actora original, una decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 13 de junio de 2025.

Una vez incorporada al expediente, la comunidad intentó recusar al magistrado sin expresión de causa, sin aportar nuevos hechos o argumentos y sin explicar los motivos de esa presentación fuera de la oportunidad procesal correspondiente.

Astoul Bonorino calificó de “peculiar y poco frecuente” la presentación escalonada de supuestos litisconsortes de una misma parte, especialmente cuando se trata de comunidades que, según sus propios argumentos, conviven de manera pacífica y coordinada en el territorio.

A partir de esa secuencia, concluyó que el planteo “parece acercarse más a una maniobra procesal” destinada a sortear el rechazo de la recusación con causa presentada originalmente.

De todos modos, el fallo no impuso sanciones ni declaró formalmente la existencia de mala fe procesal. La expresión utilizada por el juez se enmarca en la valoración que realizó sobre las circunstancias y los tiempos de la presentación.

La contradicción sobre la titularidad de las tierras

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la incompatibilidad que el magistrado advirtió entre la postura del Lof Melo y los términos de la demanda a la que pretendía adherirse.

El juez sostuvo que no resulta coherente reclamar para sí un territorio y, al mismo tiempo, respaldar una acción judicial que reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de otra comunidad sobre ese mismo espacio.

En el escrito presentado, el Lof Melo no incorporó hechos nuevos ni desarrolló una pretensión independiente. Por el contrario, adhirió a una demanda que describe su presencia en el inmueble, pero que reconoce expresamente los derechos invocados por el Lof Kinxikew.

“Nos encontramos ante una situación que no puede tener efecto alguno en la constitución o modificación de las partes procesales. Se trata simplemente de personas que comparecen al proceso a manifestar que están de acuerdo con lo solicitado por la actora en su demanda”, sostuvo Astoul Bonorino.

De ese modo, el magistrado concluyó que la presentación no reunía las condiciones necesarias para justificar la intervención de la comunidad como parte en el expediente.

Un conflicto territorial con más de una década de litigios

El conflicto por esas tierras se tramita en la Justicia neuquina y se remonta a 2011, cuando se produjo la ocupación del predio. La propietaria documentó sus derechos sobre el inmueble y, a lo largo de los años, distintos jueces dictaron resoluciones favorables a su posición e incluso ordenaron el desalojo de las tierras.

En agosto pasado se concretó el desalojo de una de las fracciones ocupadas, mientras que la ejecución de la medida en el sector restante quedó inconclusa.

Semanas después, el magistrado ordenó completar el procedimiento y libró un nuevo mandamiento judicial para ejecutar el desalojo en la superficie que todavía permanece ocupada.

La resolución que rechazó la intervención del Lof Melo se inscribe en ese extenso proceso judicial, en el que continúan en disputa los derechos sobre el territorio y las condiciones para hacer efectiva la restitución del inmueble.

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El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.

La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.

Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo

La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.

La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.

El mensaje que Londres envía a la Argentina

Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.

El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.

Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa

El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.

Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.

Autodeterminación contra soberanía bilateral

El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

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En el entorno del presidente Javier Milei afirman que el escenario más probable para las elecciones de Brasil de este domingo es que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato más votado. Ese resultado, sin embargo, no le alcanzaría para poder imponerse en primera vuelta, lo que implicaría una segunda vuelta con su más inmediato competidor, Flávio Bolsonaro. Aunque el panorama para esa instancia sigue sin ser claro, en la Casa Rosada creen que la inercia que lleva el postulante opositor podría ser determinante.

“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, afirman en la Casa de Gobierno. Quedó lejos el escenario que se evidenciaba dos meses atrás, cuando viajó personalmente a Brasil para asistir al acto de lanzamiento de Flávio. En ese entonces, el presidente brasileño parecía tener un panorama completamente favorable para ambas instancias; pero la diferencia se redujo de manera considerable con el pasar de las semanas.

En la Casa Rosada evitan hacer una proyección de números y prefieren hablar de tendencias. A diferencia de otras semanas, diversos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del entorno libertario optaron por no emitir demasiados comentarios respecto al desarrollo de los comicios.

Quien sí realizó comentarios fue el propio Milei durante una entrevisa con el medio francés Le Point, el cual fue publicado este martes, horas antes de que arribara a París para participar del Argentina Week. Allí volvió a calificar al mandatario brasileño de “ladrón” y lo acusó de haber salido de prisión “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice [en alusión al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes]”.

En el reportaje, Milei también volvió a acusar al gobierno de Lula de haber realizado una interferencia en la campaña presidencial del 2023 y de haber querido perjudicarlo. “Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí”, sostuvo el mandatario. Hasta el momento, las denuncias han sido todas declamatorias y ninguna se realizó en el plano judicial.

Infobae pudo saber que estas declaraciones no cayeron bien en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, marcó una fuente gubernamental del país vecino. Es por ese motivo que han tomado la decisión de que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, no vuelva a nuestro territorio, de mínima, hasta después de las elecciones.

En la Casa Rosada tienen la misma postura. El embajador en Brasil, Daniel Raimondi, no tiene fecha prevista para retornar a la sede diplomática en Brasilia. “El estatus que se va a mantener entre ambos países va a ser como el que se mantuvo en el último tiempo, a nivel de Encargados de Negocios”, respondieron en el Gobierno.

El Ministerio de Seguridad Nacional que comanda la ministra Alejandra Monteoliva ordenó un refuerzo de la cobertura sobre las sedes diplomáticas que tiene Brasil en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hay 13.138 personas habilitadas en el país para votar este domingo: 11.873 en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, 926 en el Consulado General en Córdoba, 236 en el Consulado General en Mendoza, 62 en el Consulado General en Puerto Iguazú y 41 en el Consulado en Paso de los Libres. El horario de votación en la sede de la Capital Federal será entre las 08:00 y las 17:00.

Se prevé que mañana hable el canciller Pablo Quirno y dé su lectura sobre el desarrollo de los comicios. A diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Argentina no realizó ningún alerta sobre potenciales riesgos a la seguridad de sus sedes consulares.

“Si Estados Unidos recibió alguna amenaza puede estar relacionado a que Lula decidió enfatizar como uno de los ejes del último tramo de su campaña una supuesta injerencia externa en el proceso electoral”, analizó una importante fuente del Ejecutivo Nacional. Y agregó: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.

Muy por lo bajo, en la Casa Rosada se ha escuchado a importantes despachos decir que prefieren que gane Lula por sobre Bolsonaro. Es un deseo que no se corresponde con lo que quiere Milei, pero que se funda en la lectura de que una victoria del candidato del Partido Liberal podría opacar el rol del mandatario argentino como líder regional, así como la relación preferencial con Estados Unidos. En particular, quienes miran esto último ven que la economía de Brasil podría tener serias dificultades el año próximo y que podría haber una cierta disputa con el país vecino para recibir algún fondo de contingencia en caso de ser necesario.

Todas estas lecturas podrían ser, cuanto menos, relativizadas. Hay un posicionamiento transversal en el establishment de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei pese a cualquier viraje de gestión en otros países de la región. El interés de Washington sobre la circulación bioceánica sobre la zona de Tierra del Fuego se mira en clave de la disputa geopolítica con China. Es decir, la centralidad va a seguir existiendo de cualquier manera.

Si bien Flavio Bolsonaro tendría una afinidad mucho mayor con la administración Trump, las distancias ideológicas no le han impedido a Lula de tener encuentros de magnitudes. Un mandato del dirigente del PL tampoco podrá relegar de su vínculo con China: no ha propuesto romper su pertenencia al BRICS y una parte significativa de sus exportaciones de productos primarios se envían a la potencia asiática.

En relación al apoyo económico, la economía brasileña tiene una dimensión que sería prácticamente imposible pensar en un apoyo económico que pudiera ser realista y que no sea cuestionado en la política interna estadounidense. Los eventuales montos que precisaría Argentina son ostensiblemente menores.

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